San Juan atraviesa una oportunidad histórica impulsada por la creciente demanda mundial de cobre, la transición energética y la consolidación de proyectos mineros de escala global, que han colocado a la provincia en una posición estratégica no recordada en su historia. En ese contexto, resulta razonable discutir cómo transformar la inversión minera en un mejor empleo, desarrollo territorial, fortalecimiento de proveedores, capacidades industriales y generación de valor agregado local.

Sin embargo, esa discusión encuentra un límite que no puede ignorarse: la Constitución Nacional. Un proyecto de Ley de Desarrollo Local Minero, en tratamiento legislativo, esboza una finalidad deseada: aumentar la participación de trabajadores sanjuaninos, promover proveedores locales, generar información económica y fortalecer el vínculo entre minería y desarrollo territorial.

La cuestión relevante no es establecer un fin, sino los medios elegidos para alcanzarlo. Y es precisamente allí donde aparecen los interrogantes constitucionales.

La Constitución Nacional reconoce a las provincias el dominio originario de sus recursos naturales. San Juan posee amplias facultades para regular la actividad minera y diseñar políticas destinadas a maximizar sus beneficios económicos y sociales, pero ese dominio no equivale a una soberanía económica absoluta. Las provincias ejercen sus competencias dentro de un sistema federal que garantiza la existencia de un mercado nacional libre de barreras internas y sin discriminaciones territoriales.

Los artículos 9, 10, 11 y 12 de la Constitución prohíben las aduanas interiores. Los artículos 14 y 16 garantizan la libertad de trabajar, comerciar y ejercer toda industria lícita, así como la igualdad ante la ley. A su vez, el artículo 75, inciso 13, reserva al Congreso Nacional la regulación del comercio interjurisdiccional. Por ello, las provincias no pueden utilizar sus facultades regulatorias para crear ventajas competitivas para actores locales ni dificultar el acceso al mercado de empresas radicadas en otras jurisdicciones.

La Corte Suprema ha mantenido una posición consistente sobre esta cuestión. En numerosos precedentes vinculados a tributos y regulaciones provinciales, ha declarado inconstitucionales aquellas normas que favorecen a contribuyentes locales o perjudican a operadores provenientes de otras provincias, ya que, cuando una regulación genera ventajas territoriales obligatorias, termina fragmentando el mercado nacional. Aunque no exista formalmente una aduana, el efecto económico puede resultar equivalente.

La Corte también ha señalado que las provincias no pueden utilizar mecanismos regulatorios o fiscales para obligar indirectamente a las empresas a radicarse localmente para poder competir en igualdad de condiciones. Ese criterio resulta especialmente relevante para analizar cualquier normativa que vincule beneficios económicos o acceso al mercado con requisitos de residencia, domicilio fiscal o localización territorial.

La iniciativa propone objetivos de contratación de trabajadores locales equivalentes al 80% de las nóminas laborales vinculadas a los proyectos mineros y metas de participación de proveedores locales del 60% de las adquisiciones y contrataciones. La mina Veladero, con más del 90% de empleo local, muestra que no se necesitó de una ley: fueron bienvenidas las políticas de innovación y desarrollo de proveedores. Pero la situación cambia cuando las metas dejan de ser instrumentos de promoción para convertirse en obligaciones sujetas a control y sanción.

En este punto surge una tensión constitucional evidente. La libertad de contratación, la igualdad de acceso al empleo y la libre circulación de trabajadores dentro del territorio argentino se verían afectadas si las preferencias territoriales pasan a operar como condiciones obligatorias.

Una cosa es promover la competitividad de las empresas locales mediante capacitación, financiamiento, asistencia técnica o transferencia tecnológica. Otra, muy distinta, es imponer cuotas obligatorias de contratación basadas en el domicilio o la radicación de los oferentes. Mientras la primera alternativa fortalece la capacidad competitiva local, la segunda puede convertirse en un espanto para la confianza de los inversores.

La misma preocupación aparece respecto de determinados requisitos previstos para acceder a categorías de proveedor local o beneficios contemplados por la norma, tales como exigencias vinculadas al domicilio legal y fiscal en San Juan, la residencia previa de trabajadores, porcentajes de participación local en el capital societario o la registración provincial de vehículos afectados a la actividad.

