En cuestión de pocas horas, dos lanzamientos de nuevos vehículos permitieron conocer de primera mano la mirada de las dos compañías automotrices que agrupan el 40% del total de ventas de autos 0 km en Argentina: Stellantis y Toyota. El grupo industrial italo-francés con sus seis marcas sumó 64.800 patentamientos entre enero y mayo, y la marca japonesa los restantes 31.700, para llegar a 96.500 autos sobre un total registrado de 232.815 unidades en lo que va de 2026.

Esos números son los que miran ellos, líderes de la industria, que en diciembre pasado e incluso en enero de este año pensaban que entrarían al segundo semestre con más de 320.000 autos, pero el paso de los meses dejó una foto distinta. Las ventas cayeron un 10% casi inexplicablemente, porque el dólar está estable, la inflación controlada (aunque más alta de lo esperado en el primer trimestre) y la oferta es tal que los precios no solo no subieron, sino que en muchos casos bajaron.

Quizás ahí esté “la punta del ovillo” o la explicación de lo inexplicable del resultado. La oferta, los precios y el mensaje.

Algunos días atrás, otro de los líderes de la industria automotriz argentina, Martin Galdeano, presidente de Ford, dijo que las “bajas de precio que no sean orgánicas no le hacen bien al mercado, porque sin una baja de impuestos que las justifique, envían el mensaje equivocado a los usuarios”, que podrían interpretar que “si uno bajó, los otros van a bajar también”.

Martín Zuppi, CEO de la filial argentina de Stellantis habló con los medios este jueves y dijo que si bien esperaban estar mejor “si el año termina con una baja del 5% no es algo preocupante. Es un mercado estable de todos modos”.

Apenas 24 horas más tarde, Gustavo Salinas, presidente de Toyota Argentina, también abordó el tema, pero lo hizo con un enfoque un poco más amplio, sacando la mirada del dato de las ventas únicamente y poniéndolo en contexto del escenario en el que ocurre.

“Si uno mira las condiciones del mercado y de la economía argentina, y uno las analiza objetivamente, nosotros seguimos creyendo que el mercado debería estar más tendiendo a las 700.000 unidades que a las 600.000”, fue la primera reflexión que hizo, rompiendo la lógica de otros analistas del sector.

Sin embargo, esa frase no puede sacarse de contexto, porque a continuación vino un desarrollo interesante de la misma, con un desenlace más cercano a lo que se puede ver en la calle.

“Argentina, después de muchísimos años, está teniendo superávit fiscal, está teniendo superávit comercial, está teniendo una deuda totalmente manejable, está teniendo récord histórico de exportaciones de producción más de 100.000 millones de dólares para este año. Estamos empezando a visualizar ahora un descenso en la inflación y por ende un descenso de tasa de interés que debería empezar a reactivar el crédito. Entonces, si uno mira condiciones objetivas, teóricamente objetivas, el mercado debería estar mucho más alto de lo que está ocurriendo”, dijo el empresario que lidera la marca que más autos produce en Argentina.

Es ahí donde la realidad se choca de frente con la teoría, al menos en números y resultados, y desencadena un escenario opuesto al que todas esas variables deberían conformar.

“Si uno mira el resultado del mes de mayo es racionalmente inexplicable por qué ha sido tan bajo, pero yo creo que es, a la vez, emocionalmente explicable por todas estas novedades que están ocurriendo en el mercado de productos que van ingresando, de precios que se van reacomodando, de clientes que tienen muchísimas más opciones y que van pensando qué es lo que les conviene comprar”, señaló.

El desarrollo de la idea tomó forma entonces y se alineó con la caída de ventas del 10% en el acumulado de los primeros cinco meses del año y el impacto que tendrá en la cifra final de 2026.

“Por supuesto que con los volúmenes que se han perdido durante los últimos meses, es muy difícil ahora que el mercado llegue a las 700.000. El volumen anualizado, o en el ritmo anualizado, deberíamos llegar a las 650.000 incluso durante este año, pero considerando lo que ya se perdió, si por lo menos se llega a las 610.000 unidades, igual que el año pasado, sería algo que podríamos esperar”, finalizó.

