ECONOMIA
Milei avanza con la privatización de AySA y aparecen resistencias: ¿pueden frenar el plan oficial?
El gobierno de Javier Milei lanzó la licitación para la venta del 90% de la empresa Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA) y dio así el primer paso significativo de su plan de privatizaciones, pero en el Congreso aparecieron las primeras resistencias a través de un proyecto presentado por el kirchnerismo, pero con un guiño de bloques alineados con gobernadores.
La iniciativa busca impedir la transferencia de AySA a manos privadas y fue planteada como un tema de «preferencia» en la última sesión del Senado por Eduardo «Wado» de Pedro (Unión por la Patria), justo después de que el ministro de Economía, Luis Caputo, anunciara la puesta en marcha del proceso que se abrió formalmente este viernes.
El Gobierno publicó en el Boletín Oficial el pliego de condiciones técnicas, legales y financieras para la venta de la empresa estatal de aguas en el marco de una licitación pública «nacional e internacional», por lo que incluye tanto a jugadores locales como extranjeros. La presentación de ofertas (primera etapa) concluye el 27 de agosto.
Con la privatización de AySA ya abierta, si la oposición logra avanzar con el tratamiento del proyecto antes de esa fecha podría generar mucho ruido en la licitación. Sería difícil que haya interesados en comprar una empresa pública si el Congreso da señales de trabar legalmente la operación.
Cuál es la primera señal de resistencia opositora a la privatizació de AySA
El proyecto que presentó De Pedro declara intransferibles las acciones de AySA que pertenecen al Estado, con lo que la excluye de cualquier proceso de privatización, concesión o cesión de su capital o gestión y la define como de «interés público y estratégico para el desarrollo humano». El argumento es la importancia de que «el agua potable» sea «gestionada por el bien común».
Durante la sesión del Senado del último jueves el senador kirchnerista presentó un «pedido de preferencia» para el tratamiento del proyecto una vez que tenga dictamen de las comisiones. La moción se aprobó con 35 votos a favor y 33 en contra, con lo que estuvo a solo dos votos de la mayoría absoluta de 37.
Pero lo más llamativo fue que votaron a favor de la preferencia varios bloques que suelen jugar como aliados de La Libertad Avanza (LLA), como la salteña Flavia Royón que responde al gobernador Gustavo Sáenz, la neuquina Julieta Corroza, alineada con Rolando Figueroa y los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, alfiles de Carlos Rovira.
También el bloque Provincias Unidas de la cordobesa Alejandra Vigo y el correntino Carlos «Camau» Espínola, y el de Convicción Federal que la jujeña Carolina Moisés, el catamarqueño Guillermo Andrada y la tucumana Sandra Mendoza. Todos estuvieron de acuerdo en que el proyecto tenga preferencia si logra dictamen de comisión.
¿Se puede trabar el proceso de privatización?: riesgos y salvaguardas para Milei
Que el proyecto tenga que pasar por esa instancia es un dato tranquilizador para el Gobierno. Las chances de que la privatización de AySA se enturbie por esta iniciativa son bajas si se considera que el kirchnerismo no tiene número suficiente en ninguna de las comisiones como para apurar el tratamiento ni mucho menos para conseguir un dictamen de mayoría.
También es una señal favorable para el Gobierno que el PRO y la UCR votaran en contra de la moción de preferencia. No obstante, el acompañamiento de algunos de los senadores aliados -que de hecho ayudaron a La Libertad Avanza a menguar la representación del peronismo en las comisiones- es un llamado de atención para el bloque oficialista que encabeza Patricia Bullrich.
Según supo iProfesional de fuentes cercanas a uno de esos bloques, por ahora todo quedaría en ese gesto que se dio en el recinto. Si decidieran eventualmente empujar el proyecto también en las comisiones para buscar un dictamen, entonces el escenario se volvería más preocupante para el Gobierno.
Un dato clave es que la privatización de AySA está contemplada en la Ley Bases que se aprobó en 2024. De las más de 40 empresas públicas que Milei se proponía vender el Congreso le dejó apenas ocho, entre ellas Aguas y Saneamientos. Pero a pesar de las intensas negociaciones el oficialismo aprobó raspando esa norma en el Senado: empate en 36 votos y definió Victoria Villarruel.
El listado de privatizaciones fue uno de los puntos más discutidos de la Ley Bases y la votación del Senado mostró que la redacción final de esa norma no dejó a una mayoría clara conforme. Esto implica que la norma que habilitó al Gobierno a vender AySA no lo dejó totalmente blindado frente al humor cambiante de la política.
Previamente en Diputados (donde se dio la mayor «purga» de empresas a privatizar) la Ley Bases tuvo un resultado más holgado: 147 votos a favor y 107 en contra. Sin embargo, tras el recambio legislativo de 2025 algunos de esos 147 diputados ya no están y otros adoptaron en el último tiempo un perfil más crítico frente al Gobierno.
