Lo que hasta hace poco era el emblema del sector avícola nacional, con una participación del 35% del mercado, hoy se debate entre la supervivencia y la cesación de pagos.

Se trata de Granja Tres Arroyos (GTA), que actualmente registra una deuda que supera los $51.700 millones en el sistema financiero.

Este impresionante pasivo también se refleja en la calle con la emisión sistemática de cheques sin fondos, al punto que más de 300 documentos por un valor cercano a los $7.000 millones fueron rechazados en los últimos meses.

Además, la empresa ya perdió más del 85% de sus productores integrados y su faena cayó de 700.000 a apenas 200.000 pollos diarios.

Los datos forman parte de un informe comercial que circula en el sector y entre sus proveedores.

El documento muestra cómo el perfil crediticio de la empresa dentro del sistema financiero viene sufriendo un constante deterioro, con un millonario pasivo; deuda previsional exigible por $7.272 millones e importantes atrasos en los pagos tributarios.

Pero, la crisis no es solo un problema de números.

Situación límite

En la cadena productiva ligada a la empresa el panorama es devastador. Fuentes cercanas a la Cámara Argentina de Productores Integrados de Pollos describieron una situación que empeora semana a semana.

«No hay alimentos, mandan cada cuatro días, los pagos son lejos y bajos. Pero lo más grave es que no hay diálogo y nadie sabe ni entiende lo que puede pasar a futuro. En la empresa nadie sale a aclarar nada sobre si se va a salir de la grave situación, cuándo y cómo», señalaron las fuentes.

Quienes todavía permanecen en el sistema de integración enfrentan una situación límite.

En el sector explican que los productores que se quedaron dentro del esquema de Granja Tres Arroyos se están haciendo cargo del pago de la electricidad, el gas y otros gastos.

Lo hacen mediante la venta de cabezas de ganado vacuno y porcino y con el objetivo de «subsistir», aunque sin perspectiva de poder cobrar.

​La profundidad de la crisis es tan grande que no es solo contable, sino también productiva.

Clima interno

El complejo que solía procesar unos 700.000 pollos diarios ha visto reducida su capacidad a apenas 200.000 unidades.

Este desplome del 70% en la faena ha golpeado directamente a su red de productores integrados, que denuncian que la falta de alimentos para las aves y los constantes atrasos en los pagos están asfixiando la cadena de valor.

La situación se traslada al clima interno, que es de tensión máxima.

En las plantas de faena del complejo Wade (ex Cresta Roja), en la zona sur del Gran Buenos Aires, los trabajadores han iniciado bloqueos y paros ante el pago fragmentado de salarios.

«Nos pagan en cuotas, a veces en sobre, y no tenemos certezas ni sobre el aguinaldo ni sobre la continuidad de los puestos«, aseguran los empleados que acusan al sindicato de ofrecer alguna solución.

​Mientras los rumores de una posible venta del paquete accionario circulan en los pasillos de la industria, desde la compañía se limitan a dar respuestas vagas sobre la normalización de la operatoria.

Problema estructural

Sin embargo, el mercado es pesimista debido a que se advierte que la fuga del 85% de los productores asociados y la presión fiscal y previsional sobre la empresa pintan un escenario donde la convocatoria de acreedores asoma como una posibilidad cada vez más cercana.

Quienes abonan esta teoría lo hacen explicando que el colapso de la compañía no es solo una cuestión de flujo de fondos diario, sino un problema estructural de acumulación de pasivos.

Señalan que los números revelan una empresa acorralada por el fisco y los organismos de seguridad social.

En el caso de la deuda previsional exigible, se trata de un punto crítico, ya que el atraso con la seguridad social (AFIP/ARCA) suele ser de ejecución rápida y tiene prioridad legal sobre otros acreedores comerciales.

A este problema se suma un complejo entramado de atrasos impositivos con ARCA.

El ente recaudador ha intensificado los embargos sobre cuentas bancarias y facturas pendientes, lo que genera un «efecto pinza» ya que, a medida que la empresa intenta facturar para obtener liquidez, el fisco interviene los ingresos, impidiendo que el dinero llegue a la cadena de pagos (productores y sueldos).