Según la mirada de Salinas, el resultado del año sería una cuestión más relacionada con lo coyuntural y no una tendencia negativa preocupante para el sector automotor, no solo de los fabricantes sino también de los importadores, porque la caída de ventas es general y el reparto del mismo volumen de unidades que el año pasado entre más marcas, afectará a todos por igual con una menor cuota de mercado disponible para cada uno.

“Venimos de una economía que creció 4% el año pasado, 2,5% a 3% este año, la expectativa de que crezca 3% el año que viene. Si uno mira todos los datos duros el mercado automotriz tiene que crecer. Ahora, yo creo que con toda esta ebullición de ofertas de nuevos modelos hay una actitud de esperar para el cliente y ver cuál es su conveniencia. También puede estar la duda de si con el tipo de cambio actual me conviene comprar hoy o esperar, si los $1.400 por dólar son sostenibles o no», remarcó.

En ese escenario, la oferta por ganar ventas es muy variada y el factor precios, descuentos y bonificaciones termina siendo clave, aunque al mismo tiempo creando confusión en lo clientes.

“Los márgenes de rentabilidad claramente no son los de antes y es lógico que así ocurra. Pero, así como en momentos de escasez, cuidábamos mucho que el concesionario no aplicara sobreprecios al cliente, tampoco es sano o sostenible que un concesionario venda a pérdida, por debajo de su costo permanentemente, porque uno más uno es dos y uno menos dos es menos uno. Se funde”, concluyó.

La digitalización del certificado laboral y de los recibos -incluido el régimen de casas particulares- marca un cambio silencioso, pero profundo: el Estado ya no solo recauda, también cruza, valida y controla en tiempo real. Este nuevo escenario obliga a empleadores y contribuyentes a revisar cómo gestionan su información y cómo sostienen la consistencia de sus datos.

Durante años, en Argentina las obligaciones laborales y fiscales fueron casi sinónimo de papeles, trámites presenciales y procesos fragmentados. Sin grandes anuncios, y a un ritmo que muchos contribuyentes todavía no terminaron de dimensionar, se consolidó un cambio estructural: la digitalización integral de la información laboral, previsional y tributaria.

Este proceso -del certificado de trabajo digital a los nuevos esquemas de recibos electrónicos- no es solo modernización administrativa: redefine la forma en que el Estado controla, cruza datos y gestiona la relación con empleadores y trabajadores.

Uno de los cambios más relevantes que introdujo la RG (ARCA) 5.848, publicada en el Boletín Oficial el 18 de mayo y alineada con la Ley 27.802 (Ley de Modernización Laboral), fue la implementación del Certificado de Trabajo Digital, en el marco de la modificación del artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo. El giro es concreto: lo que antes era un documento que el empleador entregaba dentro de dos días hábiles de finalizada la relación laboral ahora pasa a ser un registro digital respaldado por información sistémica.

Antes de estas modificaciones, si el empleador no entregaba el certificado, el empleado recibía una indemnización equivalente a tres veces la mejor remuneración, normal y habitual. Ese esquema derivó en una cantidad de juicios en los que se discutía si el certificado se había puesto o no a disposición, y ese fue el principal argumento por el cual la nueva ley derogó esa multa.

Hoy el empleador tiene dos caminos:

1. Formato digital: el empleador ingresa con clave fiscal nivel dos o superior al sistema de ARCA. No hace falta firma adicional de ninguna de las partes, porque el trabajador puede descargar el certificado desde el servicio Trabajo en Blanco.
2. Formato físico: se mantiene como opción, por duplicado y con firma de ambas partes, aunque la multa ya no esté vigente.

Según lo establecido, los certificados se nutren de bases de datos oficiales, principalmente de Anses y de las declaraciones juradas de seguridad social (Formulario 931). La consecuencia es evidente: ya no se trata de “emitir una constancia laboral”, sino de validar información que el propio Estado ya tiene.

