POLITICA
Abuso sexual infantil: tras un polémico fallo, avanza en el Congreso un proyecto para eliminar la prescripción
El reciente fallo de la Corte Suprema que sobreseyó al exsacerdote Justo José Ilarraz, que había sido condenado a 25 años de prisión por abusar de seminaristas en Paraná, Entre Ríos, a fines de los 80 y principios de los 90, motivó que desde el Congreso se aceleren los tiempos para el tratamiento de cambios en el Código Penal.
Los magistrados del máximo tribunal determinaron que los abusos de Ilarraz (sus víctimas tenían por entonces entre 12 y 14 años) excedían los 12 años desde que se habían cometido. Por lo tanto, lo sobreseyeron por prescripción.
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La diputada Gabriela Brouwer de Koning (UCR) solicitará reunirse con su par Laura Rodríguez Machado (PRO), titular de la Comisión de Legislación Penal, para poner en discusión una iniciativa presentada en 2023. El proyecto, elaborado junto a la asociación civil Aralma, propone que en el Código Pena se determine la imprescriptibilidad de los delitos de abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes.
“A lo largo del proceso quedó más que demostrado que el cura Ilarraz abusó sexualmente de niños que, ya adultos, decidieron hablar. La prescripción no puede seguir siendo una barrera. No en estos casos. No cuando hablamos de una de las violaciones más graves a los derechos humanos”, planteó Brouwer de Koning.
El ministro de Justicia, Mariano Cuneo Libarona, adelantó que el Poder Ejecutivo enviará una propuesta similar. “Los delitos sexuales no deberían prescribir. Para evitar este tipo de injusticias, en el nuevo Código Penal que enviaremos al Congreso propondremos la imprescriptibilidad de los delitos sexuales”, señaló el funcionario.
“Celebramos la postura del ministro. Pero a la vez, señalamos que no podemos esperar más tiempo porque estamos permitiendo que verdaderos monstruos sigan siendo impunes -dijo Brouwer de Koning-. Las víctimas no pueden seguir esperando: si ya hay voluntad política, no esperemos a discutir todo el nuevo Código Penal. Podemos generar una ley específica, como ya existe en otros países. Necesitamos que los monstruos estén en las cárceles y no en las calles, en contacto con niños. Es necesario que el Congreso lo debata ya”.
El proyecto para declarar imprescriptibles los delitos sexuales
El objeto de la iniciativa, a la que titularon Ley sin plazo para la verdad, es claro: ”Establecer la imprescriptibilidad de la acción penal en el caso de delitos de violencia sexual del que hayan sido, sean o fueren víctimas niños, niñas y adolescentes, y modificar la denominación ‘abuso sexual’ por ‘violencia sexual’ en el Código Penal de la Nación”.
Además, en caso de duda, los jueces deberán interpretar las disposiciones de la ley siempre en favor del interés superior del niño, niña y adolescente, del derecho a la tutela judicial efectiva y la no discriminación, independientemente de la fecha de comisión del delito.
Brouwer de Koning está acompañada en su propuesta por las radicales Danya Tavela, Carla Carrizo, Marcela Antola, Natalia Sarapura, las disputadas de Coalición Cívica Paula Olivetto y Marcela Campagnoli, el libertario Carlo Zapata y Aníbal Tortoriello, del PRO.
“La violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes es cometida en un ámbito de intimidad y sin testigos. Este tipo de delitos permanecen ocultos mucho tiempo, situación que puede extenderse durante toda la niñez y la adolescencia, y muchas veces llegan a ser develados recién en la edad adulta de la víctima”, advirtió la diputada de la UCR.
Además la iniciativa hace referencia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que advierte que “la violencia sexual es una experiencia sumamente traumática, que tiene severas consecuencias difícilmente superables por el paso del tiempo, a diferencia de lo que acontece en otras experiencias traumáticas”.
Penas agravadas para los delitos sexuales
La norma agrava las penas establecidas en el artículo 119 del Código Penal. Tendrá prisión de seis meses a cuatro años el que violente sexualmente a una persona, cuando sea menor de 13 años o cuando medie violencia, amenaza, abuso coactivo o intimidatorio de una relación de dependencia, de autoridad, o de poder, o aprovechándose de que la víctima por cualquier causa no haya podido consentir libremente la acción.
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De cuatro a diez años de prisión cuando la violencia sexual ejercida, por su duración o circunstancias de su realización, configuró un sometimiento sexual gravemente ultrajante para la víctima. Y la pena será de seis a 15 años cuando el sometimiento tuvo acceso carnal por vía anal, vaginal u oral, u otros actos análogos, introduciendo objetos o partes del cuerpo por alguna de las dos primeras vías.
