ECONOMIA
La fórmula de Caputo para bajar retenciones: máximo provecho político, mínimo costo fiscal
Máximo rendimiento político con mínimo costo fiscal: esa fue la consigna planteada en la interna del gobierno a la hora de anunciar el alivio impositivo para los productores sojeros en un esquema pre-anunciado de recortes mensuales.
De momento, está saliendo bien. Javier Milei fue aplaudido por un auditorio habitualmente demandante y malhumorado, como el de los dirigentes de las agremiaciones rurales, que sienten que su sector siempre es la variable del ajuste.
Tanto la Bolsa de Cereales -entidad anfitriona del acto- como la Sociedad Rural elogiaron la medida a pesar de que, en los hechos, no implica un alivio inmediato sino que generaría un recorte de tres puntos hacia el final del año próximo y deja planteado el aliciente para que Milei sea reelecto, dado que en 2028 la caída de las retenciones sería hasta el nivel de 15%.
Lo que quedó en claro es que el «packaging» del anuncio estuvo bien elaborado. Porque, en definitiva, lo que Milei anunció es que no hay ninguna posibilidad de que haya un alivio este año, cuando los productores se quejan de estar sufriendo una disminución en su margen de ganancia.
Ocurre que, al tiempo que la convulsión internacional generó una suba en los commodities agrícolas, también se produjo una aguda suba en el costo de los fertilizantes y otros insumos, por culpa de la disparada en el precio del petróleo. Hablando en plata, la tonelada de urea, un insumo básico para la fertilización de la nueva campaña agrícola, sigue ubicándose mas de un 50% por encima del precio anterior al conflicto en Medio Oriente.
En síntesis, lo que verdaderamente le importa al productor agrícola argentino, que es el margen de ganancia, sigue mostrando un panorama desalentador: se necesita vender dos toneladas de soja para poder comprar una tonelada de urea. Antes del conflicto, esa relación era de 1,4. Esto llevó a los expertos a advertir sobre márgenes de ganancia cada vez más delgados en la gestión agrícola.
Sin embargo, tras el anuncio de Milei trascendieron proyecciones optimistas respecto de que en la campaña del año próximo se pueda replicar un volumen alto de la cosecha -sobre todo la del trigo, que inicia antes-, por el mix de buenas condiciones climáticas y una inversión alta por parte de los productores.
El mensaje entrelíneas a los productores
El otro logro de Milei es alejar las especulaciones sobre alguna medida transitoria, como una rebaja de retenciones de siete puntos como la dispuesta el año pasado durante el primer semestre o un corte completo de retenciones por un mes, como el «tax holiday» de septiembre pasado.
Aquellas medidas denotaban la urgencia de Toto Caputo por generar un impulso exportador, en un año de escasez de divisas, que sea agravó por la masiva dolarización del público en la previa de la elección legislativa de octubre.
Pero ese tipo de medidas no son gratis. Para empezar, implican un pesado costo fiscal. En septiembre pasado, la caja de ARCA resignó el ingreso de las retenciones de la soja para el cupo de u$s7.000 millones. Como la tasa en ese entonces era de 26%, esto implica una merma de u$s1.820 millones. Expresado en pesos de hoy, serían unos $2,5 billones, parcialmente compensados por las inversiones de los productores.
Pero, sobre todo, las medidas transitorias dejan un antecedente que lleva a que, cada vez que hay una percepción de retraso cambiario, los productores tiendan a retener su stock el mayor tiempo posible, a la espera de un nuevo alivio tributario que cumpla la función de una devaluación indirecta.
Y, como si no fuera suficiente con los efectos domésticos, se agrega el riesgo de roces diplomáticos con Estados Unidos. El año pasado, la exención impositiva dispuesta por Caputo coincidió con el anuncio de una línea crediticia del US Treasury anunciada por el secretario Scott Bessent para ayudar al gobierno argentino a atenuar la volatilidad financiera. Los farmers norteamericanos, que ya estaban enojados con Donald Trump por el cierre del mercado chino, tuvieron un motivo adicional de irritación cuando vieron que su gobierno ayudaba a un país competidor justo en el momento en el que tomaban una medida que consideraban como una competencia desleal.
