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Detienen a una de las más buscadas en Panamá por desvío de fondos en empresas

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La mujer capturada figuraba entre las 10 personas más buscadas por el Ministerio Público. Tomada del MP

La captura de una de las personas más buscadas por el Ministerio Público marcó el inicio de una serie de operativos recientes contra delitos patrimoniales y corrupción en Panamá, en medio de investigaciones que apuntan tanto al sector privado como a entidades públicas.

Se trata de una mujer panameña vinculada a casos de hurto agravado, quien figuraba dentro del listado de las 10 personas más buscadas del país, y cuya aprehensión se concretó en el distrito de Arraiján, provincia de Panamá Oeste.

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De acuerdo con las autoridades, la detenida era requerida por delitos cometidos entre 2022 y 2023, en perjuicio de empresas constructoras ubicadas en el corregimiento de Bella Vista.

La investigación, liderada por la Sección Primera de Delitos contra el Patrimonio Económico de la Fiscalía Metropolitana, reveló que la mujer aprovechaba su posición como asistente contable para ejecutar un esquema que le permitió desviar fondos mediante la emisión irregular de cheques.

Primer plano de dos manos extendiendo un cheque, una de ellas viste un traje oscuro y camisa azul claro, la otra una camisa azul.
El caso involucra la emisión de cheques a nombre de terceros para retirar dinero en efectivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El modus operandi consistía en girar cheques a nombre de colaboradores de las empresas, quienes posteriormente los hacían efectivos en entidades bancarias y entregaban el dinero en efectivo a la imputada.

Este mecanismo permitió la sustracción de recursos de forma sistemática, aprovechando la confianza interna dentro de las compañías afectadas, lo que agrava la naturaleza del delito investigado por las autoridades.

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La captura se produjo en horas de la mañana durante diligencias coordinadas entre la Fiscalía Metropolitana y unidades de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de la Policía Nacional, luego de que se mantuviera vigente una orden de aprehensión en su contra.

Además, el Ministerio Público confirmó que la mujer mantiene otros requerimientos judiciales por casos adicionales, lo que amplía el alcance de las investigaciones en curso.

En paralelo, las autoridades también ejecutaron acciones en casos vinculados a delitos contra la administración pública, destacando la aprehensión de una comerciante de origen asiático en el Aeropuerto Internacional de Tocumen.

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El proceso por fondos del IFARHU involucra más de 400 cheques y decenas de tarjetas sociales. Tomada de internet
El proceso por fondos del IFARHU involucra más de 400 cheques y decenas de tarjetas sociales. Tomada de internet

Esta persona era requerida por su presunta vinculación en un caso de peculado agravado en perjuicio del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU), con una afectación económica estimada en $145,266.80.

Según la investigación, este caso está relacionado con la malversación y apropiación de 414 cheques y 84 tarjetas del programa PASE-U, los cuales eran endosados a nombre de comerciantes para su posterior cobro.

Las autoridades indicaron que los fondos provenían de programas de becas y asistencia social educativa, lo que eleva la gravedad del delito al tratarse de recursos destinados a estudiantes. En este expediente, ya se reportan tres personas imputadas, entre ellas un exdirector regional del IFARHU en Panamá Este.

Las acciones contra el peculado también incluyeron operativos simultáneos en la provincia de Colón y en varios corregimientos del distrito de Panamá, como parte de las operaciones “Mecánica” y “Célérité”, lideradas por la Fiscalía Anticorrupción.

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Durante las diligencias se recabaron evidencias relacionadas con contratistas y entidades públicas. Tomada del Ministerio Público
Durante las diligencias se recabaron evidencias relacionadas con contratistas y entidades públicas. Tomada del Ministerio Público

Durante estas diligencias, se realizaron allanamientos en viviendas y una empresa vinculada a contratistas del Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (Conades), donde se recabaron indicios clave para las investigaciones.

En el desarrollo de estos operativos, las autoridades lograron además la captura de un agente de la Policía Nacional, presuntamente vinculado a la sustracción de un vehículo oficial asignado a la Dirección de Responsabilidad Profesional (DRP).

Este hecho, ocurrido en 2026, forma parte de una línea de investigación que busca determinar responsabilidades dentro de instituciones públicas, en un contexto donde se intensifican los controles internos.

