El senador del peronismo disidente y exgobernador de Salta, Juan Carlos Romero, anunció este martes que no será candidato en las próximas elecciones nacionales y, de esta manera, el Gobierno libertario perderá a su principal aliado: fue uno de los jinetes que creó el “grupo de los 39”, conformado por oficialismo y dialoguistas que acompañó al Ejecutivo en los primeros meses de gestión, con una Casa Rosada en desventajosa minoría en el Congreso.

“Dejo el cargo, pero no la política”, aseguró Romero en un acto realizado en el salón Arturo Illia de la Cámara alta y que contó con la presencia no sólo de su familia y colaboradores, sino también de legisladores como el diputado peronista Miguel Ángel Pichetto, y los jefes de bloque de la Eduardo Vischi (UCR) y Alfredo De Ángeli (Pro), entre otros.

En medio de su discurso, el salteño dejó una advertencia a futuro por el “bloqueo institucional” que abrazó al Congreso en los últimos meses. Como si fuese un consejo hacia el Gobierno, Romero deslizó: “No alcanza con tener razón, sino con encontrar una solución”.

Tras varias críticas contra el kirchnerismo -“modelo populista que arrasa”, enfatizó-, el justicialista revalidó la estrategia del grupo de los 39. Sin embargo, observó: “Ese espíritu se fue perdiendo y es una de las cosas que me frustran. Podríamos haber cubierto las vacantes de la Auditoría General de la Nación o las más de 150 vacantes en la justicia”.

La mención de Romero no es menor: en el Senado se acumula no sólo la problemática de la AGN -está acéfala de auditores legisladores y queda su presidente, el opositor pseudo K Juan Manuel Olmos-, sino la de vacantes judiciales que no precisan dos tercios. Caso distinto el de la Corte Suprema, otro tema más que sensible y sin definición que sí necesita dicha mayoría agravada.

“Hace 40 años perdí mi primera elección y no estuvo mal eso. Había un equilibrio entre las tres fuerzas: conservadores, el radicalismo y el justicialismo”, reflexionó. Seguido a ello, destacó el “consenso” para la reforma de la Constitución de Salta -y la nacional, de 1994-, así como el equilibrio fiscal en su distrito “incluso en épocas de crisis” y un porcentaje no menor del presupuesto provincial destinado a obras.

Corte Suprema y AGN

El proyecto de Romero de siete butacas es, hasta ahora, uno de los pocos que tiene un guiño inicial de varias bancadas en el Senado, en medio de un ida y vuelta poco claro -y un puñado de picardías- entre el oficialismo y la oposición.

“Si no están de acuerdo los tres miembros del tribunal, no hay mayoría y hay que citar conjueces. ¿Cuál es el riesgo? Uno, es el aumento o dilación de las soluciones; y la otra, más grave, al ser gente que viene de otros tribunales, puede llegarse a cambiar la jurisprudencia histórica de la Corte en diversos temas”, aseveró en una de las primeras reuniones de comisiones para tratar el tema.

El salteño también evaluó: “Que la decisión la tomen magistrados que no tienen tan viva la necesidad de la tradición en los fallos puede llevar a que terminemos cambiando, de un día a otro, jurisprudencias aceptadas”. Y finalizó: “Hay algunos que dicen que aumentar el número genera inseguridad. Es posible, pero más grave es el hecho de que se pierda una línea de trayectoria en los fallos que nos haga previsibles. Y, sin justicia previsible, vamos a tener un riesgo de inseguridad para mucha gente”.

Para la AGN, el texto de Romero disminuye el mandato de auditores, que pasarían de ocho a cuatro años, con posibilidad de reelección. También habla de las remuneraciones, siempre en el ojo de la tormenta: impone que no se perciba “un monto mayor a la dieta percibida” por los integrantes de la Cámara alta, hoy en más de $9,5 millones en bruto. La integración seguiría en siete: tres diputados, tres senadores y su titular. El kirchnerismo quiere nueve.

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El Gobierno denunció penalmente a todos los estudiantes que hicieron trampa durante el examen para las residencias médicas.

“Desde el Ministerio de Salud no vamos a permitir que se acceda al sistema con engaños. El ingreso a las residencias es el primer paso para cuidar la salud de los argentinos”, aseguró Mario Lugones, ministro de Salud. Y agregó: “Detrás de cada médico hay pacientes que merecen la mejor atención. Defender el mérito es asegurar calidad, compromiso y responsabilidad en la atención sanitaria”.

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Uno de los principales motivos que impulsó la denuncia del Gobierno fue el caso de un médico ecuatoriano que grabó el examen con anteojos. Fuentes oficiales aseguraron que el video es real y que el individuo se llama Alejandro David Castillo Adrián, que el año pasado tuvo una nota de 43/100, mientras que este año obtuvo 92/100.

Frente a situaciones similares a estas, el Ejecutivo informó este martes que reforzó las condiciones en las que se dará la nueva prueba. Los estudiantes que deberán presentarse son aquellos que lograron al menos 86 puntos en la primera fecha, pero que su congruencia académica no se verificó.

Según pudo saber TN, 127 personas que se sacaron ese puntaje pudieron relacionarlo con su historial académico, y no deberán rendir más nada. Sin embargo, 141 médicos tendrán que resolver nuevamente el examen para corroborar que no engañaron al sistema. La nueva evaluación será este jueves.

Pautas estrictas para evitar fraudes y garantizar la integridad

A través de la Disposición 61/2025 publicada en el Boletín Oficial, el Ministerio de Salud estableció que la prueba tendrá modalidad escrita, con 100 preguntas de opción múltiple a responder con tinta negra y un tiempo límite de cuatro horas, desde las 9 hasta las 13.

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No se permitirá el ingreso de dispositivos tecnológicos como celulares, relojes inteligentes, calculadoras o anteojos inteligentes. Además, los que deban usar el baño serán acompañados por personal responsable del aula, para evitar cualquier intento de comunicación indebida.

Según detalla el anexo de la normativa, la evaluación se enfocará en evaluar el conocimiento y su aplicación, la comprensión de mecanismos fisiopatológicos, diagnósticos y terapéuticos, la construcción de diagnósticos diferenciales, la fundamentación clínica, la integración de saberes, la claridad expresiva y la adhesión a principios éticos.

La nueva calificación no podrá superar la obtenida en el examen original. Se aceptará un margen de hasta un 10% de diferencia para mantener la nota previa, pero si la nueva evaluación resulta en un puntaje menor, se considerará esa calificación para el orden de mérito.

El Gobierno advirtió que cualquier conducta indebida para falsear resultados llevará a la exclusión automática del postulante.

Ministerio de salud, Medicos, Mario Lugones