En esa lógica, hay una restricción operativa que conviene tener presente: si la certificación incluye períodos anteriores a julio de 1994, esos datos no estarán disponibles y el empleador deberá completarlos con apoyo del libro correspondiente.

El cambio de fondo es otro: se reduce de manera drástica la posibilidad de inconsistencias entre lo declarado y lo certificado. Si un empleador declaró salarios menores, períodos incompletos o situaciones irregulares, el certificado digital lo expondrá de manera automática.

La digitalización ofrece ventajas reales: simplificación, trazabilidad y acceso inmediato. A la par, supone un salto en la capacidad de fiscalización del Estado.

Hoy los organismos pueden cruzar en segundos datos de remuneraciones declaradas, aportes y contribuciones, historial laboral e información previsional. Esa velocidad achica la informalidad “parcial”, esa zona gris en la que muchas empresas ajustaban parámetros sin que el sistema lo detectara en el acto.

La consecuencia es lineal: cualquier desvío se vuelve más visible, más rápido y más difícil de justificar, lo que obliga a muchas pyme a replantear su enfoque de cumplimiento y la consistencia entre sus sistemas.

Las grandes compañías suelen contar con estructuras preparadas. El desafío aparece en las pequeñas y medianas empresas, y también en empleadores particulares.

Para muchos, estos cambios se traducen en nuevas cargas administrativas, necesidad de asesoramiento profesional más frecuente y mayor dependencia de plataformas digitales. Al mismo tiempo, abren una oportunidad: ordenar procesos internos y reducir contingencias futuras. El costo de la informalidad no es solo una multa eventual; es la acumulación de riesgos que, en un entorno digitalizado, tienden a materializarse más rápido.

Del lado del trabajador, el panorama puede resultar más favorable. El acceso se realiza desde la plataforma Trabajo en Blanco de ARCA, con CUIT y clave fiscal, o bien desde el homebanking.

Además del certificado del artículo 80, el trabajador puede descargar sus altas y los recibos de las últimas seis remuneraciones con código QR. También contará con un “buzón de novedades” para consignar lo que esté mal -sueldos o aportes-, con un efecto práctico: queda asimilado a un reporte directo al fisco contra el empleador.

En la misma línea, otro cambio importante -y menos difundido- es el avance hacia el recibo digital para el personal de casas particulares.

Se trata de un sector con altos niveles históricos de informalidad, que empieza a integrarse con mayor claridad al sistema. La digitalización de recibos implica formalizar el registro de pagos, dar trazabilidad a la relación laboral y facilitar el control por parte de los organismos.

Para muchos empleadores domésticos, esto puede percibirse como burocracia. En términos de gestión, funciona como un paso de normalización. Además, tiene efectos concretos: mejora la protección del trabajador, reduce conflictos por diferencias salariales, genera respaldo documental automático y refuerza la idea central de este nuevo esquema: todo queda registrado.

En este contexto, el rol del contador se reconfigura. Ya no es solo quien liquida impuestos o cargas sociales, sino quien interpreta un ecosistema de datos interconectados y anticipa cómo “lee” el sistema.

Asesorar, hoy, implica detectar inconsistencias antes de que las marque la plataforma, anticipar cruces de información, alinear lo laboral con lo impositivo, traducir normativa a decisiones concretas y acompañar un cambio cultural: pasar de una lógica reactiva a una preventiva.

¿Estamos preparados? En muchos casos, no del todo. No es una crítica; es un diagnóstico: la velocidad de la digitalización suele superar la capacidad de adaptación de los contribuyentes. Pero hay un dato inalterable: el camino es irreversible. El Estado ya no necesita “salir a buscar” información; la tiene, y la organiza cada vez mejor. Eso redefine la relación entre contribuyente y fisco: ya no se discute solo qué se declara, sino si lo declarado coincide con el resto del sistema.

Con dificultades y fricciones, también aparece una oportunidad: regularizar situaciones, transparentar estructuras salariales y reducir contingencias legales. Para quienes se adapten, el escenario puede ser más simple; para quienes no, el margen de error se achica.

