ECONOMIA
Milei avanza con la privatización de AySA y aparecen resistencias: ¿pueden frenar el plan oficial?

El gobierno de Javier Milei lanzó la licitación para la venta del 90% de la empresa Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA) y dio así el primer paso significativo de su plan de privatizaciones, pero en el Congreso aparecieron las primeras resistencias a través de un proyecto presentado por el kirchnerismo, pero con un guiño de bloques alineados con gobernadores.
La iniciativa busca impedir la transferencia de AySA a manos privadas y fue planteada como un tema de «preferencia» en la última sesión del Senado por Eduardo «Wado» de Pedro (Unión por la Patria), justo después de que el ministro de Economía, Luis Caputo, anunciara la puesta en marcha del proceso que se abrió formalmente este viernes.
El Gobierno publicó en el Boletín Oficial el pliego de condiciones técnicas, legales y financieras para la venta de la empresa estatal de aguas en el marco de una licitación pública «nacional e internacional», por lo que incluye tanto a jugadores locales como extranjeros. La presentación de ofertas (primera etapa) concluye el 27 de agosto.
Con la privatización de AySA ya abierta, si la oposición logra avanzar con el tratamiento del proyecto antes de esa fecha podría generar mucho ruido en la licitación. Sería difícil que haya interesados en comprar una empresa pública si el Congreso da señales de trabar legalmente la operación.
Cuál es la primera señal de resistencia opositora a la privatizació de AySA
El proyecto que presentó De Pedro declara intransferibles las acciones de AySA que pertenecen al Estado, con lo que la excluye de cualquier proceso de privatización, concesión o cesión de su capital o gestión y la define como de «interés público y estratégico para el desarrollo humano». El argumento es la importancia de que «el agua potable» sea «gestionada por el bien común».
Durante la sesión del Senado del último jueves el senador kirchnerista presentó un «pedido de preferencia» para el tratamiento del proyecto una vez que tenga dictamen de las comisiones. La moción se aprobó con 35 votos a favor y 33 en contra, con lo que estuvo a solo dos votos de la mayoría absoluta de 37.
Pero lo más llamativo fue que votaron a favor de la preferencia varios bloques que suelen jugar como aliados de La Libertad Avanza (LLA), como la salteña Flavia Royón que responde al gobernador Gustavo Sáenz, la neuquina Julieta Corroza, alineada con Rolando Figueroa y los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, alfiles de Carlos Rovira.
También el bloque Provincias Unidas de la cordobesa Alejandra Vigo y el correntino Carlos «Camau» Espínola, y el de Convicción Federal que la jujeña Carolina Moisés, el catamarqueño Guillermo Andrada y la tucumana Sandra Mendoza. Todos estuvieron de acuerdo en que el proyecto tenga preferencia si logra dictamen de comisión.
¿Se puede trabar el proceso de privatización?: riesgos y salvaguardas para Milei
Que el proyecto tenga que pasar por esa instancia es un dato tranquilizador para el Gobierno. Las chances de que la privatización de AySA se enturbie por esta iniciativa son bajas si se considera que el kirchnerismo no tiene número suficiente en ninguna de las comisiones como para apurar el tratamiento ni mucho menos para conseguir un dictamen de mayoría.
También es una señal favorable para el Gobierno que el PRO y la UCR votaran en contra de la moción de preferencia. No obstante, el acompañamiento de algunos de los senadores aliados -que de hecho ayudaron a La Libertad Avanza a menguar la representación del peronismo en las comisiones- es un llamado de atención para el bloque oficialista que encabeza Patricia Bullrich.
Según supo iProfesional de fuentes cercanas a uno de esos bloques, por ahora todo quedaría en ese gesto que se dio en el recinto. Si decidieran eventualmente empujar el proyecto también en las comisiones para buscar un dictamen, entonces el escenario se volvería más preocupante para el Gobierno.
Un dato clave es que la privatización de AySA está contemplada en la Ley Bases que se aprobó en 2024. De las más de 40 empresas públicas que Milei se proponía vender el Congreso le dejó apenas ocho, entre ellas Aguas y Saneamientos. Pero a pesar de las intensas negociaciones el oficialismo aprobó raspando esa norma en el Senado: empate en 36 votos y definió Victoria Villarruel.