La verdadera pregunta es cómo generar desarrollo local sin afectar los principios básicos del federalismo económico argentino. San Juan necesita proveedores competitivos, empleo calificado, innovación y la mayor integración posible de la minería con el resto de la economía provincial. Pero esos objetivos deben alcanzarse respetando la Constitución.

La experiencia internacional demuestra que los programas más exitosos de desarrollo local son aquellos que construyen competitividad, fortalecen empresas, promueven innovación y facilitan la transferencia tecnológica. Crean condiciones para que los proveedores locales ganen mercados por eficiencia y capacidad, no por protección regulatoria.

La minería puede convertirse en una verdadera herramienta de desarrollo para toda la provincia. Por esa importancia, toda norma debe construirse respetando la Constitución. La discusión no es si los gobiernos deben promover el desarrollo local: el verdadero debate debería girar en cómo hacerlo.

Una política pública moderna debe ser capaz de alcanzar simultáneamente tres objetivos: generar desarrollo local, respetar la Constitución y ser capaz de atraer, incluso, grandes inversiones. Es el desafío. No desaprovechemos esta nueva oportunidad.

El autor es abogado, especialista en negocios mineros

El comienzo del segundo semestre encontró a la economía en un movimiento de subibaja de la actividad agregada -aunque sin perder la tendencia moderadamente ascendente-, con una recuperación incipiente de los ingresos reales por la desaceleración de la inflación y la recomposición de salarios en negociaciones paritarias; récord de exportaciones, baja de retenciones al agro y la industria que se reflejaron en la disminución de los recursos tributarios -tanto de los que se comparten con las provincias como los que se destinan de forma plena a la Administración Central- y mejora de los indicadores financieros y del mercado de capitales, donde el índice de riesgo país cayó a niveles de ocho años antes.

Frente a ese escenario, Daniel Marx, economista, ex secretario de Finanzas, director ejecutivo de la consultora Quantum Finanzas y presidente de Edenor, dijo en diálogo con Infobae: “Consolidar el proceso de desinflación se demuestra a lo largo del tiempo e involucra elementos que van más allá de lo estrictamente fiscal y monetario”.

— ¿El superávit comercial actual tiene aspectos menos visibles que podrían modificarse con el fin de la guerra en Medio Oriente y una eventual reactivación de la economía argentina en el segundo semestre? ¿Qué impacto pueden tener estos cambios externos e internos sobre el resto de las variables de la economía doméstica?

—El conflicto armado en Medio Oriente afectó el precio de materias primas sensibles, como los precios internacionales del petróleo, el gas y sus derivados, que aumentaron significativamente durante inicios del conflicto. Si bien luego cayeron, quedaron en niveles más altos que los previos. El precio del petróleo parece hoy más estabilizado, acompañando movimientos de cese de hostilidades. Sin embargo, otros precios -como los de fertilizantes-, insumos que Argentina importa, siguen elevados. Tomando el agregado, hay efectos sobre inflación, resultado del balance de pagos, actividad, ingresos y empleo, entre otros.

La inflación tiende a aumentar inicialmente, dada la incidencia de combustibles y alimentos en el índice. Esto se notó particularmente en marzo y abril pasados. Hay una mejora de perspectivas en el resultado comercial externo, que se refleja en más holgura en la oferta potencial de divisas por esa fuente.

Sin embargo, también debe tenerse en cuenta la particular incidencia en Argentina de movimientos de fondos tendientes a cambios de moneda y localización de portafolios, así como aspectos de repagos de compromisos de financiamiento y otros flujos de fondos recibidos -o a obtenerse- dirigidos tanto al sector público como al privado.

La actividad, ingresos y empleo, notamos que el momento del conflicto bélico se montó sobre una transformación y transición de mayor envergadura, que abarca el funcionamiento de la estructura productiva de Argentina. Esto es una clara distinción entre sectores primarios y derivados, que ya venían con mejores perspectivas e incentivos anteriores al reacomodamiento internacional, y otros más vastos, en tamaño local en actividad y empleo.

