La Honorable Cámara de Diputados aprobó este miércoles un proyecto de ley que reordena cuatro pilares del sistema energético: el régimen de subsidios al gas en zonas frías, la deuda histórica del mercado eléctrico mayorista, los incentivos al sector hidrocarburífero y la franquicia impositiva a las energías renovables.

La iniciativa plantea que las tarifas reflejen costos reales y que el Régimen de Zona Fría vuelva a un diseño más acotado: mantenimiento automático en las áreas históricas de frío extremo y focalización por vulnerabilidad socioeconómica en el resto. A la vez, propone regularizar la deuda con Cammesa, derogar incentivos hidrocarburíferos ya redundantes y prorrogar beneficios fiscales a renovables hasta 2045.

Es una máxima de la economía que, cuando un subsidio se universaliza, deja de cumplir su rol social y se transforma en un privilegio fiscal insostenible. La ampliación del Régimen de Zona Fría en 2021 es un caso de manual: terminó subsidiando la calefacción de hogares de altos ingresos en zonas templadas y ensanchó un déficit fiscal que pagan todos los argentinos. El proyecto de ordenamiento integral del sistema energético pone sobre la mesa una discusión incómoda, pero necesaria.

Al proponer que las tarifas reflejen los costos reales y readecuar la Zona Fría bajo un doble filtro: geografía rigurosa para el sur y vulnerabilidad socioeconómica para el resto, la ley busca que el Estado gaste menos y mejor. La nueva norma propone mantener el subsidio en las zonas frías históricas (como la Patagonia, Malargüe y la Puna) y aplicar un criterio estricto de vulnerabilidad socioeconómica en el resto del país.

Acompañado de un saneamiento de las deudas de las distribuidoras con Cammesa y de señales claras para la inversión y las energías renovables, el texto normativo apunta a lo que el sector energético no tiene hace años: reglas claras, previsibilidad hasta 2045 y criterios estables de asignación de subsidios.

El Poder Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley para modificar el esquema de subsidios y regulación energética, articulado en cuatro ejes: la readecuación del régimen de subsidios al consumo de gas en zonas frías, la regularización de la deuda histórica del Mercado Eléctrico Mayorista, la prórroga de la franquicia impositiva a las energías renovables y la derogación de dos regímenes de incentivo al sector hidrocarburífero.

Los cuatro ejes comparten una misma lógica: reemplazar instrumentos diseñados para la emergencia por reglas para condiciones de normalidad.

Actualmente, aproximadamente 4,3 millones de usuarios de gas del país reciben un subsidio a su consumo. De ese total, cerca de 900.000 hogares pertenecen a la zona históricamente reconocida como de frío extremo: la Región Patagónica, el departamento de Malargüe en Mendoza y la región de la Puna. Acceden al beneficio de manera automática, sin importar su nivel de ingresos.

Los más de 3 millones restantes fueron incorporados en 2021 mediante la Ley 27.637, que extendió la cobertura a regiones con condiciones climáticas menos graves; en esas zonas, el subsidio llega hoy a los hogares que acrediten ingresos inferiores a tres Canastas Básicas Totales (CBT) para una familia tipo, a través del registro del Subsidio Energético Focalizado (SEF), entre otros criterios.

El régimen tiene su origen en la época en que Gas del Estado prestaba el servicio de distribución. Entonces, el Estado fijaba tarifas diferenciales para las regiones más frías del país y las financiaba directamente con fondos del Tesoro. Cuando el servicio se privatizó en los noventa y el Estado dejó de ser el prestador, ese mecanismo quedó desactualizado.

En 2002, en el marco de la Ley de Emergencia Pública, con la pesificación y el congelamiento de tarifas, el artículo 75 de la Ley 25.565 creó el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas, conocido como Fondo Patagónico. Reemplazó el financiamiento directo del Tesoro por un recargo sobre el precio del gas que pagan todos los usuarios del país, independientemente de dónde vivan o cuánto ganen. El subsidio mantenía una justificación climática y geográfica concreta.

En 2021, la Ley 27.637, sancionada durante la presidencia de Alberto Fernández, extendió el beneficio a regiones sin condiciones climáticas equivalentes a las de la zona núcleo original. Lo que hasta entonces era un régimen acotado a la Patagonia, Malargüe y la Puna pasó a cubrir de forma automática subzonas bioambientales definidas por la norma IRAM 11603 y adoptadas por Enargas como criterio de zonificación: subzonas IIIa, IVa, IVb, IVc, IVd, V y VI. El mapa incluyó partes del sur de la provincia de Buenos Aires, zonas del centro del país y otras regiones que, aunque más frías que el norte -excluido-, no enfrentan las condiciones extremas que justificaron el régimen original.