No por casualidad, en el documento firmado con Estados Unidos preanunciando un acuerdo comercial, Argentina se comprometió a no volver a decretar ese tipo de medidas transitorias con potencial de distorsión en el mercado global de materias primas.
Sin «riesgo silobolsa»
De manera que, con esta modalidad de rebaja gradual, el gobierno envía el mensaje de que no tiene sentido especular con un nuevo régimen de alivio transitorio en las retenciones, y que es mejor para los productores vender ahora mientras el precio del mercado internacional sigue alto –la soja supera en Chicago los u$s440, contra un promedio de u$s380 del año pasado-.
Pero, sobre todo, el principal efecto es el mayor incentivo a la inversión para la campaña del año próximo. Ocurre que en una situación de incertidumbre, y con costos crecientes de los insumos, se corre el riesgo de que los productores tomen la inversión como variable de ajuste, algo que puede traer como consecuencia una disminución en los rindes de la próxima campaña.
En cambio, ante la perspectiva de una mejora en los márgenes, se posibilita una planificación financiera con compras de fertilizantes, semillas y maquinaria.
Ni bien el presidente Milei hizo el anuncio, hubo economistas que se preguntaron si la «tablita» descendente de las retenciones no podría llevar a que la mayor parte de la cosecha 2027 quedara guardada en silobolsas, para aprovechar que sobre fin de año estarán los menores niveles de impuestos. Sin embargo, los expertos del negocio agrícola dijeron que hay baja probabilidad de que eso ocurra, porque la «ganancia» de postergar un mes la exportación -$3.000 por tonelada en el mejor de los casos- resulta menor que el costo financiero de tomar un crédito o de comprar dólares y hacerlos rendir en el mercado de capitales.
En el mientras tanto, se da la paradoja de que, al mismo tiempo que anuncia el recorte a las retenciones, el gobierno convertirá a ese rubro en su pilar fiscal. Justo en un momento flojo de la recaudación -que viene de nueve meses en caída interanual consecutiva-, la soja duplicará su aporte -con un potencial de $1,2 billón en mayo- y podría quebrar la tendencia descendente en la caja de ARCA.
Aprendiendo de los errores macristas
Desde el punto de vista político, Milei se puso el objetivo de no repetir el error de Mauricio Macri, quien el primer día de su gestión decretó una amplia rebaja de retenciones, y tuvo que resignarse a reestablecerlas ante la crisis fiscal de 2018, pidiendo perdón y admitiendo que se trataba de «un impuesto horrible».
En los hechos, esa medida minó la credibilidad del argumento que hasta ese momento había defendido la coalición Cambiemos: que la rebaja de retenciones había sido totalmente compensada por el aumento en el volumen de producción exportada por los agricultores.
En definitiva, lo que había sido una de sus mayores banderas, se transformó en un «efecto boomerang» que fue aprovechado por la oposición peronista en la campaña electoral de 2019. Macri había heredado un nivel de retenciones en 35%, lo bajó de inmediato a 30% y estableció un esquema de bajas graduales. En septiembre de 2018, a menos de dos años de iniciado el mandato, las retenciones estaban en 26,5%, y se les agregó una suma fija de $4 por dólar -en ese momento cotizaba a $40-.
En los hechos, Macri volvió a un nivel de 30%, que se fue licuando en la medida en que el peso se devaluaba.
Milei, en cambio, asumió el discurso «realista» del alivio gradual pero sin retrocesos. Es así que la soja durante el primer año de su gestión se mantuvo en el 33% que había heredado del gobierno peronista, y bajó a 26% en el segundo año -primero como medida transitoria y luego permanente-. En enero de este año recortó otros dos puntos.
Para el final de su mandato, las retenciones de la soja serán de 21%. Es un nivel todavía alto, pero las primeras reacciones indican que, gracias a la picardía política de la dupla Milei-Caputo, se conseguirá el múltiple objetivo de maximizar la recaudación fiscal este año, incentivar la inversión para la próxima campaña agrícola y, encima, hacer un gesto simbólico al sector rural, donde la imagen del gobierno estaba devaluada.