Desde la mirada tributaria, el mensaje es directo: el futuro no necesariamente es más complejo, pero sí más transparente. En ese marco, la mejor estrategia deja de ser esconderse en los detalles y pasa a ser ordenar la totalidad.

La autora es Contadora Pública, especializada en tributación y docente UBA

ANSES confirmó el pago de un bono de hasta $70.000 en junio para jubilados, pensionados y beneficiarios de prestaciones sociales

07/06/2026 – 09:00hs

El Gobierno nacional ratificó la continuidad de uno de los refuerzos más esperados por los sectores de menores ingresos del sistema previsional. A través de un decreto oficial, se confirmó el pago de un bono extraordinario de hasta $70.000 durante junio de 2026 para jubilados, pensionados y titulares de distintas prestaciones administradas por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

La medida busca complementar los ingresos de quienes perciben haberes más bajos en un contexto en el que el costo de vida sigue siendo una de las principales preocupaciones para los adultos de la tercera edad. El beneficio será acreditado junto con los haberes habituales y alcanzará a millones de personas en todo el país.

Se trata de una herramienta que el Gobierno viene utilizando para reforzar el poder adquisitivo de los sectores más vulnerables del sistema previsional, especialmente aquellos beneficiarios que dependen exclusivamente de sus prestaciones para afrontar gastos vinculados a alimentación, salud, servicios y otros consumos básicos.

Bono ANSES de $70.000: quiénes podrán cobrarlo en junio

Según lo establecido por la normativa, el bono extraordinario estará destinado a distintos grupos de beneficiarios alcanzados por el sistema previsional nacional.

Entre ellos se encuentran los jubilados y pensionados del régimen general de ANSES, quienes volverán a recibir este complemento económico durante junio. También estarán incluidos los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), prestación destinada a personas que no reúnen los años de aportes necesarios para acceder a una jubilación ordinaria.

Asimismo, el beneficio alcanzará a quienes perciben pensiones no contributivas, incluidas las otorgadas por invalidez, vejez y madres de siete hijos o más, además de otras prestaciones contempladas por la legislación vigente.

Desde ANSES recordaron que la prestación tiene que estar activa en el momento de la liquidación para que el beneficiario pueda acceder al refuerzo económico.

Bono para jubilados ANSES: cuánto se cobra y cómo se paga

Uno de los puntos más importantes del esquema definido por el Gobierno tiene que ver con el monto que percibirá cada beneficiario. El valor máximo del bono será de $70.000 y estará reservado para quienes cobren haberes equivalentes o inferiores a la jubilación mínima.

Por otra parte, aquellos jubilados y pensionados que perciban ingresos superiores también podrán acceder al beneficio, aunque de forma proporcional. En esos casos, el monto se reducirá gradualmente según el nivel de ingresos previsionales de cada persona.

El objetivo es que la combinación entre el haber mensual y el bono permita alcanzar un determinado umbral de ingresos, concentrando el mayor esfuerzo fiscal en los sectores de menores recursos. Otro aspecto destacado es que el refuerzo tendrá carácter extraordinario y no remunerativo.

Esto implica que no estará sujeto a descuentos, aportes ni retenciones, por lo que será acreditado íntegramente en la cuenta del beneficiario. Además, no se incorporará al haber mensual ni será considerado para el cálculo de futuras prestaciones o adicionales.

La liquidación y el pago se encontrarán a cargo de ANSES, que depositará el bono junto con los haberes correspondientes a junio de 2026. Los beneficiarios no deberán realizar trámites adicionales ni gestionar solicitudes especiales, ya que la acreditación se efectuará automáticamente en la misma cuenta bancaria donde cobran sus prestaciones.

De esta forma, millones de jubilados, pensionados y titulares de beneficios sociales volverán a recibir un ingreso adicional que les permitirá afrontar con mayor margen los gastos del mes, aunque sin modificar de manera permanente el monto de sus haberes previsionales.