Además de establecer el descuento para la zona núcleo en 50%, la ley definió para las zonas incorporadas un descuento genérico de 30% para todos los usuarios de manera automática, y de 50% para quienes calificaran como vulnerables según los criterios de ingresos de esa misma ley. El universo de hogares beneficiarios pasó de más de 800.000 a más de 4 millones, incluidos hogares de altos ingresos sin filtro socioeconómico, con acceso automático por zona geográfica y sin necesidad de inscribirse en ningún registro.

El Decreto 943/2025 creó en enero de 2026 el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que unificó los subsidios energéticos a la energía eléctrica, al gas natural, al gas propano indiluido por redes y al gas licuado de petróleo bajo un único criterio: acceden los hogares cuyos ingresos netos conjuntos sean inferiores a tres Canastas Básicas Totales para un hogar tipo 2 según Indec, más aquellos que tengan al menos un integrante con Certificado de Vivienda del ReNaBaP, con Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur o con Certificado Único de Discapacidad (CUD). El SEF reemplazó la segmentación anterior en tres niveles (N1, N2, N3) por un esquema binario más simple y verificable.

El Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas se financia por un recargo sobre el precio del gas que pagan todos los usuarios del país. Ese recargo se fijó inicialmente en $0,004 por cada metro cúbico (m³) de gas consumido por redes en todo el país. Poco después, con la Ley 25.725 de 2003, se lo modificó a un porcentaje de hasta 7,5% sobre el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) por cada m³ de 9.300 kilocalorías, aplicado a la totalidad de los metros cúbicos consumidos o comercializados por redes o ductos en el territorio nacional.

Ese porcentaje aumentó con el tiempo. Según un informe de la Auditoría General de la Nación, en diciembre de 2017 el recargo era del 2,58%; en septiembre de 2018, del 2,96%; en junio de 2019, del 4,46%; en agosto de 2021 llegó al 5,44%. Con las revisiones tarifarias de 2025 trepó al 7,5%, su tope legal vigente. Aun así, el fondo cerró en déficit: lo recaudado no alcanzó para pagar todo el subsidio y el Tesoro debió aportar recursos adicionales.

En abril de 2026, el DNU 266/2026 facultó al Poder Ejecutivo a llevarlo hasta 11,25%, un 50% por encima del tope vigente, facultad que el proyecto en debate busca incorporar en una ley.

Con esos fondos, el Estado compensa a las distribuidoras por la diferencia entre el precio subsidiado que cobran a los usuarios y el precio real del gas. El beneficio se calcula sobre la tarifa completa: precio del gas, transporte y distribución, y cubre tanto el gas natural por redes como el gas propano indiluido y, en la zona núcleo, los cilindros y garrafas de GLP. Durante algunos años, con las tarifas congeladas en valores desactualizados, ese porcentaje alcanzó para sostener el sistema.

Con tarifas aún intervenidas, el costo fiscal de la ampliación de 2021 parecía manejable. Dejó de serlo cuando las tarifas empezaron a reflejar costos reales: subsidiar el 50% de una tarifa congelada al 30% del costo real es una cosa; subsidiar el 50% de una tarifa que se acerca a su valor real, otra muy distinta.

El gobierno de Javier Milei llevó adelante las Revisiones Tarifarias Quinquenales durante 2025, que ubicaron las tarifas más cerca de los costos reales.

El resultado fue predecible. El fondo recauda mediante el recargo que pagan todos los usuarios, lo transfiere a las distribuidoras para compensarlas por vender el gas a precio subsidiado, y las distribuidoras, con esos fondos, les pagan a los productores.

Cuando el fondo entró en déficit y el Tesoro no cubrió la brecha en tiempo y forma, las distribuidoras dejaron de recibir la compensación y, sin ella, no pudieron pagarles a los productores. Así se rompió la cadena de pagos, y el subsidio al usuario final generó deuda aguas arriba en toda la industria.

El problema del sistema eléctrico argentino tiene una raíz similar. Durante años de emergencia económica, las tarifas de luz se mantuvieron fuertemente intervenidas y atrasadas respecto de la inflación y los precios internacionales. Esa brecha generó una acumulación de desequilibrios que comprometió la cadena de pagos del sector.

