POLITICA
Los moderados de la política pierden el interés de las redes ante el crecimiento de los intensos
Algo se está moviendo en el interés de los argentinos por la política en redes sociales. No se trata de una desaparición del debate público, sino de una reorganización del interés político-digital.
El vínculo con la política mediado por las redes muestra señales de fatiga, evidenciadas en un menor crecimiento de seguidores interesados en la dirigencia política, niveles de interacción a la baja y una capacidad reducida de arrastre de los espacios tradicionales.
Pero este desenganche no opera de manera pareja. Allí donde el centro político pierde temperatura, los polos de mayor intensidad encuentran margen para capturar atención.
En X, los libertarios conservan una ventaja clara. En Instagram, en cambio, la izquierda muestra una eficacia distinta.
La desconexión digital en cuestión no equivale a despolitización, sino a una política menos expansiva y más identitaria, donde los usuarios se vinculan menos con estructuras partidarias clásicas y más con comunidades de sentido.
La fatiga digital de la política tradicional
La dirigencia argentina enfrenta un problema más profundo que la pérdida de seguidores: está frente a una pérdida de magnetismo.
Los datos del último informe de Monitor Digital revelan una caída marcada en la tasa de nuevos seguidores y en los niveles de interacción entre 2024 y 2026, tanto en X como en Instagram.
Este fenómeno sugiere que las comunidades digitales ya no responden con la misma intensidad ante los estímulos partidarios clásicos.
El PRO, la UCR, el PJ y parte del universo kirchnerista aparecen afectados por una dificultad compartida: sostener novedad, velocidad y capacidad de activación.
Estos espacios no desaparecen de la conversación, pero parecen menos eficaces para ordenar emocionalmente a sus audiencias.
En redes sociales, la política no compite sólo por adhesión ideológica: también puja por atención, reacción, pertenencia y disponibilidad afectiva.
Los espacios tradicionales pueden conservar estructuras consolidadas, historias conocidas y reconocimiento político.
Sin embargo, cuando pierden capacidad de provocar interacción, su presencia digital se vuelve más administrativa que comunitaria.
Este fenómeno también atraviesa al mundo corporativo: muchas empresas buscan en los influencers una forma de instalar mensajes sin que se perciba con nitidez el interés institucional que los impulsa.
Dicho brutalmente: cuando la marca no prende fuego, se terceriza el fósforo.
Los libertarios y el dominio de la conversación dura
La ventaja libertaria en X —ex Twitter— no debe leerse únicamente como una buena performance de métricas. Es, sobre todo, una señal de adaptación al ecosistema.
X premia la velocidad del mensaje, el conflicto que provoca y la capacidad de marcar agenda.
Allí también suele celebrarse la agresividad discursiva y la identificación tribal.
En ese contexto, los libertarios se mueven con comodidad.
El oficialismo logra sostener interacciones en X porque su comunidad no sólo consume política: la combate, la replica, la defiende y la convierte en identidad.
Esa dinámica le permite absorber parte del desencanto con otras fuerzas, especialmente entre usuarios interesados en la discusión pública más intensa.
Por eso, el “círculo rojo” digital aparece cada vez más atravesado por la lógica libertaria.
La plataforma funciona como una arena donde la conversación política se vuelve menos institucional y más facciosa.
En X, el libertarismo no necesita convencer a todos: le alcanza con activar mejor a los propios y ocupar el centro del ruido.
La izquierda y la eficacia comunitaria en Instagram
El caso de la izquierda argentina en redes sociales es distinto y, por eso, especialmente relevante.
Su capitalización no ocurre principalmente en el terreno de la pelea de elite, sino en una plataforma donde pesan más la imagen, la comunidad, la causa política y la identificación generacional.
Instagram le permite al FIT operar sobre una conversación menos encerrada en el microclima político duro.
Allí, la izquierda convierte demandas, símbolos políticos y afinidades ideológicas en interacción.
El espacio referenciado a nivel nacional en figuras como Myriam Bregman o Nicolás del Caño no gana la “batalla digital” necesariamente por el tamaño de la conversación que estimula, sino por su rendimiento comunitario.
Mientras los libertarios capitalizan el conflicto, la izquierda capitaliza la comunidad.
En X, la disputa se organiza alrededor de la lucha por la agenda. Instagram, en cambio, amplifica pertenencias más amplias, visuales y emocionales.
