ECONOMIA
Un incentivo clave para inversiones pyme sigue sin reglamentarse: por qué se demora y qué implica para la actividad económica
A más de un mes de la sanción de la Ley de Modernización Laboral, el Poder Ejecutivo aún no avanzó con la reglamentación del régimen de incentivo a las inversiones productivas destinado a pyme, el denominado RIMI. La demora tendría que ver, según fuentes oficiales, con el análisis del costo fiscal, en un contexto en el que la recaudación tributaria acumula ocho meses de caída en términos reales.
El expediente se encuentra en el área de Ingresos Públicos del Ministerio de Economía, donde están evaluando el impacto que tendría la implementación del esquema, en particular por los beneficios impositivos que contempla. Los empresarios, tributaristas y contadores esperaban que el régimen comience a estar operativo dos o tres semanas atrás, pero sigue demorado. De todos modos, otra fuente se mostró optimista: “La normativa se encuentra próxima a salir”, auguró.
Mientras tanto, el esquema se encuentra vigente y el plazo para realizar las inversiones ya comenzó a correr: la ley fijó un período de dos años desde su entrada en vigencia, el 6 de marzo de 2026.
El esquema se diseñó como una suerte de “mini RIGI”, con el objetivo de apuntalar la inversión privada. Está dirigido a micro, pequeñas y medianas empresas(Mipyme), incluyendo aquellas del tramo 2, que realicen inversiones productivas dentro de ese plazo de dos años.
El esquema RIMI se diseñó como una suerte de “mini RIGI”, con el objetivo de apuntalar la inversión privada en el segmento pyme
Se consideran inversiones productivas la adquisición, elaboración, fabricación o importación de bienes muebles nuevos amortizables, así como la ejecución de obras destinadas directamente a actividades productivas en el país. Quedan excluidos los activos financieros, los activos de portafolio, los bienes de cambio y los automóviles.
El régimen también incorpora casos especiales, como sistemas de riego, mallas antigranizo, bienes de alta eficiencia energética y semovientes, que pueden acceder a los beneficios sin necesidad de cumplir con montos mínimos de inversión.
Requisitos y beneficios fiscales
Para el resto de las actividades, se establecen pisos de inversión diferenciados según el tamaño de la empresa: USD 150.000 para microempresas; USD 600.000 para pequeñas y entre USD 3,5 millones y USD 9 millones para medianas, dependiendo del tramo.
En materia fiscal, el esquema prevé dos beneficios centrales. Por un lado, la amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias, que permite deducir el gasto de la inversión en plazos más cortos que los del régimen general. Los bienes de capital pueden amortizarse en dos cuotas anuales, mientras que las obras de infraestructura pueden reducir su vida útil al 60%. En casos específicos, como equipos de riego o de alta eficiencia energética, la amortización puede realizarse en una sola cuota.
Por otro lado, se establece la devolución anticipada del crédito fiscal de IVA, con el objetivo de evitar que los saldos a favor queden inmovilizados. El esquema contempla la posibilidad de solicitar la devolución o acreditación del saldo luego de un período determinado, así como su utilización para cancelar otros impuestos o incluso su transferencia.
El tributarista Sebastián Domínguez explicó ante Infobae que, pese a la falta de reglamentación, “las empresas que inviertan antes de que se dicte la reglamentación, en la medida que cumplan los requisitos legales, deberían poder gozar de los beneficios”.
Las empresas que inviertan antes de que se dicte la reglamentación, en la medida que cumplan los requisitos legales, deberían poder gozar de los beneficios (Domínfuez)
En relación con los montos exigidos, Domínguez advirtió que “los valores deberían haberse establecido en función del tipo de actividad de las Mipyme”. En ese sentido, destacó que en algunos sectores la inversión requerida representa una proporción significativa del nivel de facturación permitido. “Esto implica que pocas microempresas del sector servicios podrán acceder a estos beneficios”.
Sobre la exclusión de quienes accedieron a otros regímenes, el tributarista dijo: “Esto es correcto ya que no pueden recibir beneficios por las mismas inversiones en diversos regímenes”. También consideró Domínguez razonable la exclusión de activos financieros: “Se quiere evitar la utilización de incentivos para inversiones financieras”.
En cuanto a los beneficios fiscales, Sebastián Domínguez contó que el impacto en el Impuesto a las Ganancias no es inmediato, aunque algunas empresas pueden solicitar la reducción de anticipos. “Esto podría afectar más rápidamente la recaudación del impuesto”, explicó.