La consecuencia directa fue el deterioro progresivo de las finanzas. Las empresas distribuidoras, que llevan la electricidad al usuario final, priorizaron el sostenimiento mínimo del servicio por sobre el pago íntegro de la energía adquirida a Cammesa (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A.). Así, acumularon una deuda histórica que se profundizó año tras año.

Los ajustes tarifarios recientes acercaron los cuadros de precios a los costos reales de distribución. Sin embargo, esa corrección no resolvió el problema acumulado: el pasivo con Cammesa sigue vigente y, si los ingresos actuales se destinan a cancelarlo, no queda margen para inversiones urgentes en infraestructura eléctrica. El dinero alcanza para operar, pero no para sanear y modernizar el sistema al mismo tiempo.

El Gobierno tomó medidas para ordenar la cadena de pagos: primero, una resolución de emergencia en mayo de 2024 para las deudas más antiguas, y luego el DNU 186/2025, que estableció un plan de regularización más amplio, con hasta 72 cuotas.

A ese estrangulamiento financiero se suma un frente judicial potencial. Las distribuidoras cuentan con argumentos para reclamar al Estado Nacional por daños derivados del incumplimiento de sus contratos de concesión durante el período de congelamiento, lo que abre un horizonte de litigios millonarios. El resultado es un mercado eléctrico mayorista bloqueado: tarifas actualizadas que no pueden volcarse íntegramente a mejorar el servicio, condicionadas por una deuda sistémica sin resolver y por una perspectiva de alta conflictividad judicial.

El sector hidrocarburífero acumuló dos regímenes de incentivos que respondieron a contextos distintos del actual. El primero, el Decreto 929/13, sancionado durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y complementado por la Ley 27.007, permitía a las empresas que invirtieran al menos USD 250 millones en un proyecto exportar el 20% de su producción con retenciones del 0% y libre disponibilidad de las divisas generadas. El objetivo era atraer inversiones a Vaca Muerta cuando la producción de petróleo y gas caía y la formación recién empezaba a desarrollarse.

El segundo, el Decreto 277/22 del gobierno de Alberto Fernández, creó el Radpip y el Radpign, regímenes de acceso preferencial al mercado de cambios para la producción incremental de petróleo y gas, respectivamente, diseñados para estimular la producción en un contexto de cepo cambiario.

Hoy el contexto cambió. Vaca Muerta se encuentra en expansión productiva, el cepo cambiario fue levantado y la Ley 27.742, sancionada en 2024, incorporó el RIGI como marco de incentivos para grandes inversiones. Junto con sus decretos reglamentarios de 2025, ese esquema estableció un marco más amplio y previsible para el desarrollo energético. En ese escenario, los beneficios especiales previstos en aquellos decretos pasaron a representar un costo fiscal sin justificación en nuevos proyectos.

Frente a ese diagnóstico, el Poder Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley que aborda simultáneamente el desorden del Régimen de Zona Fría, el bloqueo financiero del Mercado Eléctrico Mayorista y los regímenes de incentivos hidrocarburíferos que cumplieron su ciclo, además de la adecuación del esquema de promoción de energías renovables a un nuevo contexto macroeconómico y regulatorio. Todos comparten la misma lógica: reemplazar instrumentos diseñados para contextos de emergencia o fuerte intervención estatal por reglas orientadas a funcionar con mayor normalidad y previsibilidad de largo plazo.

En materia de Zona Fría, el proyecto reforma el artículo 75 de la Ley 25.565 y deroga parte de la Ley 27.637, que extendió beneficios en 2021. La reforma mantiene el subsidio histórico para la Región Patagónica, el departamento de Malargüe y la Puna, pero lo reorganiza en dos tramos. El primero cubre a todos los usuarios residenciales de esas regiones, con una bonificación sobre el precio del gas que se paga directamente a los productores. El segundo, bajo el Sistema de Subsidios Focalizados, alcanza a los usuarios que cumplan los criterios de vulnerabilidad que establece el SEF: ingresos bajos, vivienda informal, veteranos de Malvinas o discapacidad certificada.

