La reglamentación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) abrió una ventana de oportunidad para la llegada de capitales intensivos a la Argentina. Con la mirada puesta en sectores estratégicos como energía, minería y tecnología, el mapa de proyectos a escala local está mutando hacia obras hipercomplejas. En este nuevo ecosistema, el desembarco de centros de datos de última generación ya no es una promesa lejana, sino el núcleo de la infraestructura física indispensable para sostener el avance de la inteligencia artificial. Sin embargo, este flujo de capital masivo se enfrenta a un cambio de paradigma global: hoy la viabilidad de una megaobra ya no depende únicamente de conseguir financiamiento o de la ingeniería tradicional, sino de una compleja matriz de riesgos que debe considerarse desde el inicio de un proyecto.

Para entender el alcance de este nuevo escenario, un estudio reciente desarrollado por Zurich Insurance Group anticipa los principales desafíos a nivel global a los que se enfrenta la industria en los próximos cinco años. Elaborado a partir del análisis de especialistas internacionales, el estudio advierte que la convergencia de riesgos climáticos, tecnológicos y de infraestructura es lo que redefinirá la viabilidad de los proyectos en el futuro.

En el caso específico de los centros de datos, el impacto es radical: impulsados por la IA, el valor promedio global de este tipo de obras pasó de USD 150 millones a USD 3.000 millones en un solo año. La magnitud de estas inversiones transforma por completo la gestión del riesgo. La viabilidad de un data center en la era de la IA ya no sólo está definida por los chips (los microprocesadores avanzados para correr la tecnología) ni por el capital, sino por el acceso garantizado a la electricidad, al agua para refrigeración, el cumplimiento regulatorio y el suministro de equipos críticos.

Es por eso que, en la Argentina, la promesa de los nuevos nodos digitales mira con tanta fuerza hacia Vaca Muerta, clave por su potencial energético. Este crecimiento proyectado refleja una gran concentración de riesgos logísticos y técnicos en un terreno complejo, lo que pone a prueba tanto los plazos de ejecución como la capacidad del mercado asegurador.

En este contexto, los riesgos cobran una relevancia aún mayor. En primer lugar, los eventos climáticos extremos y los desastres naturales se posicionan como los factores que más afectarán al sector. El calor extremo y las sequías están afectando las redes de transporte, los sistemas de generación eléctrica y las plantas de distribución construidas para un clima que quedó obsoleto. Si pensamos en un data center, que exige una demanda continua de refrigeración y alta densidad de potencia, un fallo en el suministro de agua o energía debido al clima puede ser letal.

En segundo lugar, la escasez de recursos y la dinámica comercial global generaron un “cuello de botella” persistente que afecta el aprovisionamiento de equipos industriales clave, como transformadores o disyuntores, cuyos plazos de entrega hoy pueden extenderse hasta cuatro años. En proyectos acelerados por los incentivos del RIGI, depender de cadenas de suministro globales introduce un riesgo de retraso que los inversores actuales, en la mayoría de los casos, no están dispuestos a tolerar.

A esto se suma la escasez de talento técnico. Siguiendo el informe, el desafío ya no está en conseguir mano de obra general, sino perfiles especializados capaces de coordinar obras altamente tecnológicas. Para mitigar esta dificultad, la industria está acelerando el uso de la construcción modular. Sin embargo, replicar diseños complejos a gran escala antes de conocer del todo su comportamiento a largo plazo también introduce una concentración de riesgos poco previsible en el corto plazo.

Finalmente, las megaobras de conectividad e infraestructura digital también están expuestas a amenazas invisibles. Según el estudio de Zurich, cuatro de cada cinco empresas del sector experimentaron incidentes de ciberseguridad en los últimos dos años, con un promedio de 226 ataques anuales por compañía. En el caso de los centros de datos, al tratarse de plataformas hiperconectadas, el riesgo digital puede paralizar la continuidad operativa de un proyecto multimillonario incluso antes de su ejecución.

En este escenario, donde los márgenes de error se reducen a cero, la asegurabilidad emerge como el indicador definitivo de la viabilidad de un proyecto a escala. A medida que las condiciones de financiamiento se vuelven cada vez más estrictas, los bancos y mercados de capitales miran, antes que nada, las condiciones de la póliza: si un desarrollo no es asegurable, tampoco será financiable. La relación entre ambas variables es directa.