Modelo desintegrado

Pero la mayor señal de alerta surge del hecho de que la empresa haya recurrido a consultoras de deuda como Columbus Investment Banking, lo cual sugiere que el problema ha superado la capacidad de gestión interna y requiere una reestructuración profunda.

Se habla de una posible refinanciación masiva o de un proceso concursal en la justicia, hipótesis que la firma hasta ahora ha evitado bajo la premisa de «opción de última instancia».

Sin embargo, la crisis ha desmantelado el esquema de «integración», que era considerado el pilar sobre el que se construyó el liderazgo de la empresa.

La pérdida de más del 85% de los productores integrados es un dato devastador.

En el modelo de integración, el productor pone la infraestructura (galpones, gas, electricidad) y la mano de obra, mientras que la empresa provee los pollos bebé y el alimento balanceado. Al cortarse la cadena de suministro de alimentos y los pagos, la relación contractual se rompió.

Los pocos productores que permanecen informan que los envíos de alimento llegan con intermitencias (a veces cada cuatro días), lo que pone en riesgo sanitario la producción y eleva la tasa de mortandad de las aves.

Perfil deteriorado

Esto también confirma que el productor ha dejado de ser un socio estratégico para convertirse en un acreedor forzoso que subsidia la operación de la empresa con su propio capital para evitar la pérdida total de su producción.

​»El fuerte deterioro del perfil crediticio de la compañía es lo que hoy marca el ritmo del conflicto», señalan en el sector.

Recuerdan también que, con una deuda previsional que asciende a los $7.272 millones, la empresa se enfrenta a un escenario de embargos judiciales que, sumado al abandono del 85% de su red de productores, pone en duda su capacidad para recuperar el volumen de faena perdido.

La situación también trae consecuencias a todo el sector ya que, al ser el principal jugador del mercado avícola, cualquier movimiento en su estructura operativa tiene un impacto directo y casi inmediato en los precios de venta al público.

Los analistas coinciden en que la contracción forzada de la oferta de la empresa genera una presión alcista sobre el precio del pollo entero y sus trozados en todo el mercado.

Ante este escenario, la industria se comienza a reconfigurar.

Si bien firmas de menor escala o jugadores regionales intentan absorber la cuota de mercado vacante, no poseen la logística ni la capacidad instalada para cubrir el hueco de manera inmediata.

Impacto en el precio del pollo

Esto crea un «cuello de botella» que, en los próximos 30 a 60 días, podría trasladarse a una suba de precios por encima de la inflación minorista en el rubro frescos.

Si eso ocurre, el consumidor no solo enfrentará un aumento de precios, sino también una mayor dispersión.

Y, en la medida en que la oferta se atomice, las diferencias de precios entre supermercados y carnicerías de barrio serán más pronunciadas, dependiendo de quién logre asegurar stock de proveedores que mantengan su cadena productiva estable.

​Por eso, los expertos advierten que el desenlace de esta crisis es una prueba de fuego para el sector agroindustrial.

Si la empresa no logra una reestructuración financiera urgente (posiblemente con la entrada de nuevos inversores de capital de riesgo o una fusión estratégica), la estructura de costos del pollo —uno de los principales sustitutos de la carne vacuna— se verá alterada de forma permanente.

​Para el bolsillo del trabajador, el producto dejará de ser, al menos temporalmente, el refugio de precios accesibles que solía ser ante la suba de la carne roja. La incertidumbre en Granja Tres Arroyos es, en definitiva, una variable que el consumidor deberá sumar a su tablero de costos mensuales, anticipando un invierno donde el precio de la proteína básica estará sujeto a la capacidad de supervivencia de un gigante en terapia intensiva.

El Gobierno decidió ampliar la baja de retenciones al sector agropecuario para las exportaciones de maíz, sorgo y girasol, según lo anunciado en una conferencia de prensa encabezada por el ministro de Economía, Luis Caputo.

Durante la presentación, de la que también participaron el secretario de Comercio, Pablo Lavigne, y el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, se estipuló que la nueva política establece que las retenciones a la soja se ajustarán conforme a un calendario ya definido, sin depender de la evolución de la recaudación fiscal.

Cabe destacar que esta medida, que abarca tanto al sector agrícola como a la industria exportadora, ya fue contemplada en las proyecciones oficiales de costo fiscal.

