Huelva, 18 abr (EFE). – El presidente de la Asociación Descarrilamiento Adamuz, Mario Samper, ha denunciado este sábado, cuando se cumplen tres meses del accidente ferroviario en el que murieron 46 personas, el «abandono institucional» que sufren, y ha subrayado la «indignación» de las víctimas ante la falta de avances en la investigación y en la asunción de responsabilidades.

En declaraciones a EFE, Samper ha calificado de «insuficiente» el apoyo recibido por parte de las administraciones y ha arremetido contra Adif y el Ministerio de Transportes, acusándoles de «ningunear» a las víctimas y de obstaculizar el proceso.

Samper ha denunciado la presunta «manipulación de documentación» y la «retirada de material de la vía que es objeto de investigación», al tiempo que ha criticado a la Junta de Andalucía, que «se ha negado a informar a la comisión de investigación sobre la intervención de los servicios de emergencia, teniendo que ser un juez quien exija dichos datos», algo que ha calificado de «increíble».

Asimismo, ha afeado al ministro de Transportes, Óscar Puente, que el pasado martes, coincidiendo con la manifestación convocada por la asociación a las puertas del Congreso, manifestara su interés por reunirse en ese momento con las víctimas cuando «en Huelva -provincia en la que residían 26 de los 46 fallecidos- llevamos tres meses esperando que venga. Nos prometió venir a Huelva hace más de un mes y seguimos esperando. No ha cumplido ni uno solo de los puntos que le requerimos».

También ha denunciado que las oficinas de atención creadas por el Gobierno central y la Junta de Andalucía no están cumpliendo su función de manera proactiva: «No es de recibo que tenga que ser la asociación la que localice a las víctimas por redes sociales, estas oficinas están muy bien de cara a las elecciones, pero no son prácticas ante las víctimas».

La única nota de esperanza para el colectivo proviene de Europa después de que, tras reunirse con la Comisión Europea el pasado día 8, Samper confirmó que el organismo supervisará la investigación española para garantizar su transparencia.

«Esperamos que se asuman responsabilidades de inmediato y que el juicio no se demore años, hay 46 personas bajo tierra y los responsables actúan como si nada hubiera pasado», ha concluido.

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El nuevo giro de la guerra en Medio Oriente, con el gobierno de Irán anunciando un nuevo cierre del Estrecho de Ormuz, por donde pasa cerca de un cuarto de las exportaciones mundiales de hidrocarburos y cerca de 30% del comercio mundial de fertilizantes, volvió a poner interrogantes sobre la extensión y el desenlace de la guerra iniciada el 28 de febrero y cuyos efectos económicos, coinciden organismos y analistas internacionales, persistirán mucho más allá del fin de las hostilidades.

El presidente norteamericano, Donald Trump, declaró el viernes que Teherán había hecho “una serie de concesiones” y accedido a suspender indefinidamente su programa nuclear, lo que llevó a una caída de hasta 11% en el precio del petróleos. Sin embargo, Mohammad Bagher Ghalibaf, principal negociador iraní y líder militar durante la guerra, desmintió estas versiones en la red X: “Trump formuló siete afirmaciones en una hora y las siete eran falsas. Con tales mentiras no lograron victorias en el campo de batalla y tampoco lo harán en las negociaciones”, por lo que señaló que el paso “no se reabrirá” mientras persista el bloqueo.

Este sábado, un petrolero y un portacontenedores de EEUU denunciaron ataques procedente de lanchas rápidas iraníes mientras transitaban el Estrecho frente a las costas de Omán. Horas antes las fuerzas armadas iraníes habían anunciado vía medios estatales la reimposición de un “control estricto” sobre el paso marítimo, luego de que el viernes el ministro de Asuntos Exteriores de Irán había asegurado que la vía estaría “completamente abierta” para el tráfico comercial.