Respecto del IVA, dijo que aunque se acorta el plazo del régimen de devolución de 6 meses a 3 meses, “si la reglamentación mantiene que solamente se puede tramitar el beneficio en diciembre de cada año y sujeto a un cupo prorrateable, el beneficio puede quedar bastante diluido”.
Cuestionamientos y posibles mejoras desde el sector privado
El tributarista César Litvin planteó que existe un vacío entre los esquemas destinados a grandes inversiones (RIGI) y este instrumento orientado a pyme: “Hay un hueco inexplicable entre ambos regímenes”.
Según explicó Litvin, existen empresas que no califican como pyme pero tienen una capacidad de inversión significativa. “Pueden invertir 20, 30 o 40 millones de dólares y no tienen ningún beneficio”, enfatizó. En ese sentido, cuestionó la decisión de limitar el acceso: “El régimen es bueno, pero no se entiende por qué lo limitaron”.
Existen empresas que no califican como pyme pero tienen una capacidad de inversión significativa. Pueden invertir 20, 30 o 40 millones de dólares y no tienen ningún beneficio (Litvin)
Litvin destacó el rol del IVA dentro del esquema: “El que invierte acumula un saldo a favor que se transforma en un lastre hasta que genera actividad”. Y agregó que la posibilidad de solicitar la devolución en pocos meses puede aliviar esa situación.
Además, el tributarista planteó que las provincias y municipios podrían acompañar con incentivos adicionales: “Deberían dar beneficios en Ingresos Brutos y tasas municipales”.
La posición de la industria
Desde la Unión Industrial Argentina (UIA) valoraron la iniciativa como una herramienta relevante para fomentar inversiones en el segmento pyme.
“Para nosotros es una medida importante para promover inversiones”, contaron fuentes de la entidad. No obstante, acercaron al Gobierno una serie de propuestas para su implementación. Entre ellas, destacaron la necesidad de que el mecanismo sea ágil y sencillo. “Debe ser por declaración jurada y no por expediente, para facilitar su uso”, señalaron.
También subrayaron la importancia de promover inversiones en eficiencia energética sin montos mínimos. “Es algo muy importante en el contexto actual de alto costo de abastecimiento energético y déficit de infraestructura”, resaltaron, en especial para empresas ubicadas en el centro y norte del país.
En relación con el IVA, en la entidad fabril insistieron en la necesidad de una devolución rápida y automática. “Es clave evitar la acumulación de saldos a favor, que es un problema crónico para la industria”, afirmaron. Además, plantearon que estas medidas deberían complementarse con un mayor dinamismo del crédito a la inversión. “Se necesitan mejores condiciones de tasas y plazos”, agregaron.
Es clave evitar la acumulación de saldos a favor, que es un problema crónico para la industria (UIA)
Sebastián Domínguez también destacó que el régimen aplica en todo el país y sin distinción sectorial, aunque identificó sectores con mayor potencial de aprovechamiento, como la industria manufacturera, la agroindustria, la construcción, la tecnología y las energías renovables.
Para evaluar la adhesión, Domínguez consideró que las empresas deben analizar el impacto en el Impuesto a las Ganancias, el flujo de fondos vinculado al IVA, la calificación de las inversiones y la capacidad de mantener los activos durante el período exigido.
También remarcó el tributarista que el tiempo para adherir es limitado, ya que las inversiones deben realizarse dentro de los dos años desde la entrada en vigencia de la ley. En ese contexto, dijo que las empresas con proyectos en carpeta deberían analizar su elegibilidad para estar en condiciones de acceder al régimen cuando se reglamente.
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ECONOMIA
“No hay país posible si están rotas sus vías de conectividad”: afirman que el sistema de transporte está en crisis
La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) advirtió que el sistema de transporte en Argentina atraviesa una “crisis profunda”, atribuyendo la situación a las políticas implementadas por el gobierno nacional.
Según la organización, la desregulación, la paralización de la obra pública y la ausencia de una política integral, sumadas al impacto internacional en el precio del combustible por la guerra en Medio Oriente, han generado un deterioro significativo para los trabajadores y para la competitividad económica del país.
La CATT sostuvo que el aumento de los costos logísticos y del precio de los servicios afecta de manera directa a quienes utilizan el transporte, quienes enfrentan tarifas más altas y una calidad de vida reducida.
“El transporte es un complemento necesario de la actividad industrial y productiva. La actividad económica, medida en números fríos, está al servicio de intereses que son ajenos a los de la mayoría. No hay país posible si están rotas sus vías de conectividad, si el mercado interno se destruye en nombre de un falso crecimiento, si el comercio exterior es manejado por el capital extranjero”, aseguraron.
Descartada la obra pública, talón fundamental del equilibrio de las cuentas fiscales para el Gobierno, y como respuesta al deterioro de las vías nacionales, la administración libertaria avanza con la concesión de las mismas.
