La conducción del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), a cargo del dirigente de La Cámpora Homero Giles, cuenta con el respaldo del gobernador Axel Kicillof, a pesar de las quejas, reclamos e incluso denuncias judiciales que tienen como objetivo la obra social.

Las quejas por el servicio a los afiliados del IOMA y los pagos a profesionales de la salud que atienden pacientes por esa obra social son moneda corriente desde hace años y la política bonaerense, desde espacios de la oposición, se hizo eco en numerosas ocasiones. Según el presupuesto provincial 2026, el IOMA contará para este año con recursos por $2.422.114.040.000.

En numerosos artículos periodísticos, dio cuenta de las deficiencias denunciadas en la obra social del Estado provincial. En febrero de 2024, relevó un escenario de cirugías suspendidas por atrasos en pagos de honorarios a anestesiólogos, que se combinaban con inconvenientes en la provisión de pañales e insumos para pacientes con diabetes y ostomizados, una situación que denunciaba el Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires. A eso, se agregaba falta de atención por la obra social en clínicas de Mar del Plata y cortes de servicios a IOMA por parte de la Federación Médica de la Provincia de Buenos Aires.

En junio del año pasado, el Consejo de Administración del Hospital Garrahan le reclamó al IOMA una deuda total de $4100 millones acumulada desde el año 2017, de los cuales la obra social había saldado poco más de $1000 millones.

En marzo de 2026, el IOMA sufrió una circunstancia ajena a sus prestaciones de salud, al ser blanco de un ataque cibernético a sus padrones de afiliación que, según comunicó la obra social, no afectó “los datos personales” ni “el funcionamiento del instituto”.

Entre otros, exlegisladores provinciales como Maricel Etchecoin (de la Coalición Cívica, que pidió la intervención de la Defensoría del Pueblo e hizo un pedido de informes a la gobernación), o el radical Ariel Bordaisco (que solicitó declarar al IOMA en emergencia sanitaria y financiera), reclamaron por la situación de la obra social. Tras el discurso de apertura de sesiones de Kicillof, el 2 de marzo, el diputado provincial Diego Garciarena, de la UCR, afirmó: “El IOMA es responsabilidad exclusiva del gobierno bonaerense, y allí todavía no vemos una reforma profunda ni los recursos de los afiliados garantizando las prestaciones”.

El cúmulo de quejas llevó a un concejal de La Libertad Avanza a iniciar una causa judicial, en noviembre del año pasado, que se encuentra en la Sala I de la Cámara Federal de La Plata para resolver la competencia. El denunciante es Marcelo Mazzeo, edil del distrito de Esteban Echeverría. Pidió que se investigue a Giles, titular del IOMA, pero también a Kicillof, por “administración fraudulenta agravada, malversación de caudales públicos, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con la función pública y asociación ilícita”.

Según la presentación judicial del concejal Mazzeo, en el IOMA existe un “colapso sanitario, desfinanciamiento y violación del derecho a la salud”. Entre otros puntos, indicó que “las entidades médicas Femeba, Fenecon y Fremebo han denunciado de manera reiterada la falta de pago de honorarios, demoras superiores a 90 días, aranceles desactualizados y suspensión de tratamientos”.

En el gobierno provincial, no obstante, el respaldo a Giles es contundente. “Estamos muy conformes con el funcionamiento de todo el Ministerio de Salud [que conduce Nicolás Kreplak] y del IOMA, que es un apéndice. El problema no es el IOMA, el problema es todo el sistema de salud de la Argentina. El IOMA sufre las mismas consecuencias que sufren OSDE, Medicus, los hospitales municipales y los provinciales. En un sistema que no es el mejor del mundo, a pesar de que nosotros lo integramos y mejoramos muchísimo, llegó [Javier] Milei, desreguló el precio de los medicamentos y de los tratamientos, y esos precios se fueron a las nubes”, argumentó Carlos Bianco, ministro de Gobierno bonaerense, en diálogo con .

“Tenemos hechos los gráficos sobre los servicios que prestó el IOMA el año pasado y aumentaron. Y aumentó el presupuesto que el gobierno le destinó al IOMA. En municipios del interior de la provincia de Buenos Aires, al trabajador municipal se le están descontando $56.000 por mes, en promedio, para todo el grupo familiar. Brinda una cobertura que puede llegar a tener problemas, pero es bastante completa. Si eso lo tuviera que pagar en una prepaga, no baja del millón de pesos para el grupo familiar”, comparó Bianco.

“El problema es Milei, como siempre, que desreguló el mercado y se fueron los tratamientos y medicamentos a las nubes. Encima, nosotros tenemos que cubrir todo lo que deja de financiar el gobierno nacional, como el Programa Remediar, los medicamentos oncológicos. El problema siempre es Milei. No es el IOMA, no es OSDE ni el hospital municipal. El problema es Milei”, recalcó Bianco, funcionario del círculo de mayor confianza de Kicillof.

La obra social tiene 2.132.220 personas afiliadas, según informa en su sitio web oficial. Son producto de afiliaciones obligatorias, voluntarias y por convenios con otras provincias. Cuenta con 14 direcciones regionales y 198 oficinas de atención en el territorio bonaerense.

En algunos distritos, la afiliación obligatoria al IOMA comenzó a ponerse en discusión. El caso más reciente es San Isidro, donde la concejala María Feldtmann (Partido Demócrata, que integra una bancada de dos ediles alineada con Milei) presentó un proyecto de ordenanza para eliminar la obligatoriedad. “Venía recibiendo reclamos por el mal funcionamiento del IOMA y me pareció que lo mejor que podía proponer era que la gente pueda elegir libremente su cobertura médica. Por eso, presenté un proyecto para derogar un artículo de una ordenanza, del tiempo de la Revolución Argentina, que obliga a todos los empleados municipales a derivar sus aportes al IOMA. Lo que plantea el proyecto es la libre elección de la cobertura médica”, explicó Feldtmann a .

