El Banco de la Nación Argentina lanzó una nueva línea de crédito destinada a personas que tienen cuotas vencidas e impagas en la entidad y quieren regularizar su situación antes de caer en mora. El programa permite unificar todas las deudas pendientes en un solo préstamo personal, con plazos de hasta 10 años y una estructura en Unidades de Valor Adquisitivo (UVA) que mantiene las cuotas iniciales bajas.

La herramienta está disponible desde el jueves 26 de junio en todas las sucursales del banco y apunta a clientes con situación crediticia 1 o 2, es decir, aquellos que aún no ingresaron en mora pero acumulan atrasos en sus obligaciones.

El mecanismo es el de una unificación de deudas: el banco no entrega dinero en efectivo al cliente, sino que aplica el monto del préstamo directamente a la cancelación de las cuotas impagas. El financiamiento puede cubrir hasta el 100% de la deuda consolidada, con un tope de $100 millones.

El plazo máximo es de 120 meses —equivalente a 10 años—, lo que permite distribuir el peso de las obligaciones en un período más largo y, en consecuencia, reducir el monto de cada cuota mensual. La tasa de interés es del 10% más UVA. Quienes opten por la cobertura CER-CVS abonan un punto porcentual adicional, pero a cambio sus cuotas se ajustan por la evolución de los salarios, lo que puede resultar conveniente en contextos de actualización salarial.

La afectación de ingresos prevista es del 25% bajo el esquema UVA, en línea con los criterios habituales de evaluación crediticia del sistema bancario.

El comunicado del banco incluye un ejemplo concreto para ilustrar el impacto de la refinanciación. Tomando como referencia una deuda de $1 millón, la cuota mensual actual bajo un plazo de 36 meses es de $67.670. Con el nuevo programa, a 120 meses de plazo, esa cuota inicial baja a $15.279 en la modalidad UVA más 10%. Si se elige la opción con cobertura CER-CVS, la cuota inicial asciende a $16.030.

La diferencia es significativa: en el escenario más conveniente, la cuota se reduce más de un 77% respecto al valor actual. La contrapartida es que el plazo se extiende considerablemente y el saldo se actualiza por inflación a través del índice UVA.

El beneficio está dirigido exclusivamente a clientes que cobran sus haberes en el Banco Nación. Quienes no cumplan con esa condición deberán transferir su cuenta sueldo a la entidad para poder acceder al programa.

El requisito de situación crediticia 1 o 2 implica que la herramienta está diseñada para actuar de forma preventiva: el objetivo es evitar que los deudores con cuotas atrasadas pasen a una categoría de mora que afecte su historial crediticio y limite su acceso futuro al sistema financiero. Una vez en mora, la regularización se vuelve más costosa y las opciones disponibles se reducen.

Los interesados pueden gestionar el trámite en cualquier sucursal desde el 26 de junio. Se pueden consultar las condiciones en la web del Nación o comunicarse con el “Contact Center” del banco.

El lanzamiento se produce en un momento en que la morosidad bancaria de las familias atraviesa uno de sus peores momentos en más de 20 años. Según datos del Banco Central, la proporción de créditos irregulares en los hogares alcanzó el 12,1% en abril —un máximo desde 2004—, frente al 3,7% registrado en el mismo mes del año anterior.

Los préstamos personales, la línea más extendida entre las familias, registraron un índice de mora del 14,9%. Según estimaciones privadas, más de 5,3 millones de personas tienen al menos un crédito en situación irregular, lo que equivale al 26,7% del universo de personas con algún tipo de financiamiento.

El Gobierno nunca había llegado tan lejos: en su disputa con quienes cuestionan la contabilidad fiscal, ya no se limita a discutir con quienes ponen en duda que haya superávit, sino que también desacredita al propio Fondo Monetario Internacional, que mantiene un criterio técnico diferente.

