POLITICA
El Gobierno recurrió a la Corte para evitar el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario
El Gobierno nacional decidió llevar a la Corte Suprema de Justicia su reclamo para no cumplir con la ley de financiamiento universitario que lo obliga a aplicar inmediatamente la norma y actualizar los salarios docentes y los programas de becas.
Además, pidió que los jueces de la Corte Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti se excusen de votar en este caso, pues son docentes universitarios en funciones o en uso de licencia, lo que los hace decidir en causa propia.
La ley de medidas cautelares contra el Estado, aprobada por iniciativa de Cristina Kirchner, cuando los jueces jaqueaban sus medidas de gobierno, señala que la sola apelación de una cautelar mediante un recurso extraordinario suspende la medida, con lo que en el Gobierno señalan que, con la sola presentación de este escrito, no les corresponde pagar.
El Poder Ejecutivo dijo que hay riesgo de parálisis del Estado si debiera cumplir con la ley de financiamiento educativo aprobada por el Congreso. Fue luego de que un juez de primera instancia y una Cámara le ordenaron acatar una medida cautelar y actualizar los salarios.
Contra esos fallos, el Estado presentó un recurso extraordinario federal, que fue firmado por representantes del Ministerio de Capital Humano y el Procurador del Tesoro, Sebastián Amerio.
Allí el Poder Ejecutivo le solicitó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que revoque de forma urgente la medida cautelar que lo obliga a aplicar los aumentos salariales y presupuestarios dispuestos por la Ley 27.795.
En un escrito donde el Gobierno hace advertencias extremas sobre el impacto económico de esta medida y cuestiona a los jueces que le fallaron en contra, el oficialismo dijo que no puede cumplir con la ley.
Se basó en “el colapso financiero del Estado”, la “violación del orden presupuestario”, la “intromisión en la división de poderes” y la supuesta “parcialidad de los jueces” que decidieron hasta ahora en el caso.
El Ministerio de Capital Humano argumentó que cumplir con la medida judicial requeriría reasignar el 90,30% de la totalidad de los créditos disponibles para gastos primarios del Estado al financiamiento exclusivo de las universidades.
Según el Ejecutivo, desviar esos recursos desataría consecuencias catastróficas, ya que implicaría “una parálisis significativa del funcionamiento de los tres Poderes del Estado, como, por ejemplo, la suspensión del patrullaje de las fuerzas federales en las calles de la Ciudad de Rosario, la suspensión en la provisión de alimentos en las cárceles federales, o el cierre de todos los juzgados federales, la Corte Suprema de Justicia, y el cierre de ambas cámaras legislativas”.
El Poder Ejecutivo sostuvo que el Decreto 759/25 -que firmó el presidente Javier Milei para suspender la aplicación de la ley educativa porque dice que no tiene presupuesto- no desconoció un deber jurídico, sino que cumplió con el ordenamiento administrativo vigente, el cual impide ejecutar gastos sin un respaldo claro de ingresos.
Para defender esta postura, el escrito cita el mandato de la ley de presupuesto: “Toda ley que autorice o disponga gastos deberá prever en forma expresa el financiamiento de los mismos. En caso contrario quedará suspendida su ejecución hasta tanto se incluyan las partidas correspondientes en el presupuesto nacional”.
Además, el Ejecutivo advirtió que los fallos previos ignoraron la reciente Ley de Presupuesto 2026, que impone expresamente que el Estado “deberá presentar una ejecución con resultado financiero equilibrado o superavitario”.
Para los abogados del Estado, la decisión de los tribunales inferiores interfiere inconstitucionalmente en las facultades reservadas al Presidente y al Congreso.
Argumentaron que obligarlos a actualizar partidas de gasto sin prever cómo aumentar los ingresos pone en peligro toda la macroeconomía y la asistencia a los sectores vulnerables.
Por ello, consideraron que el fallo representa “una gravísima violación del principio de división de poderes y una ilegítima intromisión en la esfera de competencias del Congreso y del Poder Ejecutivo”.
El Gobierno, además, denunció que los magistrados intervinientes actuaron guiados por intereses personales, ya que muchos de ellos dictan clases en instituciones públicas.
A su vez, la administración de Milei solicitó que Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti se excusen de votar en este expediente por tener cargos docentes vigentes o en licencia.
El Gobierno les exige apartarse y que los que decidan sean conjueces para “garantizar la imparcialidad”.
El proceso judicial que derivó en esta presentación extrema ante la Corte Suprema comenzó a fines del año pasado y estuvo marcado por fallos adversos para el Gobierno en las instancias inferiores.