Si se produce un grave daño en la salud física o mental de la víctima, la pena se eleva de ocho a 20 años de prisión. De igual modo si el hecho fue cometido por ascendiente, descendiente, afín en línea recta, hermano, tutor, ministro de algún culto reconocido, entre otros agravantes.
Lo pasos de los proyectos
Tanto el proyecto de la diputada Gabriela Brauwer de Koning como el que presentará el ministerio de Justicia, tendrán que debatirse en la Comisión de Legislación Penal. Si las autoridades de la Cámara Baja deciden darles giro a otras comisiones, podría llevarse adelante un plenario de las mismas con la intención de acelerar la discusión. Tras lo dictámenes, el proyecto llegará al recinto de Diputados.
El caso Ilarraz
Justo Ilarraz fue prefecto de Disciplina en el Seminario Menor de Paraná. Se lo acusó de haber corrompido, ente 1985 y 1993, a siete varones de entre 12 y 14 años, mientras fue guía espiritual de los chicos y adolescentes que entraban al seminario.
Eran en su mayoría hijos de familias campesinas y de profunda fe, que los internaban allí con la ilusión de que se convirtieran en sacerdotes. En septiembre de 2012 la revista Análisis de Paraná reveló los abusos cometidos por el cura. La investigación judicial llevó casi seis años y hubo que decidir si la causa estaba prescripta.
El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos sostuvo que la gravedad de los hechos y el contexto de subordinación de las víctimas justificaban aplicar criterios internacionales que excluyen a estos delitos de la prescripción. Sin embargo, esto fue rechazado por la Corte Suprema.
Fallo judicial, Mariano Cuneo Libarona, Diputados
POLITICA
Complejo panorama para el Gobierno en el Senado con la emergencia pediátrica y el presupuesto universitario
Panorama delicado le espera al Gobierno en el Senado, tras la insistencia en Diputados de las leyes que declara la emergencia pediátrica por un año -con el hospital Garrahan como emblema- y que blinda el presupuesto de universidades públicas. En la Cámara alta, ambas iniciativas fueron sancionadas el 21 de agosto pasado con sobrados dos tercios de los votos: la primera obtuvo 62 adhesiones, mientras que la segunda logró 58 avales, sobre un pleno que es de 72 integrantes.
En dicho encuentro, el proyecto sobre el Garrahan fue rechazado por los siete legisladores libertarios -ya se cuenta aquí al formoseño Francisco Paoltroni– y la macrista violácea Carmen Álvarez Rivero (Córdoba), mientras que la votación marcó dos ausencias: el peronista disidente Juan Carlos Romero (Salta), y el jefe del Pro en el Senado, el aliado circunstancial del oficialismo Alfredo De Ángeli (Entre Ríos).
Dicha situación no se repitió para universidades, pese a haberse realizado en la misma sesión. En esa definición, Romero y las macristas Andrea Cristina (Chubut) y Victoria Huala (La Pampa) prefirieron abstenerse, mientras que los diez votos negativos fueron los siete del oficialismo más Rivero, la radical Carolina Losada (Santa Fe) y el misionero Martín Goerling (Pro-Misiones). De Ángeli evadió de nuevo la exposición y fue el único ausente.
Garrahan
Uno de los artículos deja en claro que la emergencia en cuestión implicará “la asignación prioritaria e inmediata de recursos presupuestarios para bienes de uso y consumo, insumos críticos, mantenimiento de infraestructura, medicamentos, vacunas, tecnologías médicas y personal esencial destinados al cuidado y atención pediátrica en el país”.
Además, se establece “la recomposición inmediata de los salarios del personal de salud asistencial y no asistencial que atiende a la población pediátrica con criterios de equiparación y reconocimiento por funciones críticas”, que incluye “a los residentes nacionales de salud de todas las especialidades que se desempeñan en efectores de salud pediátricos y no pediátricos”. De hecho, la “recomposición no podrá ser menor a la que recibían en términos reales en noviembre” de 2023.
Otro punto importante es la eximición “a todo el personal de salud que se desempeña en efectores públicos y privados del pago de ganancias cuando desempeñan actividades críticas, horas extras y/o guardias”. Como emblema de esta puja se declara “al Hospital de Pediatría ‘Prof. Dr. Juan P. Garrahan’ como hospital de referencia nacional en la atención pediátrica de alta complejidad”. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el “impacto fiscal” de julio a diciembre sería de $65.573 millones.