El Ministerio Público reiteró que estas acciones forman parte de su estrategia para combatir delitos que afectan el patrimonio económico y los recursos del Estado, subrayando su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y la persecución penal de los responsables. Las autoridades indicaron que las investigaciones continúan en curso, con el objetivo de llevar ante los tribunales a todos los involucrados en estos casos.

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Mercosur respaldó a Rodrigo Paz y condenó los bloqueos en Bolivia antes de la cumbre presidencial en Asunción

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Mercosur respaldó a Rodrigo Paz y condenó los bloqueos en Bolivia antes de la cumbre presidencial en Asunción (Foto AP/Jorge Saenz)

Los cancilleres del Mercosur expresaron el lunes un firme respaldo al gobierno del presidente boliviano Rodrigo Paz y condenaron los bloqueos de rutas y los hechos de violencia registrados en Bolivia durante las últimas semanas, en la antesala de la 68.ª Cumbre de Jefes de Estado del bloque que se celebrará este martes en Asunción. El pronunciamiento se produjo durante la reunión ordinaria del Consejo del Mercado Común, encabezada por el canciller paraguayo Rubén Ramírez, cuyo país ejerce la presidencia pro tempore del bloque.

En la apertura del encuentro, Ramírez sostuvo que “el sistemático bloqueo de rutas y la continua violencia en las calles afectando gravemente la vida cotidiana de la población y pretendiendo subvertir el orden constitucional de la República de Bolivia, son inaceptables”. El canciller paraguayo vinculó la situación boliviana con la defensa de los principios fundacionales del bloque regional y pidió preservar la institucionalidad democrática.

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Ramírez también afirmó que “no debemos olvidar jamás que la estabilidad democrática y el orden constitucional de cada uno de nuestros países constituye un interés común y un principio rector del Mercosur”, al remarcar la posición compartida por los países miembros frente a la crisis política que atraviesa Bolivia.

El respaldo del Mercosur llegó después de siete semanas de protestas y bloqueos de rutas en distintas regiones de Bolivia. La medida provocó escasez de alimentos, combustibles y medicamentos en varias ciudades del país. Las manifestaciones incluyen pedidos de renuncia contra el presidente Rodrigo Paz, impulsados por sindicatos, organizaciones indígenas y sectores cocaleros en medio de una crisis económica considerada la más profunda de las últimas cuatro décadas.

La reunión de cancilleres antecede a la cumbre presidencial prevista para este martes en el Centro de Convenciones de la Conmebol, ubicado en las afueras de la capital paraguaya. Durante ese encuentro, los mandatarios del Mercosur darán inicio a las negociaciones para un acuerdo de asociación económica con Japón, una iniciativa que el bloque considera estratégica para ampliar su agenda comercial.

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El canciller paraguayo Rubén Ramírez (EFE)
El canciller paraguayo Rubén Ramírez (EFE)

Según un comunicado del Mercosur, el comienzo de esas negociaciones llega después de dos reuniones celebradas en enero y marzo de este año, en las que representantes de Japón y de los países miembros —Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia“intercambiaron información sobre áreas de interés y sensibilidades mutuas” como paso previo a la apertura formal de las conversaciones.

El futuro acuerdo con Japón tendrá un formato similar al de un tratado de libre comercio y formará parte de la agenda económica que discutirán los presidentes durante la cumbre. El encuentro también marcará el traspaso de la presidencia pro tempore del Mercosur, que dejará Paraguay para pasar a manos de Uruguay durante el próximo semestre.

La convocatoria presidencial contará con la presencia de varios líderes de la región. El canciller paraguayo confirmó la semana pasada la asistencia de siete jefes de Estado, entre ellos el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. En tanto, la participación del mandatario argentino, Javier Milei, permanecía en duda debido a la situación política interna de Argentina tras la renuncia, el domingo, de su jefe de Gabinete.

Además de los mandatarios de los países miembros, también está prevista la participación del chileno José Antonio Kast y del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, quienes asistirán como invitados a la reunión que se desarrollará en Asunción.