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ECONOMIA
El FMI le pidió al Gobierno avanzar con las reformas tributaria y previsional y cambiar la forma en que se mide la inflación
Tras anunciar la aprobación de la segunda revisión del acuerdo con la Argentina, el Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó el informe técnico sobre la economía argentina destaca el programa económico del gobierno de Javier Milei, pero advierte sobre la necesidad de avanzar con las reformas tributaria y previsional, de actualizar la forma de medir la inflación y de sostener la acumulación de reservas y el proceso de desinflación.
Para 2026, el organismo estima que la economía mostrará una expansión del 3,5% en el Producto Interno Bruto (PIB), acompañada por una tasa de desempleo de 7,2%, una inflación anual del 25% y un saldo fiscal primario positivo equivalente al 1,4% del producto.
Más allá de ponderar el rumbo económico de La Libertad Avanza, el reporte advierte que a pesar de los avances y del “amplio potencial” de Argentina, las vulnerabilidades “siguen siendo elevadas”: “La inflación continúa alta, las reservas son limitadas y aún se trabaja para lograr un acceso sostenido a los mercados, lo que deja al país especialmente expuesto a shocks externos e internos, estos últimos vinculados a la persistente incertidumbre sobre la continuidad de las políticas”.
Además, los técnicos de la entidad internacional apuntan que el sistema tributario sigue siendo “complejo e ineficiente, los mercados de capital permanecen poco desarrollados (con un volumen importante de activos de residentes fuera del sistema financiero), el país mantiene una relativa cerradura comercial y las instituciones requieren mayor fortalecimiento”.
“De todas formas, la administración Milei está logrando avances notables en la creación de una economía más abierta y orientada al mercado, con un flujo significativo de inversiones en marcha en sectores clave como la agricultura, la energía, la minería y la economía del conocimiento. Consolidar la estabilidad, romper de manera duradera con décadas de desmanejo y aprovechar plenamente este potencial siguen siendo los principales desafíos de fondo para Argentina”, aclaran.
Al mismo tiempo, el Fondo insta al Gobierno a actualizar las canastas que se utilizan para calcular el Índice de Precios al Consumidor (IPC). “Considerando el difícil historial de estadísticas poco confiables en Argentina durante 2007-2015, contemplar también la publicación anticipada de datos de inflación basados en canastas de consumo actualizadas, así como fortalecer la independencia del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec)”, remarca el texto.
La declaración se da luego de la controversia generada por la decisión del equipo económico de reemplazar la canasta de bienes y servicios 2017/2018 por la actual, que data de 2004, para medir el IPC, lo que desembocó en la renuncia de Marco Lavagna a la dirección del Indec a principios de 2026.
En otro tramo, el análisis señala que el sistema tributario argentino “sigue siendo complejo, altamente distorsivo e inestable, lo que repercute negativamente sobre el crecimiento y la competitividad”. El informe subraya que la fragmentación entre Nación y provincias genera superposiciones, baja recaudación y dificultades para controlar el cumplimiento fiscal, mientras la proliferación de regímenes especiales alimenta la inequidad.
Otro problema destacado es la dispersión de competencias entre niveles de gobierno y la fuerte dependencia provincial de Ingresos Brutos, un impuesto considerado especialmente distorsivo en la región. El Staff del organismo sostiene: “Una reforma tributaria integral debe equilibrar consideraciones de equidad y eficiencia, al tiempo que fortalezca la ancla fiscal”.
A pesar de que desde 2024 se implementaron modificaciones para reducir cargas sobre el patrimonio y ampliar el impuesto a las ganancias, el reporte del FMI remarca: “Es necesaria una reforma más profunda” para resolver problemas estructurales y hacer frente a la alta informalidad.
A la vez, el organismo multilateral hizo hincapié en la necesidad de una reforma integral del sistema tributario. A su juicio, la Argentina enfrenta la necesidad de revisar un entramado de más de 155 impuestos, dominado por tributos indirectos y distorsivos que dificultan el desarrollo y afectan la competitividad.
