En medio de una campaña de girasol que promete ser la mayor del siglo XXI, el campo insistió en la necesidad de llevar a cero las retenciones del sector.
De hecho, la Asociación Argentina de Girasol (Asagir) advirtió que, mientras el Estado recauda apenas USD 90 millones anuales por esa vía —el 2% del total de retenciones— el tributo limita la expansión de un negocio que atraviesa un momento de demanda excepcional: la caída en la producción de Ucrania y Rusia, que concentran más del 60% del mercado mundial, abrió una ventana de oportunidad que la Argentina, por ahora, no termina de aprovechar.
Jorge Ingaramo, presidente de Asagir, remarcó que el objetivo es “duplicar las exportaciones en el complejo de girasol, sobre todo en aceite. Pasar de USD 2.400 millones a USD 4.800 millones no es chiste”. En ese sentido, instó a considerar el girasol como una economía regional y recordó: “Muchachos del Estado, no se preocupen. El año pasado con el 4,5% de retenciones, la recaudación fue de USD 90 millones. Es el 2% de la recaudación de retenciones de exportaciones”.
La noticia cobra relevancia ya que el girasol es uno de los complejos que explica el fuerte crecimiento proyectado para el agro argentino en 2026. En medio de una cosecha récord, impulsada por condiciones climáticas más favorables, el sector prevé un ingreso de USD 35.375 millones al Mercado Libre de Cambios (MULC) durante el año, según estimaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). La escalada del conflicto en Medio Oriente, en particular en el Estrecho de Ormuz, es uno de los factores que incidieron en la dinámica exportadora. El aumento en los costos de transporte internacional, sin embargo, atenúa el efecto positivo de la mayor producción sobre los ingresos por exportaciones, según el análisis de la BCR.
Ramiro Costa, economista de la Bolsa de Cereales, aseguró que un derecho de exportación del 0% al girasol aumentaría la siembra y la adopción tecnológica. Según su análisis, en el marco del Congreso Argentino de Girasol, si la baja fiscal se concreta, la tasa de crecimiento de la producción de girasol “pasaría de 6% a 20% anual”. A esto se suma el contexto internacional: Costa señaló que el aceite de girasol muestra una tasa de crecimiento proyectada del 26%, frente al 20% del resto de los aceites, una diferencia que posiciona al cultivo como el “gran ganador de los últimos años”.
La BCR proyecta que los Derechos de Exportación (DEX) generarán en 2026 cerca de USD 4.650 millones, una cifra similar a la del año previo. El complejo sojero seguirá encabezando los aportes, con USD 3.420 millones, aunque en descenso interanual por la menor producción. El maíz mostraría un incremento relevante en la recaudación, con USD 720 millones (30% más que el año pasado), mientras que el trigo sumaría USD 300 millones (21% de aumento). En el caso del girasol, se prevé una recaudación de USD 115 millones, lo que representa un crecimiento de casi 60%, impulsado por el mayor volumen exportado.
El departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) actualizó en su informe de marzo que la cosecha argentina de girasol alcanzaría 7 millones de toneladas, lo que representa un incremento interanual del 25,2%. Este sería uno de los mejores resultados de las últimas campañas. Las proyecciones locales, como la de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), aunque más conservadoras —6,2 millones de toneladas—, también anticipan potenciales rindes superiores a los promedios históricos en varias provincias productivas.
En lo que respecta a exportaciones, Emilce Terré, economista e investigadora de la BCR, sostuvo que la campaña 25/26 “será la mayor del siglo XXI”, con un récord estimado de 1,1 millón de toneladas de semilla, casi 2 millones de toneladas de aceite y 1,9 millones de pellets. Este volumen totaliza un ingreso de más de USD 3.000 millones, que se dividirán en USD 500 millones por semillas, aproximadamente USD 2.500 millones por aceites y USD 260 millones por subproductos como pellets y harina.
En enero, el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) relevó que las exportaciones del complejo girasol aportaron USD 210,1 millones, lo que implicó un salto interanual del 173,2%. En términos globales, según el USDA, la Argentina aporta el 13,8% de las exportaciones mundiales de aceite de girasol: “Exportará casi una de cada siete toneladas de aceite de girasol que se comercializan en el mundo”, precisó el informe de la cartera americana.
En la campaña 2001/02, la Argentina dominaba el 60% del mercado mundial de aceite de girasol, según la BCR. El liderazgo se perdió en los siguientes 20 años cuando Ucrania y Rusia expandieron su área sembrada, tecnificaron sus procesos y fortalecieron la industrialización, desplazando a la Argentina en el comercio global. Actualmente, entre ambos países concentran más del 60% del mercado.
La menor inversión, el arraigo de modelos productivos menos sofisticados y la vigencia de derechos de exportación restaron incentivos al girasol argentino, que además sufrió pérdida de terreno frente a cultivos como la soja y el maíz, favorecidos por mejores paquetes tecnológicos y rentabilidad durante el auge de los precios internacionales de commodities. Esto redujo sostenidamente la superficie sembrada con girasol y, por ende, la participación argentina en el negocio global.
Estas condiciones estructurales explican la discusión actual sobre la necesidad de actualizar la Ley de Semillas, un reclamo central del sector agroindustrial para cerrar la brecha de rendimientos por hectárea frente a los competidores de Europa, Estados Unidos y Brasil. Mientras parte del agro se resiste a aumentar las regulaciones, la mayoría de los actores reconocen que una actualización normativa permitiría recuperar competitividad.