De aquí en adelante, vienen efectos muy diferenciados en niveles de ingresos, transformaciones particulares de actividades, localización regional y momentos en que estos pueden comenzar a sentirse por la población. El desafío subyacente es la evolución del alcance y el derrame a partir de los que están posicionados, de manera de aprovechar las ventajas señaladas y cómo se va materializando la transformación del resto de la economía.

Esta separación no significa que sean cuestiones excluyentes. Bien pueden reforzarse entre sí, pero también podría ocurrir lo contrario, particularmente si no se articula la secuencia de acciones en materia macro y microeconómica.

En definitiva, en el corto plazo debería esperarse alguna tendencia a mejora general de indicadores agregados en la economía, aunque con volatilidad en su lectura de alta frecuencia y con discrepancias importantes entre los elementos individuales que los componen, sea en ingresos, actividades, precios y regiones, entre otros.

— ¿Debería esperarse un aumento en la demanda de dólares y una suba en la cotización hasta el límite superior de la banda de flotación?

— En un contexto donde se consolida el sendero de desinflación bajo la combinación de políticas que lo sustenten y manteniendo ancladas las expectativas no deberíamos ver movimientos del tipo de cambio que repercutan en que su cotización llegue al techo de la banda. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que, en materia internacional, estamos pasando por momentos de apreciación del dólar estadounidense y, aquí, persiste algún grado de inflación, pero además tenemos una historia de importantes y notables cambios en la denominación monetaria (pesos u otros signos) de los portafolios, que repercuten de manera notable en los niveles del tipo de cambio.

En ese sentido, influyen la evaluación tanto la sostenibilidad económico-comercial de determinadas paridades del peso contra monedas relevantes como la posibilidad de cambios sustanciales en las reglas de juego domésticas y de otras condiciones que afectan la demanda de pesos. Estas alteraciones pueden derivar en cambios no solo en la trayectoria del tipo de cambio sino también sobre la estabilidad financiera y toda la economía en general. En ese sentido, ayudaría reforzar los aspectos institucionales que hacen a un funcionamiento ordenado y sustentable en los mercados que involucran a componentes de Argentina en sus transacciones.

— Si se produjera ese escenario, ¿podría convertirse en un obstáculo para consolidar el proceso de desinflación iniciado en abril, o considera que la baja de la inflación está principalmente respaldada por el superávit fiscal y la disciplina monetaria?

— La oferta primaria (creación neta de base) en materia monetaria depende en gran medida de mantener un comportamiento disciplinado en las cuentas del Tesoro Nacional y de mantener el orden y la disciplina en la creación de la moneda. A partir de ahí, también hay que considerar otros factores que hacen a la demanda de dinero en pesos. Por ello, consolidar el proceso de desinflación se demuestra a lo largo del tiempo e involucra elementos que van más allá de lo estrictamente fiscal y monetario.

— El equipo económico anticipó colocaciones de deuda y acumuló reservas para afrontar vencimientos a partir de julio. ¿Esto permite prever que el segundo semestre tendrá menos emisiones y reducción de activos externos en el Banco Central?

— Hay fuertes indicaciones de que durante el segundo semestre del año continuará una política tendiente a preservar el manejo de caja del Tesoro Nacional, que implica sostener un superávit primario (antes del servicio de deuda) y, simultáneamente, emisiones de deuda acordes con ese comportamiento, aunque actuando en emisiones según cómo se juzguen las conveniencias y oportunidades de financiamiento. En ese sentido, puede preverse una cierta fluctuación en salidas a mercados específicos incluidos montos, condiciones de instrumento, denominación, tasas y localización.

En lo referido a activos externos del BCRA, esperaría una continuidad en la decisión de tratar de seguir acumulando reservas, aunque teniendo en cuenta que debería ir afrontando también la estacionalidad (aplanada comparada con la historia) del saldo comercial y los movimientos del balance de pagos, como pueden ser los de fondos del sector privado (sea financiamiento u otros), turismo o servicios.