En ese sentido, propone una hoja de ruta apoyada en cinco ejes prioritarios: ampliar la base del impuesto a las ganancias personales, simplificar el tributo de sociedades, racionalizar el IVA, eliminar exenciones y fortalecer los impuestos especiales. “La eliminación de exenciones en el IVA, acompañada de compensaciones focalizadas, podría aportar beneficios fiscales de 0,4 puntos del PIB”, estima el Staff Report.
El reporte suma que al expandir la base del impuesto a las ganancias y armonizar las deducciones, por lo menos el 20% de los trabajadores debería abonar este tributo, acercando la presión fiscal al promedio regional. Sobre las sociedades, se recomienda una tasa plana del 30%, combinada con un mínimo de recaudación sobre ventas, con el objetivo de reducir la evasión y los incentivos a la informalidad.
Respecto al monotributo, se advierte que la baja carga actual fragmenta el universo empresarial y limita el crecimiento de las firmas. El Fondo sostiene: “Cualquier reforma debe reducir los saltos bruscos entre categorías y alinear las tasas efectivas con el régimen general”. En el caso de los impuestos especiales, la actualización de los gravámenes sobre combustibles y tabaco, considerando la inflación, permitiría incrementar la recaudación en 0,5 puntos del PIB.
De aplicarse estos cambios, el FMI señala que sería posible “una eliminación gradual de los impuestos distorsivos sobre las exportaciones y transacciones financieras”, que representan cerca del 7% de la recaudación y tienen un impacto negativo en la productividad y la inversión.
Su análisis empírico indica que “la eliminación de los impuestos a la exportación podría aumentar las exportaciones de cereales y oleaginosas en torno al 10%”, lo que se traduciría en ingresos anuales adicionales de USD 5.000 millones y un aporte al Producto Interno Bruto de aproximadamente 0,4 puntos porcentuales. Reducir el impuesto a las transacciones financieras, por su parte, favorecería la intermediación bancaria y limitaría el peso de la informalidad, desde su óptica.
En tanto, la entidad liderada por Kristalina Georgieva solicitó que el Gobierno aplique una reforma previsional integral para “fortalecer los incentivos para aportar, mejorar la equidad entre los trabajadores y reforzar la sostenibilidad de largo plazo del sistema, incluso alineando mejor la tasa interna de retorno del sistema con su tasa natural de retorno”. Según reza en el texto, el Gobierno se comprometió a lanzarla para finales de diciembre de 2027.
A propósito de las modificaciones, el FMI propuso cinco puntos para cambiar el sistema previsional:
- Separar las pensiones contributivas y no contributivas. Integrar la PUAM y la pensión básica en un pilar no contributivo unificado, financiado con ingresos generales, mientras se mantiene el SIPA como el pilar contributivo, mejoraría la transparencia y la equidad.
- Fortalecer el vínculo entre aportes y beneficios. El requisito actual de 30 años de aportes genera discontinuidades marcadas en los derechos jubilatorios. Avanzar hacia la acumulación proporcional de derechos previsionales fortalecería los incentivos para contribuir y permitiría eliminar gradualmente las moratorias.
- Ampliar la base de aportes. La alta informalidad laboral y la expansión de regímenes tributarios simplificados han debilitado la densidad contributiva y ampliado las disparidades en el esfuerzo de aporte entre los trabajadores. Medidas que promuevan el empleo formal podrían ayudar a ampliar la base. Las reformas orientadas a reducir la carga tributaria laboral deben diseñarse cuidadosamente para no erosionar los ingresos previsionales. Aumentar los requisitos de aporte en los regímenes simplificados también contribuiría a reducir disparidades.
- Simplificar y armonizar los regímenes previsionales. Actualmente, el sistema argentino incluye más de 200 regímenes con reglas de elegibilidad y fórmulas de beneficio diferentes, lo que genera inequidades y complejidad administrativa. La armonización gradual de los regímenes especiales y provinciales con el sistema nacional (SIPA) ayudaría a reducir disparidades, simplificar la administración y fortalecer la sostenibilidad fiscal. Acuerdos fiscales con las provincias podrían apoyar la alineación de los regímenes provinciales con el SIPA.