En 2026, las alícuotas para trigo y cebada experimentarán una reducción de dos puntos a partir de junio. Posteriormente, continuará una disminución gradual en los años sucesivos. Desde 2027, el esquema se amplía a todos los cultivos, incluyendo sorgo, maíz y girasol, con un ajuste mensual previamente determinado.

Para la soja, la baja será de un cuarto de punto porcentual cada mes durante 2027, partiendo de 23,75% y llegando a 21% al cierre de ese año. En 2028, la reducción mensual será de medio punto porcentual para todos los productos alcanzados por la medida, siguiendo el cronograma oficial.

En tanto, Caputo precisó que el impacto fiscal estimado por esta reducción de retenciones será de USD 32 millones en 2026, USD 415 millones en 2027 y USD 1.224 millones en 2028.

En el caso del sector industrial, la disminución de las alícuotas representará un costo fiscal de USD 25 millones en 2026 y USD 115 millones en 2027. El ministro detalló que estos valores corresponden a la aplicación del esquema escalonado de reducción de tributos y anticipó que el mayor impacto fiscal se registrará en la etapa final, cuando la baja alcance a todos los cultivos y sectores involucrados. El grueso del costo fiscal se concentraría sobre un eventual segundo mandato del presidente Milei o, en todo caso, en el primer año de mandato de quien lo reemplace.

Iraeta atribuyó la decisión de acelerar el alivio fiscal para los productores al encarecimiento de los insumos, principalmente los fertilizantes derivados del petróleo, cuyos precios crecieron de manera significativa debido al conflicto en Irán. “El costo de los insumos explotó en términos de precios. La idea era aliviar esa suba”, indicó el secretario de Agricultura.

Sobre la modalidad de aplicación, Caputo descartó la necesidad de enviar un proyecto de ley al Congreso para blindar la disminución impositiva. “Esto lo podemos hacer directamente nosotros”, afirmó. También instó a las provincias y a los municipios a acompañar la reducción de impuestos nacionales con una merma de tributos locales, como ingresos brutos y tasas municipales, recordando que las retenciones no son coparticipables.

Desde la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) celebraron el cronograma progresivo de baja de derechos de exportación anunciado para todo el complejo agroindustrial al considera que “es el mejor camino para lograr mayor producción y exportaciones”.

A propósito del esquema, detallaron que en el caso del trigo y de la cebada, la baja será inmediata: pasarán de una alícuota de 7,5% a 5,5% desde junio de 2026. En cambio, para los cultivos restantes, el calendario difundido por el ministro de Economía comenzará a regir desde enero de 2027.

“La soja, cuya alícuota actual es de 24%, tendrá reducciones mensuales que llevarán el tributo a 21% hacia diciembre de 2027 y luego a 15% en diciembre de 2028. El maíz y el sorgo, actualmente con retenciones de 8,5%, tendrán bajas trimestrales hasta alcanzar 7,5% a fines de 2027 y 5,5% hacia el cierre de 2028. El girasol, que hoy tributa 4,5%, descenderá de manera semestral hasta 3% en 2028. El esquema también contempla una reducción proporcional para subproductos agroindustriales”, enumeraron.

Las ventas en los supermercados y mayoristas volvieron a mostrar señales de debilidad en marzo y cerraron el primer trimestre del año en terreno negativo. Aunque la facturación medida en pesos continuó creciendo por efecto de la inflación, el consumo en términos reales permaneció estancado y profundizó la diferencia con otros indicadores que el Gobierno utiliza para sostener que la demanda privada atraviesa una recuperación.

Según informó el Indec, las ventas totales a precios constantes —es decir, descontando el efecto de la inflación— registraron en marzo una caída interanual de 5,1 por ciento. De esta manera, el acumulado entre enero y marzo mostró una baja de 3,1% frente al mismo período de 2025. En la comparación mensual desestacionalizada, el indicador permaneció sin cambios respecto de febrero.

Los datos corresponden a la Encuesta de Supermercados publicada por el organismo. En términos nominales y corrientes, las ventas totales relevadas en supermercados alcanzaron los $2,46 billones en marzo, con una suba interanual de 20,5%. Sin embargo, ese incremento quedó por debajo de la variación de precios implícitos del sector, que fue de 26,9%, lo que explica la caída en términos reales.