— ¿La reciente pausa en la baja del índice de riesgo país refleja dudas del mercado sobre el rumbo económico de mediano plazo? En materia de financiamiento externo, ¿qué condiciones considera imprescindibles para que Argentina recupere el acceso a los mercados internacionales en mejores términos?

— Efectivamente. En muchos otros países se aceptan revisiones en determinadas políticas, pero también está más consolidado un funcionamiento de aspectos fundamentales que hacen más predecible el rumbo económico, aunque con posibles desvíos que respondan a ciertos cambios de circunstancias.

Además, hay aspectos específicos técnicos que influyen. Entre ellos, el armado y la evaluación de criterios e implementación del plan financiero, el balanceo de términos mitigando descalce de monedas y la atención a distintas fuentes de fondos, combinación de rango y de deuda que se incurre (p.ej. grado de preferencia en la escala de pagos).

— ¿Estos riesgos también influyeron en la decisión del MSCI de mantener a la Argentina como mercado de frontera y en la demora del regreso al mercado internacional de deuda?

— Hay alguna relación, pero se trata de cuestiones distinguibles. El MSCI es un índice referido al mercado público de acciones (renta variable) de compañías. El llamado “riesgo país” dimensiona el diferencial de cotizaciones de deuda soberana (renta fija) en moneda extranjera emitidas en moneda y mercados externos.

En las revisiones y calificación del mercado, hay ciertos factores comunes, pero también varios particulares a cada tipo de instrumento afectado, que son distinguibles e importantes en las evaluaciones específicas. Por ejemplo, en la calificación mencionada del MSCI, influye mucho la libertad en las transferencias externas dentro de movimientos de capitales.

— ¿Cuáles considera que son los desafíos principales que enfrentará el equipo económico antes del inicio de la campaña para las elecciones generales de 2027? ¿Qué recomendaciones considera fundamentales para consolidar la estabilidad y fomentar el crecimiento sostenible en Argentina?

— Un desafío importante es pensar y actuar sin enfocarse solo en usar una única “bala de plata” para solucionar todo. Las conductas humanas cuentan con la habilidad de anticiparse a probables evoluciones futuras. En ese sentido, tampoco debe pensarse que en un día determinado se inicia lo asociado a las elecciones generales de 2027.

En términos específicos, se reparten entre impulsar un esquema que minimice la posibilidad de un eventual cambio en los portafolios de dinero de los locales y el manejo de la transición productiva en la que estamos, en un mundo crecientemente cambiante. Ambos, con su impacto no despreciable sobre el presente y futuro del país y su gente, llevan a una serie de acciones conducentes a resolver las situaciones planteadas.

— ¿Cuáles serán, a su juicio, los retos más relevantes para el sector privado, especialmente para las grandes empresas que emitieron deuda de corto y mediano plazo?

— Del sector privado se espera que motorice las oportunidades que se abren potenciando los recursos a su alcance. Para ello, se parte de distintos niveles de competitividad y eficiencia. En ese sentido, hay cuestiones que hacen al marco de su funcionamiento y otras que son mucho más controlables por los administradores directos de empresas.

En lo primero se incluyen el reparto de cargas tributarias y sus contraprestaciones por parte del sector público y otros más dependientes de decisiones del Estado. Es preferible que, de haber incentivos puntuales, sean acotados y tengan una justificación aceptable. Por supuesto, el marco institucional, incluyendo la validez efectiva de los contratos, también provee una base sustancial para dar viabilidad a los mismos. El costo de capital, particularmente afectando a compañías y personas humanas más expuestas a circunstancias locales, es un complemento que corresponde atender.

Las empresas, en diverso grado, tienen a cargo la tarea de concretar los desafíos específicos en un ambiente que demandará asignación de recursos, y las correspondientes inversiones, para competir productivamente dentro de un esquema que demanda reacciones cada vez más rápidas. Esto es, que estén dotadas de la correspondiente flexibilidad.

— ¿Cómo evalúa el desempeño del Banco Central en la administración de reservas y política monetaria?

— En ambos frentes se vislumbra haber registrado y reaccionado incorporando lecciones dejadas por las vivencias de 2025. Hay un manejo más prudencial en las políticas aplicadas en lo cambiario y las condiciones de lo monetario. Ello se refleja en una reducción en los riesgos asociados y las consecuencias de una volatilidad excesiva en diversos indicadores.

