El dirigente de la Coalición Cívica (CC) Matías Yofe declaró este martes en la Fiscalía N°2 de Pilar, a cargo de Andrés Quintana. La citación se dio por una investigación por presunto falso testimonio para acceder a una custodia policial en el marco de la “mega causa” que impulsó contra el exministro de Transporte bonaerense Jorge D’Onofrio, procesado con un embargo de $350 millones por presunto lavado de activos de origen ilícito.

El referente del partido de Elisa Carrió en Pilar también es denunciante en la causa por la mansión de Villa Rosa atribuida al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, mano derecha de Claudio “Chiqui” Tapia.

“No hay prueba alguna. La causa se construye a partir de dos testimonios y suposiciones del fiscal, nada más. Uno de esos testimonios es de un oficial de la Policía Bonaerense que era mi custodio, que decía a viva voz a todo el mundo que le ofrecían dinero por mi cabeza y que después al que termina denunciando es a mí por ‘hechos falsos’. El otro testimonio es de un periodista de Pilar que, como no pudo ser candidato por la Coalición Cívica, se dedica a atacarme con animosidad tanto desde su medio como en presentaciones judiciales”, afirmó Yofe a luego de declarar durante casi dos horas. Aseguró haber ratificado las amenazas recibidas “con pruebas contundentes”.

Señaló que su pedido de indagatoria responde a un “intento para amedrentar” por su involucramiento en casos judiciales de alto impacto para el poder. Desde su defensa argumentan que desde entonces comenzó a “ser blanco de una persecución con tintes mafiosos, que escaló desde mensajes intimidatorios hasta amenazas contra su familia, e incluyó el tajeo de las ruedas de su auto o haber matado a uno de sus perros”. A su vez, cuestionan la imparcialidad del fiscal Quintana ya que −afirman− “forma parte de una lista en el Colegio de Magistrados de San Isidro vinculada a Sergio Massa”.

Por sus denuncias, D’Onofrio −que proviene de las filas del Frente Renovador afronta otra causa junto con la concejala Claudia Pombo (expresidenta del Concejo Deliberante de Pilar) por montar un presunto esquema de recaudación paralelo en el sistema de fotomultas y la Verificación Técnica Vehicular (VTV), que lleva el fiscal Álvaro Garganta, en La Plata. La de lavado, por su parte, está radicada en el juzgado federal de Campana de Adrián González Charvay.

“Dejé en claro que el tema del perro no lo denuncié porque tengo hijos chicos y era un proceso al que no los quería exponer, pero marqué que fue mi propio custodio con el personal de Prefectura quienes me dijeron ‘a tu perro lo embicharon’”, dijo Yofe.

En ese contexto, Yofe llegó a disponer de dos custodios de la Policía Bonaerense (uno por turno, que lo acompañaban constantemente) y en el perímetro de su casa en Pilar una posta de la misma fuerza (dispuesta por la Fiscalía de la Provincia de Buenos Aires) y otra posta de la Prefectura (por pedido del juez federal González Charvay).

“Para entender la gravedad, la hija del chofer de D’Onofrio pertenece a la misma comisaría de los policías que custodiaban mi casa. La oficial Ormeño de la 6ta de Villa Rosa, Destacamento Zelaya. Ella misma llegó a custodiar el perímetro. Hay registro y está probado porque el fiscal se lo preguntó al comisario y se lo confirmó”, reveló el dirigente de Pilar, férreo opositor del intendente Federico Achaval, a quien le achaca “haber convertido el municipio en un antro de negociados”.

No es la única causa que enfrenta el referente de la CC. El 2 de enero de este año, la casa de Yofe fue allanada por orden del juez Walter Federico Saettone, a cargo del Juzgado de Garantías del Departamento Judicial San Isidro (con asiento en Pilar), a pedido del fiscal Germán Camafreita, titular de la UFI N°3 de Pilar, luego de que Atilio Ormeño, un exchofer del Ministerio de Transporte bonaerense, lo denunciara por una supuesta “extorsión” para que declarase en contra de D’Onofrio.