En la última semana, adjudicó dos segmentos estratégicos de la Red Federal de Concesiones viales, lo que habilita la administración privada de más de 1.800 kilómetros de rutas nacionales. Esta medida, incluida en la llamada Etapa II-A, apunta a transformar el modelo de gestión vigente mediante la supresión de subsidios y la promoción de aportes privados.
La decisión quedó formalizada el 15 de mayo, fecha en la que se oficializó la selección de las compañías responsables de los corredores Sur-Atlántico-Acceso Sur y Pampa.
“Firmamos la resolución de adjudicación de los tramos que integran la Etapa II-A de la Red Federal de Concesiones. El Tramo Pampa comprende la RN 5 hasta su empalme con la RN 35, mientras que el Tramo Sur-Atlántico-Acceso Sur incluye las autopistas Ezeiza-Cañuelas, Riccheri y Jorge Newbery, y las RN 3, 205 y 226. Son más de 1.800 km de rutas nacionales que pasarán a operar bajo un esquema sin subsidios, con inversión 100 % privada y mejores estándares de servicio para los argentinos”, describió el ministro de Economía, Luis Caputo, en sus redes sociales.
La iniciativa contempla corredores clave que enlazan la provincia de Buenos Aires, La Pampa y sectores del sur bonaerense. Para el Tramo Sur-Atlántico-Acceso Sur, la concesión fue otorgada al consorcio integrado por CONCRET NOR SA, MARCALBA SA, POSE SA y COARCO SA, cuya propuesta tarifaria para el peaje se fijó en 997 pesos, sin IVA. En ese trayecto se incluyen la autopista Ezeiza-Cañuelas, la Riccheri, la Jorge Newbery y las rutas nacionales 3, 205 y 226, vías de alto flujo que comunican polos urbanos, industriales y zonas agrícolas.
En el caso del Tramo Pampa, la adjudicación correspondió a CONSTRUCCIONES ELECTROMECÁNICAS DEL OESTE SA, con una tarifa de peaje propuesta de 2.355,37 pesos, también sin IVA y bajo un plazo de concesión de veinte años. Este tramo comprende la Ruta Nacional 5 desde el inicio hasta la intersección con la Ruta Nacional 35, atravesando áreas con intensa producción agrícola y ganadera.
Ambos acuerdos estipulan que la inversión en modernización, mantenimiento y optimización de los servicios será responsabilidad exclusiva de las empresas concesionarias, sin financiamiento estatal. El propósito expuesto por el gobierno apunta a elevar los niveles de calidad y eficiencia en la administración de la infraestructura vial. De acuerdo con la comunicación oficial, el modelo pretende “mejores estándares de servicio para los argentinos”, según declaraciones de Caputo.
Al mismo tiempo, el titular del Palacio de Hacienda proyectó que estas concesiones derivarán en un alza del sector constructor, uno de los más afectados por el parate de la obra pública y el encarecimiento de los costos en dólares en los últimos dos años y medio.
“Si pensamos en la construcción, para junio o julio ya van a estar en obra los 9.000 kilómetros de corredores viales, eso le va a dar un impulso más. También vamos a estar empezando el proceso de licitación para otros 12.000 kilómetros de rutas nacionales. Le estamos entregando rutas nacionales a las provincias que están empezando a hacer ellas las obras, con financiamiento propio o que le estamos consiguiendo nosotros del BID, el Banco Mundial, CAF”, aseguró el jefe de la cartera económica
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ECONOMIA
Milei confía en aprobar cambio del Régimen de Zonas Frías: quiénes se quedarán sin subsidios al gas
El gobierno de Javier Milei confía en aprobar esta noche en la Cámara de Diputados el proyecto que reforma el Régimen de Zonas Frías y recorta subsidios al gas en numerosas localidades de Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, Mendoza y Salta, entre otras, luego de una negociación con un grupo de gobernadores que incluyó la promesa de una compensación para la tarifa eléctrica de la cual también se beneficiarán las distribuidoras.
La bancada del oficialismo logró el quórum para sesionar poco antes de las 10:30 con la colaboración de los diputados alineados con los gobernadores de Misiones, Salta, Tucumán, San Juan, Neuquén y Mendoza, además del PRO y la UCR. Fuentes del oficialismo y de la oposición adelantaron a iProfesional que ya están los votos para darle media sanción al proyecto y girarlo al Senado.
El proyecto enviado por Milei y el ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo, revierte la ampliación territorial del Régimen de Zonas Frías que se aprobó en 2021 a instancias del kirchnerismo, lo que implica una significativa reducción del universo de usuarios que gozaban de descuentos sobre la tarifa de gas de entre 30% y el 50%.