Pero persisten discusiones de grado sobre el detalle, lo específico. Esto abarca tanto el alcance de la intervención en lo cambiario como los instrumentos de creación y absorción monetaria y la división de potestades entre el BCRA y el Tesoro. Así, la tasa de interés de política, o su sustituto, aplicable a los pesos, contempla un balance entre las expectativas de evolución del tipo de cambio e índices de precios.

Fotos: Maximiliano Luna

El próximo martes 7 de abril tendrá lugar en Washington, en el ámbito de la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR, por su sigla en inglés), que encabeza Jamieson Greer, una audiencia que podría alterar el volumen y contenido del comercio y las relaciones económicas que Argentina tiene con Estados Unidos y con China.

La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos dio de baja los “aranceles recíprocos” que había impuesto la administración Trump, que reaccionó aplicando una serie de medidas arancelarias basadas en la “Sección 122” del arsenal de herramientas del Ejecutivo, cuya vigencia máxima es de 150 días y expira el 24 de julio.

El 2 de junio pasado el USTR incluyó a Argentina en un grupo de 54 países que a su juicio “han fallado en imponer y efectivamente hacer cumplir (enforce) la prohibición de importación de bienes producidos con trabajo forzado”, lo cual, argumentó, “impone cargas y restricciones sobre el comercio de Estados Unidos”.

Ya entonces el gobierno de Trump presentó un documento titulado Acts, Policies, and Practices of Various Economies Related to the Failure to Impose and Effectively Enforce a Prohibition on the Importation of Goods Produced with Forced Labor y llamó a las partes interesadas a presentar informes, que serán ventilados para tomar la decisión final, que se debería anunciar antes del 24 de julio.

Argentina integra esa lista junto a países como Angola, Australia, Brasil, Chile, China, Colombia, Uruguay, Rusia, Arabia, Corea del Sur, Suiza y hasta su propia “madre patria”, el Reino Unido. El USTR agregó otros 6 países que sí tienen medidas contra la importación de bienes producidos con trabajo forzado, pero no las aplican con suficiente rigor: Washington incluyó a a sus propios socios del T-MEC, Canadá y México, además de a la Unión Europea, Ecuador, Indonesia y Pakistán.

Sobre Argentina el documento del USTR dice que el gobierno de Javier Milei se comprometió, bajo el acuerdo bilateral firmado en noviembre, a prohibir el comercio en bienes hechos con trabajo forzado, pero -al menos hasta principios de junio- eso no había sucedido.

¿Qué es esperable en términos de las acciones que puede llegar a tomar Estados Unidos?, le preguntó Infobae a Fernando Landa, presidente de la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA).

— “Las herramientas que tiene el gobierno americano para establecer aranceles diferenciales es bastante amplia. En particular, la sección 301 que se aplica en caso de prácticas injustas para con Estados Unidos. En el caso de Argentina, el argumento que no se ha hecho suficiente para impedir que ingresen bienes de países donde sí hay trabajo forzoso. Y propone un 10% de arancel adicional. Hay otro listado en que están la India, Brasil, en que el arancel adicional sería 12,5%, sobre los que la audiencia será el (lunes) 6 de julio. En el caso de Brasil hay temas relacionados con comercio digital, servicios de pago electrónico, aranceles preferenciales y acceso al mercado de etanol. Y hay un montón de otras cuestiones sobre las que Estados Unidos podría aplicar un arancel del 25 por ciento.

— ¿Esto puede referirse a cuestiones como el trabajo forzado de la etnia uigur en la provincia de Xinjiang o al trabajo forzado en buques de pesca chino de aguas distantes?

— Si, muy probablemente ese es el tema. Entendamos que esto también se aplica a socios comerciales como Canadá y México

— Argentina firmó en noviembre pasado un acuerdo de comercio e inversiones con EEUU. ¿Puede llegar a afectarlo?

— Esto es independiente de eso. Los aranceles que se discutían ahí eran los aranceles recíprocos, que no se aplican más. Esto es una acción específica en función de ciertos actos o políticas que los países señalados por el USTR supuestamente aplican.