«Lo que dice el FMI está mal», expresó lacónicamente Felipe Núñez, uno de los principales asesores del ministro Toto Caputo, luego de que en las redes sociales le recordaran que, según el organismo, el año pasado no hubo un superávit financiero de 0,2%, sino un déficit de 0,8%, cuando se contabilizan los intereses ya devengados pero todavía no pagados por los bonos del Tesoro.

Y la afirmación ocurre justo cuando el gobierno está festejando los 29 meses consecutivos de superávit primario y 27 meses con superávit financiero -es decir, contabilizando también los pagos de intereses por la deuda pública-.

«Este resultado vuelve a reafirmar el compromiso con el ancla fiscal, pilar fundamental del programa económico. El orden en las cuentas públicas contribuye a la estabilidad económica y permite continuar devolviendo recursos al sector privado en la forma de baja de impuestos», dijo Caputo cuando se publicaron las cifras.

Y destacó el dato de que en lo que va del año, el gasto público, en términos reales, había caído un 2,2% en comparación con el año pasado. La parte que el ministro no contó es que la recaudación de impuestos tuvo una racha de nueve meses consecutivos de caída, por lo que, para seguir manteniendo el superávit, fue necesario extremar la «motosierra» en casi todas las áreas del presupuesto.

Recién en mayo se cortó la racha negativa, pero aun así persisten las dudas sobre si se trató de un cambio de tendencia o de una situación transitoria: en ese mes hubo un efecto que distorsionó las cifras, debido al vencimiento del saldo del impuesto a las Ganancias de Sociedades, que el año pasado había tenido un bajo ingreso.

Gracias a ese efecto es que la recaudación impositiva de mayo tuvo un incremento nominal de 35,6% -lo que implica un aumento real de 1,6% cuando se descuenta la inflación-. Pero la realidad es que, si se excluyera el impuesto a las Ganancias, el resto de la recaudación más ligada a la industria y el comercio apenas varió un 21,7% nominal, lo que implica una brusca caída de 8,8% en comparación con el año pasado.

Un debate sin fin

Pero el debate que se mantiene sin resolución desde hace dos años y que genera controversia entre los economistas el de si se está generando una «bomba fiscal» por los intereses de deuda que mes a mes se acumulan pero no aparecen reflejados en el resultado financiero oficial.

La pelea empezó cuando el gobierno desarmó los pasivos remunerados del Banco Central -los recordados Lebacs, Leliqs y pases a un día-, a los que consideraba una verdadera «bomba» inflacionaria que llegó a representar 10% del PBI. Y, además, argumentaba que esos pasivos ejercían incentivos perversos porque a los bancos les resultaba más convenientes alojar sus pesos sin riesgo y obteniendo una alta tasa, antes que prestarle el dinero a la empresas para que aumentaran su producción.

Fue por eso que desarmó la deuda del Banco Central y la pasó al Tesoro, que cada 15 días sale a absorber pesos y paga una tasa que, en la previsión de Toto Caputo, debería ir en caída,a medida que se consolida el proceso de desinflación.

Pero la controversia consistía en que las Lecaps, a diferencia de otros títulos de deuda, no paga intereses periódicamente, sino que los capitaliza para pagarlos todos juntos al momento del vencimiento del bono. Entonces, los más críticos empezaron a afirmar que Caputo subestimaba el costo financiero y que el superávit fiscal no era tal. La clave del debate pasa por la diferenciación entre lo «devengado» -gastado pero no pagado- con lo efectivamente ya pagado.

Al presentar el informe fiscal cada mes, el gobierno contabiliza en cero esos intereses devengados. Pero los críticos advierten un efecto de bola de nieve.

El FMI contabiliza diferente

Desde la vereda de enfrente se ha rechazado ese argumento por afirmar que es un error de técnica contable mezclar el flujo devengado con los pagos reales. La analogía que hacen estos economistas es la de una persona que considere que sus finanzas del mes fueron negativas, porque tiene cuotas con la tarjeta hasta diciembre.

