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ECONOMIA

Milei festeja, pero el superávit fiscal se achica y a la motosierra le queda poco margen

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«El ancla fiscal no se negocia»: esa fue la frase con la que Javier Milei celebró la publicación del dato fiscal de marzo, que arrojó un superávit primario de $930.000 millones y un superávit financiero -es decir, después del pago de intereses- por $484.000 millones.

Para el Presidente, no era lo mismo la consecución de un superávit fiscal en este momento que en otros de su gestión. Ocurre que el dato coincide con uno de sus peores momentos en la lucha anti inflacionaria, justo después de la publicación del IPC de marzo con su impactante 3,4% mensual.

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Fue, en ese sentido, una reafirmación de principios, en un momento en el que economistas de diversas tendencias le aconsejan al presidente ir más lento en su lucha anti-inflacionaria -lo cual tácitamente supone una relajación fiscal-, de manera de ayudar al crecimiento económico. Milei rechazó de plano que existiera una disyuntiva entre ambos objetivos, y dijo que se apegaría más que nunca a su plan original. Ya hubo una prueba en ese sentido, con la contracción monetaria que hizo el gobierno en la última licitación del Tesoro.

‘El ancla fiscal no se negocia’, escribió Javier Milei en X

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Sin embargo, en las entrelíneas del tuit publicado por el ministro Toto Caputo se puede ver que el gobierno está lejos de una situación de euforia. Mientras se hace evidente la dificultad para seguir aplicando «la motosierra» sobre el gasto público, el ingreso tributario lleva ocho meses consecutivos de caída real.

El ministro destacó que durante el primer trimestre hubo una reducción real de 5% en el gasto. Pero se trata de una política cada vez más difícil de sostener, porque una vez realizado el primer gran recorte sobre la base de «licuación inflacionaria» y del recorte a la nómina del gasto público, lo que queda es un gasto más rígido a la baja y el ahorro depende de una mayor «sintonía fina».

Riesgo de repunte en el gasto

Para colmo, el principal componente del gasto, el pago de jubilaciones y pensiones, que asciende a casi la mitad del presupuesto total, viene creciendo por el propio efecto inflacionario: en marzo, la masa jubilatoria recibió un aumento nominal de 2,9% -el IPC de enero-.

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Esto implica que, en los próximos meses, por lo menos hasta junio, las jubilaciones seguirán variando por encima de la inflación -y muy probablemente por encima de los ingresos tributarios-. Dado el «delay» con el que se aplica el ajuste indexatorio, el 3,4% del IPC de marzo recién se hará sentir en las jubilaciones de mayo.

Pero, además, hay economistas críticos que sostienen que el resultado fiscal ya estaría en terreno negativo si el gobierno aplicara los desembolsos pendientes, y por los cuales tuvo fallos en contra a nivel judicial. Es, entre otros, el caso de la ley de financiamiento universitario, cuya legitimidad fue confirmada por un fallo de cámara tras la apelación del gobierno. Hablando en plata, ponerse al día con ese pago supondría desembolsar el triple del superávit primario obtenido en marzo.

Hay, además, otra situación de vieja polémica: el gasto devengado -es decir, efectivamente realizado- pero aún no pagado. Es lo que técnicamente se denomina «deuda flotante», y su incidencia no es menor.

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Para tomar una referencia, el informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, que aplica la metodología de «base caja», ya midió para marzo un resultado primario deficitario por $700.000 millones. El reporte de la OPC no coincide exactamente con el de la secretaría de Hacienda, porque releva la administración central y no todo el sector público. De todas formas, suele ser considerado un predictor de la tendencia fiscal general.

La caja de ARCA desmiente al discurso

Del otro lado del mostrador, ya es innegable el problema existente en los ingresos de las arcas fiscales, que llevan ocho meses consecutivos de caída interanual real. Caputo prefirió ni siquiera mencionar las cifras de caída en los recursos -aproximadamente un 5% real interanual- y se limitó a justificar la situación con el argumento de que no se trataba de una situación sorpresiva, sino del resultado de una política de alivio impositivo. 

Y, si bien es cierto que hubo recorte en la carga tributaria en algunos sectores -por ejemplo, en las retenciones a la exportación agrícola y en los aranceles de importación-, hay economistas que afirman que no todo se explica por esa menor carga impositiva. También hay evidencias de un enfriamiento de la economía.

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Un ejemplo es la recaudación del IVA -el impuesto por excelencia ligado a la actividad comercial e industrial-, que lleva varios meses de evolución por debajo de la inflación. Es decir, un dato que contradice el discurso oficial sobre un aumento en el nivel de consumo.

