Además de la reforma laboral que enviara el Gobierno durante las sesiones extraordinarias, la discusión sobre la legislación y sus impactos en la economía tomaron nuevo impulso en las últimas semanas con un caso particular. Cuando un juzgado dictó una indemnización de $250 millones en favor de un mozo con 26 años de antigüedad vinculado a un restaurante. El caso abrió el debate sobre la sustentabilidad del régimen de indemnizaciones y sus efectos sobre empresas y aseguradoras.

Pare el origen del conflicto reside en la forma en que la normativa laboral operó durante la emergencia sanitaria. La prohibición de despidos en el período de pandemia multiplicó el valor de las indemnizaciones en los juicios, al combinarse con el criterio judicial que consideró las propinas como parte del salario para el cálculo final. Ese enfoque arrojó, para el caso mencionado, un valor de $9,4 millones en 2020. A ese monto, el tribunal aplicó la actualización por Índice de Precios al Consumidor (IPC) más 3% anual, una fórmula definida por el entonces Gobierno de Alberto Fernández, que resultó en la cifra actual de $250 millones.

Este fallo reciente encendió alarmas en sectores empresariales y en el sistema de aseguradoras, al proyectar un posible efecto multiplicador sobre futuras sentencias. El fenómeno no resulta exclusivo de los despidos individuales. Operadores del sector destacaron que un proceso similar afecta a las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART), como lo evidencia la inhibición impuesta por la Superintendencia de Seguros de la Nación a una de las compañías de mayor peso en ese mercado. En esa oportunidad, el disparador fue la presión financiera de los juicios acumulados y sus actualizaciones, que absorbieron una porción significativa de los ingresos y complicaron la operatoria habitual de la aseguradora.

Un informe del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa) con base en datos aportados por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, expuso que el universo de litigios laborales incluye un volumen extraordinario de expedientes. El stock de juicios por riesgos del trabajo alcanza los 308.082 casos actualmente en trámite. El segmento de despidos, la otra gran fuente de litigiosidad, suma 329.248 expedientes adicionales. Considerados de manera conjunta, el total de causas en curso por ambas vías judiciales trepa a 637.330 procesos pendientes de resolución.

La magnitud cobra otra dimensión al relacionar el stock de juicios con los asalariados registrados en el sector privado, que suman alrededor de 6,3 millones. La relación indica que los litigios pendientes representan cerca del 10% del empleo formal, proporción que inquieta a especialistas y destaca el peso del pasivo pendiente sobre las cuentas empresariales y el sistema judicial.

La legislación laboral vigente habilita mecanismos de actualización que, en el contexto inflacionario y con las reformas implementadas durante la emergencia sanitaria, transformaron el universo de pasivos judiciales en cifras de difícil cobertura. Las propias reglas utilizadas por la justicia en distintas jurisdicciones, incluyendo la capitalización de intereses y la indexación por inflación, generan montos “históricos” que comprometen la sostenibilidad de las empresas afectadas.

Desde la óptica de quienes siguen la evolución de estos expedientes, la dimensión del stock de juicios amenaza el funcionamiento normal del sector asegurador y de múltiples empresas de servicios y comercio. Al respecto, se señalan que los sistemas de actualización aprobados o sugeridos en las normas actuales convierten en una deuda impagable la suma de pasivos judiciales acumulados.

La preocupación oficial y privada coincide en que la única forma de controlar hacia adelante esta problemática consiste en eliminar o acotar los elementos que potencian la litigiosidad, aunque ese enfoque solo impactaría en los casos futuros. Resta resolver cómo enfrentar el pasivo ya generado con las reglas que tensionan financieramente a los distintos actores.

“El Código Civil y Comercial de la Nación, en su artículo 768, habilita al Banco Central a fijar una tasa de intereses moratorios de referencia para uso de los tribunales en la actualización de deudas. Extremar la prudencia en la definición de esta tasa de interés es la única manera de hacer viable el pago de los juicios acumulados”, destacaron en el informe de Idesa.

En respuesta a este escenario, el Banco Central abrió una consulta pública sobre la nueva Tasa de Intereses Moratorios (TIM). La propuesta contempla calcular la tasa como un promedio ponderado entre la tasa pasiva de depósitos y la tasa activa de préstamos, estableciendo un rango entre un piso y un techo definidos por CER más 3% anual. El planteo busca preservar el valor real de los créditos judiciales, evitando “arbitrariedades” y escaladas mayores o pérdidas severas en los montos finales. El esquema se considera razonable para el futuro, siempre y cuando se logren cambios en los factores que generan una litigiosidad incompatible con el desarrollo normal del mercado.