— ¿Cuál es entonces, más allá de lo político, el significado comercial o económico del acuerdo firmado en noviembre?

— Entendemos que no tiene sustentación jurídica, porque el gran compromiso por parte de Estados Unidos era la no aplicación de estos aranceles, que la Corte Suprema de EEUU dio de baja. Es una concesión que no existe más, quedó vacía de contenido.

Landa dijo, además, que el acuerdo incluía rebajas recíprocas y que tampoco Argentina lo está ejecutando en los términos acordados.

“Hay otros compromisos, en permisos y temas de simplificación que el gobierno argentino ya estaba llevando adelante y se están cumpliendo, pero el acuerdo perdió relevancia en materia de rebajas arancelarias y difícilmente la recupere en este contexto. Es un instrumento político. La preocupación de Estados Unidos es la competencia desleal por parte de China. Hay varias aristas, pero no es solo con nosotros. EEUU también está revisando también cómo va a seguir con el T-MEC (el acuerdo con Canadá y México). Argentina tenía una cantidad de rebajas que hacer que abarcaban una porción importante de exportaciones de EEUU y que no se llevó adelante, porque hubiera sido conflictivo, por la aplicación del principio Nación Más Favorecida a otros socios comerciales, salvo que se trate de un Acuerdo de Libre Comercio, que no es el caso”.

Landa consideró “una hipótesis razonable” que las objeciones del USTR a Argentina vayan en línea con las que una comisión del Congreso de Estados Unidos ya hizo a China por el uso de trabajo forzado o semi-esclavo en la producción de bienes que ofrecen las plataformas Temu y Shein y también en su flota de pesca “de aguas distantes”.

Ambos temas fueron objeto de sendos informes condenatorios del “Comité Selecto” bicameral (6 senadores y 6 diputados) y bilateral (6 legisladores republicanos y 6 demócratas), cuyas portadas se ven abajo. A fin de 2025 esta Comisión emitió un crítico informe sobre el “impacto chino” en EEUU y terceros mercados en el que acusó a China de “confinar a los mercados emergentes a eslabones menores de la cadena de valor” vía la participación de entidades y empresas estatales orientadas y subsidiadas por el Estado.

Al respecto, el presidente de la CERA destacó que mientras en 2014 el porcentaje de “entidades” chinas operando a pérdida (ergo, subsidiadas) no llegaba al 12% del total, en 2024 la proporción rozaba el 23%, lo que a su vez -remarcaba- “causa un daño importante a las industrias de otros países”.

El tema del “trabajo forzado” se liga a otro muy sensible para Estados Unidos: la violación de marcas y propiedad intelectual, donde también se apunta a las plataformas chinas Shein y Temu que además lo hacen, dice el informe bicameral, “en violación de la Uyghur Forced Labor Prevention Act contra el uso de mano de obra forzada”.

En ese punto, se hace referencia explícita a la represión china a la minoría uigur en la provincia de Xinjiang, donde se llega a sugerir la existencia de “campos de reeducación política” con miradores, cámaras de seguridad y altos muros y líneas de alambrados, por donde pasaron al menos un millón de personas, hecho que Washington liga a prácticas de “genocidio” y la ONU consideró “posibles crímenes de lesa humanidad”.

El gobierno de Milei no parece haber sido muy receptivo a las sugerencias de Washington: en los primeros cinco meses de 2026 la importación de bienes vía Courier (de los que se presume que buena parte provienen de las plataformas chinas denunciadas por EEUU, aunque el Indec no hace precisiones al respecto) sumó USD 518 millones, 113,2% más que en igual lapso de 2025.

Un informe de la consultora Analytica en base a datos oficiales precisó que cambios regulatorios introducidos por el gobierno de Milei ampliaron el límite de compra a USD 3.000 por envío y a USD 400 la franquicia para importar bienes pagando solo IVA, “lo que redujo costos y aceleró los tiempos de entrega”.