El otro rubro que confirma la frialdad de la economía es el de los ingresos a la Anses. Tanto los aportes personales de los asalariados como las contribuciones patronales al sistema de seguridad social evolucionaron por debajo de la inflación. En total, la recaudación de Anses tuvo en marzo una caída real de 2,8% respecto del año pasado, una tendencia que va en línea con el empeoramiento en las cifras de empleo que se han publicado en los últimos censos del Indec.

¿Ahora viene lo peor?

En todo caso, lo que queda en claro es que la tendencia no es promisoria: mientras los gastos son cada vez más difíciles de recortar, los ingresos siguen mostrando escaso empuje.

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Y resulta sugestivo el hecho de que, justo en la jornada anterior a la publicación de este resultado de marzo, se dio a conocer la corrección a la baja por parte del staff del Fondo Monetario Internacional.

Ahora, la meta comprometida con el organismo -a instancias del propio Caputo- bajó a 1,4% del PBI, desde una previsión de 2,2% que se había fijado en octubre-. Esa reducción no sería grave si la previsión sobre el PBI se mantuviera o si creciera. Pero si, además, se está corrigiendo a la baja también el volumen de la economía, eso significa que el recorte en el monto real del saldo fiscal será mucho mayor.

Hablando en plata: el FMI estimó el PBI del año pasado en u$s683.000 millones. En la previsión original, el 2026 debería terminar con un PBI de u$s710.000 millones, y un superávit fiscal primario de u$s15.600 millones.

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En cambio, luego de la reciente corrección a la baja, se espera un PBI de u$s707.000 millones, y un saldo fiscal de u$s9,9 millones. En términos reales, la reducción planteada por el FMI sobre el superávit fiscal es de un 36% respecto de la perspectiva original. Una situación que no parece justificar el eufórico mensaje de Milei con sus clásicas consignas «Make Argentina Great Again» y VLLC.



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ECONOMIA

Javier Milei celebró el superávit financiero de abril: «Es política de Estado permanente»

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El Presidente respaldó la estrategia económica de Caputo. Desde Economía atribuyen el dato al ajuste del gasto y proyectan mantener el equilibrio fiscal

18/05/2026 – 16:54hs

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El presidente de Javier Milei volvió a festejar este lunes los números fiscales del Gobierno luego de que el Ministerio de Economía anunciara un nuevo superávit financiero correspondiente a abril de 2026. A través de sus redes sociales, el mandatario destacó que el resultado positivo «es política de Estado permanente» y volvió a defender el ajuste impulsado por la administración libertaria.

«Viva la libertad carajo», escribió Milei en X luego de que el ministro de Economía, Luis Caputo, confirmara que el Sector Público Nacional registró un superávit financiero de $268.103 millones durante abril, equivalente al 0,2% del PBI.

Javier Milei y Luis Caputo celebraron el superávit de abril

Según detalló Caputo, además se alcanzó un superávit primario de $632.844 millones, es decir, un 0,5% del Producto Bruto Interno. El funcionario remarcó que el resultado se obtuvo en medio de una reducción del gasto público y una caída en la recaudación.

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De acuerdo con los datos difundidos por el Palacio de Hacienda, en abril la recaudación cayó un 2,1%, mientras que el gasto se redujo un 0,7%. Desde el Gobierno atribuyeron el resultado fiscal a una «estricta administración del gasto público», en línea con el programa económico de déficit cero que impulsa la gestión libertaria.

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Luis Caputo celebró el superavit de abril 2026.

Caputo sostuvo que el superávit «permite asegurar el orden en las cuentas públicas mientras se continúan devolviendo recursos al sector privado en la forma de baja de impuestos». Además, aseguró que el objetivo oficial es alcanzar «tres años consecutivos de superávit financiero» hacia 2026.

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El ajuste del gasto público volvió a generar cuestionamientos de distintos sectores, especialmente por el impacto sobre áreas sensibles como educación, salud y programas estatales. Sin embargo, desde la Casa Rosada insisten en que el equilibrio fiscal es uno de los pilares centrales del modelo económico de Milei.

El Presidente aprovechó además la jornada para compartir imágenes y videos de su visita a la Universidad de San Andrés, donde participó de una actividad académica y volvió a mostrarse en el rol de expositor económico ante estudiantes y empresarios.

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Dentro del oficialismo destacan especialmente el vínculo político y personal entre Milei y Caputo. En reiteradas oportunidades, el mandatario elogió al ministro de Economía por su política de control del gasto y hasta llegó a definirlo públicamente como su «chanchito de yeso», en referencia a la dificultad para liberar recursos del Tesoro.