No obstante, ese modelo choca con el objetivo de aliviar el pasivo asociado a los millones de juicios que esperan sentencia. Analistas proponen para ese universo aplicar hasta el 31 de diciembre de 2025 la metodología de la Comunicación BCRA 14.290, que combina los rendimientos de caja de ahorro y plazos fijos, y luego, a partir de enero de 2026, empalmar ese índice con la fórmula incorporada por el Decreto 70/2023 (IPC + 3% anual).

La Comunicación BCRA 14.290 nació en 1991 para enfrentar los saldos judiciales surgidos de la hiperinflación de 1989 y 1990. Voceros apuntan que el mismo recurso resulta útil en el presente, al enfrentar las consecuencias de la inflación de los años recientes y la acumulación de litigios laborales. No disponer de un mecanismo de emergencia adecuado para estas circunstancias pondrá en riesgo la viabilidad de innumerables empresas e impactará sobre el empleo en el sector formal.

El debate permanece abierto sobre cuál será el índice de actualización definitivo que los tribunales aplicarán para los juicios actuales. Tanto las empresas como las cámaras empresariales y las aseguradoras de riesgos laborales aguardan definiciones normativas que aporten previsibilidad a los pagos y permitan dimensionar el tamaño real del pasivo. Mientras tanto, el stock de juicios laborales sigue creciendo y compite por el centro de la agenda en la definición de la próxima reforma laboral.

Un informe revela que los hogares de ingresos medios en todo el país son los que más dificultades tuvieron para cubrir los gastos en la recta final del año

07/12/2025 – 18:48hs

El cierre del año 2025 encuentra a la clase media argentina en una situación de vulnerabilidad económica crítica, siendo el sector que experimentó las mayores dificultades para cubrir sus gastos. Un informe reciente del Instituto Argentina Grande, basado en microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH – INDEC) del segundo trimestre de 2025, reveló que la necesidad de recurrir a estrategias complementarias para subsistir es una realidad para casi la mitad de los hogares.

El análisis arrojó que, en total, el 48% de los hogares en el país tuvo que desplegar al menos un mecanismo para llegar a fin de mes. No obstante, este porcentaje asciende al 53% específicamente en los hogares de ingresos medios, superando incluso a los deciles de ingresos bajos. Esta dinámica sugiere que la presión económica de fin de año afectó de manera desproporcionada a un sector que tradicionalmente tiene un mayor acceso a mecanismos financieros para paliar el déficit.

La «estrategia» de la clase media para enfrentar el desequilibrio entre ingresos y gastos se caracterizó por la liquidación de capital y un endeudamiento récord, una tendencia que se agrava en el contexto de un fuerte impacto en los precios de los servicios básicos debido a la quita de subsidios.

La estrategia de supervivencia de la clase media: ahorros y endeudamiento récord

El estudio del IAG detalla que los hogares de ingresos medios se distinguieron por utilizar mecanismos financieros más complejos que los deciles de bajos ingresos para complementar sus presupuestos, sacrificando sus reservas y su patrimonio a futuro.

• Gasto de ahorros y venta de pertenencias: El 35% del total de hogares en Argentina gastó sus ahorros para cubrir los gastos corrientes. Sin embargo, en la clase media este porcentaje fue superior, alcanzando al 40% de los hogares medios. Además, el 9% de los hogares a nivel nacional optó por la venta de pertenencias como estrategia de subsistencia.
• Endeudamiento récord: El 25% de los hogares se endeudó (ya sea con conocidos o mediante entidades financieras) para llegar a fin de mes. Este indicador es particularmente preocupante, ya que el endeudamiento es la única variable que se encuentra en peor situación que en 2024, el año considerado como el pico de la serie histórica.
• Deuda con bancos: El recurso a las entidades financieras fue una característica distintiva de la clase media, donde el 18% de los hogares de ingresos medios se endeudó con bancos. Este porcentaje es significativamente más alto que el 12% registrado en los sectores de bajos ingresos, lo que ocurre en un contexto donde la morosidad de los créditos personales llegó al 9,1%, el pico más alto desde que se tiene registro.

El informe del Instituto Argentina Grande explica que la presión financiera sobre la clase media se debe, en gran medida, al cambio de precios relativos derivado de la eliminación de subsidios a los servicios públicos.

Este cambio generó un salto dramático en el peso que los servicios básicos tienen sobre el ingreso. El gasto en servicios esenciales como agua, gas y electricidad, que en noviembre de 2023 representaba solo el 4% de un salario mediano, pasó a representar el 11% del mismo salario en 2025. Este aumento de casi tres veces en la participación de los gastos fijos básicos reduce drásticamente el margen de maniobra de la clase media para cubrir el resto de sus necesidades.