Es por eso que quienes defienden la contabilidad oficial dicen que, si se cuentan los intereses acumulados de las Lecaps, entonces también tienen que considerarse los ingresos futuros a la caja de ARCA y el efecto de la reactivación de la economía.

Pero hay un problema para el gobierno: el staff del Fondo Monetario no maneja el mismo criterio. Ya el año pasado asumió una postura intermedia entre el gobierno y sus críticos: les dio la razón a quienes dicen que sí hay que contabilizar el interés acumulado, pero advirtió que esa deuda no puede ser tomada de manera nominal sino que debe ser corregida por la inflación.

Y en su último reporte de mayo, previo a la comunicación del nuevo desembolso, el organismo no sólo repitió esa postura sino que, además le puso cifras. En contra de lo que comunicó el gobierno -un superávit fiscal de 0,2% del PBI al cierre de 2025-, indicó que hubo un déficit de 0,8 puntos si se contabiliza el interés acumulado por los bonos «cupón cero».

De momento, esta discrepancia no ha sido un obstáculo para que el gobierno mantenga su buena relación con el organismo, que elogió públicamente el esfuerzo para mantener el «ancla fiscal» aun cuando el alivio tributario haya dificultado la recaudación de impuestos.

Sin embargo, no se trata de una discrepancia inocua: el tener superávit fiscal es lo que le ha permitido al gobierno argumentar que la deuda está cayendo en términos reales y que la venta de dólares por parte del Banco Central al Tesoro no implica una emisión monetaria disfrazada.

El superávit fue, también, uno de los puntos que convencieron al Banco Mundial para otorgar la garantía que le permitirá a Toto acceder al mercado de crédito sin pagar las tasas en torno de 9% que los bancos le estaban pidiendo hasta ahora.

¿Se viene la pelea?

¿Por qué «está mal lo que dice el FMI»? Aunque es probable que el tema se haya discutido en las reuniones técnicas con el staff técnico del Fondo, el gobierno nunca planteó su postura en público.

Los economistas críticos están viendo con preocupación que, en un momento de contracción del crédito, el Tesoro siga renovando las Lecaps, de manera de que no sólo se limita a «rollear» la deuda que vence, sino que además sigue absorbiendo liquidez del mercado.

El stock de Lecaps se estima en unos $30 billones -equivalente a u$s20.000 millones, al tipo de cambio actual-, y los vencimientos son de corto plazo. Todos los meses vence un promedio de $10 billones.

De momento, el FMI no ha opinado al respecto, pero su último informe deja planteado el interrogante sobre si las divergencias respecto del criterio para contabilizar los intereses de la deuda podrán, en algún momento, convertirse en un problema.

No es, por cierto, el único punto en el que el organismo mostró diferencias con el gobierno. También proyectó un déficit de la cuenta corriente para este año -por 0,8% del PBI- e insistió respecto de que tipo de cambio ha perdido competitividad respecto de su nivel de diciembre, que el FMI ya consideraba atrasado.

Las cámaras empresariales y compañías vinculadas a la Hidrovía expresaron su respaldo al proceso de privatización de la Vía Navegable Troncal, tras la adjudicación del contrato al consorcio Jan De Nul-Servimagnus y la conclusión de la licitación que impulsó el gobierno de Javier Milei.

Según el comunicado firmado por la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina – Centro de Exportadores de Cereales (CIARA-CEC), la Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPPC), la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas (CAPyM), la Unión Industrial Argentina (UIA), y la Comisión Permanente de Transporte de la Cuenca del Plata (CPTCP), la decisión representa “el inicio de una nueva etapa con gestión privada y a riesgo empresario”, que califican como estratégica para el desarrollo productivo nacional.