En ese marco, el proyecto que se presentó en el Senado no llega a ser un obstáculo para la privatización de AySA, aunque el Gobierno tendrá que monitorear el tema con atención para evitar sorpresas durante el proceso que finaliza en agosto. Si bien el Congreso habilitó la venta de la empresa mediante la Ley Bases, las tensiones con los aliados y el clima electoral -que se intensificará entre julio y agoso- pueden hacer que todo cambie.
Los detalles de la licitación que lanzó el Gobierno para vender AySA
Si bien el Gobierno ya puso en marcha también el proceso de privatización del Belgrano Cargas, la licitación para la venta de AySA es la primera de gran magnitud por el tamaño de la empresa, su importancia para la región metropolitana y sus antecedentes: fue creada en 2006 luego de que el gobierno de Néstor Kirchner le rescindiera unilateralmente el contrato de explotación de Aguas Argentinas al grupo francés Suez.
La privatización es importante para Milei no solo porque forma parte de su plan de gobierno sino porque espera obtener al menos u$s500 millones, una suma que ayudaría a Caputo, a alcanzar el superávit fiscal que le exige el FMI y mostrar sostenibilidad para su programa.
La licitación pública nacional e internacional es sobre el 90% de las acciones de AySA que tiene el Estado nacional, mientras que el 10% restante continuará en manos de los trabajadores de la empresa a través del Programa de Propiedad Participada.
El cronograma oficial fijó como límite para la presentación de ofertas el 27 de agosto. Ese mismo día se realizará la apertura de sobres de la primera etapa, donde se evalúan las condiciones técnicas, financieras, patrimoniales y legales de los oferentes. En el pliego de licitación se establece la figura del «operador estratégico», que podrá ser nacional o internacional pero deberá tener experiencia comprobada en servicios de agua potable y saneamiento.
Luego de esa primera instancia de análisis, el proceso continuará con la etapa de precalificación, la apertura de las ofertas económicas y la adjudicación correspondiente. Se prevé una concesión de 30 años (de comienzos de 2027 a 2057) para la prestación del servicio de aguas y cloacas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
AySA brinda servicios agua potable y cloacas a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en unos 26 municipios del conurbano bonaerense. Según la información oficial de la compañía, hasta mediados de 2025 la cobertura de agua potable superó el 85% y en cloacas el 70%.
Con el lanzamiento de la licitación el gobierno de Javier Milei puso en marcha el proceso para privatizar AySA a casi dos años de la aprobación de la Ley Bases que lo habilitó para llevar a cabo esa operación. El desafío ahora para el Gobierno es que los vaivenes de la política no le compliquen el objetivo. Por el momento, el riesgo es bajo, pero el clima actual da algún margen para sorpresas.
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ECONOMIA
Chubut elimina Ingresos Brutos y Sellos por un año para la construcción y ampliación de viviendas familiares
El gobierno de Chubut presentó este viernes un proyecto de ley que establece la eliminación de dos cargas tributarias provinciales para quienes construyan o amplíen viviendas durante un período de poco más de un año. La iniciativa, respaldada por las cámaras de la construcción y los gremios del sector, apunta a reducir los costos de edificación, dinamizar la actividad de la industria y generar empleo en todo el territorio provincial.
El gobernador de esa provincia, Ignacio Torres, fue el encargado de anunciar la medida. “El mejor plan de vivienda es el que le da libertad a la gente para construir su propia casa”, señaló.
El proyecto contempla dos beneficios concretos. El primero es la exención del 100% del Impuesto sobre los Ingresos Brutos para la actividad de construcción y ampliación de viviendas familiares y edificios residenciales. El segundo es una exención de hasta el 100% del Impuesto de Sellos sobre los contratos de obra, financiamiento y garantías vinculados a los proyectos. En este caso, el porcentaje de exención variará según la cantidad de empleados que tenga la empresa y la magnitud de la inversión.
Ambos beneficios regirán entre el 1° de junio de 2026 y el 30 de junio de 2027. La reglamentación de la norma estará a cargo de la Agencia de Recaudación de la Provincia del Chubut (ARPC).
La iniciativa abarca distintos perfiles. Pueden acogerse a los beneficios las familias que construyan una vivienda desde cero, los propietarios que amplíen una vivienda existente y los desarrolladores de edificios residenciales, siempre que al menos el 70% de la superficie total esté destinada a vivienda.
También quedan incluidos los proyectos que ya se encuentran en ejecución, con la condición de que finalicen antes del 31 de diciembre de 2028. La norma excluye expresamente las construcciones con destino comercial, de oficinas o industrial.