En respuesta al anuncio y las medidas iraníes, Trump ratificó que el bloqueo seguirá vigente y consideró inaceptable que el régimen iraní pretenda “chantajear” a EEUU con amenazas.

Estos vaivenes vuelven a poner en dudas la evolución de los precios del petróleo, el gas y los fertilizantes (cuyo principal insumo es el gas natural), principales canales a través de los cuales el conflicto afecta la marcha de la economía mundial, con mayor volatilidad cambiaria, aumento de las tasas de interés y recorte de las proyecciones de crecimiento del PBI mundial, tal como sucedió durante la semana en las reuniones de Primavera del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.

“Esto es tremendo, seguro que va a haber otra vez subida de precios (del hidrocarburos)”, dijo Daniel Dreizzen, experto en energía y titular de la consultora Aleph Energy.

Además, organizaciones y medios internacionales alertan sobre la posibilidad, cada vez mayor, de una crisis alimentaria global, debido a la escasez de fertilizantes y la consiguiente caída de la producción mundial de alimentos. Por caso, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) dijo que, de persistir la crisis, el precio mundial de los fertilizantes se ubicaría entre 15 % y 20 % por sobre los niveles actuales y que millones de habitantes en países africanos y asiáticos enfrentan una amenaza creciente de desabastecimiento y hambruna.

Según un reportaje del medio británico Financial Times, la diferencia principal con crisis anteriores, como la de 2007-2008 y la de 2022, es la integración profunda de países como Arabia Saudita, Qatar, Omán y los Emiratos Árabes Unidos a la economía agroalimentaria global, como proveedores de grandes volúmenes de fertilizantes, cuyo tránsito hacia destinos de todo el mundo, desde Medio Oriente hasta Asia, el norte y el este de África y también Sudamérica se ve comprometida. Arabia Saudita es el principal exportador mundial de urea, el fertilizante nitrogenado más utilizado en el planeta y en la Argentina, y Omán el tercero.

En el caso específico de la Argentina, un estudio de la Bolsa de Comercio de Rosario precisó que en 2025 el 39,3% de las importaciones de fertilizantes nitrogenados del país (principalmente, urea, clave en la producción de trigo y maíz) provino de Medio Oriente.

Argentina produce localmente, en la planta de Profertil, en Bahía Blanca, el 50% de los fertilizantes que consume, pero en 2025 la producción se interrumpió en dos ocasiones (en marzo, por el temporal e inundaciones en Bahía Blanca, y en octubre, durante 57 días, por una “parada técnica”) y el país importó el segundo mayor volumen histórico de fertilizantes: 4,1 millones de toneladas.

El aumento de los precios del petróleo y el gas, aunque pone presión sobre los precios de las naftas, que en el mercado local aumentaron en promedio un 23%, encuentra a la Argentina en mejor posición que durante otras crisis, pues actualmente dispone, gracias a Vaca Muerta, de una balanza comercial energética positiva. En 2025 esta fue superavitaria en USD 7.829 millones y según proyecciones de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH), que agrupa a las principales empresas hidrocarburíferas del país, en 2030 llegaría a USD 14.500 millones en un escenario “moderado” y superaría los USD 24.600 millones en uno “expansivo”

Menos notado es el caso del precio de la harina de soja, el principal producto de las exportaciones del complejo sojero de la Argentina, que es a la vez el principal complejo exportador del país. Un informe de la BCR notó que ayer viernes “las cotizaciones internacionales de la harina de soja llegaron a máximos desde octubre del 2024, impulsadas por los fondos especulativos en Chicago y la tracción de demanda interna y externa en Estados Unidos”.

Además, el informe precisó que el precio de exportación de la harina argentina para embarques en cosecha llega a máximos del año superando los 370 dólares la tonelada, 13% más que a comienzos del 2026 y 45 dólares más que el precio a cosecha a esta misma altura del año pasado. ”Teniendo en cuenta el ratio extracción teórico de la industria argentina, punta a punta, el alza del FOB de harina de soja le habría sumado US$ 30/t al precio promedio de venta industrial a cosecha en lo que va del año”, calculó la bolsa rosarina.