El desempeño del consumo masivo volvió así a exhibir una dinámica distinta a la que muestran otros sectores de la economía vinculados al gasto privado. En las últimas semanas, el Gobierno sostuvo que «el consumo se encuentra en niveles récord» y destacó especialmente la expansión de las ventas de bienes durables.

Sin embargo, algunos indicadores asociados al consumo cotidiano continúan mostrando un comportamiento más débil. Tanto supermercados como autoservicios mayoristas acumulan variaciones negativas en términos reales, en un contexto en el que los hogares mantienen una mayor cautela sobre los gastos de todos los días.

El informe del Indec reflejó además diferencias importantes entre rubros. Los datos por categorías están expresados en valores nominales y corrientes (sin descontar el efecto de la inflación). Dentro de los grupos de artículos, las mayores subas interanuales correspondieron a “Carnes”, con un aumento interanual de 41,9%; “Panadería”, con 27%; “Alimentos preparados y rotisería”, con 25%; y “Almacén”, con 22,7 por ciento.

En cambio, el rubro “Electrónicos y artículos para el hogar” registró una caída nominal de 7,2%, mientras que “Indumentaria, calzado y textiles para el hogar” avanzó apenas 8,2%, ambos muy por debajo de la inflación implícita del período.

El rubro de almacén concentró el 27% de la facturación total de los supermercados, seguido por carnes, con el 15%; artículos de limpieza y perfumería, con 13,6%; y lácteos, con 11,2 por ciento.

Otro de los datos que mostró el informe fue el fuerte peso del financiamiento en las compras. Las operaciones realizadas con tarjeta de crédito representaron el 44,9% de las ventas totales y crecieron 18,2% interanual en términos nominales. Las compras abonadas con débito aumentaron apenas 10,4%, mientras que los pagos mediante billeteras virtuales, QR y otros medios alternativos subieron 47,5 por ciento.

Las ventas online también mantuvieron un crecimiento superior al promedio general. En marzo, el canal digital representó el 3,1% de la facturación total y mostró un incremento nominal de 26,2% respecto del mismo mes del año anterior.

La situación en los autoservicios mayoristas mostró un comportamiento similar e incluso más contractivo que el de los supermercados. De acuerdo con el relevamiento del Indec, las ventas a precios constantes registraron en marzo una caída interanual de 7,2%, mientras que el acumulado del primer trimestre presentó una baja de 2,6 por ciento.

A diferencia de supermercados, donde la serie desestacionalizada permaneció estable, en los mayoristas el indicador mostró una caída mensual de 1,4% respecto de febrero.

En términos nominales y corrientes, las ventas totalizaron $374.253 millones, con un aumento interanual de 16,7%. Nuevamente, el incremento quedó por debajo de la variación de precios implícitos del sector, que fue de 25,8 por ciento.

Los datos por rubros —también expresados en valores nominales y corrientes— mostraron fuertes diferencias. “Carnes” encabezó las subas con un alza de 50,5%, seguida por “Otros”, con 23,7%; “Almacén”, con 21,5%; y “Lácteos”, con 19,8 por ciento.

En cambio, los artículos vinculados al consumo no esencial continuaron mostrando retrocesos. “Indumentaria, calzado y textiles para el hogar” cayó 11,3% nominal interanual, mientras que “Electrónicos y artículos para el hogar” bajó 5,1 por ciento.

El segmento de almacén explicó el 44% de las ventas de los mayoristas, seguido por artículos de limpieza y perfumería, con 25,8 por ciento.

En cuanto a los medios de pago, los mayoristas mostraron una composición distinta a la de supermercados. Las tarjetas de crédito representaron el 26,8% de las operaciones y el efectivo explicó otro 25,6 por ciento. Los “otros medios de pago”, como billeteras virtuales y QR, concentraron el 31,9% de las ventas y tuvieron el mayor crecimiento nominal, con una suba de 32,7 por ciento.

Las compras abonadas con tarjeta de débito, en cambio, registraron una caída nominal de 7,2%, lo que implicó un retroceso aún más pronunciado en términos reales.