Son dos formas distintas de capturar el desenganche de otros espacios políticos, pero ambas se benefician del mismo fenómeno: la pérdida de centralidad de las fuerzas tradicionales.
Una política más tribal, menos transversal
El nuevo mapa digital argentino muestra una política menos abierta al público general y más concentrada en comunidades intensas.
Eso tiene una consecuencia estratégica: la conversación deja de expandirse hacia audiencias amplias y empieza a profundizarse dentro de nichos politizados.
Este proceso favorece a quienes tienen identidad fuerte, lenguaje propio y capacidad de movilización emocional.
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En paralelo, perjudica a quienes dependen de estructuras más amplias, mensajes moderados o liderazgos con menor frescura digital.
La desconexión, entonces, no vacía la conversación política: la vuelve más exigente.
Los usuarios que permanecen activos demandan intensidad, claridad identitaria y sentido de pertenencia.
En ese contexto, los libertarios y la izquierda aparecen mejor preparados que los espacios tradicionales para habitar una conversación pública más fragmentada.
Redes Sociales, Javier Milei, Myriam Bregman
POLITICA
Un proyecto de ley propone agravar las penas por pesca ilegal con cárcel y multas millonarias
La presentación de un proyecto de ley para castigar con elevadas penas la pesca ilegal procura ser una barrera más a la intensa depredación de ese recurso ejercida especialmente por flotas extranjeras. La iniciativa legislativa se enmarca en la aplicación de sanciones inéditas y nuevas medidas de control introducidas por las autoridades, que alertan sobre graves daños económicos y ambientales provocados por la explotación en el Mar Argentino.
El proyecto de ley impulsado por el diputado Guillermo Michel propone penas de prisión y sanciones económicas a quienes practiquen la pesca ilegal en aguas argentinas. La propuesta agrava el castigo en casos que involucren embarcaciones extranjeras sin autorización, métodos destructivos, especies protegidas o la intervención de funcionarios públicos.
La iniciativa presentada en el Congreso incorpora una definición precisa de pesca ilegal y delimita un marco penal inédito para la actividad en aguas argentinas. El articulado establece la incorporación de nuevos artículos al Código Penal de la Nación, de modo que quienes capturen, extraigan o den muerte a especies de la fauna silvestre durante períodos de veda, en zonas o cuerpos de agua prohibidos o restringidos, o respecto de especies cuya explotación se encuentre vedada por normas nacionales, provinciales o internacionales, puedan ser condenados penalmente. También se prevén sanciones para el uso de métodos prohibidos por la autoridad competente y para la presentación de declaraciones falsas ante los organismos de control sobre el volumen real de la captura.
La propuesta introduce agravantes que elevan las penas hasta seis años de prisión y multas más severas si el delito afecta especies amenazadas incluidas en la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), si se utilizan explosivos o métodos masivos, si la actividad ocurre en áreas naturales protegidas, si participan tres o más personas de manera organizada o si intervienen embarcaciones extranjeras sin autorización. La intervención de funcionarios públicos en estos delitos también representa un agravante, con inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena.
El proyecto avanza sobre la cadena de valor vinculada a la pesca ilegal. En caso de ser aprobado, sancionará con prisión y multas a quienes, a sabiendas de su origen ilícito, vendan, compren, almacenen, transporten, industrialicen o comercialicen productos provenientes de capturas prohibidas. Las penas se agravan si la conducta se realiza en forma organizada, habitual o involucra especies protegidas.
El proyecto de ley prevé también la aplicación de sanciones penales sin perjuicio de las administrativas, ambientales o aduaneras que pudieran corresponder. Ordena el decomiso de especies, productos y bienes empleados en la comisión del delito, como embarcaciones o vehículos. Los ejemplares vivos serán restituidos a su hábitat cuando sea posible o derivados a centros de rescate o investigación. Los productos aptos para consumo humano se donarán prioritariamente a bancos de alimentos y comedores comunitarios. Las embarcaciones y vehículos decomisados podrán ser asignados a la Prefectura Naval Argentina, al INIDEP u otros organismos públicos para tareas de fiscalización o investigación.
Si el Congreso sanciona la norma, las personas jurídicas, como empresas pesqueras, podrán ser sancionadas con multas de hasta el quíntuplo del beneficio obtenido, suspensión de permisos, inhabilitación para contratar con el Estado y la publicación obligatoria de la sentencia en medios nacionales y en el Boletín Oficial con el costo a cargo del sancionado. El dinero recaudado a través de multas y subastas de bienes decomisados integrará el Fondo Nacional de Conservación y Fiscalización Pesquera, destinado a financiar tareas de control, investigación y programas de recuperación de recursos agotados.