El listado de privatizaciones fue uno de los puntos más discutidos de la Ley Bases y la votación del Senado mostró que la redacción final de esa norma no dejó a una mayoría clara conforme. Esto implica que la norma que habilitó al Gobierno a vender AySA no lo dejó totalmente blindado frente al humor cambiante de la política.
Previamente en Diputados (donde se dio la mayor «purga» de empresas a privatizar) la Ley Bases tuvo un resultado más holgado: 147 votos a favor y 107 en contra. Sin embargo, tras el recambio legislativo de 2025 algunos de esos 147 diputados ya no están y otros adoptaron en el último tiempo un perfil más crítico frente al Gobierno.
En ese marco, el proyecto que se presentó en el Senado no llega a ser un obstáculo para la privatización de AySA, aunque el Gobierno tendrá que monitorear el tema con atención para evitar sorpresas durante el proceso que finaliza en agosto. Si bien el Congreso habilitó la venta de la empresa mediante la Ley Bases, las tensiones con los aliados y el clima electoral -que se intensificará entre julio y agoso- pueden hacer que todo cambie.
Los detalles de la licitación que lanzó el Gobierno para vender AySA
Si bien el Gobierno ya puso en marcha también el proceso de privatización del Belgrano Cargas, la licitación para la venta de AySA es la primera de gran magnitud por el tamaño de la empresa, su importancia para la región metropolitana y sus antecedentes: fue creada en 2006 luego de que el gobierno de Néstor Kirchner le rescindiera unilateralmente el contrato de explotación de Aguas Argentinas al grupo francés Suez.
La privatización es importante para Milei no solo porque forma parte de su plan de gobierno sino porque espera obtener al menos u$s500 millones, una suma que ayudaría a Caputo, a alcanzar el superávit fiscal que le exige el FMI y mostrar sostenibilidad para su programa.
La licitación pública nacional e internacional es sobre el 90% de las acciones de AySA que tiene el Estado nacional, mientras que el 10% restante continuará en manos de los trabajadores de la empresa a través del Programa de Propiedad Participada.
El cronograma oficial fijó como límite para la presentación de ofertas el 27 de agosto. Ese mismo día se realizará la apertura de sobres de la primera etapa, donde se evalúan las condiciones técnicas, financieras, patrimoniales y legales de los oferentes. En el pliego de licitación se establece la figura del «operador estratégico», que podrá ser nacional o internacional pero deberá tener experiencia comprobada en servicios de agua potable y saneamiento.
Luego de esa primera instancia de análisis, el proceso continuará con la etapa de precalificación, la apertura de las ofertas económicas y la adjudicación correspondiente. Se prevé una concesión de 30 años (de comienzos de 2027 a 2057) para la prestación del servicio de aguas y cloacas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
AySA brinda servicios agua potable y cloacas a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en unos 26 municipios del conurbano bonaerense. Según la información oficial de la compañía, hasta mediados de 2025 la cobertura de agua potable superó el 85% y en cloacas el 70%.
Con el lanzamiento de la licitación el gobierno de Javier Milei puso en marcha el proceso para privatizar AySA a casi dos años de la aprobación de la Ley Bases que lo habilitó para llevar a cabo esa operación. El desafío ahora para el Gobierno es que los vaivenes de la política no le compliquen el objetivo. Por el momento, el riesgo es bajo, pero el clima actual da algún margen para sorpresas.
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ECONOMIA
Nueva remontada del bitcoin: subió hasta 11% y alcanzó su mayor nivel en ocho meses

El bitcoin sube hoy más de 6% a un máximo de ocho meses (al mediodía en Buenos Aires), ya que una mejora general del apetito por el riesgo ayudó a prolongar un repunte que comenzó la semana pasada.
La criptomoneda original avanzó hasta 6,29% y alcanzó los USD 85.900.