De esta manera, el seguro deja de pensarse como una instancia final del proceso para convertirse en un activo estratégico que debe integrarse desde las primeras simulaciones y planos, ayudando a mitigar riesgos climáticos, técnicos o digitales desde la etapa de diseño.

Llevar la gestión del riesgo a la fase de factibilidad exige un cambio de mentalidad profundo, especialmente para una industria local que históricamente tuvo que adaptarse, sobre todo a los vaivenes macroeconómicos, aprendiendo a gestionar los imprevistos de la actividad sobre la marcha. Sin embargo, el desafío de cara a esta nueva década, marcada por obras hipercomplejas y de escala multimillonaria impulsadas por incentivos estructurales, es llevar la capacidad de reacción un paso más allá, comprendiendo que la verdadera solidez de un proyecto ya no se demuestra en la obra, sino blindando la inversión mucho antes de mover el primer ladrillo.

El autor es Head of Commercial Insurance en Zurich Argentina

El incremento de los tributos podría aprovechar la caída del petróleo global, un factor que presiona a las compañías a revisar los valores en el surtidor

02/07/2026 – 06:53hs

El Gobierno nacional dispuso este miércoles un incremento acotado del 1% en el componente impositivo que se aplica a la venta de naftas y gasoil, en procura de recuperar el atraso acumulado en los últimos dos años sin sumar presion inflacionaria desde el surtidor.

La decisión expresada en el Decreto 562 establece una adecuación en los montos fijos que determinan el Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y el Impuesto al Dióxido de Carbono. Los considerandos del decreto señalan que el propósito de la medida radica en sostener el crecimiento de la actividad económica local bajo una pauta de consolidación de las cuentas públicas.

En el caso de la nafta sin plomo el Impuesto sobre los Combustibles Líquidos aumentó desde hoy $21,192 por litro, mientras que el Impuesto al Dióxido de Carbono se incrementó en $1,298. Para el gasoil, el incremento fue de $18,959 en el Impuesto sobre los Combustibles Líquidos, de $10,266 en el tratamiento diferencial previsto para determinadas jurisdicciones y de $2,161 en el Impuesto al Dióxido de Carbono.

De esta manera, como viene ocurriendo en los últimos dos años, el Palacio de Hacienda optó por no aplicar la totalidad de los ajustes pendientes por variaciones de precios anteriores, priorizando un sendero de corrección moderado para julio. Esta política tuvo el año pasado un costo estimado de u$s2.000 millones que el fisco no pudo recaudar-.

El texto sostiene que «con el objeto de iniciar un proceso de regularización de los referidos incrementos remanentes, resulta deliberado de la buena gobernanza diferir parcialmente los efectos de los aumentos que resultarían de las actualizaciones aplicables para el trimestre calendario que se inicia el 1° de julio de 2026, de manera de asegurar una necesaria estabilidad económica, evitando asimismo que la carga impositiva total impacte de manera simultánea en el bolsillo de los consumidores«.

El congelamiento de precios e impuestos por la guerra

El gobierno había decidido congelar la actualización de los montos fijos de ambos tributos durante mayo y junio debido a la volatilidad de precio internacional del petróleo que generó presión en los surtidores por el conflicto armado en Medio Oriente.

Si bien las petroleras que controlan el mercado local durante marzo y comienzos de abril aceleraron las subas hasta superar aumentos de del 20%, la inestabilidad externa y la necesidad de amortiguar el impacto en la macro, motivó a las compañías a establecer un buffer de precios.

Ese esquema comercial que encabezó YPF -que domina más del 55% del mercado minorista- y fue seguido por el resto de las compañías, estableció un virtual congelamiento en los surtidores hasta tanto el precio del crudo baje, tal como está ocurriendo en las ultimas dos semanas que se desplomó más de u$s20 hasta alcanazr niveles pre confilcto.

Con el brent en torno a los u$s70, las empresas ahora están compensando rápidamente el ajuste resignado en los últimos tres meses, con lo que se anticipa que durante julio podría revisar a la baja los precios de las naftas y el gaspil, una vez que las cuentas vuelvan a un punto de equilibrio. 