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Fotografía cedida este 29 de junio por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay en la que se captó al presidente de Chile, José Antonio Kast (c), a su llegada a Luque (Paraguay), para asistir a la cumbre de presidentes del Mercosur. (EFE/Ministerio de Relaciones Exteriores De Paraguay)
Fotografía cedida este 29 de junio por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay en la que se captó al presidente de Chile, José Antonio Kast (c), a su llegada a Luque (Paraguay), para asistir a la cumbre de presidentes del Mercosur. (EFE/Ministerio de Relaciones Exteriores De Paraguay)

Durante el semestre en que Paraguay ejerció la presidencia pro tempore, el Mercosur concretó la firma de un acuerdo con la Unión Europea, resultado de más de 25 años de negociaciones entre ambas partes. El tratado quedó suscripto en enero, aunque su entrada en vigor todavía depende del proceso de ratificación dentro del bloque europeo.

En su discurso, Ramírez también se refirió a ese entendimiento y reclamó que los beneficios derivados del acuerdo alcancen de manera equilibrada a todos los integrantes del Mercosur. El canciller sostuvo que el bloque debe garantizar una distribución equitativa de las oportunidades que surjan de ese tratado mientras continúa el proceso de aprobación por parte de la Unión Europea.

(Con información de AFP)

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Preparativos para el saqueo a la ayuda internacional en Venezuela

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Me cuento entre los miles de venezolanos que hemos visto en las últimas horas, videos que circulan por Instagram, X, Facebook y otras redes sociales, en los que funcionarios uniformados –policías, militares– aprovechando las atribuciones que les otorga su rol y su uniforme- saquean entre los escombros. Llegan hasta los sitios donde hay viviendas o edificios que se han desplomado, a buscar dinero, joyas, electrodomésticos o cualquier bien que tenga valor.

¿Han dicho algo al respecto los jerarcas de la narco dictadura? Las autoridades, ¿han emitido alguna advertencia? ¿Han formulado alguna denuncia? Nada. Como siempre. Ni una palabra.

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Cabe volver a preguntarse si estos hechos son episodios aislados, casos excepcionales o si, como ocurre con los procedimientos de secuestros y desapariciones forzadas; como ocurre con los encierros en centros de detención ilegales y secretos, y como ocurre con los métodos de tortura vigentes, también responden a un patrón.

Hay que preguntarse en el espacio público, si en el pillaje constante, el raterismo todo horario, las múltiples prácticas extorsivas, los impuestos furtivos e injustificados, el soborno en cualquier punto del territorio, el robo de los hogares durante allanamientos y capturas sin órdenes judiciales, hay que preguntarse, insisto e insistiré, si toda esta variedad de actuaciones al margen de la ley tienen algo en común, algo que pueda señalarse como una plataforma compartida.

La impunidad es la plataforma común del enorme catálogo de prácticas delictivas de policías y militares venezolanos. Los funcionarios entienden que no habrá investigación ni castigo por los delitos que cometan contra ciudadanos indefensos. Solo tienen un límite, un asunto en el que no pueden equivocarse: robar a enchufados y jefes del partido y del gobierno, lo que podría acarrearles algún castigo.

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Salvo esa excepción, todo les está permitido. Y es que, en el fondo subyace una especie de creencia, un tácito paradigma: que el territorio venezolano, con sus habitantes y sus bienes, es un coto privado, casi un millón de kilómetros cuadrados para el uso y disfrute impune de uniformados, en especial si se muestran fanáticos del régimen o hacen activismo a su favor.

Estos son los cuerpos uniformados –minados moralmente, incompetentes hasta extremos patéticos, desprovistos de profesionalismo, pertenecientes a instituciones empobrecidas por la propia corrupción y el propio pillaje, funcionarios expertos en prebendas y corruptelas–, las entidades impotentes para responder a la tragedia venezolana desatada el 24 de junio, tras los dos terremotos y la cadena de réplicas que les han seguido.

Este es el drama al que la Venezuela sumida en la tragedia debe afrontar: la de un Estado –instituciones, funcionarios, disponibilidad de recursos–, hundido en las miserias, en la estupidez profunda, en el agotamiento, en la podredumbre de la corrupción. Uso aquí la palabra corrupción como un receptáculo que recoge una cultura de abusos, autoritarismo, desprecio hacia los ciudadanos, insensibilidad ante la muerte, una condición donde la estulticia y la prevaricación, aunque esto parezca contradictorio, no paran de crecer.

