POLITICA
Primer cimbronazo por la reforma laboral: el Gobierno intimará a empresas y sindicatos para renegociar 150 convenios colectivos

Con el decreto 407, publicado el lunes pasado en el Boletín Oficial, el Gobierno reglamentó la Ley 27.802 de Modernización Laboral y avanzó con la instrumentación de cambios en el mundo del trabajo que, desde la óptica de la administración libertaria, derivarán en la generación de empleo, mientras para la CGT traerán “precarización” y “aniquilación de los derechos» de los trabajadores.
Uno de los principales efectos de la reglamentación de la reforma laboral se pondrá en marcha este lunes: el secretario de Trabajo, Julio Cordero, intimará a empresarios y dirigentes sindicales para renegociar 150 convenios colectivos de trabajo que están vencidos y que, según la Ley de Modernización Laboral, deberán ser actualizados en las cláusulas vinculadas con las condiciones de trabajo y con las cuotas solidarias o aportes pactados entre las partes.
De esta forma, luego de que el decreto 407 estableció que la Secretaría de Trabajo dará por vencidos los convenios colectivos cuyo plazo de vigencia original ya haya expirado, Cordero comenzará la convocatoria para que se vuelvan a negociar 150 convenios e irá sumando el resto según su fecha de vencimiento con el objetivo de que se adapten a la nueva reforma laboral.

Al explicar los alcances de la reglamentación de la Ley 27.802, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, aseguró que existen convenios colectivos negociados “hace más de 50 años, vencidos y firmados por partes que en muchos casos no existen”. Sin embargo, Gustavo Ciampa, uno de los abogados de la CGT, advirtió que “desde 2003 existe negociación colectiva permanente en prácticamente todas las actividades”. “Los convenios se renovaron en todo aquello que las partes quisieron renovar”, sostuvo.
Aun así, más allá de los plazos legalmente previstos, en el Gobierno no apurarán a empresarios y sindicalistas con el almanaque en mano: se busca que empiecen las discusiones para incorporar los cambios laborales y tecnológicos de cada actividad por fuera del ámbito de la Secretaría de Trabajo y luego se presente el nuevo convenio en procura de que sea homologado.
Este último paso implica el aval oficial para que su contenido sea obligatorio para todos los empleadores y trabajadores comprendidos en su ámbito de aplicación, incluso para quienes no participaron en la negociación. Pero la ley, en otro de los puntos criticados por la CGT, contempla la posibilidad de que la Secretaría de Trabajo suspenda la homologación del convenio si su aplicación “genera distorsiones económicas graves que afecten el interés general o la aplicación de otras normas dictadas en protección de toda o parte de la población”.

En el fondo, lo que el Gobierno dinamitó con la reforma laboral es la ultraactividad, el principio previsto en la legislación que sostenía la vigencia de un convenio colectivo aun después de haber vencido, hasta que sea reemplazado por uno nuevo. En la práctica, evitaba que los trabajadores perdieran derechos adquiridos si las negociaciones se estancaban, y era considerada por los gremios una garantía clave de estabilidad laboral.
La Ley 27.802, en realidad, respeta la ultraactividad para las denominadas “cláusulas normativas” que son las que definen condiciones de trabajo. El resto, que son las cláusulas “obligacionales” (como cuotas solidarias y aportes especiales acordados entre empleadores y los sindicatos) se caen al vencimiento del convenio colectivo.
Aun así, en el decreto 407 se abre la puerta para que en esta etapa de discusiones entre empresas y sindicatos se renegocien todas las clausulas posibles para modificar todo lo que haga falta en la actualidad y el futuro.

A la hora de rediscutir los convenios, los negociadores podrán pedir asistencia técnica de las autoridades laborales, por ejemplo acerca de cómo incorporar en el convenio colectivo algunas “herramientas” incluidas en la Ley 27.802 que pueden favorecer a los trabajadores.
