POLITICA
El Gobierno recurrió a la Corte para evitar el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario
El Gobierno nacional decidió llevar a la Corte Suprema de Justicia su reclamo para no cumplir con la ley de financiamiento universitario que lo obliga a aplicar inmediatamente la norma y actualizar los salarios docentes y los programas de becas.
Además, pidió que los jueces de la Corte Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti se excusen de votar en este caso, pues son docentes universitarios en funciones o en uso de licencia, lo que los hace decidir en causa propia.
La ley de medidas cautelares contra el Estado, aprobada por iniciativa de Cristina Kirchner, cuando los jueces jaqueaban sus medidas de gobierno, señala que la sola apelación de una cautelar mediante un recurso extraordinario suspende la medida, con lo que en el Gobierno señalan que, con la sola presentación de este escrito, no les corresponde pagar.
El Poder Ejecutivo dijo que hay riesgo de parálisis del Estado si debiera cumplir con la ley de financiamiento educativo aprobada por el Congreso. Fue luego de que un juez de primera instancia y una Cámara le ordenaron acatar una medida cautelar y actualizar los salarios.
Contra esos fallos, el Estado presentó un recurso extraordinario federal, que fue firmado por representantes del Ministerio de Capital Humano y el Procurador del Tesoro, Sebastián Amerio.
Allí el Poder Ejecutivo le solicitó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que revoque de forma urgente la medida cautelar que lo obliga a aplicar los aumentos salariales y presupuestarios dispuestos por la Ley 27.795.
En un escrito donde el Gobierno hace advertencias extremas sobre el impacto económico de esta medida y cuestiona a los jueces que le fallaron en contra, el oficialismo dijo que no puede cumplir con la ley.
Se basó en “el colapso financiero del Estado”, la “violación del orden presupuestario”, la “intromisión en la división de poderes” y la supuesta “parcialidad de los jueces” que decidieron hasta ahora en el caso.
El Ministerio de Capital Humano argumentó que cumplir con la medida judicial requeriría reasignar el 90,30% de la totalidad de los créditos disponibles para gastos primarios del Estado al financiamiento exclusivo de las universidades.
Según el Ejecutivo, desviar esos recursos desataría consecuencias catastróficas, ya que implicaría “una parálisis significativa del funcionamiento de los tres Poderes del Estado, como, por ejemplo, la suspensión del patrullaje de las fuerzas federales en las calles de la Ciudad de Rosario, la suspensión en la provisión de alimentos en las cárceles federales, o el cierre de todos los juzgados federales, la Corte Suprema de Justicia, y el cierre de ambas cámaras legislativas”.
El Poder Ejecutivo sostuvo que el Decreto 759/25 -que firmó el presidente Javier Milei para suspender la aplicación de la ley educativa porque dice que no tiene presupuesto- no desconoció un deber jurídico, sino que cumplió con el ordenamiento administrativo vigente, el cual impide ejecutar gastos sin un respaldo claro de ingresos.
Para defender esta postura, el escrito cita el mandato de la ley de presupuesto: “Toda ley que autorice o disponga gastos deberá prever en forma expresa el financiamiento de los mismos. En caso contrario quedará suspendida su ejecución hasta tanto se incluyan las partidas correspondientes en el presupuesto nacional”.
Además, el Ejecutivo advirtió que los fallos previos ignoraron la reciente Ley de Presupuesto 2026, que impone expresamente que el Estado “deberá presentar una ejecución con resultado financiero equilibrado o superavitario”.
Para los abogados del Estado, la decisión de los tribunales inferiores interfiere inconstitucionalmente en las facultades reservadas al Presidente y al Congreso.
Argumentaron que obligarlos a actualizar partidas de gasto sin prever cómo aumentar los ingresos pone en peligro toda la macroeconomía y la asistencia a los sectores vulnerables.
Por ello, consideraron que el fallo representa “una gravísima violación del principio de división de poderes y una ilegítima intromisión en la esfera de competencias del Congreso y del Poder Ejecutivo”.
El Gobierno, además, denunció que los magistrados intervinientes actuaron guiados por intereses personales, ya que muchos de ellos dictan clases en instituciones públicas.
A su vez, la administración de Milei solicitó que Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti se excusen de votar en este expediente por tener cargos docentes vigentes o en licencia.
El Gobierno les exige apartarse y que los que decidan sean conjueces para “garantizar la imparcialidad”.