La iniciativa incorpora la figura de asociación ilícita para la pesca ilegal, con penas de hasta ocho años de prisión para quienes organicen, financien o lideren bandas dedicadas a este delito de manera permanente o reiterada. Además, el juez podrá disponer la administración cautelar de los bienes secuestrados durante el proceso judicial para reforzar las tareas de control estatal mientras dure la causa.
Dimensión de la pesca ilegal en el Mar Argentino
La presión de las flotas extranjeras sobre la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA) y la “Milla 201” alcanza una magnitud sin precedentes. De acuerdo con investigaciones citadas por Infobae y la Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera (FULASP), entre 1,5 y 3 millones de toneladas de especies clave son extraídas cada año por buques internacionales, hasta cuatro veces más que el volumen desembarcado por la industria pesquera argentina, que oscila entre 750.000 y 900.000 toneladas anuales.
Al menos 400 a 600 embarcaciones, en su mayoría de China, pero también de Corea del Sur, Taiwán y España, concentran su actividad en el borde de la ZEEA. Muchas apagan deliberadamente el sistema de identificación automática (AIS), emplean redes de arrastre prohibidas o eluden los puertos argentinos transfiriendo la pesca directamente a buques nodriza en altamar. El uso de “banderas de conveniencia” permite ocultar la verdadera propiedad de las naves, un método denunciado por el especialista Milko Schvartzman, según recogió Infobae.
El esfuerzo pesquero de la flota china aumentó un 85% desde 2019 y la extracción total de flotas extranjeras creció un 65% en ese mismo período.
Impacto económico, ambiental y respuesta estatal ante la pesca ilegal
Las pérdidas económicas de Argentina por la extracción ilegal superan los 1.000 millones de dólares anuales, según estimaciones de la Subsecretaría de Pesca difundidas por Infobae. La sobreexplotación afecta de manera especial al calamar Illex argentinus ―especie de vida breve y eje alimentario del ecosistema marino― y a la merluza hubbsi, cuya reproducción y migración vinculan los recursos con distintos marcos regulatorios internacionales.
La FULASP advirtió: “En el caso del calamar, que vive apenas uno o dos años y cumple un rol central en la cadena alimentaria, una mala combinación de sobrepesca y cambio ambiental puede generar en poco tiempo el agotamiento de recursos fundamentales para la pesca argentina y todo el ecosistema”, dijo Raúl Cereseto a este medio.
En 2024, las autoridades de las Islas Malvinas suspendieron la segunda temporada del calamar Loligo debido al colapso de la biomasa, mientras que el Reino Unido, a través de la concesión de cuotas pesqueras en Malvinas, extrajo 261.903 toneladas de recursos solo en ese año, equivalentes a más de un tercio de toda la captura argentina. Ello generó ingresos estimados de mil millones de dólares anuales, representando el 65% de los ingresos de las islas, según la investigación de la fundación.
La Prefectura Naval Argentina y la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca adoptaron el criterio de “tolerancia cero” frente a la pesca ilegal. Aplicaron, junto a la Justicia nacional, la mayor multa registrada: $1.262 millones impuesta a un buque de capital chino con bandera de Vanuatu capturado dentro de la ZEEA, después de verificar repetidas incursiones ilegales.
Este caso sentó precedente al validar la evidencia electrónica, como la vigilancia satelital y sistemas como Skylight, para la imposición de sanciones. La Cámara de Armadores Poteros Argentinos (CAPA) destacó “la solidez probatoria” de este tipo de controles y su valor para trasladar la fiscalización del ámbito físico al digital. Para Schvartzman, “la pesca ilegal es la norma para la flota china en el Atlántico Sudoccidental”.
Cooperación internacional y desafíos en la regulación pesquera
El combate contra la pesca ilegal enfrenta vacíos regulatorios en la región y falta de organismos de gobernanza efectiva a nivel global. Instrumentos como el Acuerdo de Medidas del Estado Rector de Puerto, impulsados por la FAO, buscan reforzar los controles portuarios y bloquear puertos de conveniencia como Montevideo, promoviendo el intercambio de información entre autoridades portuarias.