Uno de esos recursos es el llamado “salario dinámico”, que figura en el artículo 104 bis de la ley, por el cual se permiten “otros componentes retributivos dinámicos adicionales, transitorios, fijos o variables, considerando para ello tanto el mérito personal del trabajador como aspectos propios de la organización”.
Así, se coloca en el centro a la productividad y a la situación de cada empresa o sector, con la idea de que los aumentos dejen de seguir una pauta automática y pasen a depender de resultados y de condiciones concretas. Esa alternativa se está analizando en la actividad petrolera, donde podría pactarse un plus salarial que suba o baje en función del precio del petróleo.
Este tipo de innovaciones son cuestionadas por la CGT porque reducen el nivel de protección o de beneficios de los trabajadores y habilitan a negociar “a la baja”, pero para el Gobierno son decisivas: imagina que así se podrán abandonar los aumentos salariales por inflación e incorporar otras formas de mejoras según el rendimiento individual o la situación económica de las empresas.
Eso va de la mano, además, de la posibilidad de definir incrementos o beneficios a nivel de cada empresa y no por actividad, como sucedía hasta hoy y que constituye un rasgo distintivo del modelo sindical argentino, que privilegia la negociación centralizada y avalada por el gremio más representativo por rama de actividad, al que el Estado le concede la personería para firmar convenios colectivos en nombre de todos los trabajadores de su sector y administrar las obras sociales.
Una modificación clave de la reforma laboral fue la que fijó la supremacía de los convenios de ámbito menor a los de actividad, incluso si resultan menos favorables para los trabajadores. En la legislación previa, un convenio de actividad prevalecía sobre los convenios inferiores (como los acordados a nivel de empresa), salvo que éstos fueran más favorables para el trabajador.
En la práctica, la Ley 27.802 les da más entidad a los convenios que se pactan por región o por empresa, lo que les quita fuerza de negociación a los sindicatos con personería y permite que se acuerden en condiciones inferiores a los convenios de actividad o nacionales.
Esa descentralización, según el Gobierno, posibilitará que se pacten aumentos o condiciones de trabajo que no rijan en todo el territorio nacional o en todas las empresas ya que, como puede suceder, esas mejoras no pueden ser efectivizadas en algunas provincias, regiones o pymes que atraviesan otra realidad económica.
Por eso otro aspecto crucial de la reforma laboral a partir de la reglamentación es la forma en que facilita la creación de sindicatos de empresa, algo que la legislación hasta ahora permitía, pero no se expandió por el predominio de los sindicatos por rama de actividad.
Ley 27.802 establece que el sindicato de simple inscripción que aspire a una representación por empresa debe demostrar afiliaciones por 6 meses y luego se cotejará el número de afiliados cotizantes con los que posea el sindicato de actividad para determinar quién tiene más afiliados y se queda con la personería.
Antes, para que a un sindicato se le otorgara la personería debía acreditar un mínimo de afiliación del 20% de los trabajadores que intentaba representar. Para arrebatarle la personería a otro sindicato, el gremio en disputa no sólo debía superar ese 20% sino que en el último semestre debía demostrar un 10% más de afiliados cotizantes. Ahora, la nueva reglamentación baja el umbral del 20% al 5% para facilitar la creación de sindicatos de empresa y su reconocimiento legal.
Ese escenario que se abre altera la tranquilidad de muchos dirigentes gremiales, que temen una oleada de reclamos de nuevas organizaciones que representan a los trabajadores de una empresa para intentar quedarse con los derechos exclusivos que brinda la personería.
La reglamentación de la Ley 27.802, además, permitirá instrumentar el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), una fuerte apuesta del Gobierno para transformar el sistema de indemnizaciones mediante un mecanismo de ahorro obligatorio y acumulativo para cubrir despidos en el sector privado, con el objetivo de limitar la litigiosidad y fortalecer el mercado de capitales local. Para la CGT, según Ciampa, “le sacarán parte de los recursos que van destinados al pago de jubilaciones y pensiones para subsidiar a las empresas que despidan sin causa”.