El derrotero judicial de la ley se inició el 29 de octubre de 2025, cuando el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y rectores de diversas universidades nacionales interpusieron una acción de amparo contra el Estado Nacional.
Su pretensión principal era declarar inconstitucional el Decreto 759/2025, una norma con la que el Poder Ejecutivo había frenado la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario (Ley 27.795) hasta que se determinaran las fuentes para financiarla dentro del presupuesto general.
Como mecanismo de urgencia, los rectores solicitaron una medida cautelar para obligar al Gobierno a aplicar la actualización de salarios docentes y de los programas de becas.
El 23 de diciembre de 2025, el juez de primera instancia Martín Cormick hizo lugar a la medida cautelar innovativa: ordenó no aplicar el decreto presidencial y dictó el inmediato cumplimiento de las actualizaciones salariales de la ley universitaria.
El 29 de diciembre de 2025, el Estado apeló la medida. En su argumentación, planteó que la cautelar equivalía a una “sentencia anticipada” irreversible y advirtió el gravísimo impacto que tendría sobre la estabilidad macroeconómica.
El 31 de marzo de 2026, la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal con la firma Sergio Gustavo Fernández y Jorge Eduardo Morán confirmó el fallo de primera instancia y ratificó la medida cautelar a favor de las universidades.
La Cámara desestimó los argumentos oficiales bajo dos posturas contundentes. En materia jurídica, consideró que la insistencia del Congreso en aprobar la ley educativa la dotaba de verosimilitud e implicaba que el Gobierno no podía suspenderla amparándose en leyes de responsabilidad financiera anteriores.
La discusión parlamentaria se dio en medio de marchas estudiantiles y de los gremios en defensa del financiamiento universitario con una gran movilización juvenil que encendió la alarma en el Gobierno, dado que parte de esos manifestantes integraban la base electoral de Milei.
Ante esta orden de ejecución inmediata impartida por la Cámara, que según los cálculos del Ministerio de Economía obligaría al Estado a destinar el 90,30% de todo el crédito de gastos primarios disponible exclusivamente a la educación superior, el Gobierno decidió frenar la medida interponiendo el recurso extraordinario para que los jueces de la Corte revoquen la medida cautelar.
Hernán Cappiello,Conforme a
POLITICA
Revés para Tapia: la Cámara le puso un frenó al traslado de una causa contra la AFA y ahora decide la Corte
La Cámara del Crimen frenó el traslado de uno de los expedientes que investiga a la Asociación del Futbol Argentino (AFA) a la Justicia de Campana, adonde Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino, presidente y tesorero de la entidad, buscan concentrar todos los expedientes en su contra.
Se trata de la causa que nació con la denuncia del empresario Guillermo Tofoni, que había celebrado contratos con la AFA y considera que no fueron cumplidos. Es la única con los registros bancarios que reveló en diciembre, con documentos que darían cuenta de un desvío de al menos US$ 42 millones hacia cuatro sociedades fantasma creadas en Miami.
La hipótesis es que esos fondos, generados por contratos de la Selección y negocios internacionales, no habrían ingresado al patrimonio de la AFA, sino que habrían sido canalizados a través de Tour ProdEnter LLC, la firma constituida en Estados Unidos vinculada a Érica Gillette y Javier Faroni.
Al igual que otros expedientes, quedó atravesado por un tironeo de competencias entre juzgados. Replicando una estrategia anterior, el juez federal de Campana Adrián González Charvay -que tiene bajo su órbita la causa en la que se investiga quiénes son los verdaderos dueños de la quinta de Pilar- solicitó que la denuncia de Tofoni, que tramita en la Justicia porteña, pasara a su juzgado. Entre otros puntos, sostuvo que había una cuestión federal tributaria en la causa.
Así, en línea con los deseos de Tapia y Toviggino, que entienden que todo debe tramitar en Campana porque la dirección de la AFA es en Pilar y porque el presunto desvío de dinero de la entidad y el delito de lavado son inseparables, el juez planteó una inhibitoria al juzgado porteño, que fue aceptada por la jueza de primera instancia del fuero nacional porteño, Paula Petazzi.
Pero Tofoni apeló la decisión y ahora la Cámara, en línea con el dictamen del fiscal Ricardo Sáenz, le dio parcialmente la razón: frenó el traslado y envió el conflicto a la Corte Suprema para que defina qué tribunal debe quedarse con el expediente.
En un duro fallo, el juez Ignacio Rodríguez Varela, de la Sala V, remarcó que, aunque pueda haber conexión fáctica entre el presunto desvío y el lavado, el lavado es un delito autónomo y no arrastra automáticamente al fuero federal todos los delitos previos.