Universidades
El texto impone la actualización “al 1º de enero de 2025, según la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor(IPC) informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC),en el período comprendido entre el 1º de mayo al 31 de diciembre de 2024”, del “monto de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas”. Y, para el corriente año, subas bimestrales.
Por otra parte, el Ejecutivo “deberá actualizar los salarios de los docentes y no docentes de las universidades públicas entre el período 1º/12/2023 hasta la sanción de la presente ley, en un porcentaje que no puede ser inferior al Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC en el mismo período”. Y todo incremento tendrá que “ser remunerativo y bonificable”.
Además, ante una eventual reactivación de la ley, al mes habrá que “convocar con carácter obligatorio a la negociación paritaria, con una periodicidad que no podrá exceder los tres (3) meses calendarios, asegurando en todos los casos y tramos de la negociación una actualización mensual no inferior a la inflación publicada” por el INDEC, tanto “para personal docente como no docente”.
POLITICA
Impronta presidencial: Javier Milei dictó más del doble de decretos que los proyectos que el oficialismo envió al Congreso
La imagen del presidente Javier Milei de espaldas al Congreso, cuando inauguró su mandato en diciembre de 2023, fue la postal que presagió el estilo combativo que caracterizará su relación actual con ambas cámaras. Dos elementos lo confirmaron: en lo que va de su gestión dictó más del doble de decretos de necesidad y urgencia (DNU) que proyectos de ley que presentó en igual período. Segundo, este año hubo casi tantos vetos como cantidad de leyes sancionadas.
En vísperas del debate en la Cámara de Diputados de la reforma de la ley que regula los DNU −para hacerla más restrictiva para el Poder Ejecutivo−, los datos fácticos explican la desesperación del oficialismo por evitar que la oposición le acote el uso de una herramienta clave para su gestión. En estos 21 meses de mandato, Milei dictó 74 DNU; en el mismo lapso presentó 33 proyectos de ley al Congreso. No solo la diferencia entre las cifras llama la atención; lo paradójico es que la mayoría de esas iniciativas está cajoneada por el propio oficialismo en las comisiones que preside.
La predilección de los libertarios por los decretos en detrimento de la sanción de leyes (aunque sean propias) es comparable con el que exhiben con los vetos. Este año el Congreso aprobó apenas once leyes; siete de ellas sufrieron el veto total del presidente. Nunca se vio en la historia democrática reciente semejante raid de vetos.
El oficialismo se victimiza con su debilidad parlamentaria −en ambas cámaras está en franca minoría− y argumenta que el atajo del DNU agiliza la gestión sin necesidad de someterse a farragosas negociaciones en el Congreso. Además, todos los gobiernos −incluso aquellos con mayorías parlamentarias− tuvieron a disposición esta herramienta e hicieron uso (y abuso) de ella, sostiene.
El argumento no deja de ser cierto, pero hay un antecedente que al menos lo pone en tela de juicio: el gobierno de Mauricio Macri y su relación con el Congreso durante los dos primeros años de gestión (2015-2017). Como Milei, el gobierno de Cambiemos asumió con una representación parlamentaria por demás exigua: 92 miembros en Diputados y apenas 16 en el Senado. No muy diferentes al que supo tener Milei antes de perder aliados en ambas cámaras el último tiempo.
Las cifras entre aquel período y el actual son contrastantes. Durante los dos primeros años de gestión de Cambiemos se aprobaron 188 leyes, dos veces y media más que las sancionadas en lo que va del mandato de Milei. En ese lapso, Macri dictó 34 DNU: Milei dictó el doble. En cuanto a vetos, Macri impartió cinco (parciales y totales), en sus cuatro años de gestión; el libertario ya vetó 10 leyes en solo dos años.
¿Cómo se explica que dos gobiernos en franca minoría parlamentaria exhiban números tan distintos? “Es la política, estúpido”, respondería, con un giro en la frase que lo hizo célebre, el expresidente norteamericano Bill Clinton. En efecto, apenas se inauguró el mandato de Cambiemos sus lugartenientes en el Congreso se abocaron a articular una base estable de legisladores aliados que le permita alcanzar la mayoría. Y lo lograron.
Con gestos y dinero fresco a los gobernadores del PJ quebraron las bancadas kirchneristas y propiciaron el surgimiento de un mosaico de votos peronistas −al que se sumó Sergio Massa y su Frente Renovador− abiertos a negociar las leyes claves; en el Senado entronizó a Miguel Pichetto, jefe del bloque peronista-kirchnerista, como principal interlocutor, lo que facilitó la tarea en la cámara más compleja.