El proceso judicial que derivó en esta presentación extrema ante la Corte Suprema comenzó a fines del año pasado y estuvo marcado por fallos adversos para el Gobierno en las instancias inferiores.
El derrotero judicial de la ley se inició el 29 de octubre de 2025, cuando el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y rectores de diversas universidades nacionales interpusieron una acción de amparo contra el Estado Nacional.
Su pretensión principal era declarar inconstitucional el Decreto 759/2025, una norma con la que el Poder Ejecutivo había frenado la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario (Ley 27.795) hasta que se determinaran las fuentes para financiarla dentro del presupuesto general.
Como mecanismo de urgencia, los rectores solicitaron una medida cautelar para obligar al Gobierno a aplicar la actualización de salarios docentes y de los programas de becas.
El 23 de diciembre de 2025, el juez de primera instancia Martín Cormick hizo lugar a la medida cautelar innovativa: ordenó no aplicar el decreto presidencial y dictó el inmediato cumplimiento de las actualizaciones salariales de la ley universitaria.
El 29 de diciembre de 2025, el Estado apeló la medida. En su argumentación, planteó que la cautelar equivalía a una “sentencia anticipada” irreversible y advirtió el gravísimo impacto que tendría sobre la estabilidad macroeconómica.
El 31 de marzo de 2026, la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal con la firma Sergio Gustavo Fernández y Jorge Eduardo Morán confirmó el fallo de primera instancia y ratificó la medida cautelar a favor de las universidades.
La Cámara desestimó los argumentos oficiales bajo dos posturas contundentes. En materia jurídica, consideró que la insistencia del Congreso en aprobar la ley educativa la dotaba de verosimilitud e implicaba que el Gobierno no podía suspenderla amparándose en leyes de responsabilidad financiera anteriores.
La discusión parlamentaria se dio en medio de marchas estudiantiles y de los gremios en defensa del financiamiento universitario con una gran movilización juvenil que encendió la alarma en el Gobierno, dado que parte de esos manifestantes integraban la base electoral de Milei.
Ante esta orden de ejecución inmediata impartida por la Cámara, que según los cálculos del Ministerio de Economía obligaría al Estado a destinar el 90,30% de todo el crédito de gastos primarios disponible exclusivamente a la educación superior, el Gobierno decidió frenar la medida interponiendo el recurso extraordinario para que los jueces de la Corte revoquen la medida cautelar.
Hernán Cappiello,Conforme a
POLITICA
La reacción de la política al amplio acuerdo que permitió dar media sanción al proyecto de Discapacidad
Este jueves por la madrugada, la Cámara de Diputados aprobó por amplia mayoría el proyecto de Ley de Discapacidad. Tras una maratónica sesión, la iniciativa obtuvo 237 votos afirmativos, nueve negativos y cuatro abstenciones, producto de los cambios que La Libertad Avanza (LLA) incorporó por pedido de la oposición.
La propuesta, impulsada por el oficialismo, busca reemplazar el esquema transitorio de la emergencia por un régimen permanente. El dictamen aprobado conservó los beneficios previstos en la Ley de Emergencia en Discapacidad, entre ellos la compatibilidad de la pensión no contributiva con el empleo formal, bajo determinadas condiciones, y previsiones para prestaciones y coberturas de salud.
Luego de que el texto obtuviera un apoyo mayoritario, los diputados de diversos bloques celebraron el consenso logrado. Uno de los primeros fue el jefe del bloque libertario, Gabriel Bornoroni, quien celebró la media sanción y sostuvo que la ley brindará “una respuesta clara y permanente” a las personas con discapacidad y sus familias, sin depender de “emergencias ni leyes temporales”.
Aunque el diputado cordobés resaltó que hubo un “consenso amplio” entre bloques, cuestionó a los legisladores vinculados al gobernador Martín Llaryora. “No aportaron. No acercaron propuestas. Y votaron en contra de la nueva ley en un intento de hacer política barata con el tema”, apuntó.
Tras celebrar la aprobación de la ley, la diputada Patricia Vásquez (LLA) destacó que “cuando se dejan de lado ideologías y se logran los consensos que la gente necesita”. Y concluyó: ”No más emergencias, ahora tenemos certezas”.
En la misma línea, Gerardo Huesen (LLA) exigió: “Basta de usar la discapacidad como herramienta de manipulación política”. Asimismo, aseguró que las personas necesitan “respuestas concretas y derechos permanentes”.