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El Estado en situación de podredumbre o semi podredumbre es el Estado que, usando la Asamblea Nacional para sus fines siniestros, intensificó la persecución de ONGs y organizaciones del tercer sector en 2024, neutralizándolas, ilegalizándolas y persiguiendo a sus dirigentes, hasta conducir a varios de ellos al exilio. Esas estructuras, muchas de ellas altamente profesionales y experimentadas, no podrán aportar sus capacidades fundamentales para actuar ante las secuelas de los terremotos.

Se llegó al extremo de detener a trabajadores humanitarios de otros países, torturarlos y, a continuación, extorsionar a sus países de origen (Colombia, Italia); y se llegó a la medida insólita de intervenir judicialmente a la Cruz Roja de Venezuela para imponerles autoridades a la medida del gusto del régimen.

Es la podredumbre de la que hablo, la que mantiene el bloqueo a medios de comunicación y redes sociales cuando miles de familias demandan información, comunicación abierta y fluida en la búsqueda de sus familiares desaparecidos porque la sociedad en su conjunto necesita conocer la especificidad de lo ocurrido, saber de las víctimas, escuchar sobre los peligros que todavía subyacen.

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Puesto que se sienten propietarios y señores de poder ilimitado sobre cada hecho y sobre cada punto del territorio, los uniformados cultivan otra especialidad: impedir que periodistas y reporteros gráficos hagan su trabajo, como si ello pudiese ocultar las terribles realidades del país, y en este momento, las dantescas escenas de edificios caídos, de personas que claman por auxilio bajo el retorcimiento de los escombros, de uniformados que aparecen en escena especialmente en la noche, con las manos vacías, y que buscan entre los restos qué robar, qué más pueden sustraer para engordar sus bolsillos.

La podredumbre es un Estado que obliga a la misión de la ONU en Venezuela a contratar como funcionarios a miembros del partido oficial; o es el Estado que carece de un plan para responder a las demandas de las familias de La Guaira, donde la vida se ha reducido a escombros; o es el Estado que de los cinco millones de milicianos que anunciaba hace unos pocos meses, no cuenta ni con un centenar para auxiliar a las víctimas del horror sísmico; o es el Estado que, a estas horas, hace denodados esfuerzos, preparativos para controlar y saquear la ayuda internacional.

El Estado podrido de la narco dictadura es el que, ahora mismo, no pude responder a la más acuciantes y escandalosas de las preguntas: ¿dónde está la Fuerza Armada Nacional Bolivariana? ¿Dónde, sus poderosas y cacareadas fuerzas rescatistas? ¿Dónde los recursos logísticos, maquinarias, herramientas e insumos para atender al sufrimiento de las víctimas?

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Y cierro con esto: El Estado podrido de la narco dictadura es el que, a esta hora, se prepara para saquear la ayuda humanitaria proveniente de otros países, de familiares y de ciudadanos del mundo conmovidos por el sufrimiento continuo y exacerbado de los venezolanos.

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Socialists take fight west, target Colorado in latest bid to oust Democratic Party establishment

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NEWYou can now listen to Fox News articles!

The Democratic Socialists of America (DSA) is setting its sights on Colorado.

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A handful of Tuesday’s primaries in the Democrat-dominated Rocky Mountain state are the next battleground in the fight between the far left and the center-left establishment over the future of the Democratic Party.

«Today, the East Coast, next week the Mountain West,» the DSA wrote in a social media post last week, hours after their ballot-box victories in a handful of congressional primaries in New York City.

The post came after DSA-aligned Darializa Avila Chevalier, a 32-year-old far-left community organizer, ousted incumbent Democratic Rep. Adriano Espaillat, chair of the Congressional Hispanic Caucus, and state Assembly Member Claire Valdez, another democratic socialist, won a congressional primary by defeating an establishment-backed candidate.

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VICTORIES BY MAMDANI-BACKED CONGRESSIONAL CANDIDATES SPOTLIGHTS GROWING RIFT IN DEMOCRATIC PARTY

Congressional candidate Claire Valdez, Congressional candidate Brad Lander, Mayor Zohran Mamdani, and Congressional candidate Darializa Avila Chevalier raise their hands during a Get Out the Vote (GOTV) rally at King’s Theater on June 18, 2026, in New York City. (Michael M. Santiago/Getty Images)

The victories by Chevalier and Valdez, who were heavily supported by democratic socialist New York City Mayor Zohran Mamdani, further emboldened the far left as it takes on the center-left establishment in a high-stakes battle for the future of the Democratic Party.