Las organizaciones remarcaron la importancia de la Vía Navegable Troncal para el comercio exterior del país, al considerar que su correcto funcionamiento repercute de manera directa en la competitividad, los costos logísticos y la inserción internacional de Argentina. En ese sentido, manifestaron que “celebran la finalización del proceso licitatorio”, al que el gobierno nacional definió como prioritario dentro de su gestión.

El comunicado de las cámaras empresariales resalta que la Autoridad de Aplicación mantuvo un intercambio permanente con los usuarios del sistema, lo que, según sus palabras, permitió fortalecer la transparencia, la previsibilidad y la solidez institucional del procedimiento. Además, las entidades destacaron la importancia de “la aprobación de la tercera y última etapa y la adjudicación al oferente mejor calificado”.

De cara a la etapa que comienza, las empresas consideran prioritario avanzar en la adecuación del marco normativo que regula la actividad, en especial en lo referido al Impuesto al Valor Agregado. También proponen acelerar la conformación y puesta en funcionamiento del Consejo de Control, concebido como un espacio técnico y participativo que incluya representación de los usuarios de la Vía Navegable Troncal.

Los entes consideran que la puesta en marcha del Consejo contribuirá a acompañar la implementación del contrato, aportar una mirada operativa sobre las necesidades del sistema y sus usuarios, y a controlar el desarrollo de las obras comprometidas, la calidad del servicio, la evolución tarifaria y la gestión ambiental. El comunicado subraya que este espacio será fundamental para “la mejora continua de la Vía Navegable Troncal”.

Finalmente, las cámaras empresariales y compañías involucradas en la Hidrovía manifestaron su predisposición a colaborar activamente para que el proceso de privatización siente las bases de una nueva etapa orientada al crecimiento y la competitividad del comercio exterior nacional.

La administración de Javier Milei finalizó el proceso de adjudicación de la concesión de la Hidrovía, el corredor fluvial por donde pasa la mayor parte del comercio exterior argentino, tras seleccionar a la firma Jan de Nul-Servimagnus como ganadora de la licitación.

Desde el Ministerio de Economía se informó que “con la adjudicación del contrato a la empresa ganadora, el gobierno nacional del presidente Milei completó la adjudicación de la Vía Navegable Troncal, que impulsará el comercio exterior con ahorro para los productores argentinos y modernizará una infraestructura estratégica, hecho histórico para el sector privado del país”. El comunicado oficial precisó que la licitación fue formalizada mediante la Resolución 2026-36-APN-ANPYN#MEC, después de que la Agencia Nacional de Puertos y Navegación concluyera las evaluaciones pertinentes. El texto oficial remarcó que el proceso “no registró impugnaciones por parte de las empresas participantes, que de esta manera convalidaron los dictámenes técnicos emitidos por la Comisión Evaluadora en cada una de las etapas de la licitación pública”.

Las empresas adjudicatarias anunciaron la creación de Vía Navegable Argentina, la compañía encargada de llevar adelante el proyecto y que, según sus estimaciones, permitirá generar empleo directo e indirecto para más de 600 familias. “Recibimos esta ratificación con satisfacción, pero sobre todo con una profunda responsabilidad. Somos plenamente conscientes de la importancia que tiene la Vía Navegable Troncal para la competitividad de la Argentina y para el desarrollo de sus cadenas productivas”, afirmó Wim Bosteels, representante de Jan De Nul.

Por su parte, Marcos De Vincenzi, gerente general de Servimagnus, remarcó la solidez de la propuesta presentada, respaldada por inversión privada, equipamiento propio, compromiso ambiental y un equipo profesional especializado. “Nuestro propósito es brindar a los usuarios y al Estado las garantías operativas necesarias para contar con una vía navegable moderna, transparente y competitiva a nivel global”, expresó.

El contrato, cuya firma está pautada para los próximos 30 días, prevé una disminución del 13,5% en los costos logísticos y establece el inicio de una etapa caracterizada por obras de profundización y la incorporación de tecnología orientada a mejorar la seguridad de la navegación y la lucha contra el narcotráfico.