POLITICA
Abuso sexual infantil: tras un polémico fallo, avanza en el Congreso un proyecto para eliminar la prescripción
El reciente fallo de la Corte Suprema que sobreseyó al exsacerdote Justo José Ilarraz, que había sido condenado a 25 años de prisión por abusar de seminaristas en Paraná, Entre Ríos, a fines de los 80 y principios de los 90, motivó que desde el Congreso se aceleren los tiempos para el tratamiento de cambios en el Código Penal.
Los magistrados del máximo tribunal determinaron que los abusos de Ilarraz (sus víctimas tenían por entonces entre 12 y 14 años) excedían los 12 años desde que se habían cometido. Por lo tanto, lo sobreseyeron por prescripción.
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La diputada Gabriela Brouwer de Koning (UCR) solicitará reunirse con su par Laura Rodríguez Machado (PRO), titular de la Comisión de Legislación Penal, para poner en discusión una iniciativa presentada en 2023. El proyecto, elaborado junto a la asociación civil Aralma, propone que en el Código Pena se determine la imprescriptibilidad de los delitos de abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes.
“A lo largo del proceso quedó más que demostrado que el cura Ilarraz abusó sexualmente de niños que, ya adultos, decidieron hablar. La prescripción no puede seguir siendo una barrera. No en estos casos. No cuando hablamos de una de las violaciones más graves a los derechos humanos”, planteó Brouwer de Koning.
El ministro de Justicia, Mariano Cuneo Libarona, adelantó que el Poder Ejecutivo enviará una propuesta similar. “Los delitos sexuales no deberían prescribir. Para evitar este tipo de injusticias, en el nuevo Código Penal que enviaremos al Congreso propondremos la imprescriptibilidad de los delitos sexuales”, señaló el funcionario.
“Celebramos la postura del ministro. Pero a la vez, señalamos que no podemos esperar más tiempo porque estamos permitiendo que verdaderos monstruos sigan siendo impunes -dijo Brouwer de Koning-. Las víctimas no pueden seguir esperando: si ya hay voluntad política, no esperemos a discutir todo el nuevo Código Penal. Podemos generar una ley específica, como ya existe en otros países. Necesitamos que los monstruos estén en las cárceles y no en las calles, en contacto con niños. Es necesario que el Congreso lo debata ya”.
El proyecto para declarar imprescriptibles los delitos sexuales
El objeto de la iniciativa, a la que titularon Ley sin plazo para la verdad, es claro: ”Establecer la imprescriptibilidad de la acción penal en el caso de delitos de violencia sexual del que hayan sido, sean o fueren víctimas niños, niñas y adolescentes, y modificar la denominación ‘abuso sexual’ por ‘violencia sexual’ en el Código Penal de la Nación”.
Además, en caso de duda, los jueces deberán interpretar las disposiciones de la ley siempre en favor del interés superior del niño, niña y adolescente, del derecho a la tutela judicial efectiva y la no discriminación, independientemente de la fecha de comisión del delito.
Brouwer de Koning está acompañada en su propuesta por las radicales Danya Tavela, Carla Carrizo, Marcela Antola, Natalia Sarapura, las disputadas de Coalición Cívica Paula Olivetto y Marcela Campagnoli, el libertario Carlo Zapata y Aníbal Tortoriello, del PRO.
“La violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes es cometida en un ámbito de intimidad y sin testigos. Este tipo de delitos permanecen ocultos mucho tiempo, situación que puede extenderse durante toda la niñez y la adolescencia, y muchas veces llegan a ser develados recién en la edad adulta de la víctima”, advirtió la diputada de la UCR.
Además la iniciativa hace referencia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que advierte que “la violencia sexual es una experiencia sumamente traumática, que tiene severas consecuencias difícilmente superables por el paso del tiempo, a diferencia de lo que acontece en otras experiencias traumáticas”.
Penas agravadas para los delitos sexuales
La norma agrava las penas establecidas en el artículo 119 del Código Penal. Tendrá prisión de seis meses a cuatro años el que violente sexualmente a una persona, cuando sea menor de 13 años o cuando medie violencia, amenaza, abuso coactivo o intimidatorio de una relación de dependencia, de autoridad, o de poder, o aprovechándose de que la víctima por cualquier causa no haya podido consentir libremente la acción.
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De cuatro a diez años de prisión cuando la violencia sexual ejercida, por su duración o circunstancias de su realización, configuró un sometimiento sexual gravemente ultrajante para la víctima. Y la pena será de seis a 15 años cuando el sometimiento tuvo acceso carnal por vía anal, vaginal u oral, u otros actos análogos, introduciendo objetos o partes del cuerpo por alguna de las dos primeras vías.
Si se produce un grave daño en la salud física o mental de la víctima, la pena se eleva de ocho a 20 años de prisión. De igual modo si el hecho fue cometido por ascendiente, descendiente, afín en línea recta, hermano, tutor, ministro de algún culto reconocido, entre otros agravantes.