Aunque la reglamentación destrabará puntos importantes de la Ley 27.802, en la administración libertaria hay quejas porque no se están utilizando en la actual negociación de los convenios colectivos de trabajo ciertos artículos de la reforma laboral que permitirían darles un alivio económico a empleadores y trabajadores.
Uno es el que habilita “el reintegro con comprobantes de las sumas que resulten por el uso por parte del trabajador del transporte público de pasajeros correspondientes por el traslado desde y hacia el lugar de trabajo, por día efectivamente trabajado”.
De esa forma, las empresas puedan compensar gastos reales de traslado sin que esos montos se transformen en salario a todos los efectos y así se reduce el costo laboral asociado a ese beneficio. Desde la perspectiva del trabajador, permite recibir el reintegro completo, aunque no incrementa las bases utilizadas para jubilación, aguinaldo o indemnizaciones futuras.

El otro artículo que el Gobierno quiere incentivar es el que modificó el artículo 132 de la Ley de Contrato de Trabajo para permitir que el empleador descuente del salario las cuotas de préstamos otorgados por entidades bancarias cuando el trabajador haya prestado su consentimiento. Para los bancos, significa que el cobro está mucho más asegurado que en un préstamo personal común y se crean las condiciones para que los préstamos descontados del sueldo tengan tasas más bajas que otros créditos y así se beneficie al trabajador.
Lo que los funcionarios libertarios dejaron afuera del decreto reglamentario fue el capítulo específico de la reforma laboral sobre trabajadores de plataformas. En realidad, si bien requiere de precisiones para poner en marcha un régimen especial de trabajo para ese sector, la conferencia anual de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) debatirá este año en Ginebra, Suiza, ese mismo punto y el Gobierno decidió esperar para reglamentarlo a tono con el convenio por aprobarse.
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POLITICA
Ante la rebeldía de Bullrich, el Gobierno ya activa un plan B en CABA y se alarga la lista de “vices” para Milei

Mientras Patricia Bullrich marca diferencias con el Gobierno y en su entorno dejan entrever que no tiene planes de conformarse con una candidatura en la ciudad de Buenos Aires, los libertarios empiezan a pergeñar un plan B para quedarse con el bastión que gobierna el PRO hace 19 años.
Bullrich dijo que las versiones sobre sus supuestos planes presidenciales son “fake news”, pero en la Casa Rosada no cuentan ciegamente con ella para pelear por CABA con los Macri en 2027.
Es la que dirigente que mejor mide del espacio, especialmente en el distrito macrista. Y los libertarios la necesitan para garantizarse un piso alto en el territorio porteño. Pero, al mismo tiempo, deslizan que respirarían aliviados de no tener que lidiar con su genio el año próximo. “Es muy difícil trabajar con ella, hace lo que quiere”, se quejaron esta semana en un importante despacho. “Se organiza el discurso para hablar de impuestos, y ella sale a pegarle a Macri con el subte”, agregaron, en referencia a los posteos en redes con los que la ex candidata presidencial toreó a Jorge Macri, hace tres semanas.
En el mileismo piensan, como plan B, en una fórmula violeta-amarilla. Y con Manuel Adorni caído en desgracia, Pilar Ramírez, referente de Karina Milei en la Ciudad, es mencionada en la cúpula del oficialismo como opción obvia. En el entorno libertario porteño, donde Ramírez es líder, juran que ni siquiera hablan del tema. “Nuestra energía está en la reforma electoral, en la eliminación de la PASO. Y ni siquiera tenemos calendario electoral, las candidaturas no son un tema hoy”, dijeron en el partido.
Sea la amiga de Karina o alguien más, para acompañar a la cabeza de la eventual nómina porteña de Milei ya listan nombres de referentes porteños amarillos. Una decisión basada no tanto en afinidades sino en la historia de alta performance del PRO en CABA. Mencionan especialmente a Silvina Giudici, diputada nacional de buena relación con el titular de la Cámara, Martín Menem, integrante de la mesa política nacional, y bien considerada por la jefa indiscutida de esa instancia, Karina Milei. Además, la entrevista que le dio la diputada a la señal A24 esta semana fue especialmente ponderada por el Presidente.