Para tener idea de la dinámica de este canal comercial -que al Gobierno le sirve para que bajen ciertos precios, como indumentaria, calzado, juguetes y ciertos productos electrónicos- en 2024 las importaciones vía Courier habían sumado USD 239 millones y en 2025 rozaron los USD 900 millones, cifra que será largamente superada este año.

En cuanto a lo que Estados Unidos llamó la “ofensiva china” en materia de pesca, el informe del comité bicameral del Congreso de EEUU acusa a China de ser “la única nación que utiliza su flota de pesca de aguas distantes como extensión de sus fuerzas de seguridad marítima oficiales”, cita al respecto un análisis de la Oficina de Inteligencia Naval de EEUU, estima la flota china entre 2.000 y 16.000 embarcaciones si se incluyen naves vinculadas a milicias y con banderas extranjeras y precisa que entre 2022 y 2024 registró más de 110 millones de horas de actividad en aguas de 90 países.

La dimensión económica, agrega, afecta de manera directa a Sudamérica y estima que la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) genera en América Central y del Sur hasta USD 2.300 millones en daño económico incluyendo cerca de USD 500 millones en recaudación fiscal no percibida por los países afectados, principalmente Ecuador, Perú, Chile y la Argentina.

Una investigación reciente documentó además que la flota china de aguas distantes no solo pesca al borde de la Zona Económica Exclusiva Argentina, en la llamada “Milla 201”, sino que empresas chinas, algunas de ellas con antecedentes de pesca ilegal y propiedad de o asociadas a empresas estatales del gigante asiático, son dueñas de 53 de los 84 buques “poteros”, especializados en la pesca de calamar, que pescan con bandera argentina y dentro del Mar Argentino y lo hacen en un marco de “competencia desleal” pues disfrutan de subsidios y beneficios fiscales del Estado chino.

La ventaja ya considerable de detentar más del 63% de la flota que pesca calamar localmente podría ampliarse a raíz de la reciente resolución del Consejo Federal Pesquero (CFP) de licitar 18 nuevos permisos para ampliar la flota potera autorizada a operar dentro de la Zona Económica Exclusiva.

La decisión generó suspicacias y resistencias en el sector pesquero, en especial de las empresas con epicentro en el puerto de Mar del Plata, y denuncias anónimas sobre la acción de “personajes ajenos al sector” que solicitan “contribuciones” por los permisos a conceder.

El argumento de la ampliación de la flota es que en los 90 y hasta principios de este siglo hubo hasta 150 buques poteros operando en el Mar Argentino, lo cual sugiere que ampliar la flota es factible y mejoraría en decenas de miles de toneladas y en varios centenares de millones de dólares la captura. Pero quienes se oponen sostienen el escaso sustento científico de la medida y que la comparación es engañosa, pues los buques de entonces tenían bodegas de hasta 600 toneladas, los 18 a agregar lo harían con bodegas de 1.000 toneladas o más, lo que redundaría en un gran aumento del llamado “esfuerzo pesquero”, a riesgo biológico de agotar la pesquería.

La decisión de licitar 18 nuevos permisos a “poteros” se respaldó en un breve informe del director nacional de investigaciones del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero, Otto Whöler, que en una entrevista con Revista Puerto, una publicación especializada, se refirió también a la presión que sobre la pesquería influyen la flota (mayormente china) que opera en la “Milla 201″ y los buques que pescan con licencia de Malvinas, ocupada por Inglaterra.

Según el funcionario, 18 nuevos poteros son “un número muy acotado, comparado con los 350 que hay afuera, más otros 150 arrastreros que pescan calamar y que este año pescaron mucho más que los poteros en la Milla 201. Y si le sumamos las 105 licencias que da Malvinas para explotar solamente el stock Sudpatagónico, no es nada. Lo que queremos hacer (…) es aumentar al menos un poco la tasa de captura. Malvinas está pescando con 105 buques poteros sobre un solo stock, el Sudpatagónico. Nosotros tenemos 84 barcos para pescar tres stocks, que son el Desovante de Verano, el Sudpatagónico y el Bonaerense Norpatagónico.