Los beneficios impositivos no son la única vía que tienen los chubutenses para acceder a la vivienda propia. El crédito hipotecario constituye otra herramienta que, en el caso de Chubut, tuvo un desempeño destacado durante 2025.
Según datos elaborados en base al Banco Central de la República Argentina (BCRA) y el Indec, Chubut registró 19,4 nuevos deudores hipotecarios cada 10.000 habitantes adultos a lo largo del año pasado. Ese número ubicó a la provincia patagónica en el segundo lugar del ranking nacional, detrás únicamente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que encabezó la tabla con 46,3 nuevos deudores cada 10.000 adultos. Por detrás de Chubut se ubicaron Neuquén, con 16,5, y Tierra del Fuego, con 15,7.
El dato contrasta con la situación de otras provincias, donde el acceso al financiamiento hipotecario fue casi marginal. Formosa registró apenas 0,8 nuevos deudores cada 10.000 adultos, Santiago del Estero 0,9 y Misiones 1,3.
El proyecto llegó al recinto con el aval de las principales cámaras de la construcción y los gremios que nuclean a los trabajadores del sector. El respaldo refleja la expectativa de que la reducción de costos tributarios se traduzca en un aumento de la actividad, tanto en obras particulares como en desarrollos de mayor escala.
La medida se enmarca en un momento en que la industria de la construcción atraviesa un proceso de recuperación a nivel nacional, impulsado en parte por la reactivación del crédito hipotecario y el aumento de la inversión privada en el sector inmobiliario.
En marzo -último dato disponible- la construcción registró un crecimiento del 12,7% en relación al mismo mes del 2025. Al comparar con febrero, el nivel del rubro constructor subió 4,7% y la tendencia a largo plazo registró un avance de 0,7 por ciento.
La compañía colombiana prevé unos 20.000 barriles diarios en tres años mediante la integración de sus bloques y un plan de perforación en modo factoría
15/05/2026 – 20:45hs
La petrolera colombiana GeoPark presentó una solicitud para adherirse al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) con el fin de desarrollar su hub de petróleo no convencional en Vaca Muerta, con una inversión de más de u$s1.000 millones.
La solicitud se conoce a horas de que YPF sacudiera el mercado con un proyecto de u$s25.000 millones para el desarrollo durante los próximos 15 años de cinco áreas linderas en el bloque sur de Vaca Muerta, en donde cuenta con el bloque estrella La Angostura Sur.
La presentación de Geopark al regimen de incentivo está orientada al desarrollo de los bloques Loma Jarillosa Este (LJE) y Puesto Silva Oeste (PSO), en los cuales la compañía busca escalar la producción de 1.500 a 20.000 barriles diarios en los próximos tres años.
El proyecto se presenta con el fin de acelerar el desarrollo del plan que GeoPark ya está ejecutando en Vaca Muerta, dándole previsibilidad y escala a sus inversiones de largo plazo, de acuerdo a lo informado este viernes.
Dos bloques en la ventana del petróleo
La propuesta integra ambos bloques bajo un Vehículo de Proyecto Único (VPU) y contempla la perforación en modo factoría de pozos horizontales, la construcción de una CPF (Central Processing Facility) en PSO para procesar la producción combinada, así como infraestructura de transporte y evacuación compartida.
«Vaca Muerta es una apuesta estratégica para GeoPark. Tenemos un plan en marcha y bloques con potencial probado. Nos presentamos al RIGI porque potencia el alcance de una inversión de esta escala», señaló Ignacio Mazariegos, director de la Unidad de Negocios Argentina.
El directivo detalló que con esta inversión la empresa se quiere consolidar como un actor de largo plazo en Neuquén, luego de varios años de gestiones por llegar al no convencional como operador.
En marzo, la compañía inició la perforación de sus primeros pozos en LJE. Con una inversión de entre u$s80 y u$s100 millones proyectada en 2026 para el desarrollo del bloque, el objetivo es escalar la producción en Argentina y pasar de los 1.500 barriles equivalentes diarios (boepd) actuales hasta los 5.000 o 6.000 boepd antes de que finalice el año.
El largo camino a Vaca Muerta
El desembarco de GeoPark en el no convencional de la Cuenca Neuquina se consolidó tras un estratégico cambio de rumbo en sus negociaciones corporativas. A comienzos de 2024, la compañía intentó un primer acercamiento a la formación mediante un acuerdo preliminar con Phoenix Global Resources para adquirir una participación no operativa en las áreas Mata Mora Norte y Confluencia Norte.
Sin embargo, aquella negociación expiró sin éxito al vencerse los plazos de exclusividad, debido a discrepancias en las condiciones de gobernanza y las cláusulas de salida del proyecto. Lejos de desistir en su objetivo de sumar shale oil a su cartera regional, la empresa reconfiguró rápidamente su estrategia para buscar activos que le garantizaran el control total de las operaciones.