Sin embargo, la presencia británica en Malvinas y la dispersión de responsabilidades complican la creación de organismos internacionales sólidos para la conservación de recursos en el Atlántico Sur. Iniciativas privadas y comisiones regionales no han logrado frenar la actividad ilegítima alentada por apoyo logístico extranjero y la escasez de regulación fuera de jurisdicción nacional.
La presión persistente sobre la fauna marina, la captura sostenida de especies vulnerables y las condiciones extremas de trabajo en estas flotas exigen una respuesta inmediata que trascienda la legislación local y apueste por la cooperación internacional para proteger los recursos y la vida en el Atlántico Sur.
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POLITICA
Ante la rebeldía de Bullrich, el Gobierno ya activa un plan B en CABA y se alarga la lista de “vices” para Milei
Mientras Patricia Bullrich marca diferencias con el Gobierno y en su entorno dejan entrever que no tiene planes de conformarse con una candidatura en la ciudad de Buenos Aires, los libertarios empiezan a pergeñar un plan B para quedarse con el bastión que gobierna el PRO hace 19 años.
Bullrich dijo que las versiones sobre sus supuestos planes presidenciales son “fake news”, pero en la Casa Rosada no cuentan ciegamente con ella para pelear por CABA con los Macri en 2027.
Es la que dirigente que mejor mide del espacio, especialmente en el distrito macrista. Y los libertarios la necesitan para garantizarse un piso alto en el territorio porteño. Pero, al mismo tiempo, deslizan que respirarían aliviados de no tener que lidiar con su genio el año próximo. “Es muy difícil trabajar con ella, hace lo que quiere”, se quejaron esta semana en un importante despacho. “Se organiza el discurso para hablar de impuestos, y ella sale a pegarle a Macri con el subte”, agregaron, en referencia a los posteos en redes con los que la ex candidata presidencial toreó a Jorge Macri, hace tres semanas.
En el mileismo piensan, como plan B, en una fórmula violeta-amarilla. Y con Manuel Adorni caído en desgracia, Pilar Ramírez, referente de Karina Milei en la Ciudad, es mencionada en la cúpula del oficialismo como opción obvia. En el entorno libertario porteño, donde Ramírez es líder, juran que ni siquiera hablan del tema. “Nuestra energía está en la reforma electoral, en la eliminación de la PASO. Y ni siquiera tenemos calendario electoral, las candidaturas no son un tema hoy”, dijeron en el partido.
Sea la amiga de Karina o alguien más, para acompañar a la cabeza de la eventual nómina porteña de Milei ya listan nombres de referentes porteños amarillos. Una decisión basada no tanto en afinidades sino en la historia de alta performance del PRO en CABA. Mencionan especialmente a Silvina Giudici, diputada nacional de buena relación con el titular de la Cámara, Martín Menem, integrante de la mesa política nacional, y bien considerada por la jefa indiscutida de esa instancia, Karina Milei. Además, la entrevista que le dio la diputada a la señal A24 esta semana fue especialmente ponderada por el Presidente.
Mientras, la tensión con Bullrich está latente y disimulada. Karina Milei la recibió en su despacho de la Casa Rosada para evitar que los rumores de una ruptura con la principal referente de corte “republicano” dañen la imagen de un oficialismo complicado por los casos de corrupción. Y Javier Milei elogió con un tuit y las siglas TMAP (“todo marcha acorde al plan”) un pasaje del discurso de Bullrich sobre los holdouts en la sesión del Senado del jueves (la misma donde la propia voluntad presidencial fue contrariada por la senadora con la aprobación del pliego de la jueza Verónica Michelli que Milei quería retirar).
Pero en el círculo de la Secretaria General aseguran que, a pesar de la foto conciliadora, “está todo mal” con la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza. En cuanto a Milei, deslizan que aún la aprecia, genuinamente, pero recuerdan que quien tiene la última palabra sobre temas electorales es la hermana. Además, el Presidente suele mantenerse lejos de los conflictos políticos entre dirigentes, si no es para defenderlos. “Es impresionante cómo se tira sobre la granada”, dijo un asesor del oficialismo, de manera crítica, en referencia a Adorni y en José Luis Espert.
Con todo, dicen en Balcarce 50, Karina Milei no está sorprendida por las jugadas de Patricia Bullrich. Y en el Gobierno hablan de sus “patriceadas”, una manera de evidenciar que estaban familiarizados con su tendencia a los vaivenes y la libertad de acción. Aplacan los cuestionamientos en público porque necesitan de su apoyo.