Sostuvo que el planteo ya había sido resuelto en un fallo anterior y que era “llamativa” la pretensión de llevar al conurbano todas las investigaciones de la AFA que, en rigor, es gestionada en la Ciudad de Buenos Aires y no en Pilar, según sostuvo.
Rechazó también un planteo de la defensa de Tapia que pedía declarar “desierto” el recurso de Tofoni, es decir, anularlo, por haber llegado tarde a la audiencia. El juez dijo que Tofoni llegó dentro de un margen “tolerable” y marcó incluso que su abogado había llegado antes que la defensa de Tapia. “Basta para rechazarla con señalar que Guillermo Luis Tofoni en definitiva compareció en los estrados del tribunal y permaneció en la sala hasta la finalización del debate”, escribió.
Como no hay un tribunal superior común entre ese tribunal y el juzgado de Campana, el juez resolvió que sea la Corte quien defina la contienda, sin que eso frene la investigación.
“Se espera que, en lo sucesivo, no se reediten asuntos que, aunque provisorios, no han observado modificaciones sustanciales, y se estabilice de manera perceptible y duradera la competencia para investigar y resolver las hipótesis delictivas introducidas en este legajo”, sostuvo el juez.
única con los registros bancarios,Federico González del Solar,Conforme a
El municipio de Zárate, en la provincia de Buenos Aires, implementará la eliminación de la plusvalía y otras tasas municipales durante dos años en la zona de la costanera con el objetivo de atraer inversiones y dinamizar la economía local. La disposición fue anunciada por el intendente Marcelo Matzkin durante el Salón Inmobiliario del Corredor Norte (SINOR), donde resaltó el potencial de la región para transformarse en un polo de desarrollo.
La decisión de Zárate responde a una estrategia de gestión centrada en la promoción de proyectos privados mediante incentivos fiscales. Según el jefe comunal, la medida busca que los desarrolladores encuentren condiciones competitivas en el municipio y consideren la inversión como una oportunidad inmediata. “La oferta es ahora: vengan a invertir en la zona de costanera, que por dos años va a tener plusvalía cero”, sostuvo Matzkin ante el auditorio.
La eliminación de la plusvalía representa el núcleo de la política anunciada por Zárate. Este tributo, que habitualmente grava la valorización de terrenos tras acciones urbanísticas, incrementaba los costos de los proyectos en la ribera local. Según las estimaciones compartidas por el intendente, el tributo podía duplicar el valor del metro cuadrado, afectando la viabilidad de nuevas inversiones. “Esa plusvalía hacía que el que iba a invertir tenga que vender un metro cuadrado no en 1700 dólares sino en 3000. Es un freno a la inversión”, explicó Matzkin al presentar la medida.
Además de la suspensión de la plusvalía, el municipio ya había iniciado una reducción de la carga tributaria en ejercicios previos. De acuerdo con datos oficiales, Zárate eliminó más de 50 tributos municipales y, pese a la baja de la presión fiscal, experimentó un incremento del 30% en la recaudación. Este resultado, atribuido por la gestión local a la simplificación administrativa y el estímulo a la formalización, refuerza la confianza en la nueva política.
La costanera, prioridad estratégica
El foco de la medida recae en la zona de la costanera, considerada por la administración como un enclave estratégico para el desarrollo urbano y turístico. La ribera de Zárate es, según el intendente, “el último lugar de la provincia de Buenos Aires hasta Rosario que te permite construir mirando el río, a 30 o 50 metros de la orilla, un lugar único”. Esta característica geográfica, sumada a la infraestructura actual y la cercanía con corredores industriales, posiciona al municipio como un destino atractivo para desarrollos inmobiliarios, hoteleros y de servicios.
La promoción incluye, además, la posibilidad de acceder a créditos fiscales para quienes realicen mejoras en el espacio público dentro del área priorizada. Quienes inviertan en obras de urbanización, infraestructura o servicios comunitarios podrán descontar esos aportes de futuras obligaciones tributarias, siempre dentro del perímetro de la costanera.
El anuncio de Zárate se produce en un contexto donde los municipios bonaerenses buscan alternativas para impulsar sus economías frente a la desaceleración de la inversión privada y la necesidad de diversificar sus fuentes de ingreso. El propio jefe comunal reconoció que la competencia entre distritos por captar capital se intensificó en los últimos años. “Ya no alcanza con la ubicación, no alcanza con lo que la naturaleza te dio, hay que salir a atraer”, sostuvo Matzkin durante su exposición en el SINOR.