La gestión anterior extendió ese subsidio de 950.000 hogares a 4 millones y se estima que si el proyecto se convierte en ley aproximadamente 3 millones de usuarios perderían ese beneficio, según fuentes parlamentarias, dado que volvería a limitarse solo a la Patagonia, la Puna y el departamento de Malargüe (Mendoza). Básicamente, el proyecto cambia el criterio geográfico más amplio por uno basado en el nivel de ingresos de los hogares.
Zonas Frías: la negociación detrás del recorte de subsidios al gas
Por el impacto que este cambio tendrá en el bolsillo de millones de usuarios, durante algunas horas estuvo en duda que los gobernadores mandaran a sus diputados a votar a favor. De hecho, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, pidió públicamente que el proyecto sea rechazado, dado que en esa provincia el cambio afectará a los hogares de los departamentos del sur y centro de la provincia, incluyendo zonas como Río Cuarto, General Roca y Calamuchita, entre otros.
No obstante, el Gobierno destrabó la aprobación con el ofrecimiento de una compensación parcial en la tarifa eléctrica para las zonas cálidas en las provincias de Salta, Jujuy, Misiones, Tucumán, Catamarca y Santa Fe. El ministro del Interior, Diego Santilli, encabezó la negociación con los gobernadores de esos distritos para asegurar los votos necesarios.
Mientras la compensación saldría por resolución, la otra pata de la estrategia del oficialismo pasó por las distribuidoras eléctricas. «La ley sale porque las distribuidoras tienen deudas con CAMMESA y necesitan la compensación«, señaló a iProfesional una fuente parlamentaria al tanto de las conversaciones sobre el tema.
La clave pasa por el artículo 4 del proyecto que crea un mecanismo para condonar las deudas acumuladas por las distribuidoras con CAMMESA durante los períodos de emergencia tarifaria. «Ese artículo es clave. Parece un tema del gas, pero es de electricidad. Acá mandan las eléctricas», sintetizaron con cierta amargura en uno de los despachos opositores.
Lo concreto es que el gobierno de Milei espera que el recorte de los subsidios al gas en todos los departamentos que quedarán excluidos del Régimen de Zonas Frías le permita un ahorro fiscal de entre un ahorro fiscal de entre $200.000 millones y $460.000 millones anuales.
Quiénes mantendrán el beneficio por zona fría
El proyecto del oficialismo quiere vuelve al diseño geográfico original, con lo que quedarán afuera del subsidio por zona fría algo más de 50 municipios de Buenos Aires, una docena de departamentos en Córdoba, así como en La Pampa y en San Juan, 8 en Santa Fe, en San Luis y en Salta, 6 en Mendoza, 3 en Catamarca, 3 en La Rioja, y 1 en Tucumán (Tafí del Valle)
Los únicos hogares que seguirán contando con la bonificación del 50% serán los que estén anotados en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), al cual acceden solo quienes acreditan un ingreso igual o inferior a tres Canastas Básicas Totales, monto que hoy ronda los $4.400.000, y familias donde al menos un miembro tenga Certificado Único de Discapacidad (CUD).
Pero además, otro cambio que introduce el proyecto es que el subsidio dejará de aplicarse sobre la totalidad de la factura y pasará a cubrir únicamente el consumo de gas natural medido en metros cúbicos. Hasta ahora, el beneficio también alcanzaba al cargo fijo.
El argumento central del Gobierno es que la ampliación de las localidades consideradas «zona fría» que se aprobó en 2021 «desnaturalizó» el sistema de tal forma que el subsidio alcanzó a «todos los usuarios de una vasta región del país con independencia de su poder adquisitivo«, según graficó durante el debate en comisiones la secretaria de Energía, Carmen Tettamanti.
Qué localidades perderán el subsidio por zona fría si avanza la ley
El mayor impacto se dará en la provincia de Buenos Aires, que fue la más beneficiada por la extensión de 2021. Los hogares de General Pueyrredón (Mar del Plata), Necochea, Partido de la Costa, Pinamar, Villa Gesell, Bahía Blanca, Patagones, Tres Arroyos, Tandil, Olavarría y Azul, entre otros, perderán el descuento por zona fría si el proyecto se convierte en ley.
También municipios de la región centro y norte de la Provincia como Capitán Sarmiento, Carmen de Areco, General Las Heras, Junín, Pergamino, San Nicolás, Campana, Zárate, Chivilcoy, Balcarce y Bolívar se verían afectados.