En medio del proceso de reestructuración y modernización, este jueves se abrió el proceso de observaciones previas a los proyectos de pliego licitatorios de la Vía Navegable Troncal (VNT). El procedimiento fue producto de un consenso entre empresas, gobiernos provinciales y el sector productivo, tras un proceso de diálogo cuya finalidad fue estructurar la concesión de la principal ruta fluvial argentina.

La continuidad del proceso incluye la apertura de una instancia participativa de diez días para que el sector privado y la ciudadanía presenten observaciones sobre los proyectos de pliego. Las áreas técnicas y legales de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) elaborarán un informe final con los principales aportes, previo a la versión definitiva de los pliegos.

Con el respaldo técnico y jurídico de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), se abrió el proceso de observaciones previas a los proyectos de pliego.

De esta manera, el proceso de observaciones busca establecer la base para la futura licitación del sistema de navegación y dragado, pilares del comercio exterior argentino.

Entre los principales puntos, la UNCTAD sugirió incorporar en el Modelo de Contrato la posibilidad de adaptar las condiciones contractuales por si llegaran a surgir “actuaciones de interés público no previstas” en los anexos del pliego.

Según el documento al que accedió Infobae, la propuesta planteó la creación de un mecanismo formal por el cual la Autoridad de Aplicación y Control pueda evaluar la extensión de trabajos de dragado u otras obras. Esta modificación específica que, en caso de necesidad, la autoridad correspondiente realizará un análisis jurídico y ambiental, notificará a la concesionaria y elevará la solicitud para una eventual renegociación del contrato.

En materia de requisitos técnicos, la UNCTAD recomendó elevar los estándares de acreditación para el representante técnico de las empresas oferentes. En este sentido, se solicitará que el responsable propuesto sea ingeniero civil o portuario, matriculado o en trámite de matriculación ante el Consejo Profesional de Ingeniería Civil (CPIC).

Además, se exigirán antecedentes comprobables en cargos de organización y dirección de obras de dragado, con una experiencia mínima de treinta y seis meses en proyectos iniciados desde enero de 2016. “El oferente será descalificado si no cumple con los requisitos de experiencia”, detallaron.

En línea con esto, el organismo internacional también propuso una mejora en el Reglamento para la Ejecución del Fideicomiso previsto en el Anexo 10 del pliego. Específicamente, sugirieron añadir una cláusula final explícita que establezca que el fideicomiso concluye al agotarse los remanentes de fondos, no necesariamente con la finalización del plazo de concesión.

Respecto del sistema de evaluación de ofertas, la UNCTAD observó que el artículo 30 introduce una metodología distinta a las mejores prácticas previamente recomendadas. La norma indicó que, si la mejor oferta económica supera en más de un cinco por ciento a la siguiente, la comisión evaluadora puede exigir una rebaja al primer oferente.

En caso de negativa, la oferta quedaría desestimada. Sobre este punto, las autoridades internacionales aclararon que no se incluyó este procedimiento en sus recomendaciones y sostuvo: “Lo recomendado por este equipo es que la licitación sea adjudicada al proponente con mayor puntaje técnico, siempre que supere los 40 puntos del segmento técnico del pliego”.

Por otro lado, la UNCTAD consideró que las empresas Jan de Nul, DEME, Boskalis y Van Ord contaban con la flota de dragas necesarias para cumplir con los requisitos. Respecto a otras compañías como Inai Kiara, Rhode Nielsen, Great Lakes and Dock Co., Weeks Marine deslizaron que no los cumplían por separado, pero que podrían funcionar de forma conjunta.

Horas después de que se conociera este avance, el interventor de la Administración General de Puertos Sociedad Anónima Unipersonal, Gastón Benvenuto, autorizó la incorporación del “Procedimiento de Intimación y Gestión de Cobranzas de Facturas Adeudadas y Emitidas en Dólares por Peajes de la Vía Navegable Troncal”. La medida se oficializó en la Resolución N° 132/2025 publicada en el Boletín Oficial.

De esta manera, se facultó a la Dirección de Administración y Finanzas a intimar a los morosos que se identificaran por medio de relevamientos semanales. Entre los puntos clave, se determinó que los pagos se emitirán en dólares y se cotizarán según los valores establecidos por el Banco Nación.

“El sujeto obligado al pago será notificado y puesto en conocimiento de dicha circunstancia por medio de una Nota de Intimación de Pago, para que, en un plazo de quince (15) días corridos desde su recepción, regularice su situación”, remarcaron. También se incluyó el tipo de modelo que utilizará el organismo, para emitir las notas de intimación.