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Dólar quieto y tasas de plazo fijo por el suelo: cómo puede ahorrar un minorista

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La baja en la tasa de los plazos fijos y la estabilidad cambiaria complican la preservación del poder adquisitivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los últimos meses, los ahorristas minoristas argentinos enfrentan un escenario en el que tanto el dólar como los depósitos a plazo fijo dejaron de ser instrumentos efectivos para preservar el poder adquisitivo. La conjunción de un tipo de cambio estable, tasas de interés a la baja y una inflación que sigue avanzando genera la necesidad de repensar estrategias de ahorro.

El análisis de datos de los últimos dos años revela que la tasa nominal anual de los plazos fijos para personas humanas tuvo una fuerte caída. Luego de alcanzar picos cercanos al 49% en septiembre de 2025, descendió hasta ubicarse en torno al 19% en mayo de 2026. Por su parte, la cotización del dólar mayorista pasó de $1.125 en mayo de 2025 a un máximo de $1.487 en octubre de ese año, pero después retrocedió y se estabilizó en valores cercanos a $1.390 en mayo de 2026. Este contexto derivó en rendimientos reales negativos para quienes optaron por estas alternativas, dado que el índice de precios al consumidor (IPC) avanzó más de 32% en el mismo período, con incrementos mensuales constantes de entre 2,5% y 3%.

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Frente a este panorama, la consulta a especialistas ofrece distintas miradas y recomendaciones. Damián Palais, asesor financiero de Cocos, observa que “en la historia argentina, quien compró dólares no perdió”, y considera que, a pesar del peso apreciado y el dólar quieto, la compra de divisas sigue vigente como resguardo. Palais advierte que “el dólar nunca está realmente caro en el país”. Sugiere complementar la tenencia de dólares físicos con inversiones en fondos en dólares de bajo riesgo, como los denominados Dólares Plus o fondos de ahorro en dólares, que suelen rendir alrededor del 3% anual. Recomienda verificar que estos fondos tengan perfil conservador o moderado y que inviertan en colocaciones de corto plazo, para los más conservadores, o en bonos corporativos de empresas con buena calificación crediticia, para aquellos que aspiren a algo más de rendimiento.

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El asesor financiero agrega la opción de bonos soberanos como el AO27, que paga renta mensual y puede ofrecer cerca de un 5% anual, aunque señala que “este tipo de instrumentos conlleva riesgo más elevado, sobre todo ligado a cambios políticos”. Para quienes prefieren quedarse en pesos, Palais sugiere fondos de money market o fondos comunes que, aunque rinden menos que los plazos fijos, ofrecen mayor liquidez y, en algunos casos, tasas nominales anuales superiores al 22%. Menciona también que algunos bancos ofrecen plazos fijos UVA con tasas UVA más 2% o 3%, aunque no profundiza en ese producto. “Diversificar y priorizar instrumentos conservadores, revisando siempre el perfil de riesgo del fondo antes de invertir”, concluye.

Por su parte, Giselle Colasurdo, asesora y youtuber financiera, plantea una estrategia diferente y sugiere priorizar los instrumentos atados a la inflación. “Dado el contexto actual de tasas y dólar bajo, cobraron atractivo los instrumentos atados a la inflación. El mejor vehículo en estos momentos, tanto para el que tiene conocimientos técnicos como el que no, son los fondos atados a la inflación, o inflation linked, que permiten acceder de forma sencilla a una variedad de instrumentos de inversión vinculados a la suba de precios, bajo administración de un profesional, y con acceso al dinero invertido en un plazo corto (24hs hábiles)”, señala Colasurdo.

La especialista amplía: “Si bien el IPC de abril mostró una desaceleración en la suba de precios, el índice CER refleja los movimientos de la inflación con cierto delay, lo que mantiene atractivos a estos instrumentos en las carteras al día de hoy”. Así, Colasurdo resume que los fondos inflation linked aparecen como la alternativa más eficaz para resguardar el valor de los ahorros frente a la inflación, gracias a la gestión profesional y la posibilidad de rescate rápido.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los plazos fijos y cajas de ahorro UVA ganan atractivo ante la baja de las tasas (Imagen Ilustrativa Infobae)

En paralelo a las recomendaciones de los expertos, los bancos públicos suman propuestas vinculadas al ajuste por inflación. Banco Provincia relanzó su Cuenta UVA, una caja de ahorros que permite realizar depósitos en pesos y que ajusta el saldo en Unidades de Valor Adquisitivo (UVA), actualizadas por el CER. El dinero depositado se transforma en UVA, y puede retirarse —total o parcialmente— a partir de los 90 días, con una tasa adicional del 0,05% anual. Esta cuenta no tiene comisiones y se opera de forma digital o presencial, permitiendo transferencias y uso de tarjeta de débito. La entidad recomienda realizar depósitos parciales escalonados para optimizar la liquidez después de los 90 días.