- Alinear los parámetros de jubilación con las tendencias demográficas. Vincular gradualmente la edad legal de retiro a los aumentos en la esperanza de vida y armonizar la edad de retiro entre hombres y mujeres podría contribuir a preservar un equilibrio estable entre vida laboral y jubilación.
ECONOMIA
Ricardo Buryaile, exministro de Agricultura: “La baja de retenciones ayuda, pero no alcanza para que el productor gane plata”
En una entrevista en Infobae al Regreso, Ricardo Buryaile valoró la decisión oficial de reducir las retenciones para trigo, cebada y soja a partir de un cronograma fijo, anunciado por el ministro de Economía en conferencia de prensa.
Durante su paso, Buryaile ponderó el anuncio: “Me parece correcto. Lo que tenemos que hacer es dividir en dos: lo inmediato para trigo y cebada, y lo proyectado para la soja en los próximos años”.
La confirmación de un cronograma “más certero” para la baja de retenciones, según Buryaile, permite que los productores puedan tomar decisiones de siembra con mayor información.
El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que desde junio las retenciones para trigo y cebada tendrán una reducción de dos puntos porcentuales, medida que llega “justo a tiempo” para la toma de decisiones de siembra.
Buryaile contextualizó: “El productor triguero venía perdiendo 50 dólares por hectárea. Con este anuncio pierde 35. Ya la Bolsa de Comercio de Rosario estima una caída de alrededor de 250 mil hectáreas en la superficie sembrada”.
La suba de insumos sigue siendo una preocupación central para el sector. “No es indiferente a la producción agropecuaria lo que pasó con los combustibles, que subieron más del 40%. Los fertilizantes también aumentaron muchísimo”, detalló el exministro.
Según su visión, la baja en las retenciones, aunque positiva, no compensa el encarecimiento de los costos: “Vos preferís perder 35 en vez de 50, pero lo lógico sería que el mayor incentivo funcione con rentabilidad, no con menor pérdida”.
Buryaile fue enfático al describir el dilema: “La decisión del productor cuando saca los números es: ‘¿Le pongo menos tecnología al trigo?’ Vas a tener o reducís el área de siembra o aplicás menos tecnología. Eso te baja la calidad y los rindes”.
El gobierno estableció un cronograma fijo para la baja de retenciones a la soja, que será de un cuarto de punto porcentual cada mes durante 2027 y medio punto porcentual mensual a partir de 2028.
El impacto fiscal mayor, de 1.224 millones, se trasladará al próximo mandato presidencial. Sobre este punto, Buryaile valoró la previsibilidad: “Ahora está fijo, es otra cosa. Cuando el presidente decía que dependía de la recaudación, había incertidumbre sobre cómo iban a operar los mercados a futuro”.
El exministro insistió en la necesidad de transformar el esquema en legislación: “Sería mucho mejor que sea por ley. Todos los gobiernos usan el artículo 755 del código aduanero para fijar estos aranceles, pero funcionan como derecho de exportación. Es un impuesto y debería darlo el Congreso”.
Recordó la experiencia de años anteriores: “En 2022, cuando Sergio Massa asumió el Ministerio de Economía, incluyó los derechos de exportación en la ley de presupuesto y nosotros rechazamos la suba. Eso es lo que hay que hacer: darle previsibilidad de futuro”.
Pese al alivio que implica la baja de retenciones, Buryaile subrayó que “la suba de los costos y la inestabilidad climática siguen generando pérdidas para los productores”. Explicó que la rentabilidad depende también del tipo de cambio: “No es lo mismo tener una retención sobre un tipo de cambio de mil cuatrocientos que de mil seiscientos. El tipo de cambio real, después de restar el derecho de exportación, incide directamente en los ingresos”.
La incertidumbre climática añade un factor de riesgo: “Cuando producís a cielo abierto enfrentás los avatares del clima. Este año fue extraordinario, tuvimos una gran cosecha, pero si viene un Super Niño puede complicar todo. Tenés que ganar plata para cuando te vaya mal, y si perdés dos años seguidos, te desanimás”.