En ambos casos, el subsidio se calcula sobre el precio del gas en el punto de ingreso al sistema de transporte, y no sobre la tarifa integral que incluye transporte y distribución. Ese cambio reduce el costo fiscal del beneficio sin eliminar la asistencia a quienes la necesitan. El subsidio apunta al consumo adicional que imponen las condiciones climáticas de las zonas de frío extremo: mayor consumo de gas, no cargos fijos de la factura, iguales para todos los usuarios.

Finalmente, el fondo sigue financiándose con el tope del cargo del 7,5% sobre el gas consumido a nivel nacional, que el Poder Ejecutivo puede ajustar hasta un 50% según las condiciones del mercado.

En cuanto a la situación en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), el proyecto propone salir del bloqueo mediante un mecanismo de compensación: el Estado calculará la diferencia entre lo que cada distribuidora recaudó durante los años de emergencia tarifaria y lo que le habría correspondido si se hubiera aplicado su contrato de concesión sin interrupciones. Esa cifra se acreditará contra la deuda que esas distribuidoras mantienen con Cammesa por la compra de energía. La condición es que las empresas renuncien a la totalidad de los reclamos judiciales o administrativos vinculados a las emergencias tarifarias.

El resultado buscado es triple: regularizar la cadena de pagos del MEM, eliminar la incertidumbre judicial sobre el sector y liberar recursos actuales de las distribuidoras para inversiones en infraestructura. El proyecto modifica, además, el artículo 40 de la Ley 24.065 para que el costo de adquisición de la energía en el mercado mayorista se traslade automáticamente a las tarifas, y cierre el mecanismo que permitió que las distribuidoras acumularan deuda con Cammesa en lugar de trasladar costos reales.

Respecto de los hidrocarburos, el proyecto deroga el Decreto 277/22 y los artículos de la Ley 27.007 que incorporaban los beneficios del Decreto 929/13. Ambos regímenes fueron herramientas válidas en su momento, pero la Ley 27.742 de 2024 y sus decretos reglamentarios crearon un marco general de inversión energética que volvió redundantes esos incentivos específicos, mientras su costo fiscal dejó de tener justificación en un mercado en expansión.

Por último, el proyecto prorroga hasta el 31 de diciembre de 2045 los beneficios fiscales previstos en el artículo 17 de la Ley 27.191 para las energías renovables. El sector ya aporta cerca del 20% de la generación eléctrica nacional y sus inversiones son de largo plazo: la estabilidad tributaria es una condición de financiamiento. La prórroga también flexibiliza la cesión a privados de los contratos de abastecimiento celebrados por el sector público bajo esa ley, en línea con la política de promover contratos entre privados como mecanismo de previsibilidad y financiamiento.

Durante décadas, el sistema energético argentino funcionó bajo el régimen de la excepcionalidad. Lo que nacía como una medida de emergencia para paliar una crisis terminaba convertido en regla permanente, con desequilibrios financieros, congelamientos y distorsiones regulatorias. El proyecto de ley, que obtuvo media sanción en Diputados, busca iniciar una transición hacia un esquema de normalidad regulatoria y previsibilidad de largo plazo.

El autor es economista, diputado por La Pampa y presidente de La Libertad Avanza La Pampa; la autora es economista y asesora en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación

El primer trimestre de 2026 confirma que el Gobierno sigue mostrando números positivos. Sin embargo, la foto de marzo ofrece una señal menos favorable: el superávit se mantiene gracias a una contracción del gasto, pero también con ingresos tributarios en retroceso. La consolidación fiscal avanza, aunque la meta exige cada vez mayores esfuerzos.

El Sector Público Nacional no Financiero cerró marzo con superávit primario y financiero. En perspectiva, esto representa un cambio notable: hasta hace poco, encadenar meses de saldo positivo era excepcional para la política fiscal argentina. Sin embargo, la continuidad del superávit no debe impedir observar que la mejora en el balance primario, requerida por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional -0,8% del PBI-, aún no se materializa plenamente.

Durante el primer trimestre, el resultado primario fue 5,4% menor al del mismo período de 2025, medido a precios constantes de 2026. El balance financiero mostró una baja real de solo 0,2%. Es decir, la caja sigue cerrando, pero con menos margen que al inicio del ajuste.

El motivo es claro: ingresos y gastos evolucionaron en paralelo. Los ingresos totales cayeron 5,1% en términos reales, igual que el gasto primario. Así, el superávit persiste, no por un crecimiento de los recursos, sino porque el gasto se ajusta al ritmo de la recaudación. Esta diferencia es crucial: en una economía que busca estabilizarse, la recaudación deja de beneficiarse de la alta nominalidad y depende cada vez más de la evolución real de la actividad, el comercio exterior y la estructura impositiva vigente.