El hito definitivo se concretó poco después, cuando GeoPark cerró una transacción con Pluspetrol por un valor inicial de u$s115 millones, adquiriendo el 100% de la participación y la operación de los bloques exploratorios Loma Jarillosa Este (LJE) y Puesto Silva Oeste (PSO).
Esta adquisición incluyó la continuidad de la asociación con la empresa estatal provincial Gas y Petróleo del Neuquén (GyP), que mantiene una participación secundaria bajo la modalidad de carried interest. A diferencia del esquema explorado originalmente, este nuevo marco normativo y societario le otorgó a la compañía el rol de operadora exclusiva, una condición clave para decidir de forma directa el ritmo de inversión, los planes de infraestructura y la velocidad de desarrollo de los pozos.
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ECONOMIA
Alquileres bajo la lupa: aseguran que el 60% de los contratos eran informales con la ley anterior
En Infobae al Regreso, los referentes de Inquilinos Agrupados y Tejido Urbano discutieron el impacto social y económico tras el aumento de los alquileres en la Ciudad y el Gran Buenos Aires, fenómeno que combina la suba de divorcios y la eliminación de la Ley de Alquileres.
Gervasio Muñoz y Fernando Álvarez de Celis analizaron los índices oficiales, la brecha con la inflación y las condiciones que enfrentan hoy los inquilinos ante el nuevo escenario regulatorio.
La discusión se centró en los números concretos. Matías Barbería puso sobre la mesa tres índices clave para entender la magnitud del aumento tras el cambio de gobierno: “Según Zonaprop, los alquileres aumentaron 195% en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre noviembre de 2023 y abril de 2026. El índice oficial del Instituto de Estadísticas y Censos porteño marca un 204% en el mismo período”. Sin embargo, el dato más impactante llegó con el índice nacional: “En la región GBA, que incluye Capital y Gran Buenos Aires, el aumento fue del 657%”.
La inflación acumulada en ese período fue del 355%, lo que implica que “el precio de los alquileres casi duplica la inflación”. La disparidad entre índices, explicaron, responde a que algunos miden precios de publicación y otros lo que pagan efectivamente los inquilinos. “El ajuste viene porque se fue cambiando a las nuevas formas de alquiler fuera de la ley”, detalló Barbería.
Gervasio Muñoz cuestionó la validez de los argumentos de mercado: “Durante la Ley de Alquileres, los precios viajaban por debajo de la inflación y los salarios. Apenas se termina la ley, el mercado impone cualquier tipo de condición y aumentan los precios”. Para él, la intervención estatal es indispensable: “Hasta que no haya intervención del Estado sobre cuestiones centrales en materia de acceso a la vivienda en alquiler, la cosa va a estar cada vez peor”.
Álvarez de Celis remarcó cómo el fenómeno del divorcio multiplica la demanda de vivienda: “Hay una familia y, por una ruptura de pareja, se va de casa y tiene que alquilar otra vivienda. Aumenta por dos la demanda de vivienda”.
Muñoz aportó otra perspectiva sobre el supuesto déficit habitacional: “Hace muchísimo tiempo la población es la misma, pero hay más viviendas que hogares en la ciudad de Buenos Aires. Hay 230 mil viviendas más que hogares”. Sin embargo, buena parte de esas viviendas no se destinan al alquiler tradicional: “Hay un 10% vacías, muchas funcionan como consultorios o no se alquilan porque los dueños las usan como reserva de valor o para alquileres temporarios tipo Airbnb”.
La caída de la oferta formal, especialmente tras la derogación de la Ley de Alquileres, generó una migración hacia contratos informales y nuevas reglas de juego, con los inquilinos en clara desventaja. “El 60% de los alquileres estaba fuera de la ley”, advirtió Álvarez de Celis, señalando que la informalidad se volvió la norma y no la excepción hasta 2023.
El debate expuso las dificultades cotidianas que enfrentan los inquilinos ante la falta de regulación y el poder de negociación de grandes inmobiliarias. Muñoz recordó: “En 2017 se votó en la Legislatura porteña que la comisión en la ciudad de Buenos Aires ya no se la van a cobrar a los inquilinos, sino a los propietarios. Sin embargo, las inmobiliarias te la siguen cobrando igual, porque no te queda otra que aceptarlo”.
La presión financiera afecta especialmente a los jóvenes y familias de clase media, que atrasan su emancipación o deben compartir vivienda para reducir gastos. “Hay jóvenes que comparten habitaciones. Se alquilan camas en la ciudad de Buenos Aires. Las camas tienen precio”, describió Muñoz. Álvarez de Celis sumó: “Una persona que alquila paga entre dos y tres departamentos a lo largo de su vida”.
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