En cuanto a la estructura productiva, Buryaile aclaró: “No todo es soja o trigo. Muchas veces se habla del campo como un todo y hay cultivos o actividades, como la ganadería, que atraviesan realidades distintas. Hoy la ganadería pasa un mejor momento que la agricultura”.
El exministro concluyó que “hay un punto que hay que empezar a animarse a terminar con estos impuestos distorsivos”, aunque reconoció que “llevar las retenciones a cero es difícil porque implican entre 8 y 10 mil millones de dólares menos para el Estado”.
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ECONOMIA
El BCRA marca récords con reservas pero para el FMI no es suficiente: las 8 exigencias a Caputo
El directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó el jueves la segunda revisión del Programa de Facilidades Extendidas (EFF, por sus siglas en inglés Extended Fund Facility), firmado el 11 de abril de 2025, y anunció que enviará u$s1.000 M en los próximos días. Si bien destacó el trabajo del equipo económico en varios ejes centrales, sorpresivamente realizó varias sugerencias.
En la segunda revisión del acuerdo, el staff técnico de la entidad dejó algunas sugerencias implícitas que el equipo económico, a cargo del ministro de Economía Luis Caputo, debería considerar a la hora de definir el rumbo de su gestión.
En este aspecto, el staff técnico del FMI sugiere:
- Que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) acelere la compra de dólares para aumentar la posición de las reservas internacionales netas (RIN), una meta que no se cumplió. El staff dio el aprobado al programa de compra de divisas del BCRA, pero solicita «una implementación sostenida, combinada con una continua flexibilidad del tipo de cambio, para reconstruir decisivamente los colchones externos y fortalecer la capacidad de Argentina para gestionar shocks».
- La sugerencia al equipo económico «para implementar medidas para seguir mejorando la calidad y difusión de los datos de inflación», y también pidió «perfeccionar la comunicación, transparencia e independencia del Banco Central (BCRA)».
- La necesidad de volver a los mercados internacionales, al destacar que: «dadas las vulnerabilidades remanentes, se alienta al Gobierno a implementar decisivamente un paquete de políticas equilibrado que apoye la desinflación mientras fortalece la estabilidad externa y sostiene el crecimiento, incluso para asegurar un acceso oportuno y duradero al mercado internacional«.
- La solicitud de seguir reduciendo subsidios económicos, ya que el informe del staff señala que: «para lograr un equilibrio fiscal financiero general en 2026, el mismo debe estar respaldado por nuevas reducciones en los subsidios a la energía, una mejor focalización de las transferencias sociales y la contención del gasto discrecional».
- Que el staff solicita acelerar la actualización del piso y techo de la banda cambiaria para que el dólar flote cada vez más libre, y sirva para atajar shocks externos y comprar más reservas internacionales.
- También le pidió al equipo económico seguir cerrando los litigios internacionales: «Los esfuerzos de buena fe para resolver los reclamos pendientes deben continuar porque, más allá de la victoria en el caso de YPF, quedan otros juicios sin resolver en el CIADI y se deben dar respuestas de buena fe a los juicios internacionales; además, quedan otras causas sin resolución, como el caso de los cupones PBI o el de los bonistas».
- También alertó a estar atentos a los posibles riesgos del programa, al destacar que: «se observa que el programa sigue sujeto a riesgos elevados y hay que darle importancia a mantener planes de contingencia sólidos que disminuyan los riesgos a la baja de activos domésticos, para salvaguardar los objetivos del programa».
- El staff también respaldó y sugirió seguir con la estrategia oficial de conseguir financiamiento a través de organismos multilaterales y garantías internacionales, pero remarcó la necesidad de asegurar «un acceso oportuno y duradero a los mercados internacionales de capitales para refinanciar vencimientos en moneda extranjera y reducir gradualmente la exposición del propio FMI a la Argentina».
Detrás de la aprobación formal apareció también una advertencia que se debe a que el FMI considera clave «fortalecer la capacidad financiera de la Argentina de cara al próximo ciclo político y electoral de 2027».