Argentina, dijo el funcionario, “tiene que asumir un liderazgo en el manejo del calamar del Atlántico Sur (…) tenemos una flota muy disminuida respecto al resto de los actores (…) todos los años vemos el problema, las capturas que ocurren fuera de nuestra Zona Económica Exclusiva y lo único que hacemos es asombrarnos de lo que ocurre ahí, pero no ejercemos ningún tipo de acción”.

En sentido opuesto, el sindicato de Conductores Navales (Siconara) envió una nota al titular del Consejo Federal Pesquero (CFP), Antonio López Cazorla en la que dice que la clave del volumen de pesca de calamar es la masa biológica anual y no el número de barcos. Cita al respecto que la flota potera congeladora “llegó a su máximo de 98 unidades en 2003 y obtuvo 127.031 toneladas” pero que “con solo 89 buques en 2006 se alcanzó el récord histórico de 260.907 toneladas”.

Detrás de la ampliación de la flota de calamar muchos temen venta un nuevo aumento de la presencia de empresas chinas. Además, muchos ven la medida como un anticipo de la “cuotificación” de la pesca de langostino, la especie más importante por valor total de exportación.

Varias pesqueras marplatenses también enviaron una nota a López Cazorla para que detenga ese proceso “hasta tanto no se aclaren adecuadamente los motivos por los cuales existen personas fuera del Consejo que se están reuniendo con distintos armadores para notificarles cuánta cuota de langostino le tocaría a cada buque o empresa o cuál sería el criterio de asignación que estipularía una eventual normativa”. Y preguntan “si esas personas, consultoras y/o estudios (…) están actuando en nombre del CFP”.

En la posición opuesta, las empresas de buques “tangoneros” congeladores (esto es, que pescan langostino y lo procesan a bordo) están a favor de cuotificar, porque -alegan- así lo manda la ley y porque ordenaría el subsector, a partir de la distribución de los volúmenes de Captura Máxima Permisible (CMP) que cada año fije el Inidep en base a campañas de investigación y criterios científicos.

Detrás de las sospechas de irregularidades, asoma una certeza: gracias a los subsidios y el margen económico que tienen, las firmas mejor posicionadas para aportar 18 nuevos “poteros” son chinas, porque amén de la ventaja de los subsidios del estado chino pueden disponer, en poco tiempo, de buques a satisfacción de quienes evalúen las ofertas, sea que estas se decida por criterios técnico-científicos o por el nivel de “efectividades conducentes”.

Un experto que sigue la pesca marina y participó en estudios financiados por ONG internacionales de denuncia de las prácticas pesqueras chinas, incluido el uso de trabajo semi-esclavo, comentó a Infobae que si bien la embajada de EEUU en Buenos Aires convenció al gobierno argentino de excluir del aumento de la flota de pesca de calamar a empresas estatales, la licitación en curso no incluye el requisito de identificación de los “beneficiarios finales”, esto es, los verdaderos dueños, que suelen ser de ojos rasgados y contar con el apoyo de Beijing.

Del otro lado de la presión norteamericana para disminuir la presencia e influencia china en Argentina están los datos, que siguen dándole muy favorables a la potencia asiática.

Por una parte, el Banco Central está negociando la renovación del canje de monedas con su par de China, que vence en agosto y aporta unos USD 19.000 millones de las “reservas brutas” del BCRA.

Además, precisa un estudio que el economista Ricardo Carciofi expuso ante el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI), hasta ahora las compras a China han sido funcionales a los objetivos del Gobierno, que desde 2024 y sobre todo en 2025 avanzó en la apertura comercial y desmontó mecanismos no arancelarios (medidas antidumping, control de importaciones) para contener la inflación.

El gigante asiático, dice la investigación, fue “el país que más aumentó su participación en todo el espectro del menú importador: bienes de capital, insumos y artículos de consumo, incluyendo las compras por plataforma”.

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En 2025, precisa, las importaciones provenientes de China crecieron 54,9% respecto a 2024, ritmo que duplica el de las importaciones totales y deja muy atrás el aumento de las compras a otros socios comerciales: Brasil, EEUU y Europa, como muestra el gráfico de arriba. Ante esa situación, destaca, “el Gobierno ha elegido no confrontar y ha renunciado a poner en práctica mecanismos de defensa comercial”.

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