Al cierre de febrero de este año el Sistema de Ahorro y Capitalización de Pensiones de los Servidores Públicos (SIACAP) ha captado desde el 2000 un monto total de $2,282.3 millones, de los cuales el 48.4% se ha pagado en prestaciones a los afiliados y beneficiarios.

Creado mediante la Ley 8 del 6 de febrero de 1997, el SIACAP tiene como objetivo otorgar beneficios adicionales a las pensiones de invalidez permanente, incapacidad permanente absoluta por riesgo profesional y de vejez que se concedan al servidor público de acuerdo con la Ley Orgánica de la Caja del Seguro Social.

La entidad inició operaciones en julio del 2000, con un patrimonio de $435.1 millones, y actualmente cuenta con 609,408 cuentahabientes, de los cuales 169,297son cotizantes activos.

A febrero de este año el patrimonio neto de los afiliados correspondió a $1,043.9 millones, con un rendimiento en el mes de 8.5%, de los cuales el 40% correspondió a aportes y el restante 60% a rendimientos.

Rolando Mejía, secretario ejecutivo del SIACAP, señaló que al cierre del 2025 el Sistema de Ahorro y Capitalización de Pensiones de los Servidores Públicos registró un monto un total de $1,024 millones, cifra que representa un crecimiento sostenido a lo largo del tiempo y confirma la confianza que los servidores públicos mantienen con la institución.

Con este rendimiento, el funcionario dijo que la institución ha demostrado una madurez financiera y un manejo responsable de los recursos de los servidores públicos, cuyo rendimiento alcanzó un 7.45% durante el periodo del 2025, reflejando la eficiencia de su estrategia en el manejo del portafolio de inversiones.

Explicó que este desempeño le permitió generar $71.0 millones, fortaleciendo la confianza de sus afiliados y consolidando un modelo sostenible para el futuro.

El sistema opera mediante cuentas individuales donde se registran las contribuciones obligatorias, voluntarias y especiales de cada afiliado, así como los bonos negociables y los réditos generados.

Los funcionarios aportan un porcentaje de su salario al SIACAP y el Estado contribuye adicionalmente con un 0.3% del salario devengado.

Los fondos depositados son administrados por entidades administradoras de inversión, encargadas de generar rentabilidad y hacer crecer los ahorros de los afiliados.

Esto permite que los funcionarios cuenten con un aporte complementario a su jubilación.

Las declaraciones de Mejía se dieron durante la sustentación ante la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional de la memoria de gestión de esta entidad, correspondiente al 2024-2025.

En la jornada, la Superintendente del Mercado de Valores (SMV), Maruquel Murgas de González, hizo lo propio al sustenta que esta entidad financiera ha desempeñado un papel fundamental en el fortalecimiento del sistema financiero, fomentando la transparencia, confianza y preservación del mercado.

Durante el 2025 la entidad presentó su plan estratégico compuesto por una hoja de ruta que se estructura en cinco pilares fundamentales, que abarcan áreas esenciales para el desarrollo institucional y el adecuado cumplimiento de sus funciones, con el objetivo de posicionar a la Superintendencia como un referente regional en materia de regulación y supervisión del sector.

Los pilares, según Murgas de González, son: modernización del Mercado de Valores, sostenibilidad y responsabilidad, fortalecimiento institucional, protección al inversionista, posicionamiento y vínculos Internacionales.

Mientras, la hoja de ruta estratégica y operativa define las acciones, plazos y recursos necesarios para avanzar de manera ordenada y eficiente hacia el cumplimiento de las metas, y constituye la base de las iniciativas desarrolladas durante el período que comprende la memoria institucional.

“Hemos avanzado de forma sostenida en la ejecución de este plan orientado a la modernización del mercado de valores y al fortalecimiento de nuestros procesos internos”, manifestó Murgas de González en la memoria institucional noviembre 2024- octubre 2025.