La diferencia principal con un plazo fijo UVA radica en la liquidez: el plazo fijo inmoviliza los fondos durante el período pactado, mientras que la Cuenta UVA permite liberar el dinero en forma escalonada después de tres meses. El plazo fijo UVA ofrece una tasa ligeramente superior, de 1% anual, pero requiere constituir una nueva colocación tras cada vencimiento.

Banco Nación sumó una propuesta propia con su nuevo plazo fijo UVA, que ajusta el capital por inflación y paga intereses mensuales. El producto permite invertir en pesos desde $1.500, por plazos de 90 a 1.095 días, y ofrece una tasa anual del 4,5% sobre el capital actualizado. Cada 30 días, el ahorrista recibe los intereses generados, y al vencimiento accede al capital actualizado según la variación de la UVA. No tiene costos de apertura ni mantenimiento y se contrata de forma digital, eligiendo monto y plazo. La propuesta apunta a quienes buscan una renta periódica y mantener el valor real de sus ahorros en pesos, sin las restricciones de un plazo fijo tradicional.

La oferta de alternativas vinculadas a la inflación se expande, mientras las opciones tradicionales pierden vigencia. Expertos y bancos coinciden en que, en el contexto actual, la protección del poder adquisitivo requiere adaptarse y evaluar nuevos instrumentos.

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ECONOMIA

El Gobierno avanza con la reforma de Zonas Frías: qué localidades perderán subsidios al gas

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El gobierno de Javier Milei impulsa una sesión en la Cámara de Diputados para recuperar la iniciativa política y volver a marcar agenda, con un temario que incluye la reforma del Régimen de Zonas Frías que reformula los subsidios al gas para regiones de bajas temperaturas y excluye del beneficio a más de 130 municipios y numerosas localidades de Buenos Aires, Córdoba, La Pampa y Mendoza, entre otras.

La sesión fue convocada por el oficialismo para el próximo miércoles a las 10:00, en el marco de una pulseada política con la oposición. No obstante, los libertarios armaron una larga lista de proyectos entre los que se destacan la llamada «Ley Hojarascas» para derogar más de 70 normas y decretos que consideran «obsoletos» y el cambio en el régimen de Zonas Frías.

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El oficialismo confía en que tiene «alrededor de 131 o 132» votos para abrir la sesión y aprobar todo el temario, según precisaron fuentes parlamentarias a iProfesional. El proyecto sobre Zonas Frías es el de mayor impacto directo sobre los ciudadanos porque afecta a unos 3 millones de usuarios de gas, principalmente en la provincia de Buenos Aires. Si Diputados lo aprueba, luego definirá el Senado.

El proyecto enviado por Milei y el ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo, busca revertir la ampliación territorial del Régimen de Zonas Frías que dispuso la Ley 27.637, sancionada en 2021 a instancias del kirchnerismo, lo que implica una significativa reducción del universo de usuarios que gozaban de descuentos de entre el 30% y el 50% en las tarifas de gas.

Zonas Frías: a qué regiones alcanza el subsidio y qué cambia con el proyecto del Gobierno

La normativa original (sancionada en 2002) establecía una bonificación universal del 50% sobre el precio del gas para los hogares de la Patagonia, la Puna y el departamento de Malargüe, en Mendoza, por su clima más hostil. En 2021 el régimen se extendió de forma masiva con la incorporación de más provincias y municipios de climas templados-fríos.

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Con ese cambio, estableció un descuento del 30% (y 50% para sectores vulnerables) y los beneficiarios pasaron de 950.000 a más de 4 millones, al incluirse la Costa Atlántica, la zona sur de Santa Fe, parte de Córdoba, así como localidades de La Pampa o Catamarca.

El proyecto que el oficialismo quiere aprobar en Diputados vuelve al diseño geográfico original, con lo que quedarán afuera del subsidio por zona fría algo más de 50 municipios de Buenos Aires, una docena de departamentos en Córdoba, así como en La Pampa y en San Juan, 8 en Santa Fe, en San Luis y en Salta, 6 en Mendoza, 3 en Catamarca, 3 en La Rioja, y 1 en Tucumán.

Con la iniciativa del Gobierno, esas zonas perderán la bonificación universal del 50% sobre la tarifa de gas y solo mantendrán un subsidio adicional los hogares que estén anotados en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), al cual acceden solo aquellos cuyo ingreso es igual o inferior a tres Canastas Básicas Totales, monto que hoy ronda los $4.400.000.