Se trata de valores importantes para el comercio exterior argentino. Aunque la soja es usualmente referida como “oleaginosa”, en rigor de su procesamiento se obtiene en promedio 75% de harina, 20% de aceite y 5% de otros subproductos.

La distinción es aún más relevante cuando se traduce a la exportación. En 2024 el “complejo soja” generó exportaciones por USD 19.623 millones, de los cuales USD 10.560 millones, 54% del total, fueron de “harina de soja”, contra USD 6.332 millones que generó el aceite (32%), USD 2.013 millones el poroto (10%), USD 388 millones el biodiesel (2%) y USD 330 millones otros subproductos de soja. En 2025 la harina de soja volvió a liderar las exportaciones del complejo soja, con USD 8.566 millones (40% del total).

Esos datos podrían ser claramente superados si los precios de la harina de soja se mantienen o superan los niveles alcanzados este viernes, los más altos desde octubre de 2024.

Buscan reducir costos y mejorar la competitividad con un régimen que hasta ahora estaba limitado a pocos sectores. Los detalles de la medida

17/04/2026 – 16:56hs

El Gobierno nacional decidió ampliar el alcance del Régimen de Aduana en Factoría (RAF) a toda la industria, una medida que permitirá importar insumos sin pagar aranceles ni impuestos, siempre que estén destinados a procesos productivos.

La iniciativa fue oficializada a través del Decreto 252/2026 y modifica un esquema vigente desde 2002 que, en la práctica, había quedado limitado principalmente a la industria automotriz. Con esta actualización, cualquier sector productivo podrá acceder al beneficio, en un intento por reducir costos, mejorar la competitividad y promover una mayor generación de valor agregado local.

Importaciones sin aranceles: cómo funciona el régimen que ahora se amplía

El RAF habilita la importación temporal de insumos, partes y componentes sin el pago de tributos, bajo la condición de que sean utilizados en la fabricación de bienes. En ese marco, si los productos finales se exportan, los aranceles no se abonan. En cambio, si se destinan al mercado interno, el pago de impuestos se difiere hasta la finalización del proceso productivo.

Este esquema permite a las empresas mejorar su capital de trabajo, al postergar obligaciones fiscales y reducir el costo financiero asociado a la importación de insumos clave.

Además, el nuevo decreto establece que el régimen también alcanzará a proveedores de empresas exportadoras, lo que amplía su impacto a lo largo de toda la cadena de valor y apunta a fortalecer la integración productiva local.

Menos trabas y menor costo financiero

Entre los cambios más relevantes, se eliminan requisitos que hasta ahora funcionaban como barreras de acceso. Por un lado, deja de ser obligatoria la constitución de una garantía global única, permitiendo a las empresas optar por cualquiera de las alternativas previstas en el Código Aduanero.

Por otro, se suprime la exigencia de firmar acuerdos previos con cámaras sectoriales, una condición que restringía el ingreso al régimen y limitaba su alcance.

Estas modificaciones buscan reducir la carga financiera y administrativa, facilitando el acceso de más empresas al sistema.

Qué busca el Gobierno con la medida

La implementación y regulación del RAF quedará bajo la órbita de la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa, que deberá definir los aspectos operativos del nuevo esquema.

Desde el Gobierno aseguran que la reforma apunta a mejorar la competitividad de la industria, reducir costos de transacción y fomentar el empleo, en un contexto donde el marco normativo anterior —con más de dos décadas de vigencia— mostraba limitaciones para impulsar la producción y las exportaciones.

En un escenario de presión sobre los costos y necesidad de dólares genuinos, la ampliación del régimen aparece como una herramienta clave para dinamizar la actividad industrial y fortalecer el perfil exportador de la economía.