La decisión de suspender la plusvalía se presenta como una renuncia a ingresos fiscales de corto plazo, pero la administración local anticipa que el estímulo a la inversión generará mayor dinamismo económico y, a futuro, un incremento en la base imponible. “Vas a dejar de cobrar de algo que no tenés. No podemos vivir de la creencia de que vamos a cobrar algo que nadie está dispuesto a pagar”, declaró el intendente.
La vigencia de los incentivos fiscales estará limitada a dos años. El objetivo es consolidar la zona de la costanera como un área pujante y, una vez alcanzado ese desarrollo, restablecer la tributación sobre la valorización inmobiliaria. El propio Matzkin anticipó que, tras este período, el municipio podrá “elegir” qué proyectos admitir y bajo qué condiciones. Mientras tanto, la invitación está abierta para quienes deseen participar del proceso de transformación urbana.
La medida representa un ejemplo de políticas activas desde el sector público local para estimular el desarrollo privado, en línea con experiencias de otros municipios que optaron por la reducción de tasas y la simplificación de trámites como herramientas para captar inversiones.
POLITICA
Macri dijo que el PRO no hará oposición pero advirtió que “los que dicen que el silencio ayuda están equivocados”
El expresidente Mauricio Macri reiteró este viernes que el PRO no ejercerá oposición al gobierno de Javier Milei pero advirtió que “los que dicen que el silencio ayuda al cambio están equivocados; lo traiciona”.
“Si nadie señala lo que falta, ese espacio lo ocupa el populismo”, insistió Macri, en un discurso en el que ratificó que el PRO no cuestionará el rumbo pero sí hará un llamado sobre “lo que falta”.
El exmandatario y actual titular del PRO se expresó en estos términos al hablar en un acto partidario en Resistencia, Chaco, como parte de la gira ‘Próximo paso: NEA’.
Desde que asumió el rol de presidente del partido, en mayo de 2024, el expresidente se puso al hombro una campaña federal para reconstuir el PRO.
Como parte de esa gira, Macri se reunió este viernes con Leandro Zdero, el gobernador de Chaco que encabezó una alianza entre la UCR local, el PRO y La Libertad Avanza para imponerse al peronismo en las elecciones de ese distrito.
Después de esta actividad, Macri se trasladará a Corrientes para reunirse con el gobernador Juan Pablo Valdés y su hermano Gustavo Valdés, ex gobernador y actual senador provincial. Ambos son referentes del radicalismo local y fueron aliados del PRO en la etapa de Cambiemos.
En su mensaje, Macri llamó a “blindar el cambio” en la Argentina y a “prepararse, volver a armar equipos y estudiar en cada provincia cuáles son los problemas reales”, al advertir que “otro mal que afecta es la improvisación”.
Si bien no mencionó la polémica en torno al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, afirmó que “no hay que callarse”.
“Jamás vamos a cuestionar el rumbo, porque es nuestro rumbo y venimos a completarlo; tampoco vamos a hacer oposición y dar ninguna excusa para que el populismo pueda volver”, aclaró.
Pero sostuvo que la “lealtad” a un proyecto de “cambio” en el país “obliga a reconocer lo que está bien y señalar lo que está mal“.
El acto en Resistencia
El congreso del PRO se llevó a cabo en el Hotel Gala Convenciones y participaron distintos dirigentes a nivel local y nacional, entre quienes se contó a Fernando De Andreis, actual secretario general del partido y ex secretario general de la Presidencia durante el gobierno de Cambiemos, y Darío Nieto, legislador porteño y ex secretario privado de Macri, entre otros.
En otro párrafo de su discurso, Macri se permitió incluso hacer bromas sobre su estilo de baile. “En lo de Cattáneo aprendí pasos nuevos”, deslizó en referencia a su presencia en los últimos días en un concierto del reconocido DJ Hernán Cattáneo.
polémica en torno al jefe de Gabinete, Manuel Adorni,Mauricio Macri,Manuel Adorni,Conforme a,,En Madrid. Kicillof dijo que trabaja en una alianza “transversal” contra el modelo de Milei: “Hay que hacer un frente”,,Córdoba. Pese a las tensiones entre Llaryora y Schiaretti, el PJ evita las internas por la conducción partidaria,Mauricio Macri,,Análisis. El Gobierno tropieza y la oposición se despereza,,Catalejo. Lo peor ¿ya pasó?,,Con Macri presente. Pro bonaerense se reorganizó y ya discute si reedita su alianza con LLA para 2027
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