“A nadie se le ocurre pedirle que deje de ser Patricia. Pero sí que baje un cambio”, dijeron en la Casa de Gobierno. Específicamente, le deslizan que espacíe las diferenciaciones, al menos en el año no electoral. En 2027, de cara a las Presidenciales y la pelea por la Ciudad, verán cómo lidian con las ambiciones de la ex PRO, que esta semana dejó saber que se considera “socia, no empleada”.
Cerca de Bullrich también deslizan que no le interesa ser candidata vicepresidenta, pero en el Gobierno creen que no tendrá muchos otros lugares para recalar en el armado del año que viene, si es que no quiere ir a la Ciudad.
En la lista de nombres para acompañar a Milei en la búsqueda de la reelección rankea alto Sandra Pettovello, que acaba de reunirse con el Papa y tendrá injerencia fuerte durante la visita -prácticamente confirmada- de León XIV a la Argentina. Muy amiga del Presidente, cuenta a su favor como hito de la gestión haberse liberado de los gerentes de la pobreza.
Casualmente, ese punto le trajo roces con Bullrich, que se arroja el mérito de haberse liberado de los piquetes gracias a sus acciones desde el Ministerio de Seguridad. En Capital Humano, al contrario, siempre señalaron que el verdadero origen de ese logro fue preventivo.
“Claro que tiene ambiciones, pero es hábil para mostrar que no las tiene”, dicen sobre la única ministra que queda del Gabinete original de Milei, junto a Luis Caputo. Hermética, su gran plus, dicen en su entorno, es que no le genera problemas al Presidente y se mantiene a su lado, haciendo buena letra hasta que le ofrezcan algo, siempre sin pedirlo. Por caso, propuso el Gemelo Digital que le habían propuesto desde Niñez, en cierta medida, porque el primer mandatario aprecia especialmente las acciones de gobierno vinculadas con la tecnología.
Pettovello se mantiene al margen de las internas (barrió bajo la alfombra sus fuertes rispideces con Santiago Caputo). Y si bien lleva a cuestas la fama de que tiene un carácter fuerte o directamente malo (en parte, por la alta cantidad de funcionarios que echó), en su entorno aclaran que se deshace de quien sea sin pestañear en el afán de defender la integridad de la gestión. “Sandra se deshizo de todas las cajas de la gestión, a pesar de que le costara perder poder de lobby, para arrancar de cuajo cualquier problema de corrupción”, encomiaron en el Gobierno.
En la lista para vices aparecen también Adorni, pero es poco probable que subsista si avanza la investigación por supuesto enriquecimiento ilícito en su contra. Y mencionan también a Guillermo Francos, que volvió a dar entrevistas el mes pasado después de un largo silencio. Aparece, por último, Martín Menem, que acaba de culminar (a su gusto, de manera triunfal) la pelea más reciente y más fuerte con Santiago Caputo, por RufusPeriodista, y tiene el aval pleno de Karina Milei. Pero en su entorno juran que no quiere saber nada con una candidatura que lo saque de la Cámara de Diputados y que se ve otros cuatro años allí. Eso sí, sin dejar de ser autoridad.
POLITICA
En silencio, Chiqui Tapia prorrogó el contrato de la AFA con la empresa de Faroni hasta 2030 y amplió sus facultades
El 15 de octubre del año pasado, justo antes del comienzo del escándalo, el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, extendió la relación contractual con la empresa de Javier Faroni y su mujer, Erica Gillette, hasta 2030 para que siga administrando los fondos de la entidad en el exterior. Lo hizo más de un año antes de la finalización del primer contrato, que vencía en diciembre de este año. ¿Por qué? La Justicia sostuvo que el nuevo acuerdo amplió las facultades de la firma TourProdEnter, con sede en Miami, que pasó de actuar como “agente comercial y de cobro”, a administrar los pagos de la AFA.
En diciembre, luego de un allanamiento en la sede de la calle Viamonte, ordenado por el juez federal Luis Armella, reveló el primer contrato entre la entidad que preside Tapia y la empresa de Faroni, fechado el 9 de diciembre de 2021. Ese acuerdo le otorgaba a TourProdEnter una comisión del 30% de todos los ingresos y sumaba otro 10% por cuestiones de logística. A partir de ese momento, la empresa embolsó cerca de US$300 millones provenientes de tres grandes fuentes: sponsors de la selección argentina, derechos de transmisión televisiva e ingresos por los partidos amistosos.