Mientras, la tensión con Bullrich está latente y disimulada. Karina Milei la recibió en su despacho de la Casa Rosada para evitar que los rumores de una ruptura con la principal referente de corte “republicano” dañen la imagen de un oficialismo complicado por los casos de corrupción. Y Javier Milei elogió con un tuit y las siglas TMAP (“todo marcha acorde al plan”) un pasaje del discurso de Bullrich sobre los holdouts en la sesión del Senado del jueves (la misma donde la propia voluntad presidencial fue contrariada por la senadora con la aprobación del pliego de la jueza Verónica Michelli que Milei quería retirar).
Pero en el círculo de la Secretaria General aseguran que, a pesar de la foto conciliadora, “está todo mal” con la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza. En cuanto a Milei, deslizan que aún la aprecia, genuinamente, pero recuerdan que quien tiene la última palabra sobre temas electorales es la hermana. Además, el Presidente suele mantenerse lejos de los conflictos políticos entre dirigentes, si no es para defenderlos. “Es impresionante cómo se tira sobre la granada”, dijo un asesor del oficialismo, de manera crítica, en referencia a Adorni y en José Luis Espert.

Con todo, dicen en Balcarce 50, Karina Milei no está sorprendida por las jugadas de Patricia Bullrich. Y en el Gobierno hablan de sus “patriceadas”, una manera de evidenciar que estaban familiarizados con su tendencia a los vaivenes y la libertad de acción. Aplacan los cuestionamientos en público porque necesitan de su apoyo.
“A nadie se le ocurre pedirle que deje de ser Patricia. Pero sí que baje un cambio”, dijeron en la Casa de Gobierno. Específicamente, le deslizan que espacíe las diferenciaciones, al menos en el año no electoral. En 2027, de cara a las Presidenciales y la pelea por la Ciudad, verán cómo lidian con las ambiciones de la ex PRO, que esta semana dejó saber que se considera “socia, no empleada”.
Cerca de Bullrich también deslizan que no le interesa ser candidata vicepresidenta, pero en el Gobierno creen que no tendrá muchos otros lugares para recalar en el armado del año que viene, si es que no quiere ir a la Ciudad.
En la lista de nombres para acompañar a Milei en la búsqueda de la reelección rankea alto Sandra Pettovello, que acaba de reunirse con el Papa y tendrá injerencia fuerte durante la visita -prácticamente confirmada- de León XIV a la Argentina. Muy amiga del Presidente, cuenta a su favor como hito de la gestión haberse liberado de los gerentes de la pobreza.
Casualmente, ese punto le trajo roces con Bullrich, que se arroja el mérito de haberse liberado de los piquetes gracias a sus acciones desde el Ministerio de Seguridad. En Capital Humano, al contrario, siempre señalaron que el verdadero origen de ese logro fue preventivo.

“Claro que tiene ambiciones, pero es hábil para mostrar que no las tiene”, dicen sobre la única ministra que queda del Gabinete original de Milei, junto a Luis Caputo. Hermética, su gran plus, dicen en su entorno, es que no le genera problemas al Presidente y se mantiene a su lado, haciendo buena letra hasta que le ofrezcan algo, siempre sin pedirlo. Por caso, propuso el Gemelo Digital que le habían propuesto desde Niñez, en cierta medida, porque el primer mandatario aprecia especialmente las acciones de gobierno vinculadas con la tecnología.