A la par de la estrategia de las empresas, existen componentes cambiarios que favorecieron esta estrategia y fue la calma en que se movió la cotización del dólar en los últimos meses, algo que empezó a sacurise suavamente en las últimas jornadas y pueden sumar una presión extra.

El esquema cambiario vigente define un rango dentro del cual el dólar puede moverse sin que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) tenga la obligación de salir a vender divisas. Ese límite superior, conocido como “techo de la banda”, no es un número fijo: se recalcula todos los meses en función de la inflación informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Con el dato de mayo ya conocido, el mercado empezó a mirar cuánto margen queda antes de que el esquema oficial obligue a una intervención directa.

El mecanismo funciona con un desfase de dos meses entre la publicación del índice de precios y su aplicación sobre los límites cambiarios. Es un hecho que ese rezago responde a la lógica con la que fue diseñado el sistema desde su implementación: la inflación de un mes determina el ajuste de la banda dos meses después, de manera que el dato de marzo fijó el techo de mayo y el de abril, el de junio.

Bajo esa misma regla, la inflación de mayo, del 2,15% según el Indec, es la que ahora define el nuevo límite superior para julio. Aplicado ese porcentaje sobre el techo que existía en junio, que se ubicaba en 1.806,45 pesos, el resultado arroja un nuevo techo de 1.844,85 pesos para el cierre de julio. Se trata de un ajuste más moderado que el registrado en el tramo anterior.

Con el dólar mayorista operando este martes en $1.489, la distancia hasta el nuevo techo de julio se ubica en torno a $355, unos 24 puntos porcentuales por encima del valor actual. Esa brecha es la que, en términos teóricos, tiene el mercado para moverse sin que el esquema de bandas obligue al Central a vender reservas de manera directa.

La suba de este martes no fue un hecho aislado. El dólar mayorista acumuló tres ruedas consecutivas al alza, en un contexto de muy alto volumen operado, que superó los USD 800 millones en el segmento de contado por tercer día seguido. En lo que va de 2026, la divisa mayorista acumula una suba de 34 pesos, equivalente a 2,3 por ciento, y se ubica cerca del récord nominal de $1.492 alcanzado en octubre del año pasado.

Ese comportamiento también se trasladó al resto de las cotizaciones. El dólar minorista subió diez pesos en el Banco Nación, hasta $1.510, mientras que el blue avanzó en la misma magnitud, hasta 1.525 pesos. Los dólares financieros no fueron la excepción: el contado con liquidación tocó los 1.577 pesos, un máximo desde octubre del año pasado.

Ahora bien, mientras el dólar mayorista se mantenga por debajo de los $1.844,85, a 334 pesos de la cotización actual, el BCRA no está obligado a intervenir vendiendo divisas de manera directa en el Mercado Libre de Cambios. Sin embargo, la entidad que conduce Santiago Bausili sí actuó esta semana sobre el mercado, aunque por otras vías.

Las dos herramientas principales que utilizó fueron la venta de contratos de dólar futuro y la colocación de letras dollar-linked, instrumentos del Tesoro que ajustan su valor según la evolución del dólar oficial. Según fuentes bancarias, la intervención se concentró en el contrato de futuro con vencimiento a fines de julio, aunque el monto operado en esa plaza no resultó determinante.

El volumen operado en estas letras alcanzó los 500 millones de dólares en la jornada, después de dos ruedas previas con montos también elevados, de entre 400 y 500 millones. En una mesa de operaciones de un banco remarcaron que el volumen diario habitual de este instrumento ronda los USD 150 millones, lo que da cuenta de la magnitud que tomó la intervención indirecta esta semana. Cada vez que el BCRA vende estos títulos, retira pesos de circulación entre los inversores privados, lo que le permite moderar la presión sobre el tipo de cambio sin tocar sus reservas.

Un dato que explica parte de la presión sobre el tipo de cambio pasa por la oferta de divisas del campo. Según las cámaras que agrupan al sector aceitero y exportador de granos, las liquidaciones de junio sumaron 3.007 millones de dólares, una caída de 18% frente al mismo mes de 2025, aunque con un repunte de 12% respecto de mayo. En el acumulado del año, esas liquidaciones muestran una baja de 13%, pese a las expectativas de una cosecha mayor a la del ciclo anterior.