Las diferencias están a la vista: Milei, en nombre del sacralizado equilibrio fiscal en las cuentas públicas, abjura de la política del diálogo −aunque no del “toma y daca”−, destrata a quienes le aconsejan apertura y moderación e incumple las promesas a quienes supieron acompañarlo. Una actitud cada vez más endogámica y expulsiva. Las consecuencias a la vista: insistencia de leyes y una seguidilla de decretos rechazados por la oposición.
El politólogo y profesor de la UBA Miguel De Luca advierte estas diferencias. “Todos los presidentes no peronistas desde la recuperación democrática –Ricardo Alfonsín, Fernando De la Rúa, Macri y Milei− tuvieron una situación de minoría sea en una o en ambas cámaras. La diferencia entre Milei y sus antecesores es el estilo del gobierno: la mayoría optó por entablar acuerdos más o menos estables con otras fuerzas. No así Milei, quien optó por coaliciones ad hoc”.
“Para ello –continuó− apeló a dos resortes: el veto, pasible de ser blindado con solo un tercio de ambas cámaras pero que no deja de ser un recurso reactivo que dificulta una agenda proactiva en el Congreso. Segundo, los DNU, que tienen un umbral más bajo para su aprobación que una ley y, por ello, constituyen un atajo inconstitucional”.
En el mismo sentido se expresó el politólogo Martín D’Alessandro. “Es un lugar común de los gobiernos justificarse al decir que los decretos les permiten gestionar de manera más rápida en algunas áreas, pero pierden la confianza que le aportaría el apoyo parlamentario a sus reformas –sostuvo−. La concentración del poder en un Poder Ejecutivo que abusa de los decretos y de los vetos es perjudicial para su propia credibilidad y estabilidad, porque es la evidencia de que puede convencer a muy pocos legisladores”.
DNU y proyectos cajoneados
En la proliferación de DNU de la era Milei hay de todo, como en botica. El más destacable, por su volumen e implicancias, es el DNU 70/23 de desregulación económica. Sin embargo, como en anteriores gobiernos, hay decretos que difícilmente se encuadren en la “necesidad” y “urgencia” que exige la Constitución −como aquel que elimina el descanso para los empleados públicos y el que le cambió el nombre al Centro Cultural Kirchner− y otros que debieron tratarse por ley, como la autorización a la salida y entrada de tropas y las modificaciones presupuestarias.
Sin embargo, el estilo libertario se muestra reactivo al debate legislativo; basta analizar el tendal de proyectos de ley del propio Poder Ejecutivo, algunos presentados con bombos y platillos, que no tuvieron siquiera inicio de debate en comisión, incluso en aquellas presididas por libertarios. Las cifras hablan por sí mismas: de las 33 iniciativas de la Casa Rosada, solo siete fueron sancionadas.
En el cajón del olvido yacen, por ejemplo, la tan promocionada “Ley Horajasca” del ministro más ensalzado por Milei, Federico Sturzenegger; el Régimen Penal Juvenil, cuyos dictámenes esperan desde mayo; la modificación del Código Civil para instrumentar la disolución del vínculo matrimonial en sede administrativa; el régimen de prevención y represión de delitos en espectáculos deportivos y –el más aplaudido de todos– el proyecto para “sacar los dólares del colchón”. Una iniciativa que el presidente de la Comisión de Presupuesto, José Luis Espert, no puso siquiera a consideración.
debate en la Cámara de Diputados de la reforma de la ley que regula los DNU,Laura Serra,Conforme a
POLITICA
Los gobernadores están dispuestos a dialogar con Milei, pero esperan a las elecciones para cerrar acuerdos en el Congreso
El vínculo entre Javier Milei y los gobernadores dialoguistas atraviesa una nueva etapa, tras la derrota del oficialismo nacional en las elecciones bonaerenses. El Gobierno intenta recomponer el vínculo, pero entre los mandatarios provinciales, aunque se muestran dispuestos a abrir canales de comunicación con la Casa Rosada, la mayoría coincide en que un encuentro amplio deberá esperar hasta después de las votaciones del 26 de octubre.
La relación fue tensa desde el inicio del gobierno libertario. Apenas asumió, Milei profundizó el ajuste fiscal con un recorte inédito sobre los giros automáticos a las provincias, la eliminación de fondos compensadores y la licuación de transferencias discrecionales. El mensaje fue claro: no había margen para las negociaciones tradicionales que tenían a la billetera como disciplinadora.
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Los gobernadores acusaron el golpe y comenzaron a buscar formas de coordinación, primero con expresiones públicas y más tarde con gestos políticos más visibles, con el debate de leyes en el Congreso nacional como principal eje de disputa.