En Mendoza únicamente se mantiene dentro del beneficio el departamento de Malargüe, contemplado en el régimen original, mientras que quedarán afuera el Gran Mendoza (incluida la Capital, San Rafael, General Alvear, Tunuyán, Tupungato, San Carlos, San Martín, Junín, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz.
Córdoba es otro de los distritos que sentirá el impacto de la exclusión en el Régimen de Zonas Frías al quedar afuera los departamentos del sur y centro de la provincia, incluyendo algunas de las zonas más pobladas como Río Cuarto, Juárez Celman, General Roca, Presidente Roque Sáenz Peña, Tercero Arriba, Calamuchita, Santa María y San Alberto, entre otros.
Asimismo quedarán excluidos del beneficio los municipios de la zona sur de Santa Fe que habían sido alcanzados por la ampliación de la Ley 27.637 incluido Rosario, igual que los departamentos de Cafayate; Cerrillos; Chicoana; La Caldera; La Viña; Rosario de Lerma; San Carlos y la Capital en la provincia de Salta.
En el caso de La Pampa, limita con la Patagonia pero gran parte de su territorio no estaba incluido en la ley original y fue incorporado masivamente en 2021, por lo que si avanza el proyecto del Gobierno perderán el beneficio generalizado Santa Rosa y las localidades ubicadas en Maracó; Realicó; Trenel; Conhelo; Quemú; Chapaleufú; Rancul; Catriló; Atreucó; Guatraché y Utracán.
Misma situación en localidades de San Luis como Ciudad de San Luis, Villa Mercedes o Merlo; la zona del Gran San Juan; Andalgalá, Belén y Tinogasta en Catamarca; Famatina, Chilecito y General Lamadrid en La Rioja y Tafí del Valle en Tucumán.
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ECONOMIA
Darío Epstein: “Los mercados están atentos a si la Argentina puede mantener el equilibrio fiscal”
El analista Darío Epstein analizó para Infobae al Regreso las dificultades del clima político, el impacto del ajuste y el dilema de ahorrar o invertir en un país donde la promesa de orden económico convive con la tensión social.
En diálogo con Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería, el especialista puso el foco en el dilema central de la economía: “El mundo nos está mirando. Todos los mercados están atentos a si la Argentina puede mantener el equilibrio fiscal, incluso en medio de la presión política y el desgaste social”.
“La confianza es la variable central para cualquier inversor. Hoy la economía argentina muestra números récord en balanza comercial y exportaciones, pero la clave es si la política puede sostener el rumbo sin ceder ante el desgaste”, advirtió Epstein. Y precisó: “El Gobierno tuvo que hacer ajustes sin reservas y sin acceso al crédito externo, fue una cirugía de emergencia. Nadie prometió un camino fácil, pero si se mantiene el orden, la inversión debería llegar”.
Epstein subrayó que el shock del ajuste se siente fuerte en la economía real: “El país estaba acostumbrado al exceso de gasto. Cuando cortás la obra pública o el gasto corriente, el impacto sobre el empleo y el consumo es inmediato. No es un modelo ideal, es la transición para poder crecer en serio”.
Pese al recorte, remarcó el potencial de los sectores que lideran el repunte: “Energía, minería y campo son los motores. El desafío es que el resto acompañe y no quede afuera”.
Consultado sobre el efecto de la crisis política y la comunicación presidencial, Epstein fue prudente: “La pelea política genera ruido y demora la llegada de inversiones. A los mercados no les gusta la confrontación, pero muchos empresarios admiten que si Milei no se plantaba, no podía recortar el gasto. La confianza, al final, depende de que el rumbo no cambie ante la presión”.
Sobre la estrategia para el ahorrista, el especialista fue concreto: “En este contexto, la clave es diversificar y no apostar todo a una sola alternativa. Todavía falta una reforma fiscal profunda, porque con 160 impuestos la administración es carísima y desalienta la inversión genuina”.
Epstein anticipó la nueva edición del LATAM Economic Forum, que se realizará el 28 de mayo en el Golden Center de Parque Norte, Buenos Aires. “Reunimos a los empresarios y referentes más relevantes para debatir cómo invertir y crecer en este contexto. El presidente Milei cierra el evento, como hace desde antes de llegar al poder. Todo lo recaudado se dona a organizaciones sociales: esta es solidaridad real, no con la plata del Estado”.
El panel reunirá a Pablo Quirno, Horacio Marín, Marcelo Mindlin, Fabián Calle y Claudio Zuchovicki, además de Epstein como moderador: “Queremos que los protagonistas expliquen dónde ven oportunidades y qué señales esperan antes de volver a apostar fuerte a la Argentina. La credibilidad se juega en estos meses”.
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