Pettovello se mantiene al margen de las internas (barrió bajo la alfombra sus fuertes rispideces con Santiago Caputo). Y si bien lleva a cuestas la fama de que tiene un carácter fuerte o directamente malo (en parte, por la alta cantidad de funcionarios que echó), en su entorno aclaran que se deshace de quien sea sin pestañear en el afán de defender la integridad de la gestión. “Sandra se deshizo de todas las cajas de la gestión, a pesar de que le costara perder poder de lobby, para arrancar de cuajo cualquier problema de corrupción”, encomiaron en el Gobierno.
En la lista para vices aparecen también Adorni, pero es poco probable que subsista si avanza la investigación por supuesto enriquecimiento ilícito en su contra. Y mencionan también a Guillermo Francos, que volvió a dar entrevistas el mes pasado después de un largo silencio. Aparece, por último, Martín Menem, que acaba de culminar (a su gusto, de manera triunfal) la pelea más reciente y más fuerte con Santiago Caputo, por RufusPeriodista, y tiene el aval pleno de Karina Milei. Pero en su entorno juran que no quiere saber nada con una candidatura que lo saque de la Cámara de Diputados y que se ve otros cuatro años allí. Eso sí, sin dejar de ser autoridad.
POLITICA
En silencio, Chiqui Tapia prorrogó el contrato de la AFA con la empresa de Faroni hasta 2030 y amplió sus facultades

El 15 de octubre del año pasado, justo antes del comienzo del escándalo, el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, extendió la relación contractual con la empresa de Javier Faroni y su mujer, Erica Gillette, hasta 2030 para que siga administrando los fondos de la entidad en el exterior. Lo hizo más de un año antes de la finalización del primer contrato, que vencía en diciembre de este año. ¿Por qué? La Justicia sostuvo que el nuevo acuerdo amplió las facultades de la firma TourProdEnter, con sede en Miami, que pasó de actuar como “agente comercial y de cobro”, a administrar los pagos de la AFA.
En diciembre, luego de un allanamiento en la sede de la calle Viamonte, ordenado por el juez federal Luis Armella, reveló el primer contrato entre la entidad que preside Tapia y la empresa de Faroni, fechado el 9 de diciembre de 2021. Ese acuerdo le otorgaba a TourProdEnter una comisión del 30% de todos los ingresos y sumaba otro 10% por cuestiones de logística. A partir de ese momento, la empresa embolsó cerca de US$300 millones provenientes de tres grandes fuentes: sponsors de la selección argentina, derechos de transmisión televisiva e ingresos por los partidos amistosos.
El documento lo firmaron Tapia y Pablo Toviggino, como presidente y secretario ejecutivo de la AFA, respectivamente, apenas un día después de que la esposa de Faroni presentó una “oferta” de trabajo a la AFA con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026.
Sin un motivo aparente, en octubre del año pasado, catorce meses antes de su finalización, Tapia extendió el vínculo con la empresa por otro cinco años. Ahora llega hasta el 31 de diciembre de 2030. El nuevo acuerdo argumenta que la prórroga se justificaba “en la buena performance” de la empresa de Faroni y en las “necesidades de continuidad disponible en distintas jurisdicciones”.
A diferencia de 2021, la extensión no se informó de manera oficial. No aparece en el temario de la reunión del comité ejecutivo del 16 de octubre, donde se votó el último balance ni en la asamblea ordinaria que tuvo lugar el 28 de ese mes.
En diciembre pasado, cuando se conoció el primer contrato por el allanamiento judicial, la AFA salió a responder “informaciones periodísticas de carácter tendencioso y carentes de sustento”. Llamativamente, no dijo ni una sola palabra de la prórroga. Solo habló de un contrato “vigente”.
El contrato de 2025 mantuvo la estructura del primero, incluyendo los porcentajes de las comisiones, pero sumó nuevas facultades. “Este nuevo acuerdo del 15/10/2025 es aún más ambicioso, ya que amplió el rol de TourProdEnter LLC, asignado en el 2021 como “agente comercial y de cobro”, hacia una función de administración operativa de pagos”, destacó el fiscal en lo Penal Económico Emilio Guerberoff en un dictamen de más de 100 carillas que repasa toda la maniobra desde 2021 hasta que estalló el escándalo.