La compra de aviones de combate F-16 Block 70 por parte de Perú quedó concretada este miércoles tras meses de incertidumbre, en un proceso de 3.500 millones de dólares rodeado de firmas secretas, amenazas, un mensaje hostil del embajador estadounidense y dimisiones de ministros.

El Gobierno de Perú había presupuestado 3.500 millones de dólares para adquirir 24 aviones de combate que renovarán su anticuada flota, compuesta por los Mirage 2000 franceses, que llegaron a inicios de los años 80; y por los MIG-29 rusos comprados a fines de los años 90. Bajo esa premisa presentaron ofertas la estadounidense Lockheed Martin, con el F-16 Block 70; el sueca Saab, con el Gripen; y la francesa Dassault, el Rafale. El objetivo era anunciar la propuesta escogida a finales de 2025, pero tras la destitución de la presidenta Dina Boluarte (2022-2025) el proceso quedó paralizado y los plazos se alargaron.

Con el presidente interino José Jerí (2025-2026) el proceso fue declarado bajo secreto y, aparentemente por presiones de distintos sectores, se pasó a negociar con Estados Unidos, que según medios locales había presentado una oferta inicial que solo contemplaba doce unidades nuevas, lejos de las pretensiones de Perú.

En mitad de ese proceso, la administración de Jerí firmó en secreto un principio de acuerdo con EE.UU. que contemplaba un cronograma, en el que se incluía la firma del contrato para el 17 de abril y pocos días después el primer desembolso ascendente a 2.000 millones.

Esta firma fue revelada en una entrevista radial por el sucesor de Jerí, José María Balcázar, quien el día de la suscripción en la Base Aérea de Las Palmas, en Lima, anunció su intención de aplazar la compra para que su sucesor o sucesora decida si ejecuta finalmente la transacción. Esto despertó la furia del embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro.

“Si negocian de mala fe con EE.UU. y socavan los intereses estadounidenses, tengan la certeza de que como representante de la Administración Trump utilizaré todas las herramientas disponibles para proteger y promover la prosperidad y la seguridad de nuestro país y la región”, dijo en la red social X.

En los siguientes días al mensaje de Navarro, que según medios locales incluyó la amenaza de retirar visados a los responsables de la compra, se sucedieron las presiones de militares y sectores de derecha sobre Balcázar para proceder con la compra, y este mismo lunes se firmó también en secreto el contrato que cerraba la compra pese a la renuencia del gobernante.

Al ver que Balcázar seguía hablando de postergar la compra y que no tenía intención de ejecutar el pago previsto para este miércoles, los ministros de Relaciones Exteriores, Hugo De Zela, y de Defensa, Carlos Díaz, dimitieron y revelaron entonces que los contratos se habían firmado el lunes. El pago se terminó ejecutando finalmente, para alegría del embajador Navarro.

La contratación de los cazas se produce en medio de las elecciones presidenciales, ante el temor de los militares peruanos de que el siguiente gobierno diese marcha al proceso. Tanto la candidata derechista Keiko Fujimori como el ultraderechista Rafael López Aliaga se había mostrado a favor de comprar ya, mientras que el izquierdista Roberto Sánchez tenía sus reservas. En principio las primeras unidades serán entregadas en 2029, pero hasta ahora ni el Gobierno peruano ni la embajada de Estados Unidos confirman si el contrato abarca los 24 aviones estipulados inicialmente. En el plano electoral, parece echada la suerte de Rafael López Aliaga de pasar al balotaje con Keiko Fujimori. Ya casi sin actas por contar, Sánchez le lleva más de 20.000 votos, que suenan difíciles de descontar.

En medio de esta disputa, López Aliaga insiste sin pruebas con sus denuncias de fraude y crecen los rumores de un proceso de “vacancia” contra el presidente Balcázar por el tema de los aviones. Incluso, hay sectores de la derecha que han agitado este tema para suspender la segunda vuelta amparados en la “inestabilidad”. Un escenario que parece no convenirle a Keiko Fujimori, porque sus diputados son clave para una destitución.