Yofe en ese momento se encontraba de viaje en Mar del Plata y acusó un procedimiento violento e intimidante contra su esposa y su beba de meses, que estaban en la vivienda. Dos días después se presentó junto a Carrió en la fiscalía de Camafreita, donde realizaron un duro descargo por el desarrollo de la causa, en la que quedó imputado junto con el empresario Leandro Camani, titular de la compañía Secutrans –que provee equipos para detectar infracciones viales y el sistema para procesarlas en municipios–, también denunciante en el caso de las fotomultas.

En esta segunda causa, según Yofe, también declaró “siempre en calidad de ciudadano” el periodista local, señalándolo de supuestos incentivos para reclutar testimonios en sus denuncias. A finales de enero, por su parte, se sumó una presentación judicial del propio Tapia contra Yofe, el legislador porteño Facundo Del Gaiso (CC), también denunciante de la mansión de Villa Rosa; y Camani, a los que les atribuyó ser parte de una red de “maniobras de extorsión”.

Al respecto, Yofe apuntó contra el juez Saettone dada su pública simpatía por referentes kirchneristas, y también sembró dudas sobre la praxis de Camafreita.

“Se están sosteniendo causas en mi contra sin un solo material probatorio con uno de los fiscales que tendría relación con el universo de las fotomultas y con un juez como Seattone que tiene animosidad partidaria para amedrentar a quienes denunciamos a las mafias más grandes de la provincia de Buenos Aires”, cerró.

Hubo un mensaje y varios destinatarios. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, abogó por la mañana, ante empresarios, por el “acatamiento obligatorio” de los fallos del máximo tribunal. La exhortación apuntó a quienes hicieron “oidos sordos” ante decisiones de los supremos y que eligieron desafiarlas con medidas que ignoraban lo dispuesto por la Corte.

Los fallos de la Corte Suprema son de cumplimiento obligatorio para las partes del proceso y los tribunales deben ejecutarlos sin apartarse de lo decidido.

A diferencia de lo que ocurre en el sistema anglosajón del common law, donde existe una obligatoriedad estricta de los precedentes judiciales, en la Argentina el sistema contempla excepciones.

Sin embargo, para que un juez inferior se aparte de un precedente de la Corte Suprema debe tener una justificación muy sólida, pero los casos se repitieron en este año.

El objetivo, como lo señaló Rosatti, es preservar el principio de seguridad jurídica y de la función de la Corte Suprema como intérprete final de la Constitución.

Todo esto, que es de perogrullo en la Facultad de Derecho, no ocurrió en la Argentina de los últimos meses, lo que obligó a la Corte Suprema a insistir con conceptos básicos para no dejar pasar este abierto desafío a su autoridad.

Tal era la dispersión de fallos y dichos que los legisladores aprobaron hace un mes la reforma laboral y en su artículo 89 recordaron que los jueces deben ajustar sus decisiones a la interpretación de la Constitución y las leyes que realice la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

“Los jueces que resuelvan causas de índole laboral deberán, de forma obligatoria, adecuar sus decisiones a los precedentes establecidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la materia. El apartamiento infundado de los magistrados respecto de dichos criterios configurará una causal de mal desempeño en sus funciones”, dice la reforma laboral.

El objetivo era terminar con los librepensadores en materia de justicia laboral como una manera de dar certeza a las decisiones para el futuro.

Pero la nueva ley laboral fue suspendida en su aplicación por un magistrado, lo que hizo que la Corte Suprema tuviera nuevamente que reclamar lo básico: que se cumplan sus decisiones y respeten sus precedentes.

Es que los últimos desafíos provinieron de la justicia laboral. La Corte tuvo que fallar no una, sino tres veces para que la Cámara del Trabajo adecuara las tasas que se debían aplicar en los casos de ajuste de las indemnizaciones por despidos y accidentes laborales.

La Cámara laboral, controlada en algunas salas por el kirchnerismo, la desafió y dictó sentencias en contrario. La Corte las revocó.

Los fallos de la Corte donde debió poner un límite a las decisiones de la Cámara del Trabajo en la aplicación de intereses desmedidos son tres: Oliva, Lacuadra y Domínguez.

En una de las sentencias se anuló la aplicación de una multa de 53 sueldos impuesta a una empresa.