“El Agente (por la empresa) ejercerá sus funciones en todo el mundo, excepto en la República Argentina, donde no tendrá facultades de actuación, sin perjuicio de las facultades de cobro (con la consecuente retribución del Agente) por pagos que empresas con asiento o sucursal en Argentina y/o sus afiliadas realicen en el exterior”, se puede leer en la cláusula tercera.
El nuevo acuerdo, hasta ahora desconocido, también fue secuestrado por la Justicia en la sede de la AFA de la calle Viamonte. A diferencia del primero, en este caso no aparece la firma de Pablo Toviggino, sino la de Cristian Malaspina, secretario general de AFA y uno de los procesados en la causa por evasión que lleva adelante el juez Diego Amarante.
En los apartados 6.5 y 6.6 del contrato se estableció que, cuando TourProdEnter actuara como agente de cobro, “podría efectuar pagos a AFA en dólares estadounidenses, mediante transferencia bancaria a cualquier cuenta indicada por AFA, o mediante la entrega de valores cotizados, incluidos bonos de deuda soberana argentina, en mercados de capitales argentinos o extranjeros”. Además, se previó que la AFA remitiera mensualmente a TourProdEnter “órdenes de pago a terceros y/o el detalle de gastos que le hubiera solicitado realizar por su cuenta y orden”.
En el nuevo contrato también se permite la cesión a una sociedad afiliada o vinculada a la empresa en cualquier jurisdicción, algo que no estaba previsto en el original.
Otro dato llamativo. Para este segundo contrato, la empresa de Faroni fijó domicilio en el Aventura ParkSquare, un complejo que combina departamentos de lujo, oficinas y comercios a pocos minutos del Aventura Mall. visitó ese lugar en febrero y comprobó que en la suite 804 ahora funciona la sede de una empresa de hamburguesas denominada “Skinny Louie”. El único rastro de Faroni y su mujer era un cartel, al final de un pasillo, con el nombre de la empresa RentalTourenter, utilizada por la pareja para comprar esas oficinas en 2022, según reveló el diario Clarín.
“El traslado de domicilio y la firma de una extensión temporal automática del contrato el 24/10/2025 -un año antes que venciera el contrato original previsto para el 31/12/2026-, denotan un posible apuro por blindar y perpetuar legalmente la estructura de posibles desvíos de fondos“, sostuvo Guerberoff en un dictamen firmado este jueves y al que tuvo acceso .
Las omisiones en los estados contables
Ese fiscal intervino a raíz de una denuncia del empresario Guillermo Tofoni que apunta específicamente a los estados contables de la AFA. En poco tiempo, Guerberoff analizó los balances desde 2022 hasta 2025 y concluyó que omitieron el vínculo de la empresa con la empresa de Faroni “con el posible propósito de impedir el conocimiento del verdadero origen, circulación, destino y disponibilidad de fondos que debieron integrar el patrimonio de la AFA”.
La única mención a TourProdEnter aparece en el balance presentado ante la Inspección General de Justicia (IGJ) en junio de 2024. En ese caso la firma de Faroni aparece como deudora de la AFA por la suma de $13.295.951.416,18, unos US$ 14,5 millones al tipo de cambio oficial de ese momento. ”Esa registración tardía, parcial y acotada contrasta con la magnitud de los movimientos bancarios atribuidos a la sociedad extranjera y con las facultades contractuales que le habían sido conferidas desde diciembre de 2021″, destacó el fiscal.
Guerberoff y su equipo trabajaron sobre los balances de 2022, 2023, y 2024 presentados ante la IGJ. En el caso de 2025, tuvieron que remitirse a los datos aportados por los bancos y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) porque la Dirección de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires no entregó la documentación a tiempo. Esa entidad recibió el último balance tras la maniobra de la AFA de mudar sus oficinas a Pilar.