Lo pasos de los proyectos
Tanto el proyecto de la diputada Gabriela Brauwer de Koning como el que presentará el ministerio de Justicia, tendrán que debatirse en la Comisión de Legislación Penal. Si las autoridades de la Cámara Baja deciden darles giro a otras comisiones, podría llevarse adelante un plenario de las mismas con la intención de acelerar la discusión. Tras lo dictámenes, el proyecto llegará al recinto de Diputados.
El caso Ilarraz
Justo Ilarraz fue prefecto de Disciplina en el Seminario Menor de Paraná. Se lo acusó de haber corrompido, ente 1985 y 1993, a siete varones de entre 12 y 14 años, mientras fue guía espiritual de los chicos y adolescentes que entraban al seminario.
Eran en su mayoría hijos de familias campesinas y de profunda fe, que los internaban allí con la ilusión de que se convirtieran en sacerdotes. En septiembre de 2012 la revista Análisis de Paraná reveló los abusos cometidos por el cura. La investigación judicial llevó casi seis años y hubo que decidir si la causa estaba prescripta.
El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos sostuvo que la gravedad de los hechos y el contexto de subordinación de las víctimas justificaban aplicar criterios internacionales que excluyen a estos delitos de la prescripción. Sin embargo, esto fue rechazado por la Corte Suprema.
Fallo judicial, Mariano Cuneo Libarona, Diputados
POLITICA
La CGT se reunirá este lunes para definir si va o no a un paro general contra la reforma laboral
Tras la aprobación de la reforma laboral por parte del Senado, desde la Confederación General del Trabajo (CGT) anticiparon que su Consejo Directivo se reunirá este lunes con la finalidad de resolver o no el llamado a un paro general.
El encuentro, encabezado por el nuevo triunvirato de co-secretarios generales, se da bajo presiones internas que ejercen los distintos sectores gremiales agrupados en la central. Quienes están a favor del paro quieren que sea por 24 horas y de carácter general el día en que la Cámara de Diputados trate el proyecto de ley con media sanción.
La advertencia de la CGT a Javier Milei: “Si se logra la media sanción, profundizaremos el plan de lucha”
La reunión será el lunes a las 16 horas y en formato virtual, ya que según Infobae se proyectan variadas ausencias debido a viajes motivados por el feriado puente de Carnaval.
El Consejo Directivo tenía previsto reunirse para debatir el avance de la reforma laboral y tomar eventuales acciones, pero la presión interna hizo que se anticipara el llamado a deliberar y en un día feriado. Lo cual apunta a darle una magnitud al estado de urgencia en el que se encuentra la CGT.
Los sectores más antagónicos a la reforma laboral son los partidarios de llevar una protesta más dura que la exhibida por la central gremial el día en que el Senado trató y aprobó el nuevo estatuto, la cual se manifieste en un paro general de 24 horas. Algo con lo que se amagó a realizar pero se desactivo debido a que no se consideraran dadas las condiciones para una medida de fuerza de esa naturaleza.
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La CGT adelantó una reunión para debatir un paro general de 24 horas contra la reforma laboral
Luego del triunfo libertario que representó la sanción de la reforma laboral en el Senado, la CGT anticipó una reunión de urgencia de su Consejo Directivo para este lunes con el fin de debatir una propuesta que está creciendo: un paro general de 24 horas el día en que la Cámara de Diputados comience a tratar el proyecto de Javier Milei.
El encuentro se hará a las 16, de manera virtual (hay dirigentes que aprovecharon el fin de semana largo y están lejos de Capital), y su realización se precipitó por las fuertes presiones internas para hacer una protesta más dura contra la reforma laboral, ya que para muchos sindicalistas no alcanza con salir nuevamente a la calle.
Los cotitulares de la CGT Octavio Argüello (Camioneros), Jorge Sola (Seguro) y Cristian Jerónimo (empleados del vidrio) tenían previsto citar al Consejo Directivo para el miércoles o jueves próximos, pero en las últimas horas decidieron adelantar la reunión cuando empezaron a recibir señales de varios dirigentes de que querían ir al paro para profundizar su rechazo al proyecto.
“El triunvirato preferían no hacer un paro, pero se dieron cuenta de que por abajo se estaba planificando un cese de actividades de 24 horas, y si no lo impulsaba la CGT iban a quedar descolocados”, señaló a Infobae el jefe de un sindicato de peso, que, de todas formas, advirtió que el tema será objeto de un intenso debate este lunes.
Es que el sector dialoguista de la CGT, que predomina en la conducción, preveía una estrategia más moderada, con eje en los contactos con diversos bloques parlamentarios e incluso con sus interlocutores en el Gobierno para tratar de introducir nuevos cambios en el proyecto, aun sabiendo que Milei quiere acelerar los tiempos legislativos para que la ley sea sancionada cuanto antes.
El oficialismo procura tratar la reforma laboral que vino del Senado la semana que viene, pero el problema es que los feriados complican el regreso a Capital de muchos legisladores aliados. Si no hubiera problemas logísticos, la sesión en Diputados se haría el jueves 19, pero hasta anoche lo más probable es que pasara al miércoles 25.