El repunte se produce junto con avances de las acciones y los bonos, ya que la caída de los precios del petróleo y el optimismo antes de una cumbre entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y Xi Jinping, de China, están impulsando a los mercados en general. Otros activos digitales también repuntaron. Ether, el segundo token más grande, subió más de 4,3% a USD 2.747, mientras que otras criptomonedas, como XRP, Solana y Monero, también registraron avances.
“Los mercados financieros han recuperado el apetito por el riesgo después de estar dominados por la preocupación por los rendimientos de los bonos gubernamentales, los niveles de deuda y la posibilidad de un regreso a una política más restrictiva en el banco central más poderoso del mundo”, dijo Chris Beauchamp, analista jefe de mercados de la plataforma de inversión y negociación IG.
Las ganancias del bitcoin amplían una recuperación que comenzó a fines de la semana pasada, cuando el mercado cripto asimiló el fracaso de un histórico proyecto de ley sobre criptomonedas en EE.UU. y el primer aumento de la tasa de interés de la Reserva Federal en más de tres años. La aprobación el jueves por parte de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) para que versiones digitales de valores comiencen a negociarse en EE.UU. ayudó a mejorar el ánimo.
“La capitalización del mercado cripto ha aumentado a US$2,8 billones, su nivel más alto desde fines de enero de este año”, dijo Alex Kuptsikevich, analista jefe de mercados de FxPro. “Aunque al repunte del viernes le siguió una mayor presión vendedora, los compradores han vuelto a dominar el mercado de criptomonedas desde el domingo”, destacó.
El interés abierto de bitcoin en la plataforma de negociación de opciones Deribit estaba fuertemente dominado por opciones de compra, lo que señalaba un sentimiento alcista. La plataforma mostraba más de 272.000 contratos por el derecho a comprar el token, frente a más de 154.000 opciones de venta, o el derecho a vender.
“El mercado de opciones de bitcoin está posicionado para capturar el potencial alcista”, dijo Pratik Kala, gestor de cartera del fondo de cobertura de activos digitales Apollo Crypto. “La gente está pasando de protegerse contra las caídas a querer aprovechar el potencial alcista”, dijo el especialista.
Sin embargo, los operadores no están convencidos de que el impulso pueda mantenerse debido a los difíciles obstáculos macroeconómicos, con el petróleo todavía por encima de USD 100 por barril y los rendimientos de los Treasuries de EEUU elevados.
El bitcoin se mantiene muy por debajo de su máximo de 2026, de más de USD 97.000 a mediados de enero, y aún más lejos de su récord de octubre. El entusiasmo de los inversionistas minoristas también ha resultado difícil de reavivar, ya que las acciones de inteligencia artificial y otras operaciones vinculadas a la IA compiten por el mismo capital especulativo.
“Para esta semana no hay grandes catalizadores que vigilar como tales, pero cualquier comentario restrictivo o moderado de miembros de la Fed podría afectar al mercado”, dijo Jeff Mei, director de operaciones de BTSE.
Con información de Bloomberg
ECONOMIA
Superávit energético récord: en 8 meses, la Argentina ya superó lo que generó en todo 2025

La balanza comercial energética de la Argentina acumuló entre enero y agosto de 2026 un superávit de USD 7.834 millones, según los datos del Intercambio Comercial Argentino (ICA) difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El número supera los USD 7.815 millones que el país había registrado en todo 2025, que hasta ese momento constituía el máximo histórico del sector.
De esta manera, en los primeros ocho meses del año, la actividad en Vaca Muerta y el crecimiento del sector energético local en su conjunto superaron por USD 19 millones el resultado del año pasado, con cuatro meses aún por delante en el calendario de 2026.
El resultado se apoya en una expansión sostenida de las ventas externas del sector, así como en el incremento de los precios internacionales del petróleo y sus derivados. Las exportaciones de combustibles y energía acumuladas hasta agosto sumaron USD 10.667 millones, lo que representó un alza de 48,9% respecto de igual período del año anterior. En paralelo, las importaciones de combustibles y lubricantes totalizaron USD 2.833 millones en los primeros ocho meses del año.