Por su parte, la también libertaria Karen Reichardt definió al proyecto como un régimen estable de protección. “Pensiones, prestaciones y controles transparentes para dar previsibilidad a quienes lo necesitan y a sus familias”, señaló en su publicación.
Desde Unión por la Patria (UP), la diputada Victoria Tolosa Paz sostuvo que la oposición logró modificar un dictamen que, a su criterio, “estaba incompleto y dejaba afuera derechos fundamentales”.
Según detalló, las modificaciones incluyeron garantías de cobertura de salud para ambas pensiones, protección de asignaciones familiares, requisitos para acceder a las pensiones y la compatibilidad con el trabajo formal. También mencionó cambios vinculados al financiamiento, la participación provincial, mecanismos ante bajas de prestaciones y pagos a prestadores.
“Cada una de estas modificaciones fue fruto de la escucha, la negociación y el compromiso de quienes defendemos los derechos de las personas con discapacidad”, publicó Tolosa Paz. Además, advirtió que continuará el reclamo por recursos: “Los derechos no se garantizan solamente con una ley: se garantizan con presupuesto y con la decisión política de cumplirla”.
Frente a esto, el ex ministro de Defensa y diputado de UP Jorge Taiana atribuyó el resultado a la movilización del sector. “La lucha inclaudicable del colectivo de personas con discapacidad logró que el oficialismo incorporara al dictamen de mayoría buena parte de los reclamos de las organizaciones”, valoró. Y reclamó: “Milei cumplí la Ley”.
Del mismo modo, Cecilia Moreau (UP) vinculó la media sanción de la Ley de Discapacidad con otros reclamos sanitarios y aseguró que su bloque insistirá en “la plena garantía del derecho a la salud de los más chiquitos” ante el vencimiento de la emergencia pediátrica.
También reclamó la restitución del programa Remediar y la aplicación efectiva de la norma sobre discapacidad, al tiempo que cuestionó que el Gobierno “siga jugando cruelmente con la salud de millones de argentinos y argentinas”.
Mientras que la diputada Karina Banfi, de la Unión Cívica Radical (UCR), se limitó a destacar que la Cámara Baja dio media sanción “con mayoría absoluta”, el jefe de bloque de Provincias Unidas, Pablo Juliano, sostuvo que se aprobó “una mejor ley para ayudar a las personas con discapacidad”.
En este sentido, Juliano afirmó que el oficialismo debió retroceder respecto del proyecto de Presupuesto 2027, que —según señaló— contemplaba recortes de fondos para el área. “Gracias a la movilización de la sociedad, desde la oposición logramos que LLA aceptara dejar de lado el plan de Milei y Caputo”, indicó al anticipar que su espacio seguirá de cerca el cumplimiento de la futura norma.
Sin embargo, la diputada cordobesa Alejandra Torres, también de Provincias Unidas, cuestionó la decisión de no extender la emergencia. Tras reunirse con organizaciones de la Iglesia que trabajan con personas con discapacidad, afirmó que el texto aprobado “no fue consultado con el sector y genera incertidumbre”.
“No podemos avanzar con una ley que no preserve todos los resguardos que merecen las personas con discapacidad”, sostuvo Torres. A su vez, el diputado de la Coalición Cívica ARI, Maximiliano Ferraro, también puso el foco en el reclamo de las familias y las organizaciones al señalar que “esta ley es una conquista de todos ellos. Ahora vamos a exigir que se cumpla”.
Pese al acuerdo mayoritario, el proyecto deberá ser analizado por el Senado antes de convertirse en ley. Hasta entonces, las disposiciones aprobadas por Diputados no entrarán en vigencia.
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POLITICA
Elisa Carrió cargó contra el Gobierno: “La recesión es enorme y algunas cosas me recuerdan demasiado al pasado”
La referente de la Coalición Cívica Elisa Carrió publicó un mensaje críptico en el que apuntó contra el gobierno de Javier Milei, cuestionó la situación internacional y deslizó que algunos funcionarios, incluido el Presidente y el ministro de Economía, están “escondiendo algo”.
“Es claro que está escondiendo algo el Gobierno Nacional. Puede ser el retiro de fondos de capitales o problemas para el financiamiento de la deuda de corto plazo”, escribió este miércoles por la mañana en su cuenta de la red social X.