El dato más relevante del primer trimestre es la caída de los ingresos tributarios. La recaudación acumulada retrocedió 8% en términos reales, lo que equivale a una pérdida de aproximadamente $3 billones respecto de igual período de 2025, a moneda constante. La merma es amplia y afecta a los principales impuestos nacionales.

El Impuesto al Valor Agregado (IVA) explica la mayor parte de la caída, con un aporte negativo cercano a $0,9 billones. Los Derechos de Exportación aportaron una pérdida similar, de $0,8 billones, influida por rebajas en varios ítems y la estabilidad cambiaria, que impacta el monto recaudado en moneda local. Aportes y contribuciones a la seguridad social restaron otros $0,6 billones. Los impuestos a las ganancias y los derechos de importación también contribuyeron a la baja. El resto de los tributos solo compensó marginalmente.

Este desempeño deja un mensaje claro para los próximos meses. En 2024, la consolidación fiscal inicial se apoyó en la licuación de partidas y una dinámica nominal favorable. En 2025, el superávit se sostuvo con recortes significativos, principalmente en subsidios e inversión pública. En 2026, si la recaudación no mejora, sostener el resultado requerirá una política fiscal más precisa, donde cada rubro asuma mayor peso.

La contracción del gasto primario, de 5,1% real, replica la caída de los ingresos. Sin embargo, el promedio oculta diferencias importantes entre partidas. Algunas continúan con reducciones intensas; otras comienzan a mostrar presiones o recomposiciones.

Entre las partidas que más caen destacan los gastos de funcionamiento no salarial (28,4% real) y el gasto de capital nacional (29,2%). Las transferencias corrientes a provincias se redujeron 27%, mientras que las prestaciones sociales retrocedieron 17,2%, representando el mayor ahorro por volumen. Las remuneraciones mostraron una baja real de 8,2%. Estos rubros siguen siendo clave en la contención del gasto.

En contraste, tres partidas merecen atención: las universidades registraron un incremento real de 32,6% en el acumulado; las transferencias de capital a provincias aumentaron, aunque desde una base baja; y los subsidios económicos subieron 15% real en el primer trimestre. Esta última cifra es menor a la advertida en el primer bimestre, pero sigue siendo relevante para la consistencia fiscal.

El balance del primer trimestre mantiene la tendencia: la política fiscal sigue contractiva y el resultado es positivo. En comparación con las últimas dos décadas, esto representa una novedad relevante. Sin embargo, el desafío se transforma. Ya no basta con sostener el ajuste inicial; ahora se trata de preservar el superávit en un contexto de ingresos reales débiles y componentes del gasto que empiezan a recomponerse.

El riesgo no es un quiebre inmediato, sino la acumulación de presiones graduales. Menor recaudación, subsidios que dejan de caer, recomposición universitaria, provincias con menos margen y prestaciones sociales rígidas delinean una agenda fiscal más compleja que la de 2024. En este escenario, el superávit ya no es solo una señal de disciplina, sino también una prueba de gestión minuciosa.

La consolidación fiscal persiste; el reto es que no pierda solidez.

El autor es Economista Asociado de FIEL. Esta nota es un anticipo de la publicación Indicadores de Coyuntura N° 685 de la Fundación FIEL

La economía en 2026 avanza por el sendero de recuperar el proceso de desinflación que prevaleció hasta mayo de 2025 y también de reactivar la actividad agregada, interrumpida en la previa a las elecciones legislativas.

Con ese escenario, Infobae entrevistó a Fernando Navajas, economista jefe de FIEL, miembro titular de la Academia Nacional de Ciencias Económicas (ANCE), donde actualmente dirige el Instituto de Economía Aplicada. Fue presidente de la Asociación Argentina de Economía Política (AAEP) y durante cuatro décadas desarrolló su carrera docente en los departamentos de economía de las facultades de Ciencias Económicas de la UBA y la Universidad Nacional de La Plata, para analizar la coyuntura y conocer sus expectativas para el resto del año, en un contexto de incertidumbre y volatilidad interna e internacional.

— Ahora que se reanuda el proceso de desinflación, según las previsiones del REM del BCRA, los analistas centran la atención en la reactivación del consumo. ¿Existe un estado de insatisfacción permanente en el mercado?