Más allá del fuerte incremento que tuvo la cotización mundial del Brent en las últimas semanas (subió 27% en tres semanas y hoy está en torno a los USD 100 por barril) el alza exportador de la Argentina tiene que ver con el incremento productivo de Vaca Muerta. Según los últimos datos que publicó el Gobierno, la producción de petróleo alcanzó en julio un nuevo récord de 916.200 barriles diarios, lo que representó un incremento del 17,2% frente al mismo mes del año anterior.
Solo en agosto, el sector aportó un superávit de USD 771 millones
El mes de agosto consolidó la tendencia. Las exportaciones de combustibles y energía ascendieron a USD 1.494 millones, con una variación positiva de 41,2% respecto al mismo mes de 2025 y un alza de USD 436 millones en valores absolutos. Los precios subieron 27% y las cantidades, 12,2%. Los productos que más traccionaron fueron el petróleo crudo, los carburantes y el resto de combustibles, en ese orden de importancia según el Indec.
Las importaciones energéticas de agosto, en tanto, alcanzaron USD 493 millones —un incremento de 70,6% respecto de agosto de 2025—, impulsadas principalmente por mayores compras de gas natural licuado, energía eléctrica y gas natural en estado gaseoso. El saldo del mes fue superavitario en USD 771 millones, frente a los USD 661 millones registrados en igual mes del año anterior.
Un año de exportaciones que apunta a nuevo récord histórico
El desempeño energético se enmarca en un año exportador que las proyecciones privadas describen como el mejor de la historia argentina. Según estimaciones de la consultora Abeceb, el país podría superar los USD 100.000 millones en exportaciones totales durante 2026, lo que superaría el récord previo de USD 88.446 millones registrado en 2022.
Para el sector energético en particular, las proyecciones apuntan aún más alto. La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) estimó en julio que las exportaciones de combustibles y energía rondarán los USD 11.300 millones al cierre del año, con un precio promedio del barril de Brent en torno a los USD 82. Con esa trayectoria, la balanza energética anual podría superar incluso los USD 12.000 millones —más del doble del resultado de 2024 y un 53% por encima del récord de 2025. De hecho, la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH) trabaja en su escenario más probable con exportaciones sectoriales de USD 11.300 millones para 2026.
El oleoducto VMOS y el horizonte de 2027 como próximo umbral
Un factor que podría acelerar el crecimiento en los meses que restan del año y en el ejercicio siguiente es la puesta en marcha del oleoducto VMOS, que conectará la cuenca neuquina con la costa de Río Negro, desde Allen hasta Punta Colorada, a lo largo de casi 600 kilómetros. El proyecto, aprobado bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) en marzo de 2025, generará una capacidad de evacuación adicional de 190.000 barriles diarios, con potencial para llegar a 550.000 barriles por día. De concretarse ese escenario, las exportaciones energéticas de 2027 podrían proyectarse por encima de los USD 18.500 millones, según estimaciones de la BCR.
El superávit energético acumulado hasta agosto equivale al 42,9% del saldo comercial total de bienes registrado por la Argentina en los primeros ocho meses de 2026, que según el Indec ascendió a USD 18.249 millones.
ECONOMIA
“No cumple con los criterios mínimos de razonabilidad y transparencia”: diputados de UP se quejaron ante el FMI por Presupuesto 2027


Diputados del Bloque Unión por la Patria le enviaron un carta al Fondo Monetario Internacional –que hoy inicia la tercera revisión del programa con Argentina en Buenos Aires– quejándose por el Presupuesto 2027, que envió el Gobierno de Javier Milei a Congreso la semana pasada.
En la misiva, dirigida a Kristalina Georgieva, Directora Gerente del FMI, les piden un “urgente análisis” y cambios en la metas pactadas con el Gobierno. EL texto advierte por graves riesgos institucionales y fiscales que presenta el proyecto y aseguran que es inconsistente y da discrecionalidad al Poder Ejecutivo Nacional en un año electoral.