La dirigente política consideró que “la situación internacional es crítica” y apuntó directamente contra los funcionarios de las más altas esferas políticas. “Pero la falta de calma de [Luis] Caputo y el Presidente no ayudan. La recesión es enorme y algunas cosas me recuerdan demasiado al pasado”, cuestionó.
Denuncia contra Milei
Carrió venía de denunciar a principios de octubre al presidente Milei por presunto abuso de autoridad en contexto de violencia de género, digital, mediática e institucional por los insultos del mandatario a la periodista Maru Duffard, a quien había calificado de “zurda inmunda” y “basura corrupta”.
En la presentación judicial, Carrió expresó que Milei cometió un claro abuso de autoridad, además de ejercer “violencia de género, mediática, digital e institucional” en perjuicio de Duffard a través de diversas publicaciones en X.
Los posteos a los que Carrió hace alusión fueron publicados el miércoles por Milei. En el primero, el Presidente había reaccionado al fragmento de un video difundido por una cuenta afín al oficialismo llamada “Contrarelato”. El posteo adjuntaba un fragmento de la participación de la periodista en la emisora Radio con Vos, donde hablaba sobre la intención de la expresidenta Cristina Kirchner de presentarse como candidata en las próximas elecciones presidenciales.
Milei lo compartió y escribió: “Me parece que a veces no puteamos lo suficiente a los periodistas… decirles que son basuras corruptas es poco…”.
Sin embargo, no quedó allí. “Para LA BASURA INMUNDA DUFFARD, si es alguien que comulga con sus nefastas ideas de izquierda, robar está bien. Pasaron cerca de 2.000 años y aún hoy existen SORETES que piden por Barrabás. ZURDA INMUNDA DE DOBLE MORAL. CIAO!”, manifestó, al citar un tuit del funcionario Santiago Oría que también contenía críticas a la periodista.
Con un tercer mensaje en la misma red social, el mandatario volvió a dirigirse a Duffard: “BASURA CORRUPTA INMUNDA. Periodista la basura tenía que ser… CIAO!”.
Carrió afirmó en su denuncia que Milei promovió “un ataque misógino” que tuvo miles de reproducciones con “un vocabulario soez, cosificante y agresivo que no debe ser utilizado por un jefe de Estado, quien con esa conducta ha traspasado todo límite moral, constitucional y psicológico”.
Además, observó que, en el caso de Milei, al ser Presidente, no puede escindir su figura en los ámbitos de la vida en que se desarrolla, por lo que solo queda reservado para sí “apenas un ámbito privado muy acotado en el que su conducta no tenga repercusión en lo público”.
“Lo que claramente no sucede en el caso, en el cual aprovechando de su influencia y su jerarquía, decidió emprender violencia de género institucional, mediática y digital en contra de Duffard”, sostuvo.
La exdiputada también solicitó la intervención de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) del Ministerio Público Fiscal de la Nación para que determine las eventuales responsabilidades penales del accionar del mandatario.
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La Justicia volvió a habilitar los aumentos de luz en la provincia de Buenos Aires tras una apelación de Kicillof
Los aumentos en las tarifas de electricidad volvieron a quedar habilitados en la provincia de Buenos Aires luego de que la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata hiciera lugar a un planteo del gobierno de Axel Kicillof. El tribunal otorgó efecto suspensivo a la apelación de la Provincia contra la medida cautelar que había frenado las subas y ordenado restablecer el cuadro tarifario anterior.
La resolución, firmada el 15 de octubre, alcanza a los usuarios de las distribuidoras EDELAP, EDEN, EDEA y EDES, que podrán aplicar los valores establecidos en la Resolución 682/2026. La decisión deja sin efecto, de manera provisoria, la medida judicial que había suspendido los componentes provinciales de los aumentos.
Sin embargo, la Cámara todavía debe resolver la apelación sobre el fondo del conflicto. El nuevo pronunciamiento no determina si los incrementos son legales, sino que establece que el recurso de la Provincia se tramite con efecto suspensivo mientras continúa el proceso.
La disputa comenzó con una presentación del Defensor del Pueblo bonaerense contra el Estado provincial y las cuatro distribuidoras eléctricas. El 18 de septiembre, el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 1 de Bahía Blanca había concedido una medida cautelar que suspendió los efectos de la Resolución 585/2026 y dispuso volver al cuadro tarifario anterior para los componentes provinciales.
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