— Yo diría que es un estado de preocupación más que de insatisfacción. Ahora, si uno cree que la inflación va a caer, también tiene que creer que el salario real y el consumo se van a recuperar. Creo que para la inflación se está mirando para adelante y en el consumo para atrás, por la debilidad del salario real, que sabemos va a perder si la inflación queda en un escalón alto, por más que el tipo de cambio esté constante, como muestran los datos (ver gráfico).

Hay que mirar para adelante y ser consistente con la idea de que la inflación va a descender; de otro modo, para mí no es consistente el pronóstico de menor inflación y menor consumo. Otra cosa es que se diga que se espera desinflación, pero en realidad no se crea eso.

— Semana a semana se anuncian inversiones hiper millonarias en emprendimientos productivos; sin embargo, no parecen suficientes para recrear un clima de euforia en los mercados financieros. ¿El capital de riesgo orientado a equipos de producción se ha vuelto menos temeroso que el destinado a activos líquidos?

— Muy buena pregunta. En teoría, el capital de riesgo en activos físicos debería ser tan temeroso como el de activos financieros, si pensamos en que se trata de inversiones hundidas. Si miramos bien los datos, vamos a ver que lo que hay son anuncios, pero no tanto desembolsos. Por un lado, anuncios del RIGI que superan ampliamente los USD 120.000 millones y, por el otro, desembolsos que vienen lentos.

Una explicación es que los procesos de inversión tienen rezagos (el RIGI originalmente daba dos años para las inversiones, pero creo que va a haber flexibilidad).

Pero existe otra explicación, vinculada a que los anuncios se explican por una “corrida” para obtener los beneficios (rush to lock in) y luego esperar la transición política. Es decir, que también el capital físico, que desde 2003 en la Argentina experimentó expropiaciones parciales de inversiones hundidas, se estaría comportando con cautela para administrar ese riesgo.

Por último, sobre equipos de producción, los datos de la inversión bruta agregada (FBCF) y de la importación de bienes de capital vienen de una caída en 2025 en términos desestacionalizados, más allá de las expectativas de mejora, como se discute en el último Informe Monetario Mensual del BCRA.

— ¿Los “mercados” le reclaman al Gobierno más velocidad en encarar reformas estructurales que las propias empresas, pese a que muchas dependen de la aprobación del Congreso y otras de gobiernos subnacionales?

— Yo no veo a los mercados, representados por inversores externos, si se quiere, quejarse por la falta de velocidad de las reformas.

— En una reciente exposición en EXPO EFI habló de los “cuatro riesgos que califican el cambio estructural en ciernes”. ¿Podría sintetizarlos?

—El tema da para largo, pero voy a tratar de sintetizar. Yo veo a la economía argentina atravesando un profundo cambio estructural producto de un salto tremendo en la producción de hidrocarburos concentrado en Neuquén, una fuerte reorganización industrial frente a una apertura importadora de origen chino y una reconfiguración del sector servicios en presencia de la digitalización y la IA. Hay cuatro riesgos de sostenibilidad asociados a esto:

1. Problema potencial del riesgo que supone un beneficio extraordinario (windfall) en el sector energético, que podría vulnerar las condiciones de sostenibilidad política y fiscal, dado que se basa en un régimen fiscal generoso para acelerar la inversión. A precios demasiado altos de las exportaciones, eso podría desencadenar futuras intervenciones políticas y, además, se concentra geográficamente a nivel subnacional.
2. El cambio estructural se asocie a condiciones que, incluso con una liberalización comercial normal y dadas las brechas de productividad, podrían conducir a un proceso contractivo, en lugar de expansivo (como en la década de 1990, se ve el gráfico más abajo), para la producción manufacturera agregada. Esto subraya la necesidad de abordar la reorganización industrial ante la entrada de importaciones.
3. La consolidación fiscal y la desvinculación del sector público nacional del gasto público en infraestructura, junto con una asociación público-privada incipiente pero lenta, no den lugar a una rápida transición hacia la inversión del sector privado (nuevamente, como en la década de 1990). Esto podría derivar en una inversión muy baja y, por lo tanto, en un bajo crecimiento de la productividad en infraestructura, con efectos indirectos negativos en la productividad sectorial y agregada.
4. Los riesgos que los cambios tecnológicos y organizativos impacten negativamente en la capacidad del sector servicios para absorber empleo de calidad, que debe crecer para dar cabida a la reasignación desde el sector manufacturero en los mercados laborales geográficos relevantes (conurbano bonaerense).