Qué le pide Kristalina Georgieva al equipo económico
Todos estos puntos también figuran en el último comunicado del FMI. Su directora gerente, Kristalina Georgieva, solicita que: «la compra de dólares debería complementarse con la implementación de una estrategia de financiamiento multifacética para restaurar el acceso oportuno y duradero al mercado internacional, incluso para refinanciar grandes obligaciones de moneda extranjera del sector público a corto plazo y reducir gradualmente la exposición al FMI».
También el comunicado expresa que: «el Gobierno debe retornar lo antes posible a los mercados de deuda en el exterior». Una acción que por ahora no quiere enfrentar el equipo económico por la alta volatilidad de las tasas de interés en los Estados Unidos como resultado del conflicto bélico.
La aprobación de la segunda revisión del acuerdo firmado el 11 de abril del año pasado con el FMI constituye un gran éxito del Gobierno del Presidente de la Nación, Javier Milei, pero plantea grandes desafíos hasta el final de su mandato.
El acuerdo base es un Programa de Facilidades Extendidas o Extended Fund Facility (EFF) que proporciona asistencia financiera a países que afrontan problemas de balanza de pagos, y exige a cambio la aplicación de reformas estructurales y medidas de estabilidad macroeconómica.
El desvío millonario en las reservas internacionales netas
De acuerdo a la metodología acordada con el organismo, las reservas internacionales netas (RIN) cerraron en 2025 con signo negativo en torno a los u$s14.100 M frente a una meta revisada de u$s1.000 M; por lo tanto, el desvío superó así los u$s13.000 M, incluso después de que el FMI flexibilizara el objetivo original en u$s6.500 M en agosto pasado.
En los términos acordados en esta segunda revisión, la meta de acumulación de reservas pasó a ser de u$s3.500 M para junio y de u$s8.000 M hacia fines de 2026.
Este acuerdo suscripto el año pasado implica el desembolso de u$s20.000 M o el equivalente a unos 15.267 millones de DEG (Derechos Especiales de Giro), que es la moneda del organismo, durante todo el programa de tres años de duración.
Del total de ese monto, el Tesoro recibió desembolsos por unos u$s14.000 M, y próximamente se espera un giro por el equivalente en DEG de otros u$s1.000 M por la aprobación de la segunda revisión, que finalmente se anunció el miércoles pasado y serían desembolsados próximamente.
Con este giro, los desembolsos acumulados bajo el acuerdo EFF alcanzan unos u$s15.800 M, sobre un total previsto de u$s20.000 M aprobado en abril de 2025.
El staff del organismo también reconoció explícitamente en su informe que la incertidumbre política y electoral del año pasado afectó la marcha del programa y, en ese aspecto, Georgieva afirmó que la «elevada incertidumbre política en 2025» impactó temporalmente sobre el crecimiento, la desinflación y la estabilidad externa, aunque consideró que los cambios de política implementados posteriormente permitieron recomponer reservas y recuperar el crecimiento económico.
Los elogios del FMI al programa de Milei
Pese a las advertencias, el staff destacó los avances logrados en materia de desinflación, del equilibrio fiscal y de las reformas estructurales. Los directores elogiaron el superávit fiscal alcanzado por el Gobierno, la desregulación de la economía y la aprobación de reformas en áreas fiscales, laborales y comerciales.
El organismo también resaltó el aumento de proyectos de inversión extranjera directa como el RIGI anunciados en sectores estratégicos y destacó la «impresionante reducción de la pobreza registrada en los últimos meses. En ese sentido, remarcó la importancia de preservar espacio para el gasto social prioritario para consolidar esa mejora».
En el plano monetario y financiero, el Directorio pidió seguir evolucionando hacia un esquema con mayor flexibilidad cambiaria y reclamó fortalecer la transparencia y la comunicación del Banco Central. También advirtió sobre la necesidad de contener la volatilidad de las tasas de interés para mejorar la transmisión de la política monetaria y el crédito.
El informe del staff técnico de la aprobación de la segunda revisión correspondiente al Artículo IV elogia los avances en la desregulación de la economía y la apertura comercial, pero advirtió que: «persisten riesgos elevados, tanto en el frente externo como doméstico».
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