En la sentencia Oliva, la Corte estableció la prohibición de aplicar intereses sobre intereses en contra de una acordada de la Cámara del Trabajo que contemplaba esa posibilidad, elevando los montos de las indemnizaciones hasta cifras inverosímiles.

En la causa Lacuadra, la Corte dejó sin efecto una sentencia de la cámara laboral que ordenaba el pago de más de 137 millones de pesos de indemnización por despido y elevaba en casi un 20.000% el monto de condena de primera instancia.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la firma de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, descalificó el caso Oliva “por arbitrario” al cuestionar intereses que arrojaban “un resultado económico desproporcionado”.

En Oliva, la Corte había dejado sin efecto una sentencia que ordenaba la capitalización sucesiva de intereses. Luego de Oliva, con el fin de reemplazar aquel criterio de cálculo de los intereses, la cámara laboral dictó una nueva acta en la que contempló el reajuste de “los créditos laborales sin tasa legal de acuerdo a la tasa CER más una tasa pura del 6% anual”.

Al respecto, la Corte entendió que “este nuevo criterio de reajuste, aplicado al caso en examen, tampoco se fundamenta en el Código Civil y Comercial, y dijo que “arroja resultados igualmente irrazonables”.

Con el mismo criterio, la Corte revocó en la causa Domínguez una sentencia laboral que ordenaba el pago de una multa por retención de aportes que equivalía a 53 salarios mensuales, en un vínculo laboral que había durado un año y ocho meses.

La Corte habló de falta de proporcionalidad y reclamó “prudencia judicial, labor que ha de ser llevada a cabo por los jueces de la causa”.

Hoy todas estas dispersiones se acabaron porque ya hay un criterio fijado por el Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad para aplicar un ajuste equivalente al índice de precios al consumidor más el 3% para las inmunizaciones, lo que quedó ratificado en la nueva ley de modernización laboral.

La Corte Suprema luego dictó el fallo Levinas, que obliga a que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad intervenga como tribunal de apelación de todas las causas de la justicia nacional, ya sea en el fuero laboral, civil, comercial o penal.

Hubo resistencia de los jueces nacionales y objeciones, pero finalmente la aplicación del precedente se impuso y hoy el TSJ de la Ciudad resuelve esos casos semanalmente. Fijó estándares respetados por los jueces.

No solo fueron fallos laborales. La primera desobediencia abierta de la época actual ocurrió tras la destitución del procurador de Santa Cruz Eduardo Sosa, en 1995, cuando Néstor Kirchner gobernaba la provincia.

La Corte Suprema de Justicia se pronunció sobre el caso en 1998, en 2000, 2001 y también lo hizo en 2009 y 2010. Nunca fue oída y Sosa nunca fue repuesto en su cargo.

El actual gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, estaba dispuesto a cumplir esa sentencia ahora, 30 años después de la remoción, pero el kirchnerismo reformó una ley, amplió el número de jueces del Tribunal Superior de Justicia provincial y le copó el tribunal.

Hoy Santa Cruz vive una parálisis institucional porque cada medida del Ejecutivo es impugnada en la Justicia local con fallos a favor del kirchnerismo y el TSJ local no puede funcionar pues está cuestionada su integración.

El caso fue llevado por Vidal a la Corte Suprema de Justicia que ahora trabaja en un fallo donde tiene la oportunidad de devolverle la gobernabilidad a Santa Cruz, destrabar el conflicto y de paso hacer cumplir el viejo fallo Sosa, removido hace treinta años y nunca repuesto en el cargo.

La Corte no olvida esos desaires que dinamitan la seguridad jurídica y desafían el acatamiento obligatorio de las decisiones del máximo tribunal.

En ese contexto, Rosatti aseguró que esa obligatoriedad es lo que permite “darle previsibilidad a una inversión”. Tras señalar que “el acatamiento obligatorio de las decisiones de la Corte no está prohibido en la Constitución de ninguna manera”, el presidente del máximo tribunal aseveró que la doctrina del máximo tribunal es clave para las inversiones.

Por eso, la Corte condena que tribunales inferiores se aparten de los precedentes del máximo tribunal generando incertidumbre institucional.