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The DSA is now looking to replicate its playbook across the country, starting Tuesday in the Democratic primary in Colorado’s 1st Congressional District, a solidly blue seat anchored in Denver that then-Vice President Kamala Harris carried by a whopping 56 points in the 2024 election.

Democratic Rep. Diana DeGette, who was first elected to Congress three decades ago, is facing two primary challengers, including DSA-backed Melat Kiros, a first-time candidate and former attorney born four months after DeGette first took office.

Kiros, who lost her job as a lawyer in New York after writing an essay critical of Israel, is also supported by Justice Democrats, the nearly decade-old political group known for heavily supporting «Squad» members Reps. Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Ayanna Pressley and Rashida Tlaib as they toppled entrenched incumbents in their initial elections to Congress.

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DEMOCRACY ’26: STAY UP TO DATE WITH THE FOX NEWS ELECTION HUB

Melat Kiros is aligned with the Democratic Socialists of America

Democratic congressional candidate Melat Kiros participated in a League of Women Voters Congressional District 1 candidate forum at Montview Presbyterian Church on May 28, 2026, in Denver, Colorado. (Photo by RJ Sangosti/MediaNews Group/The Denver Post via Getty Images)

«ELECT ANOTHER SOCIALIST TO CONGRESS ON JUNE 30TH,» a DSA social media post states as it urges supporters to lend a hand to the Kiros campaign.

The Democratic Party divide will also play out in the primary in the neighboring 8th Congressional District, which stretches along the I-25 corridor north of Denver.

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State Rep. Manny Rutinel is running to the left of former state Rep. Shannon Bird, with the winner taking on Republican Rep. Gabe Evans, who flipped the seat in the 2024 cycle. The race is considered one of two or three dozen that will determine if the GOP holds onto its razor-thin House majority in the midterms.

Immigration has been a top issue in the Democratic primary in a district where roughly 40% of the population is Latino. Rutinel has criticized Bird for a vote she cast last year opposing a measure limiting cooperation between local and state law enforcement and ICE.

MAMDANI-BACKED SOCIALISTS LOOK TO TAKE NEW YORK PLAYBOOK NATIONWIDE AFTER PRIMARY VICTORIES

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Senator John Hickenlooper walking in the Senate Subway of the US Capitol in Washington, D.C.

Senator John Hickenlooper, a Democrat from Colorado, walks in the Senate Subway of the U.S. Capitol in Washington, D.C., on June 4, 2026. (Eric Lee/Bloomberg via Getty Images)

Another primary showdown highlighting the split between progressives and moderates, as well as the party’s generational divide, is the Senate nomination battle between incumbent Sen. John Hickenlooper, 74, and former state Sen. Julie Gonzales, a 43-year-old progressive. Hickenlooper, a former Denver mayor and two-term governor, has seen his once-large advantage over Gonzales, a one-time DSA member, narrow.

The winner will face Republican state Sen. Mark Baisley, who is unopposed in his primary.

Shannon Jackson, a longtime progressive political strategist and grassroots organizer best known for his leadership roles in Sen. Bernie Sanders’ 2016 and 2020 presidential campaigns, pointed to last week’s results and told Fox News Digital that «people are frustrated.»

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«The key message of the victors: Medicare-for-All, the importance of affordability and a living wage. Progressives have long fought for these values and I expect the primary victories to continue,» he emphasized.

Meanwhile, the state’s expensive and combustible Democratic gubernatorial primary pits Sen. Michael Bennet against state Attorney General Phil Weiser.

Sen. Michael Bennet questions U.S. Trade Representative Jamieson Greer during a Senate Finance Committee hearing

Sen. Michael Bennet, D-Colo., is running for Colorado governor in 2026. (Kayla Bartkowski/Getty Images)

Bennet or Weiser will be considered the clear favorite in the race to succeed two-term Democratic Gov. Jared Polis, the first openly gay man elected governor in the nation’s history.

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Weiser, who is running to Bennet’s left on certain issues, closed the gap with the senator as he spotlighted his efforts to take on President Donald Trump, including suing Trump 66 times as attorney general.

The winner will face either state Rep. Scott Bottoms, state Sen. Barb Kirkmeyer or pastor and Marine Corps veteran Victor Marx as the Republican nominee.

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