La concejala de San Isidro, que en 2023 encabezó la boleta de ediles de La Libertad Avanza en el distrito, hizo una publicación en su cuenta de la red social Instagram con su proyecto y, según dijo a este diario, recibió “miles de reclamos de toda la provincia de Buenos Aires, que además de la libre elección, son por falta de pago del IOMA y otras irregularidades”.

Hubo otros casos, como el de San Nicolás, que dejó de trabajar con el IOMA en 2023 y tuvo durante un lapso mayor a un año a sus empleados municipales cubiertos con la firma Avalian. Retomó el IOMA tras obtener un acuerdo para que la obra social brinde servicios con los principales centros privados del distrito y luego de experimentar tirantez política con el gobierno provincial. Capitán Sarmiento y Tres de Febrero también habían dejado de lado al IOMA como opción obligatoria. En mayo de 2023, en Tigre, la oposición había aprobado una ordenanza para eliminar la obligatoriedad del IOMA para los municipales, pero luego la vetó el intendente, Julio Zamora.

El oficialismo en la Cámara de Diputados apurará, antes de fin de mes, la sanción de la ley que contiene el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT en su sigla en inglés), iniciativa que forma parte de los compromisos que asumió el presidente Javier Milei cuando firmó, en febrero pasado, el Acuerdo Recíproco de Comercio e Inversiones con su par norteamericano Donald Trump.

La aprobación de dicho tratado es clave porque coronará una serie de medidas que viene adoptando el gobierno libertario para eliminar las restricciones sobre propiedad intelectual que se impusieron durante la gestión kirchnerista -en particular sobre los medicamentos- en defensa de los laboratorios nacionales.

El PCT, al que nuestro país planea suscribir con esta ley, implicará un cambio estructural pues una vez registrada una patente por parte de un país miembro, ésta tendrá validez automática durante 20 años en las 158 naciones firmantes del tratado. Abarca todo tipo de patentes, no solo las farmacéuticas, pero es en esta industria donde el impacto, por los millones de dólares en juego, será mayor.

En efecto, en la práctica este tratado blinda la innovación -como reclama la industria farmacéutica extranjera que dedica millones a la investigación- y bloquea la copia de fórmulas por parte de terceros, en su mayoría laboratorios nacionales que, a su favor, argumentan que la duplicación permite bajar los precios de los remedios.

Se espera un debate acalorado este martes cuando se reúnan las comisiones de Relaciones Exteriores, Industria y Legislación General. El kirchnerismo y la izquierda, en pie de guerra, acusarán al Gobierno de favorecer los intereses de los laboratorios y corporaciones internacionales a costa del bolsillo de los argentinos. Por contrapartida, los libertarios y sus aliados insistirán en que el régimen actual de patentamiento desfavorece a los innovadores locales y que es necesario que el país se adecúe, por fin, a los estándares internacionales en materia de propiedad intelectual.

“Adherir al PCT es un gesto de seriedad hacia cualquier inversor que quiera apostar a la innovación argentina -aseveró el secretario de Desregulación, Alejandro Cacace-. Hoy, un emprendedor o una universidad que quiere proteger su invención en el mundo tiene que hacerlo a través de Perú o Ginebra porque Argentina no tiene oficina receptora propia. Eso tiene un costo real —de tiempo, de burocracia y de recursos— para nuestra capacidad de exportar conocimiento.”

El oficialismo es optimista: confía en que antes de fin de mes –fecha límite que establece el acuerdo firmado con Trump- el PCT será ley. El Senado le dio media sanción el 22 de julio de 1998 (durante el gobierno de Carlos Menem) pero no perdió estado parlamentario por tratarse de un convenio internacional, por lo que solo resta la aprobación de la Cámara de Diputados. La sesión se celebraría el próximo miércoles 22.

Tres puntos

A la hora de firmar el acuerdo recíproco con los Estados Unidos en febrero pasado, la Argentina se comprometió a cumplir con tres puntos en materia de propiedad intelectual:

A instancias del ministro de Desregulación Federico Sturzenegger, nuestro país ya cumplió con el primer punto y derogó, el mes pasado, la resolución conjunta 118/2012, 546/2012 y 107/2012 firmadas, en su momento, por los exministros Juan Manzur (Salud), Débora Giorgi (Industria) y el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual. Allí se fijaban criterios fuertemente restrictivos para patentar invenciones químico‑farmacéuticas.

A partir de esta derogación de esas normas, que restringían la posibilidad de patentar una invención farmacéutica, ahora los laboratorios podrán traer sus productos y los demás no podrán copiar su fórmula por 20 años y ofrecer uno similar. Pero en la resolución derogatoria el Gobierno estableció un mecanismo de protección para los productos que ya circulan, al disponer que podrán ser comercializados como hasta ahora sin pagar las respectivas patentes.

De esta manera, el gobierno libertario instrumentó un esquema salomónico para evitar que la grieta entre los laboratorios nacionales y los extranjeros termine en un enfrentamiento abierto de intereses millonarios.

Esta medida se coronará con la adhesión al tratado PCT que, como se dijo, no solo contempla la protección sobre productos farmacéuticos sino sobre todas las patentes que sean radicadas. Entre ellas, las de los agroquímicos, otra industria de alto impacto en nuestro país.