En ese balance, según los datos de la Fiscalía, la AFA declaró ingresos totales por $275.645 millones. Y volvió a omitir a la empresa TourProdEnter, que seguía administrando los fondos de la AFA desde al menos cinco bancos de Estados Unidos. Aunque los datos son preeliminares, porque no hay una auditoría completa, Guerberoff planteó que la maniobra con los balances se debe investigar junto con la defraudación que se investiga en otro expediente, en el fuero penal ordinario. Esa causa está a cargo de la fiscal Silvia Russi y tiene todas las pruebas que llegaron desde Estados Unidos.
Los jerarcas de la AFA pretenden hace tiempo que todas las causas se concentren en el juzgado federal de Campana. La maniobra tuvo varios contratiempos. Ahora depende de una decisión de la Cámara en lo Penal Económico, que podría definir en pleno desarrollo del Mundial. Todo indica que ese paquete de causas, en torno a la mansión de Pilar, podría regresar a los tribunales de la avenida Inmigrantes. En ese caso, recalarían en el juzgado de María Verónica Straccia, con buenos antecedentes técnicos. En paralelo, Tapia y Toviggino están atentos a los movimientos de la Justicia de Estados Unidos. reveló hace una semana que tres fiscales, dos en Washington DC y otro en el estado de Florida, investigan los movimientos bancarios de Faroni y su mujer.
Esos documentos revelan la magnitud de la defraudación, con impacto directo en los clubes argentinos. reveló que al menos diez empresas fantasmas, todas registradas en las mismas direcciones de Miami, absorbieron casi US$57 millones de los fondos administrados por Faroni y Gillette. Cuatro de esas sociedades de responsabilidad limitada (LLC, por sus siglas en inglés) fueron creadas por cuatro personas oriundas de Bariloche. Nunca fueron citadas a declarar. Solo hay un informe sobre su patrimonio encargado por el juez Armella a la División Investigaciones Especiales de la Policía Federal.
En su dictamen, el fiscal Guerberoff analizó la creación de esas empresas fantasma y las transferencias millonarias desde las cuentas de TourProdEnter, que siguen operando. Se destacan Marmasch LLC, con 62 operaciones por casi 15 millones de dólares; Soagu Services, con 54 operaciones; y Velp con 23 transferencias por un total de US$ 3.991.000. También aparecen Delker y Servica INC, dos firmas “gemelas”, creadas el mismo día y en la misma dirección.
“La concentración de los fondos en un reducido grupo de destinatarios, la reiteración de operaciones durante un período prolongado y la multiplicidad de denominaciones detectadas permiten sostener que la ausencia, en los balances de la AFA, de los movimientos de dinero que traficaron por cuentas de TourProdEnter LLC, tuvo el fin de evitar la trazabilidad del dinero y posibles desvíos que están siendo objeto de investigación en los legajos mencionados en este dictamen”, concluyó el fiscal antes de pedir que todo el material se concentre en una sola causa. Esa decisión ahora quedó en manos del juez Gustavo Meirovich. Otra señal de alerta en las oficinas de Viamonte (y de Pilar).
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POLITICA
La Libertad Avanza pierde capital en el Senado y hace tres meses que se le escapan leyes clave

La penosa sesión del jueves último pinceló un panorama inesperado en el Senado: la crisis por los pliegos judiciales limó el capital que tanto le costó a La Libertad Avanza y sólo consiguió gracias a las elecciones de octubre pasado, tras largos meses de penuria legislativa, entre 2024 y 2025. La bancada se mostró desbandada y sin conducción y la sensación que quedó en la noche de esa jornada, tal como indicaron a Infobae desde un despacho mileísta, es que “todo el mundo se llevó todo del recinto, menos el Presidente”, y lo peor: en la Cámara alta, a la Casa Rosada se le escapan leyes de peso e interesan de verdad desde hace más de tres meses, salvo el reciente acuerdo con holdouts que debe ser sancionado rápido por Diputados.