La semana pasada, el presidente estadounidense, Donald Trump, le pidió a Milei que consiga un acuerdo con los gobernadores, como una de las condiciones de las negociaciones por una ayuda financiera para la Argentina.
“El único pedido formal que hicieron fue que ordenáramos lo político y la inestabilidad en el Congreso”, reconocieron en Casa Rosada. Desde entonces, los contactos se aceleraron, a tal punto que este lunes a las 10 está convocada a una reunión del Consejo de Mayo. El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, que ocupa la silla en representación de los mandatarios provinciales, confirmó su asistencia, pero el Gobierno aspira en una presencia más amplia.
En paralelo, los mandatarios que integran el espacio Provincias Unidas se concentrarán en la campaña. El martes mostrarán músculo político en Puerto Madryn, donde Ignacio “Nacho” Torres (Chubut) será anfitrión de un acto que busca consolidar un bloque de al menos 20 diputados en el Congreso.
Confirmaron su presencia Gustavo Valdés (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Martín Llaryora (Córdoba). Buscan enviar una señal doble: marcar independencia frente a la Casa Rosada y, al mismo tiempo, mostrar que pueden revalidarse como actores de peso en la próxima etapa parlamentaria.
El guiño de Milei a las provincias
En los últimos días, un grupo de seis mandatarios y una vicegobernadora se reunió en Bariloche durante el Foro Iberoamericano de Garantías y Financiamiento. Allí dejaron en claro que el diálogo con Nación no está cerrado, pero plantearon que las condiciones políticas y el clima de campaña hacen inviable un acuerdo inmediato.
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“Siempre estuvimos dispuestos, cada vez que nos llamaron fuimos”, sostuvo Sergio Ziliotto, gobernador de La Pampa, en conferencia de prensa, aunque aclaró que “la Argentina productiva nace en las provincias y no en la Casa Rosada”.
Otros fueron más duros. Gustavo Sáenz (Salta) advirtió que “el error más grande del Gobierno fue la soberbia” y cuestionó el centralismo de la gestión libertaria. Alberto Weretilneck (Río Negro), anfitrión del encuentro, coincidió en que después de octubre podría haber “menor tensión” y, sobre todo, mayor claridad sobre lo que expresen las urnas.
Esa referencia al calendario electoral no es casual. En los despachos provinciales entienden que Milei necesita apoyos legislativos para encarar las reformas de la segunda parte de su mandato, pero al mismo tiempo nadie quiere regalar una foto de consenso que el Presidente pueda usar como capital político antes de las legislativas.
Pero, comprometido con Trump, el Gobierno busca acelerar los puentes. Este lunes, a las 10, se reactivará el Consejo de Mayo en la Casa Rosada, con la presencia del jefe de Gabinete, Guillermo Francos; ministros; legisladores; sindicalistas y empresarios. En representación de los mandatarios asistirá Cornejo, uno de los pocos aliados de Milei en el interior, junto a Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Leandro Zdero (Chaco).
El rol de Francos volverá a ser clave, pero esta vez acompañado por el ministro del Interior, Lisandro Catalán. Son los funcionarios con llegada a casi todos los gobernadores y quienes se encargan de amortiguar los choques con el Presidente.
Un nuevo vínculo tras las elecciones
La tensión no es nueva. Desde que asumió, Milei abrió múltiples frentes con los gobernadores: la coparticipación; la pulseada por los fondos educativos; y la negociación frustrada por la primera versión de la Ley Bases, que naufragó en Diputados por la resistencia de los mandatarios. Aunque en la segunda vuelta legislativa el oficialismo consiguió aprobar la norma, quedó claro que el poder territorial de los gobernadores puede inclinar la balanza.
En ese contexto, cada gesto cuenta. Que Weretilneck se haya mostrado como anfitrión en Bariloche, o que Torres convoque en Puerto Madryn, refleja que las provincias se organizan para hablar en bloque. A la vez, el oficialismo confía en que el desgaste de campaña y la necesidad de fondos frescos obligarán a los mandatarios a acercarse. Milei apuesta a que eso reordene la correlación de fuerzas.
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El día después de las elecciones será distinto. Con un nuevo mapa legislativo y con la urgencia de definir el 2026, el Gobierno necesitará apoyos concretos. Los gobernadores, por su parte, tendrán que decidir si se convierten en un bloque de resistencia o si entran en una negociación pragmática que les permita recuperar fondos y obras públicas.
El Presidente necesita respaldo territorial para garantizar la gobernabilidad; los mandatarios requieren de Nación recursos para sostener sus gestiones. Esa tensión define hoy la política argentina. La foto conjunta -si se diera- llegaría después de que hablen las urnas, pero nadie se anima a confirmarlo.
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