El documento lo firmaron Tapia y Pablo Toviggino, como presidente y secretario ejecutivo de la AFA, respectivamente, apenas un día después de que la esposa de Faroni presentó una “oferta” de trabajo a la AFA con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026.
Sin un motivo aparente, en octubre del año pasado, catorce meses antes de su finalización, Tapia extendió el vínculo con la empresa por otro cinco años. Ahora llega hasta el 31 de diciembre de 2030. El nuevo acuerdo argumenta que la prórroga se justificaba “en la buena performance” de la empresa de Faroni y en las “necesidades de continuidad disponible en distintas jurisdicciones”.
A diferencia de 2021, la extensión no se informó de manera oficial. No aparece en el temario de la reunión del comité ejecutivo del 16 de octubre, donde se votó el último balance ni en la asamblea ordinaria que tuvo lugar el 28 de ese mes.
En diciembre pasado, cuando se conoció el primer contrato por el allanamiento judicial, la AFA salió a responder “informaciones periodísticas de carácter tendencioso y carentes de sustento”. Llamativamente, no dijo ni una sola palabra de la prórroga. Solo habló de un contrato “vigente”.
El contrato de 2025 mantuvo la estructura del primero, incluyendo los porcentajes de las comisiones, pero sumó nuevas facultades. “Este nuevo acuerdo del 15/10/2025 es aún más ambicioso, ya que amplió el rol de TourProdEnter LLC, asignado en el 2021 como “agente comercial y de cobro”, hacia una función de administración operativa de pagos”, destacó el fiscal en lo Penal Económico Emilio Guerberoff en un dictamen de más de 100 carillas que repasa toda la maniobra desde 2021 hasta que estalló el escándalo.
“El Agente (por la empresa) ejercerá sus funciones en todo el mundo, excepto en la República Argentina, donde no tendrá facultades de actuación, sin perjuicio de las facultades de cobro (con la consecuente retribución del Agente) por pagos que empresas con asiento o sucursal en Argentina y/o sus afiliadas realicen en el exterior”, se puede leer en la cláusula tercera.
El nuevo acuerdo, hasta ahora desconocido, también fue secuestrado por la Justicia en la sede de la AFA de la calle Viamonte. A diferencia del primero, en este caso no aparece la firma de Pablo Toviggino, sino la de Cristian Malaspina, secretario general de AFA y uno de los procesados en la causa por evasión que lleva adelante el juez Diego Amarante.
En los apartados 6.5 y 6.6 del contrato se estableció que, cuando TourProdEnter actuara como agente de cobro, “podría efectuar pagos a AFA en dólares estadounidenses, mediante transferencia bancaria a cualquier cuenta indicada por AFA, o mediante la entrega de valores cotizados, incluidos bonos de deuda soberana argentina, en mercados de capitales argentinos o extranjeros”. Además, se previó que la AFA remitiera mensualmente a TourProdEnter “órdenes de pago a terceros y/o el detalle de gastos que le hubiera solicitado realizar por su cuenta y orden”.
En el nuevo contrato también se permite la cesión a una sociedad afiliada o vinculada a la empresa en cualquier jurisdicción, algo que no estaba previsto en el original.
Otro dato llamativo. Para este segundo contrato, la empresa de Faroni fijó domicilio en el Aventura ParkSquare, un complejo que combina departamentos de lujo, oficinas y comercios a pocos minutos del Aventura Mall. visitó ese lugar en febrero y comprobó que en la suite 804 ahora funciona la sede de una empresa de hamburguesas denominada “Skinny Louie”. El único rastro de Faroni y su mujer era un cartel, al final de un pasillo, con el nombre de la empresa RentalTourenter, utilizada por la pareja para comprar esas oficinas en 2022, según reveló el diario Clarín.
“El traslado de domicilio y la firma de una extensión temporal automática del contrato el 24/10/2025 -un año antes que venciera el contrato original previsto para el 31/12/2026-, denotan un posible apuro por blindar y perpetuar legalmente la estructura de posibles desvíos de fondos“, sostuvo Guerberoff en un dictamen firmado este jueves y al que tuvo acceso .