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Qué localidades quedarán afuera del descuento por zona fría si avanza la ley

El mayor impacto se dará en la provincia de Buenos Aires, que fue la más beneficiada por la extensión de 2021. Los hogares de General Pueyrredón (Mar del Plata), Necochea, Partido de la Costa, Pinamar, Villa Gesell, Bahía Blanca, Patagones, Tres Arroyos, Tandil, Olavarría y Azul, entre otros, perderán el descuento por zona fría si el proyecto se convierte en ley.

También municipios de la región centro y norte de la Provincia como Capitán Sarmiento, Carmen de Areco, General Las Heras, Junín, Pergamino, San Nicolás, Campana, Zárate, Chivilcoy, Balcarce y Bolívar se verían afectados.

En Mendoza únicamente se mantiene dentro del beneficio el departamento de Malargüe, contemplado en el régimen original, mientras que quedarán afuera el Gran Mendoza (incluida la Capital, San Rafael, General Alvear, Tunuyán, Tupungato, San Carlos, San Martín, Junín, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz.

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Córdoba es otro de los distritos que sentirá el impacto de la exclusión en el Régimen de Zonas Frías al quedar afuera los departamentos del sur y centro de la provincia, incluyendo algunas de las zonas más pobladas como Río Cuarto, Juárez Celman, General Roca, Presidente Roque Sáenz Peña, Tercero Arriba, Calamuchita, Santa María y San Alberto, entre otros.

Asimismo quedarán excluidos del beneficio los municipios de la zona sur de Santa Fe que habían sido alcanzados por la ampliación de la Ley 27.637 incluido Rosario, igual que los departamentos de Cafayate; Cerrillos; Chicoana; La Caldera; La Viña; Rosario de Lerma; San Carlos y la Capital en la provincia de Salta.

En el caso de La Pampa, limita con la Patagonia pero gran parte de su territorio no estaba incluido en la ley original y fue incorporado masivamente en 2021, por lo que si avanza el proyecto del Gobierno perderán el beneficio generalizado Santa Rosa y las localidades ubicadas en Maracó; Realicó; Trenel; Conhelo; Quemú; Chapaleufú; Rancul; Catriló; Atreucó; Guatraché y Utracán.

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Misma situación en localidades de San Luis como Ciudad de San Luis, Villa Mercedes o Merlo; la zona del Gran San Juan; Andalgalá, Belén y Tinogasta en Catamarca; Famatina, Chilecito y General Lamadrid en La Rioja y Tafí del Valle en Tucumán.

Los argumentos del Gobierno y el desafío en Diputados

El oficialismo considera que la ampliación del Régimen de Zonas Frías generó una «distorsión» porque incluyó en el descuento a casi la mitad de los usuarios residenciales de la red de gas, sin distinguir tampoco a los hogares de más alto poder adquisitivo.

Sobre esa base, el gobierno de Milei argumenta que el beneficio debe enfocarse solo en las regiones tradicionalmente alcanzadas por el régimen y apuntar a que la asistencia llegue solo a los hogares más vulnerables.

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Por ese motivo, además de los hogares inscriptos en el SEF (que incluye a quienes poseen el Certificado de Vivienda Familiar del RENABAP y beneficiarios de la pensión vitalicia a veteranos de la Guerra de Malvinas) el subsidio también se mantendría para familias donde al menos un miembro tenga Certificado Único de Discapacidad (CUD).

El oficialismo logró darle dictamen de mayoría al proyecto la semana pasada en un plenario de comisiones donde la secretaria de Energía, Carmen Tettamanti, señaló que «los recursos económicos son escasos» y que la «forma justa de utilizar los recursos que el Estado puede destinar a subsidiar la energía, en este caso el gas natural, tiene que ser exclusivamente a la gente que lo necesita».

Tettamanti señaló que el régimen hoy «subsidia a absolutamente todos los usuarios de una vasta región del país con independencia de su poder adquisitivo» y que esa es «la primera injusticia» que justifica su reforma. «El Estado Nacional está poniendo 500.000 millones de pesos para subsidiar a ricos y pobres de una vasta región del país. Entonces nosotros creemos que acá hay que hacer una modificación importante», remarcó.

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Con el dictamen firmado, el gobierno de Javier Milei apunta a aprobar la reforma del Régimen de Zonas Frías en la sesión que se realizará el miércoles en la Cámara de Diputados y girar el proyecto al Senado para su sanción final, de ser posible antes del Mundial. Confía en tener los votos, pero está por verse qué tan sólido es el respaldo de los gobernadores de las zonas afectadas.

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