— ¿Cómo cree que se deberían administrar estos cuatro riesgos?

— Lo que dije en EXPO EFI en abril fue que creo que se requieren reformas o instrumentos más específicos que los contenidos en las reformas estructurales convencionales:

1. Debe estudiarse la introducción de cláusulas de escape en el régimen fiscal del RIGI para escenarios de precios altos del petróleo y se debería inducir a Neuquén a conformar un “wealth fund” para ahorrar el windfall petrolero.
2. Se necesita un RIGI para la industria, pero distinto al reclamado por la UIA o al recientemente creado en la Provincia de Buenos Aires: más específico para mercados relevantes donde la entrada importadora está siendo, o va a ser, intensa y obliga a una reorganización que solo puede decidir el sector privado.
3. Replantear la política de infraestructura para buscar fuentes de fondeo que reviertan el desplazamiento de los organismos multilaterales y evitar errores de mal diseño de política sectorial y de propensión a la captura regulatoria, algo que a mí me preocupa mucho en un país como la Argentina.
4. El más difícil, llevar adelante una política de empleo en estrecho vínculo con la formación de capital humano.

— En 2026 la economía ha enfrentado un shock global dado por el cierre del estrecho de Ormuz, que en el caso del petróleo tiene efectos positivos en las exportaciones, pero también negativos en cuanto al precio de los combustibles. ¿Cómo ve este tema, dada su experiencia en temas de precios de energía?

— La parte positiva del shock es clara y hace saltar en valor a las exportaciones, así como los ingresos fiscales nacionales y especialmente subnacionales (estos, por regalías). El impacto por el traslado parcial a precios internos del shock petrolero es un aspecto verdaderamente novedoso y muy sui generis. Los países han venido usando instrumentos fiscales o apelado a fondos de estabilización, pero Argentina no puede hacer lo primero por razones fiscales ni tampoco armó en el pasado un fondo de estabilización.

Lo que terminó haciendo la Argentina es armar lo que yo llamo el “Fondo Marín”, que es una acción de coordinación para suavizar los aumentos, llevada adelante por YPF, equivalente a un “contrato implícito” (se llama así en economía a un contrato no escrito). Es cuasicolusivo, pero no contra los consumidores -como los acuerdos colusivos-, sino a favor de ellos y del interés público.

Es algo verdaderamente sorprendente como decisión empresarial y conlleva algo que no es común en un mundo en el que las empresas están para ganar dinero y solo así contribuyen al bien común (Milton Friedman dixit). Lo del “Fondo Marín” se aparta de eso y se alinea, en mi opinión, con visiones más avanzadas de gobernabilidad corporativa y sostenibilidad. El mensaje a la sociedad es distinto al de reglas de mercado de corto plazo: lo decidió la empresa, no el gobierno.

Se hace en un momento en que los precios afuera vuelan y la sociedad va a mirar ingresos y beneficios extraordinarios de exportación, lo cual neutraliza críticas a la idea de que hay una fiesta para las empresas que no trae dividendos, sino malas noticias para la sociedad. Se vincula, vale decir, con la legitimidad de cómo se ve el régimen fiscal (RIGI) del sector petrolero.

Dicho todo esto, el “Fondo Marín” tiene el problema de cualquier otro fondo si las condiciones no son transitorias. En el caso argentino el problema se agravaría si la correlación negativa entre tipo de cambio y precio del petróleo se diera vuelta por el lado del tipo de cambio. También hay riesgos.

— El ministro de Economía afirmó que “se vienen los 18 mejores meses de las últimas dos décadas”. ¿Cuál es su previsión al respecto?

— Ojalá tenga razón. No puedo decir más frente a esa afirmación tajante. Necesitamos que el ministro de Economía sea optimista, porque para el pesimismo ya tenemos demasiado. Hay un tema no trivial: que el sector privado y la gente entiendan cuál es el modelo vigente, a los efectos de tomar decisiones, más allá de si les gusta o no.

Formar expectativas cuando existen modelos o creencias diferentes complica los procesos de transición.

— ¿Cómo interpreta una banda cambiaria cuyo techo supera en más de $300 al valor de mercado y cuyo piso es inferior en más de $600 por dólar?