“Teniendo en cuenta que el organismo que Ud. dirige no solo evalúa el desempeño macroeconómico de la Argentina y actualiza sus proyecciones, sino que también –cuando lo considera- introduce modificaciones en metas cuantitativas originalmente pactadas es que solicitamos un urgente análisis del Presupuesto 2027 en virtud de que el mismo no cumple con los criterios mínimos de razonabilidad y transparencia que las cuentas públicas del país requieren”, dice el texto.
Aseguran que “en efecto, y sin haber evaluado aún la solidez de los supuestos macroeconómicos propuestos por el PEN ni tampoco la verosimilitud del cálculo de recursos ni de las proyecciones de gasto primario ni de las fuentes y aplicaciones financieras, el proyecto de presupuesto sometido a consideración del Poder Legislativo muestra indicios alarmantes de inconsistencias, opacidad y de espacios de potencial discrecionalidad en la administración de los recursos públicos que podrían afectar la razonabilidad del proyecto de ley bajo análisis”.
El documento de UP al FMI detalla tres aspectos principales que justifican las consideraciones anteriormente expuestas
1) Subvaluación del Gasto Tributario y el impacto del RIGI: “El Superávit está sobreestimado, ya que oculta el gasto tributario del RIGI. El Gobierno propone un superávit primario de la Administración Pública Nacional de $15,4 billones, aproximadamente 1,1% del PIB. Pero ese superávit no contempla el gasto tributario del RIGI, que se estima en USD 3.359 M anuales, el equivalente a 0,49 pp del PBI (cuando el proyecto esté en “plena ejecución”, siendo que el 47% del total de la inversión se desembolsa hasta el año 2028, inclusive)“.
2) Discrecionalidad en la Jurisdicción 91: “Tiene asignaciones presupuestarias que otorgan total discrecionalidad al gobierno. La Jurisdicción 91 pasa de 5,6 a 14,8 billones. De ese total, $7,7 billones sin ley ni criterio. No tiene programas con metas físicas, simplemente es ‘Obligaciones a Cargo del Tesoro’. Ningún artículo del proyecto crea ese programa ni fija criterio de reparto. ¿Para qué sirve? Es la plata con la que se ‘auxilia’ (presiona) a la provincia que no llega a pagar sueldos o necesita fondos».
3) Duplicación de la Inversión Financiera Neta: “muestra un sideral aumento de la inversión financiera neta en 2027 respecto de 2026: se duplica en términos nominales (17,4 billones en 2027 y 9,8 billones en 2026). Contablemente, significa que el PEN propone aplicar una parte significativa del superávit financiero y/o de las fuentes financieras netas al incremento de “inversiones financieras temporarias” y/o de “caja y bancos” y/o de “otras inversiones financieras”. Entonces, ¿Cuál es la razonabilidad de desfinanciar políticas públicas prioritarias o de endeudarse con el fin de acumular bolsones de liquidez o financiar inversiones financieras invisibilizadas que carecen de justificación y propósito y no ocuparse de la discapacidad, la educación, el cumplimiento de la ley (por la retención del impuesto a los combustibles) o la inversión en obra pública?“.
La carta está firmada por Germán Martínez, Guillermo Michel, Agustín Rossi, Victoria Tolosa Paz, Cecilia Moreau, Carlos Castagneto e Itaí Hagman, entre otros.
FMI
La misión del FMI llegó hoy al país para realizar la tercera revisión del acuerdo de facilidades extendidas, con el foco puesto en un superávit fiscal primario anual de 1,4% del Producto Bruto Interno y en las medidas que el Gobierno prevé aplicar tras quedar por debajo de la meta semestral.
La misión estará encabezada por Joyce Wong y analizará las causas del desvío fiscal de los primeros seis meses del año. La pauta para ese período era de 0,7% del PBI, pero el resultado se ubicó 0,6 puntos porcentuales por debajo de ese nivel.
El Gobierno deberá explicar cómo compensará la diferencia acumulada para alcanzar el resultado previsto al cierre de 2026. Entre los compromisos asumidos en la segunda revisión figuran la postergación de iniciativas de la reforma laboral, una mayor percepción de impuestos específicos y una nueva focalización de los subsidios al transporte.
Corporate Events,Diplomacy / Foreign Policy
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