Para tener una idea de la magnitud del error que cometió el oficialismo: en la definición de María Verónica Michelli, votó a favor el incontrolable showman Francisco Paoltroni; se abstuvo la titular de bloque, Patricia Bullrich, quien armó el lío y eligió ir por la ancha avenida del medio nada menos que para un pliego judicial; y, la restante mayoría, rechazó. El formoseño, una vez finalizado el convite y después de una mini cumbre libertaria -forzada- para calmar las aguas, solicitó en el chat de senadores que, si lo vuelven a echar, que al menos le avisen antes. En tanto, el usual saltarín Luis Juez (Córdoba) aprovechó el papelón para ofuscarse y retirarse de forma anticipada. Era lo más fácil de hacer para la inmunidad. Llora la República.

“¿Desde cuándo no se vota una ley importante acá? Revisá las cuatro sesiones que tuvimos entre marzo, abril, mayo y después decime. Nos salvó hoy -por el jueves- lo de holdouts, que fue una piedra en el zapato bien resuelta y ahora falta Diputados. Lindas las épocas cuando terminaban acá y se sacaban fotos triunfantes. Lo que más da bronca es que el jueves se nos rieron en la cara no sólo los opositores, sino también varios de los propios“, sentenciaron desde La Libertad Avanza a este medio. Al lado de quien lo dijo había otra persona, que bajó la mirada y asintió. Los semblantes no eran los mejores.
La referencia es por el frenético ritmo del oficialismo en los períodos extraordinarios de diciembre y febrero pasados. Lo cierto es que el Senado tuvo cuatro encuentros desde el 1 de marzo. También lo es que Balcarce 50 demoró semanas en enviar iniciativas. Fuera de ello, hasta ahora no prosperaron propiedad privada -se aplazó el jueves, en pleno recinto-, la reforma política -se viene una escalada por Ficha Limpia desde el lado dialoguista y habrá que prestar atención al jefe del PRO, Martín Goerling-, descremar zonas frías y la ley de salud mental, entre otras. También estarán, del otro lado del casete, loas babosas.
Lo objetivo: la máquina de sacar iniciativas viró de Turismo Carretera a karting. Encima, al motor le mezclan nafta, aceite y agua. Como la votación de Michelli. Trascendental para un inversor mega millonario que requiera mirar, desde arriba de la nave, si se controla al Congreso. Un experimentado parlamentario solía remarcar una frase que reapareció hace poco: “Si te das muchos tiros en los pies, llega un momento que te quedás sin pies”.

El otro foco es Bullrich. Fue una semana de pura primera plana para la porteña, una de sus obsesiones. Detrás de ello, también hay viveza a la hora de aprovechar las ventanas abiertas: es la única persona en toda La Libertad Avanza que, ante dramas oficialistas, sacó jugo de entre las piedras. Sólo hay que mirar el caso del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el reciente de los pliegos judiciales. El resto -leal- miró desde la tribuna. Lo delicado de estas picardías disfrazadas de “republicanas”: muchos libertarios pueden respetar -o temer- en exceso al triángulo de hierro, pero nadie llegó tan lejos de ir contra el propio Presidente. A la vista de todos y con la misma camiseta violeta. Difícil conocer el desenlace de este embrollo.
Para el martes podría germinar otra semilla, salvo que, en esta ocasión, le hayan avisado con tiempo al primer mandatario. Sería un bochorno. La comisión de Acuerdos, que comanda el oficialista Juan Carlos Pagotto – el riojano quedó desdibujado e imprudente en su actuar-, tiene agendada una nueva audiencia pública. Son pocos los pliegos a considerar, aunque hay uno que, de nuevo, relacionaría a una postulante a magistrada con un periodista. Milei acusó a este comunicador de “antisemita”, en 2024. La semana que transcurrió en la Cámara alta fue de las más delirantes de las últimas épocas. Del otro lado, nadie se asoma. Sólo Bullrich cabecea todas las granadas. Ahora, también tira.
celeste salguero/ comunicación
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