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La Iglesia y los cultos evangélicos, en veredas opuestas ante la reforma del régimen penal juvenil
Las coincidencias y miradas comunes que históricamente en la Argentina acercaron a la Iglesia Católica y los cultos evangélicos, reflejadas particularmente en los llamados a la paz social en los tiempos de crisis, encuentran puntos disonantes en las posiciones frente a la reforma del régimen penal juvenil que impulsa el gobierno de Javier Milei.
El proyecto, que contempla la baja de la edad de imputabilidad a 14 años, dio su primer paso al ser aprobado por la Cámara de Diputados y debe ser tratado por el Senado.
La Asociación Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (Aciera) celebró la aprobación del proyecto en la Cámara baja y estimó fundamental “la promulgación de una norma acorde a la realidad actual, dado que la legislación vigente ha quedado obsoleta”. Los principales referentes de las comunidades evangélicas compartieron dos encuentros –en noviembre y en diciembre pasados- con el Presidente en la Casa Rosada.
“Es necesaria una adecuación de la edad de imputabilidad que sea compatible con los estándares internacionales y el contexto de la región. Los hechos delictivos cometidos por niños, niñas y adolescentes dejan al descubierto las falencias del Estado y de la sociedad para prevenir y atender adecuadamente estos casos”, expresó en una declaración la entidad que preside el pastor Christian Hooft.
Para la Iglesia Católica, en cambio, la reducción de le edad de imputabilidad –de 16 a 14 años- constituye “un retroceso en materia de derechos humanos y, por lo tanto, una medida regresiva e inconstitucional, en tensión directa con la ley 26.061, que establece que la responsabilidad por el cuidado y la protección de los niños, niñas y adolescentes recae en las personas adultas y en el Estado”.
Así lo expresaron las comisiones episcopales de Pastoral Social y Pastoral Carcelaria, junto con Cáritas, en una carta dirigida a los diputados y senadores que intervienen en el debate legislativo. Advierten, en tanto, que la reducción de la edad punible no baja el delito.
El debate sobre este tema sensible se presenta en momentos en que el canciller Pablo Quirno entregó personalmente al papa León XIV una carta del presidente Milei para invitarlo a visitar la Argentina. Aunque todavía no recibió a las autoridades de la Conferencia Episcopal Argentina, cuyo titular es el arzobispo de Mendoza, monseñor Marcelo Colombo.
La Iglesia Católica transmite en la carta a los legisladores su disposición a promover un aporte con espíritu constructivo, a partir de la experiencia de campo que referentes y profesionales territoriales desarrollan en el trabajo cotidiano con adolescentes y jóvenes. Una tarea que se construye “en parroquias, escuelas primarias y secundarias, centros barriales, los Hogares de Cristo, clubes parroquiales, grupos y movimientos infantiles, juveniles y comunitarios”.
Las comisiones episcopales señalan que la Iglesia suma su aporte al conjunto de voces de instituciones y organizaciones, como Unicef, la Sociedad Argentina de Pediatría, la Asociación de Psiquiatras Argentinos, la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina y la Asociación Argentina de Magistrados, Funcionarios y Profesionales de la Justicia de Niñez, Adolescencia y Familia, entre otras.
Celebran, al respecto, que todos han sido escuchados, pero no ven reflejados sus aportes en el contenido del proyecto.
Entre otros aportes, expresan que “es urgente destinar recursos específicos a políticas públicas en salud mental y adicciones, con dispositivos de atención accesibles, insertos en territorio y adaptados a la infancia y adolescencia, y detener “el desfinanciamiento en materia de políticas de salud y despidos de trabajadores dedicados a acompañar y contener personas atravesadas por consumo problemático y salud mental”.
Para los adolescentes mayores de 16 años que cometan delitos graves, la Iglesia propone la aplicación de la Justicia Restaurativa. “Esta vía, ya implementada con éxito en diversas regiones del país y del mundo, ha demostrado reducir la reincidencia a niveles cercanos al 0%. Involucra a jueces penales, víctimas, victimarios y organizaciones comunitarias, en un proceso reparador y verdaderamente transformador”, explican las comisiones episcopales.
En su pronunciamiento, los cultos evangélicos se solidarizan con quienes “sufren las consecuencias de los delitos”. Y entienden que “la aplicación de penas será insuficiente si no se acompaña de políticas públicas que atiendan la raíz del problema -social, económica, educativa y familiar- y que apunten a la reinserción social”.
Aciera considera que “debe ser una prioridad la adecuación de las instituciones y espacios físicos donde los niños, niñas y adolescentes serán reencauzados, garantizando que no sean derivados a cárceles comunes”. Señala, además, que el Estado, en sus niveles nacional y provincial, debe asegurar las partidas presupuestarias para infraestructura, recursos profesionales y el acompañamiento de la sociedad civil, contemplando la dimensión espiritual en el proceso de recuperación”.
Sin embargo, entre las coincidencias que muestran ambos pronunciamientos, los cultos evangélicos declaran que “es urgente un plan nacional de prevención de consumos problemáticos y la efectiva implementación de la educación preventiva en las escuelas”.
“El éxito de cualquier reforma dependerá de la articulación obligatoria entre Justicia, escuela y familia, junto a mecanismos de evaluación periódica que garanticen la efectividad de las medidas”, concluye la declaración de Aciera.
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