Federico Albrecht, de la Bolsa de Comercio de Santa Fe, vinculó las rebajas fiscales al impacto directo en el desarrollo económico regional. En el marco del congreso del girasol organizado por Asagir, remarcó que transformar el grano en productos como expeller, aceite, carne o leche “multiplica los ingresos” y genera encadenamientos productivos concretos que “transforman áreas de producción en lugares de desarrollo”. Albrecht definió el agregado de valor en origen como una “decisión estratégica para desarrollar los territorios”.
El crecimiento de la oferta argentina aparece como un factor relevante para el equilibrio global del mercado, dado que, según el USDA, la relación entre stocks y consumo mundial de aceite de girasol ronda el 13,5%, reflejando una oferta ajustada frente a la demanda. Este escenario, marcado por la volatilidad en la región del Mar Negro, le otorga al país una oportunidad singular para fortalecer su presencia internacional y recuperar su protagonismo exportador.
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El Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) sumó 81.808 trabajadores registrados en el sector privado entre mayo y agosto. Desde su puesta en marcha, el mecanismo muestra una evolución creciente y ofrece uno de los primeros indicadores sobre el alcance de la iniciativa, que busca estimular la creación de empleo formal mediante una reducción de las contribuciones patronales.
En paralelo, la cantidad de empresas que recurrieron al beneficio también aumentó durante ese período. Pasó de 8.024 en mayo a 25.928 en agosto, lo que equivale al 5% del total de empleadores del ámbito privado. En promedio, cada firma incorporó 3,2 trabajadores bajo esta modalidad.
La evolución mensual muestra que la utilización del mecanismo avanzó de manera continua. En el primer mes se registraron 18.914 contrataciones, número que trepó a 41.952 en junio y a 63.305 en julio, hasta llegar a un acumulado de 81.808 en agosto. Solo durante el último mes analizado se agregaron 18.503 trabajadores.
Al mismo tiempo, pese al impulso de la medida de incentivo a la formalización, los datos oficiales señalan que durante los cuatro meses del período analizado se perdieron alrededor de 35.600 empleos privados formales en términos netos.
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El programa forma parte de la reforma laboral, sancionada en marzo pasado y reglamentada a fines de abril. Su objetivo es promover el ingreso al empleo registrado de personas en situación de informalidad, desocupados, monotributistas y ex empleados del sector público, a través de una disminución de los costos laborales no salariales.
El RIFL contempla una disminución de las contribuciones patronales durante los primeros 48 meses de cada contratación. Las alícuotas se fijaron en el 2% para los aportes destinados al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), Asignaciones Familiares y Fondo Nacional de Empleo, y en un 3% para el INSSJP (PAMI).
El comercio, los servicios empresariales y la industria concentran el 62% de los puestos cubiertos a través del RIFL. El primero reúne la mayor cantidad, con 20.348 asalariados (24,9% del total), seguido por los servicios empresariales —que incluyen actividades inmobiliarias y de alquiler—, con 18.487 (22,6%), y la industria, con 12.031 (14,7%).
El peso del programa sobre el empleo registrado de cada rubro presenta otro panorama. Hoteles y restaurantes lidera el ranking, con una participación del 2,9% (8.486 personas), seguido por la construcción, con el 2,2% (8.435), y los servicios empresariales, con el 2%.
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La adhesión de los empleadores también muestra diferencias. En hoteles y restaurantes, el 9,2% de los establecimientos usó el beneficio, la proporción más alta entre las actividades relevadas. Detrás aparecen minería (8,3%), industria (7,6%), electricidad, gas y agua (7,4%) y construcción (7%).
Las firmas de hasta 10 empleados representan el 55,1% de los empleadores que utilizan el RIFL, con 14.281 casos. Otras 8.188 tienen entre 11 y 50 trabajadores. En conjunto, ambos segmentos reúnen el 87% de las empresas adheridas.
La distribución cambia cuando se observa la cantidad de puestos cubiertos. Aquellas con más de 200 empleados, pese a ser apenas 969 (el 3,7% del total), explican el 32,2% de las contrataciones, con 26.343 personas.
Además, el peso de las grandes compañías en el régimen aumentó desde su puesta en marcha: pasó del 29% en mayo al 32,2% en agosto. En cambio, las de hasta 10 empleados redujeron su participación del 28,5% al 25,4%.
La distribución territorial también refleja una fuerte concentración en los principales distritos económicos del país. La provincia de Buenos Aires encabeza el listado, con 24.406 trabajadores, el 29,8% del total. CABA ocupa el segundo lugar, con 19.060 altas laborales (23,3%).
Más atrás aparecen Córdoba, con 8.940 trabajadores (10,9%), y Santa Fe, con 7.431 (9,1%). En conjunto, estas cuatro jurisdicciones representan el 73% de las contrataciones realizadas bajo el régimen.
Al comparar las incorporaciones con el empleo registrado privado de cada provincia, las diferencias son más acotadas. El promedio nacional se ubica en el 1,3%, mientras que La Pampa presenta la mayor incidencia, con el 1,8%. Le siguen Catamarca y Córdoba, ambas con el 1,7%, y Neuquén, con el 1,6%.
En el extremo opuesto se encuentran Chubut y Santa Cruz, con una participación del 0,8% cada una. Misiones y Tierra del Fuego registran el 0,9%.
El informe oficial aclaró: “La dinámica de contrataciones observada durante los primeros meses del RIFL permite caracterizar el alcance inicial del régimen. No obstante, para determinar su impacto en el nivel de empleo registrado será necesario realizar evaluaciones rigurosas una vez que se disponga de información suficiente. Sin embargo, la evidencia empírica previa obtenida del Programa de Inserción Laboral (PIL) respalda la hipótesis de que una reducción focalizada de costos laborales constituye una medida efectiva para impulsar la creación de empleo formal”.
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