Las omisiones en los estados contables
Ese fiscal intervino a raíz de una denuncia del empresario Guillermo Tofoni que apunta específicamente a los estados contables de la AFA. En poco tiempo, Guerberoff analizó los balances desde 2022 hasta 2025 y concluyó que omitieron el vínculo de la empresa con la empresa de Faroni “con el posible propósito de impedir el conocimiento del verdadero origen, circulación, destino y disponibilidad de fondos que debieron integrar el patrimonio de la AFA”.
La única mención a TourProdEnter aparece en el balance presentado ante la Inspección General de Justicia (IGJ) en junio de 2024. En ese caso la firma de Faroni aparece como deudora de la AFA por la suma de $13.295.951.416,18, unos US$ 14,5 millones al tipo de cambio oficial de ese momento. ”Esa registración tardía, parcial y acotada contrasta con la magnitud de los movimientos bancarios atribuidos a la sociedad extranjera y con las facultades contractuales que le habían sido conferidas desde diciembre de 2021″, destacó el fiscal.
Guerberoff y su equipo trabajaron sobre los balances de 2022, 2023, y 2024 presentados ante la IGJ. En el caso de 2025, tuvieron que remitirse a los datos aportados por los bancos y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) porque la Dirección de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires no entregó la documentación a tiempo. Esa entidad recibió el último balance tras la maniobra de la AFA de mudar sus oficinas a Pilar.
En ese balance, según los datos de la Fiscalía, la AFA declaró ingresos totales por $275.645 millones. Y volvió a omitir a la empresa TourProdEnter, que seguía administrando los fondos de la AFA desde al menos cinco bancos de Estados Unidos. Aunque los datos son preeliminares, porque no hay una auditoría completa, Guerberoff planteó que la maniobra con los balances se debe investigar junto con la defraudación que se investiga en otro expediente, en el fuero penal ordinario. Esa causa está a cargo de la fiscal Silvia Russi y tiene todas las pruebas que llegaron desde Estados Unidos.
Los jerarcas de la AFA pretenden hace tiempo que todas las causas se concentren en el juzgado federal de Campana. La maniobra tuvo varios contratiempos. Ahora depende de una decisión de la Cámara en lo Penal Económico, que podría definir en pleno desarrollo del Mundial. Todo indica que ese paquete de causas, en torno a la mansión de Pilar, podría regresar a los tribunales de la avenida Inmigrantes. En ese caso, recalarían en el juzgado de María Verónica Straccia, con buenos antecedentes técnicos. En paralelo, Tapia y Toviggino están atentos a los movimientos de la Justicia de Estados Unidos. reveló hace una semana que tres fiscales, dos en Washington DC y otro en el estado de Florida, investigan los movimientos bancarios de Faroni y su mujer.
Esos documentos revelan la magnitud de la defraudación, con impacto directo en los clubes argentinos. reveló que al menos diez empresas fantasmas, todas registradas en las mismas direcciones de Miami, absorbieron casi US$57 millones de los fondos administrados por Faroni y Gillette. Cuatro de esas sociedades de responsabilidad limitada (LLC, por sus siglas en inglés) fueron creadas por cuatro personas oriundas de Bariloche. Nunca fueron citadas a declarar. Solo hay un informe sobre su patrimonio encargado por el juez Armella a la División Investigaciones Especiales de la Policía Federal.
En su dictamen, el fiscal Guerberoff analizó la creación de esas empresas fantasma y las transferencias millonarias desde las cuentas de TourProdEnter, que siguen operando. Se destacan Marmasch LLC, con 62 operaciones por casi 15 millones de dólares; Soagu Services, con 54 operaciones; y Velp con 23 transferencias por un total de US$ 3.991.000. También aparecen Delker y Servica INC, dos firmas “gemelas”, creadas el mismo día y en la misma dirección.
“La concentración de los fondos en un reducido grupo de destinatarios, la reiteración de operaciones durante un período prolongado y la multiplicidad de denominaciones detectadas permiten sostener que la ausencia, en los balances de la AFA, de los movimientos de dinero que traficaron por cuentas de TourProdEnter LLC, tuvo el fin de evitar la trazabilidad del dinero y posibles desvíos que están siendo objeto de investigación en los legajos mencionados en este dictamen”, concluyó el fiscal antes de pedir que todo el material se concentre en una sola causa. Esa decisión ahora quedó en manos del juez Gustavo Meirovich. Otra señal de alerta en las oficinas de Viamonte (y de Pilar).
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