— La banda cambiaria inferior es irrelevante y hace rato que debería haberse actualizado, porque no es serio ese valor. El superior viene con una cláusula de ajuste o flexibilidad que me parece correcta. La brecha con ese límite superior no debería ampliarse, porque eso puede inducir creencias de ajustes a futuro, lo que lleva a expectativas de inflación postergada.

Habría que testear si el deslizamiento en los precios de los productos importados -mientras el tipo de cambio está planchado-, que se observa en varios casos, no hace la mímica del ajuste mensual de la banda superior. Pero yo no hice esa estimación y no tengo elementos para decir si lo que observo es casual y no generalizado.

— ¿Cuál considera que es el mejor indicador para medir la competitividad de la economía argentina?

— El market share de nuestras exportaciones en mercados relevantes (que son aquellos en los que las empresas compiten) y de productos locales bajo competencia importadora, también en mercados relevantes. Ese es el test último.

— ¿La relación entre el PBI y el empleo total es un buen indicador de la productividad en la economía?

— Es un indicador parcial. En economía se usa la relación con todos los insumos, o la productividad total de factores (TFP). También es uno de los indicadores para medir competitividad relativa entre economías. La productividad laboral se correlaciona estrechamente con el ingreso por habitante en el largo plazo. Nosotros hemos estado en el fondo de esa línea de correlación.

— El Gobierno dispuso un nuevo recorte de las partidas presupuestarias aprobadas por el Congreso para 2026. ¿Esta decisión refleja una señal de ajuste para consolidar la desinflación, o evidencia un exceso de presupuesto inercial que no responde a programas actuales?

— Refleja una señal de compromiso con la consolidación fiscal y va en línea con lo anunciado por el Gobierno desde el inicio del mandato. Este es uno de los elementos de comunicación del “modelo” del gobierno, que se le hace al sector privado para evitar multiplicidad de creencias y reforzar la credibilidad.

— ¿Cuál es su evaluación de la política monetaria del Gobierno?

— Se ha vuelto más consistente que lo que vimos en 2025 y, al mismo tiempo, no pierde el sesgo prudencial de acompañar con cuidado la remonetización de la economía sin perder el objetivo prioritario de volver a controlar la inflación. Creo que eso se lee bien en el último Informe de Política Monetaria.

La acumulación de reservas es lo que se puede. Más generaría riesgos de hacer descarrilar la meta de bajar la inflación y eso choca con restricciones políticas de cara a 2027. Y si en 2027 se instala un escenario político malo, no hay reservas que alcancen.

Más allá de esto, entiendo perfectamente que puede haber un debate serio sobre cómo crear un régimen monetario y cambiario que derrote la tremenda inercia inflacionaria y de expectativas que nos condenó a una inflación de 2% plus bajo diferentes regímenes (pre 2015, 2016-18 con inflation targeting y parece que también ahora). Pero esto tiene el problema de que conduce a la incertidumbre de modelos o creencias múltiples. Y la incertidumbre de régimen es detrimental. Hay algo peor que un sistema de bandas cambiarias: una banda de sistemas cambiarios.

— Con la reactivación y la desinflación resurgió el crédito, aunque aún en niveles bajos; esto generó un aumento acelerado de la morosidad. ¿Es un fenómeno que debe preocupar?

— Es un reflejo del “mismatch” entre ingresos esperados y realizados de los hogares y se asocia con la sorpresa de aceleración inflacionaria de 2025, lo cual debería corregirse este año. Debe monitorearse.

— Finalmente, ¿qué proyecciones tiene para la economía argentina en lo que resta de 2026 y para 2027 en materia de actividad, inflación, reservas y empleo?

— Yo soy respetuoso de la sabiduría agregada detrás del promedio de muchas opiniones (lo que se llama “the wisdom of crowds”) y, por lo tanto, la respuesta debería ser: proyecciones parecidas a las del REM. En materia de precios y actividad apuntan a un cierre con “30% plus” de inflación y 2,5% de crecimiento, con valores que mejoran a, digamos, 20% y 3,5%, respectivamente, en 2027.

Yo creo que existe un escenario más favorable hacia fin de este año, en el que la economía crece al 4% y la inflación se ubica en 1,5% mensual; es decir, volvemos al mejor momento de 2025. También, en materia de reservas y empleo, las cosas pueden ir mejor que el promedio actual de las expectativas del mercado.

Fotos: Maximiliano Luna